Por una nueva Política Exterior para Chile al servicio del proceso Constituyente

By Esteban Silva Cuadra 21 julio, 2021 No comment

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Transición post dictadura y la política de reinserción internacional de Chile hasta hoy.

En el plano de las relaciones exteriores, el gobierno de transición de la post dictadura del presidente Aylwin y la Concertación de partidos por la Democracia fue influido y determinado por varios factores globales: la crisis terminal del Bloque Socialista de Europa del Este y la desaparición de la Unión Soviética; el fin de la era marcada por la influencia de la Conferencia de Bandung y el Movimiento de Países No alineados y la expansión sin contrapeso de la dominación económica global de las corporaciones transnacionales y de la triada liderada por Estados Unidos más la Unión Europea y Japón.

En lo ideológico, se instaló una ofensiva contra las ideas socialistas y la teoría de la dependencia -que oponía al centro con la periferia en el marco del conflicto Norte/Sur. En ese contexto, se produjo una contención y reflujo de las opciones transformadoras, que desde el tercer mundo se proyectaban con la expansión (sin contrapeso) de concepciones conservadoras que preconizaban “el fin de la historia” con primacía de una concepción única de democracia liberal y capitalista.

El mundo experimentó así un histórico retroceso democrático y social como resultado de la expansión de la globalización especulativa financiera y la ola privatizadora neoliberal, impuestas a escala planetaria por los gobiernos de Ronald Reagan, en Estados Unidos y de Margaret Thatcher, en el Reino Unido. En esta nueva correlación mundial, los centros de poder imperialistas ejercen el monopolio y control de las nuevas tecnologías, de los recursos naturales, de los flujos financieros, de las comunicaciones y del complejo militar-industrial que produce los armamentos de destrucción masiva.

Si bien el primer gobierno democrático de la post dictadura buscó reinsertarse en el mundo restableciendo relaciones con todos los países que habían roto relaciones con Chile durante la dictadura, pragmáticamente se acomodó y fue continuista de la política exterior impuesta por la derecha pinochetista, que propiciaba una política exterior del Estado chileno al servicio de la política comercial que favorecía a los intereses de los grandes grupos económicos, bancarios y financieros dominantes y, en consecuencia, continuó priorizando la inserción comercial de Chile en la globalización neoliberal. Los distintos gobiernos de la post dictadura de la Concertación como de Chile Vamos fueron continuistas de una política de relaciones internacionales puesta al servicio del modelo de desarrollo neoliberal dominante, caracterizado por la desregulación, la privatización de los recursos naturales estratégicos, de la salud, la educación y las pensiones. Con apertura a los mercados externos para atraer inversiones del capital especulativo y financiero con la operación de las corporaciones transnacionales en áreas estratégicas de la economía y servicios. Cuya arquitectura se edificó priorizando a nivel internacional Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y Tratados de Libre Comercio (TLC). Tratados desreguladores y privatizadores que poco tenían de “libre” comercio y que fueron negociados con cláusulas de secretismo, sin conocimiento ni participación de la ciudadanía y que serían presentados por la élite dominante durante 30 años como factores del éxito y fortaleza (incuestionables e intocables) del modelo económico neoliberal hoy en crisis.

Una nueva Política exterior para Chile en sintonía y al servicio del proceso Constituyente

El levantamiento social y popular de octubre de 2019 abrió la posibilidad de terminar con la Constitución que nos impuso la dictadura cívico militar y elaborar una nueva Constitución y puso en cuestión la actual institucionalidad y el modelo neoliberal predominante.

La nueva política Internacional que proponemos busca generar una nueva política de relaciones internacionales del Estado de Chile puesta en sintonía y al servicio del proceso Constituyente que debemos construir como pueblo soberano y que debe plasmarse en una nueva Constitución para un Estado Plurinacional, de derecho social con democracia participativa. Una nueva Constitución nacida de un poder Constituyente originario que permita, una vez aprobada por nuestro pueblo, refundar una nueva institucionalidad para superar el modelo neoliberal dominante y construir un nuevo modelo de desarrollo soberano, sustentable y justo. En coherencia con aquello, uno de los ejes fundamentales de un nuevo gobierno transformador al servicio del proceso constituyente, debe ser también asegurar la activa participación del pueblo en la nueva definición de los grandes objetivos de la política internacional y las relaciones internacionales del Estado chileno.

Una nueva política internacional es indispensable para forjar el nuevo Estado Plurinacional y pluricultural de Chile. Para ello, el Chile del siglo XXI requiere edificar una nueva política de relaciones internacionales sin fronteras ideológicas de ningún tipo, como bien lo planteaba de manera premonitoria y adelantada a su tiempo el presidente Salvador Allende. La nueva política internacional de los pueblos de Chile debe ser definida y construida con una activa y real participación ciudadana y popular. Nuevas relaciones internacionales fundadas en la recuperación de nuestra plena soberanía y autodeterminación en coherencia con el proceso constituyente en que se encuentra empeñado el pueblo de Chile para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía popular y asegurar una real soberanía económica, productiva, institucional y cultural del Chile del siglo XXI. En coherencia con una política soberana pensamos que la integración con América Latina y el Caribe debe ser definida como un objetivo estratégico de la política exterior chilena; pensamos que es necesario que la visión y vocación de integración latinoamericana y caribeña de Chile debe estar plasmada en la nueva Constitución.

Junto a un valioso equipo de independientes y de militantes de partidos y movimientos de Chile Digno que apoyamos la candidatura presidencial del compañero Daniel Jadue, elaboramos de manera colectiva, plural y unitaria una propuesta sobre política y relaciones internacionales para el PROGRAMA DE GOBIERNO PARA UN CHILE DIGNO, VERDE Y SOBERANO, PLURINACIONAL E INTERCULTURAL, FEMINISTA Y PARITARIO, titulada: “UNA NUEVA POLITICA EXTERIOR PARA UN CHILE EN TRANSFORMACIÓN”.

Se trata de una propuesta que parte de un diagnóstico común y que propone desde un conjunto de principios y ejes de acción compromisos, propuestas y acciones específicas para configurar una nueva política de relaciones internacionales al servicio del Chile constituyente, movilizado y en transformación.

Ciertamente, se trata de una propuesta que requiere ser debatida, mejorada y profundizada. Pero por sobre todo debe ser abordada y discutida por el pueblo desde los territorios y con las organizaciones sociales en el marco del proceso programático Ciudadano y Popular del Programa y como contribución a un programa común en materia de relaciones internacionales luego de las primarias presidenciales de Apruebo Dignidad.

Gestar un Programa de gobierno antineoliberal y transformador con una nueva política de relaciones internacionales al servicio del proceso constituyente de los pueblos de Chile requiere de la participación del pueblo como actor protagónico.

Esteban Silva Cuadra

Santiago, 21 de julio de 2021

Lee aquí la propuesta:

UNA NUEVA POLITICA EXTERIOR PARA UN CHILE EN TRANSFORMACIÓN

Mientras nuestro país elabora una nueva Constitución que abrirá las puertas a un nuevo modelo de desarrollo sostenible basado en la democracia, la justicia social y la soberanía de los pueblos, propiciaremos una nueva política exterior coherente con esos principios.

Nuestro planeta se enfrenta a una crisis sistémica de carácter civilizatorio expresada en la emergencia de problemas globales como el cambio climático y el deterioro de la Madre Tierra, que amenazan la supervivencia a largo plazo de la especie humana y los ecosistemas, provocados por un modelo de desarrollo insostenible. En un contexto de acelerada desestructuración global, se produce una concentración del poder en actores transnacionales, como son los gigantes tecnológicos y financieros. Además, tiene lugar una reconfiguración del orden internacional, que avanza hacia una multipolaridad difusa, caracterizada por el declive de EEUU y Europa, el ascenso de China y la emergencia de otros actores, el tránsito del centro del mundo desde el Atlántico al Pacífico, y el debilitamiento del multilateralismo. Surge así la necesidad de articular un polo latinoamericano y caribeño autónomo que participe de la construcción de un nuevo orden internacional, esfuerzo del que Chile debe ser parte activa.

Nuestra América Latina y el Caribe es una región en disputa. Al llamado ciclo progresista le siguió un periodo de restauración neoliberal, que llevó al poder a gobiernos conservadores. Internamente, sus países sufren de creciente desigualdad y polarización política, generando revueltas a lo largo del continente, mientras las instituciones son amenazadas por la corrupción y el narcotráfico. El resultado ha sido una polarización y fragmentación de las voluntades y un vacío de liderazgos regionales. Por otra parte, la acción de EEUU se reorienta para frenar la penetración económica de China. Las organizaciones regionales de cooperación se han debilitado, con el surgimiento de coaliciones ideológicas incapaces de abordar los problemas regionales y mucho menos de generar una posición unitaria de cara al concierto global. Los fracasos del Grupo de Lima y Prosur dan cuenta de ello.

En lo inmediato, la situación global y regional se encuentra atravesada además por la crisis del COVID-19. Durante 2020, según informes de la Cepal, la economía de América Latina y el Caribe sufrió su mayor contracción desde 1900 (-6,8%). Por su parte, la pobreza y la pobreza extrema aumentaron a un 12,5% y 33%, de este modo las personas pobres aumentaron en 22 millones llegando a un total de 209 millones. Nuestra región es una de las más afectadas por la pandemia, con las mayores cifras de contagiados, fallecidos y con menor acceso a vacunas. Según los últimos reportes de la FAO, ya en 2020 en América Latina y el Caribe 60 millones de personas padecieron hambre y 267 millones se encontraron bajo inseguridad alimentaria moderada o grave. En tanto, paradójicamente, mientras nuestra región enfrenta esta dramática situación, la riqueza de los multimillonarios ha crecido más del 40% desde el inicio de la pandemia.

Chile se encuentra en una encrucijada. El enfoque de política exterior de la post-dictadura, adoptó un énfasis casi exclusivo en lo comercial, y en línea con el Consenso de Washington, se orientó en insertar al país en el mercado global, reforzando el carácter extractivista y dependiente de nuestra economía. También se debilitó la vocación de integración regional y, últimamente, se desentendió de compromisos internacionales que abordaban problemas globales, como medioambiente y migraciones. El proceso constituyente otorga la oportunidad de transitar hacia un nuevo Estado y modelo de desarrollo, con una nueva política exterior que sea capaz de hacer frente a la actual realidad global y regional, impulse una recuperación transformadora post-pandemia y se haga eco de las demandas de dignidad de los pueblos de Chile.

Nuestros principios

El derecho a la autodeterminación de los pueblos, la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la no injerencia y el respeto a la diversidad de formas políticas como base para las relaciones internacionales.
Los principios de la Carta de la ONU y la Declaración Universal de DDHH como base del derecho y el orden internacional y de la protección de los derechos humanos.
La solución pacífica de controversias y la condena al uso de la fuerza.
La vigencia y respeto a los tratados internacionales suscritos por Chile.
El multilateralismo como mecanismo para la cooperación y la resolución de conflictos y problemas globales.
La condena a las prácticas atentatorias contra el derecho internacional, como son la ocupación militar, el colonialismo y los crímenes de lesa humanidad.
El rechazo al uso de medidas económicas coercitivas y unilaterales como mecanismo de cambio de régimen contra otros pueblos.
La creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para el reconocimiento, conservación y la regeneración de la Madre Tierra.
La conformación de bloques regionales, fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, y la promoción de las relaciones horizontales como bases de un orden mundial multipolar.
La convergencia de pueblos y culturas para la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

Nuestros ejes de acción

Un retorno al multilateralismo, ante la debilidad del sistema de Naciones Unidas y la emergencia de nuevos problemas transnacionales, se vuelve urgente renovar el compromiso con esos espacios de diálogo, con miras a fortalecer la negociación, solución pacífica de controversias, y la preeminencia del derecho internacional.

Fortalecer la vigencia de los principios de la Carta de la ONU e impulsar la reforma del Consejo de Seguridad para democratizar la toma de decisiones eliminando el veto de los miembros permanentes, y la ampliación del número de éstos.
Implementar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y reportar periódicamente exámenes nacionales voluntarios en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas.
Desarrollar una activa participación en el Grupo de los 77 + China

Derechos Humanos y Participación Política. Acorde con las demandas de los pueblos de Chile, los derechos humanos, económicos, sociales y culturales deben ser una permanente referencia de la gestión de la política exterior.

Promover en instancias multilaterales, foros y organizaciones internacionales el uso de mecanismos de democracia directa, prácticas de buena gobernanza y garantías para la protección de los derechos humanos.
Adoptar el Pacto Global de Migraciones para reducir los riesgos y vulnerabilidades a las que se enfrentan las y los migrantes en las diferentes etapas de la migración. Participar en las reuniones del Foro de Examen de la Migración Internacional.
Sumar a Chile en el impulso del diálogo referido a la responsabilidad de las empresas transnacionales en Derechos Humanos, actualmente en curso en diversas instancias de las Naciones Unidas.
Impulsar la ratificación por el Estado de Chile de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, tema de creciente relevancia en los escenarios bélicos contemporáneos y en diversas violaciones de derechos humanos y militarización de conflictos sociales y políticos de orden interno.

Una nueva política comercial. que supere las debilidades de nuestra actual estrategia de relaciones económicas internacionales. La suscripción de acuerdos comerciales, sin cuestionar sus efectos sobre la soberanía y el desarrollo de la sociedad en su conjunto, no cuenta con mecanismos de efectivo control democrático y consulta ciudadana. Impulsaremos una nueva política comercial en línea con el nuevo modelo de desarrollo que propone este programa, con una representación y participación efectiva de nuestra sociedad, pueblos, territorios y organizaciones sociales. Nuestras relaciones comerciales deben afirmarse en el horizonte de relaciones mutuamente beneficiosas.

Retirar del Congreso el proyecto de ratificación del Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico TPP-11.
Moratoria a la firma de nuevos TLC hasta concluido el proceso constituyente.
Establecer un mecanismo con participación ciudadana que estudie el impacto de los TLCs y otros acuerdos comerciales suscritos o por suscribir.
Referéndum para ratificar o retirarse de tratados comerciales.
Utilizar las posibilidades para el desarrollo que ofrece el proyecto chino de “La Franja y la Ruta”: inversión en infraestructura, telecomunicaciones, energías renovables y otros.
Evaluar el proyecto de Cable Trans-Oceánico Valparaíso-Sydney, reconsiderando la ruta Valparaíso-Shanghai.
Priorizaremos el intercambio comercial, productivo y asociativo de Chile con la Unión Africana en el marco del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AFCTA)
Promover, desde la Alianza del Pacifico, un diálogo abierto con el resto de América Latina y el Caribe y sus otros organismos de cooperación e integración.
Proponer a Argentina, Bolivia y Perú la creación de una Organización de Países Exportadores de Litio.

Un nuevo compromiso con América Latina y el Caribe, estableciendo la integración económica, productiva, energética, política y cultural de la región como objetivo estratégico de la política exterior de Chile. Promoveremos el desarrollo de una política de cooperación descentralizada, basada en las relaciones de “pueblo a pueblo”, incorporando a múltiples actores sociales y en perspectiva plurinacional. Asimismo, defenderemos el carácter de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, impulsando un desarme progresivo y coordinado, y terminando con la presencia de bases militares de actores extra-regionales.

Reforzar el papel de la CELAC y buscar ejercer su Presidencia Pro-Témpore durante el mandato presidencial.
Concertar con los países sudamericanos recuperar UNASUR y restablecer el Consejo de Defensa Sudamericano.
Retirar a Chile del TIAR y terminar la cooperación con WINSEC (ex Escuela de las Américas).
Facilitar la homologación de títulos para profesionales latinoamericanos.
Reformular la coordinación y colaboración en el control fronterizo para el combate al tráfico de drogas, personas y otras formas de crimen organizado.
Fortalecer la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), integrada por Ecuador, Perú y Chile.
Impulsar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Bolivia.
Impulsar, en el marco de la CELAC, un Pacto Latinoamericano y Caribeño en contra del Hambre y la Malnutrición a fin de contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, potenciando políticas públicas que apunten a dietas saludables y sistemas agroalimentarios más justos, sostenibles e inclusivos en el período de pandemia y post-pandemia.
Profundizaremos la relación con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a través del fortalecimiento activo de la membresía de Chile en los Convenios Sociales del Sistema Andino de Integración como el Organismo Andino en Salud, Convenio Hipólito Unanue y el Convenio Andrés Bello de Educación, Ciencia y Tecnología. y Cultura.

La democratización de la Cancillería para que la gestión de la política exterior considere a los pueblos de Chile mediante instancias de participación ciudadana, con objeto de reducir los espacios de opacidad en la gestión, poner bajo escrutinio y dar legitimidad a los compromisos internacionales que adquiera Chile.

Fortalecer el involucramiento de los distintos estamentos de la Cancillería (diplomáticos, profesionales y equipos técnicos), así como del Consejo de la Sociedad Civil, al diseño e implementación y evaluación de la política exterior, para promover un proceso de participación amplia, plural y transparente.
Promover y fortalecer el reconocimiento de las comunidades de las y los chilenos residentes en el exterior, ampliando su participación ciudadana, particularmente en su derecho a voto en elecciones, plebiscitos y otras consultas populares.
Descentralizar las relaciones internacionales de las regiones, municipios y comunidades de chilenos y chilenas en el exterior, y potenciar las Unidades Regionales de Asuntos Internacionales para facilitar la paradiplomacia y el acercamiento entre los pueblos.
Incentivar el uso intensivo de herramientas digitales para vincularnos con los chilenos y chilenas residentes, así como para dar a conocer nuestras posiciones de política exterior.
Profundizar el estudio de las relaciones internacionales, las problemáticas socioambientales y la historia de América Latina y El Caribe en el currículum escolar.

Una política exterior feminista y plurinacional Una política exterior feminista, inclusiva, plurinacional e intercultural. Acorde con la actual realidad de nuestro país, se hace necesario instaurar la participación e intereses de las mujeres, diversidades y pueblos originarios, como pilares fundamentales de la nueva política exterior chilena.

Transversalizar la perspectiva de género, inclusión, plurinacionalidad e interculturalidad en la conducción de la política exterior chilena.
Evaluar los impactos que toda política, acción o acuerdo internacional, futuro o existente, puedan tener sobre las mujeres, diversidades y pueblos originarios.
Promover acuerdos bilaterales y multilaterales que garanticen los derechos, participación y pleno desarrollo de las mujeres, diversidades y pueblos originarios.
Establecimiento, en la Cancillería, de la Dirección de Género y Pueblos Originarios.
Incorporación efectiva de las mujeres en los procesos de negociación, mediación y toma de decisiones.
Priorizar la igualdad de género al interior de la estructura de los Ministerios de Relaciones Exteriores y en la participación de nuestro país en organismos internacionales, así como también entre los tomadores de decisiones de la política exterior.
Paridad de género en el ingreso a la Academia Diplomática y las designaciones del servicio exterior
Promover la plena participación de los pueblos originarios, a través de sus autoridades, en la política exterior estatal y apoyar la realización de una diplomacia indígena efectiva.
Ratificamos la plena vigencia del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (N° 169) de la OIT, garantizando, especialmente, su aplicación a la tramitación de tratados internacionales. Por lo mismo, no haremos uso del derecho de nuestro país a denunciarlo durante septiembre 2021 y septiembre 2022.
Promover el desarrollo de un marco para la repatriación y devolución de bienes culturales y restos ancestrales de las Primeras Naciones, promoviendo las condiciones materiales para ello.

Una recuperación transformadora, igualitaria y sostenible frente a los graves efectos sociales y económicos de la pandemia por COVID19 a nivel regional, a través de la comunicación constructiva y el trabajo colaborativo entre países.

Llevar adelante el Plan Integral de Autosuficiencia Sanitaria de la CELAC para el fortalecimiento de capacidades productivas y de distribución de vacunas y medicamentos.
Promoveremos una cooperación internacional para que los medicamentos biológicos e insumos dejen de ser una mercancía producida en función de su rentabilidad. Para ello, propiciaremos la derogación de la propiedad intelectual sobre vacunas y medicamentos esenciales.

Por la protección y el reencuentro con la Madre Tierra, con miras a perseguir un desarrollo sostenible, saludable e inclusivo que contribuya a mitigar los efectos del cambio climático y el deterioro medioambiental, estableciendo una nueva relación con los ecosistemas.

Recuperar el liderazgo internacional que tuvo Chile en materia medioambiental firmando y ratificando la adhesión al Acuerdo de Escazú.
Dar lugar a una “Diplomacia del Agua” que considere la protección y acceso a este bien común como derecho humano y de la Madre Tierra.
Impulsar la creación de un tratado internacional que consagra los Derechos de la Madre Tierra a nivel regional y global.
Apoyar la incorporación del Crimen de Ecocidio en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y su reconocimiento en el orden regional e interno.
Promoción de Chile como potencia global en materia de hidrógeno verde y desarrollo de una estrategia comercial y de integración en torno a este recurso.
Promover la articulación de Chile con otros países para el cuidado y la defensa de biomas prioritarios para el planeta.

Un Chile solidario, que promueva y fortalezca la Cooperación Sur-Sur y Triangular con pueblos y culturas de América Latina y el Caribe, Asia y África.

Dinamizar la Agencia Chilena para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y poner a disposición de los pueblos del mundo nuestra experiencia en buenas prácticas y políticas públicas a través de “proyectos glocales” de promoción de iniciativas exitosas (ley de etiquetado de alimentos, inmobiliarias y farmacias populares, etc.).