Genocida y corrupto: el desenmascaramiento de un gobierno embustero
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En las últimas semanas, el gobierno Bolsonaro viene acumulando evidencias de corrupción en diversos ámbitos del quehacer nacional. De hecho, el ministro de (la destrucción del) medioambiente, Ricardo Salles, tuvo que renunciar debido a los procesos por los que está siendo sometido en la justicia por favorecimiento ilícito y por la exportación irregular de maderas a Estados Unidos y Europa. Estas maderas habían sido confiscadas anteriormente por la Policía Federal y devueltas a las empresas que realizaron la tala ilegal, a través de una ordenanza promulgada por el propio Salles. Durante su administración, el ex ministro fue desmontando todo el sistema de control y vigilancia del IBAMA y el ICMBio[2] destinado a preservar los diversos ecosistemas brasileños (Amazonas, Sierra Atlántica, Pantanal, Cerrado central, etc.). Su papel en el ministerio fue, resumidamente, el de poner la máquina del Estado al “servicio” de corporaciones que ocupan ilegalmente las tierras en extensas regiones de frontera (grileiros) y de no fiscalizar las actividades extractivistas y la explotación de recursos realizadas por empresas mineras, forestales, agrícolas y pecuarias (estas últimas especialmente dedicadas a la producción de soja y ganado vacuno).
De esta forma, el ex ministro restringió al máximo la labor de los funcionarios de ambos institutos y pasó a entregar las tareas de protección del medio ambiente a miembros de la Policía Militar en los diversos Estados de la Unión, para favorecer la impunidad de los crímenes ambientales cometidos durante los últimos dos años. Ello se realizaba a pesar de los innumerables reclamos y resoluciones contra Brasil instauradas por organismos internacionales e, incluso, por empresarios de otros países, que dejaron de importar los productos brasileños como forma de presionar al gobierno por los innumerables crímenes ambientales ocurridos en el último periodo (quemadas descontroladas, incendios intencionales, devastación de los bosques, contaminación de ríos, lagos y napas subterráneas, destrucción de la biodiversidad y un largo etcétera).
En resumen, la salida del ex ministro se hizo inevitable cuando las autoridades ambientales de Estados Unidos devolvieron cargamentos de madera extraída ilegalmente y condenaron las acciones de Salles y sus colaboradores ante la justicia brasileña, razón por la cual se encuentra actualmente bajo investigación.
Pero no solo eso, Salles ha permitido también la invasión de territorios consagrados por la Constitución para los pueblos originarios bajo la modalidad de Reservas Indígenas, y en algunas de ellas las comunidades han sido atacadas con armas de fuego por grupos dedicados a la extracción de oro y otros minerales valiosos (garimpeiros), hiriendo y asesinando en algunos casos, a ancianos, mujeres y niños Yanomamis, Guaraníes, Kaiowás y de otras etnias nativas. En síntesis, desde que Bolsonaro asumió la presidencia la presencia creciente de madereros, ganaderos, grileiros y garimpeiros en esos territorios, han provocado una seria amenaza a la vida de dichas comunidades indígenas en la región amazónica y en diversas áreas habitadas por pueblos originarios.
Por otra parte, estudios realizados por el epidemiólogo e investigador Pedro Hallal en el marco de la crisis sanitaria, han demostrado que las comunidades indígenas han sido las más afectadas por la pandemia. Según ese estudio difundido recientemente, estas comunidades tienen en promedio 5 veces mayor riesgo de contraer el Coronavirus que el del resto de la población nacional. Los fallecimientos ocurridos entre los pueblos indígenas debido a la omisión y el abandono de que han sido objeto por parte del Estado brasileño, es una razón más que se suma a la acusación de genocidio que interpuso el Tribunal Penal Internacional, así como otras denunciadas efectuadas por organismos internacionales en defensa de los Derechos Humanos.
El presidente se hace el ofendido cuando lo acusan a él y a su administración de incentivar el genocidio. Pero, en rigor, que nombre se puede dar a un mandatario que ha dejado a su pueblo a merced de una pandemia sin tomar ninguna actitud frontal de combate a la enfermedad y que con su inacción y negligencia ha causado la muerte de millares de ciudadanos.
Recapitulando la historia, ya sabemos de sobra que desde el inicio de las primeras defunciones causadas por el Covid-19, Bolsonaro desconoció la gravedad del propio virus y la velocidad con que avanzaban los contagios, descalificó y boicoteó las medidas de distanciamiento recomendadas por todos los especialistas y desestimuló el uso de máscaras. Por último, lo que ha sido más grave, es que el gobierno a su mando paralizó durante meses la compra de vacunas por ignorancia, prejuicio (le decían la “vachina”), indolencia y, agregaría, para satisfacer el instinto de muerte del presidente, como ya ha sido resaltado por diversos y connotados psiquiatras.
Reforzando su pulsión de Tánatos, el gobernante apostó en la inmunidad de rebaño e insistió en sabotear las medidas recomendadas inclusive por sus cuatro ministros de salud, argumentando que con toda la población contagiada el virus ya no tendría más efecto y la actividad económica volvería a recuperar su dinámica pre-pandemia.
De esta manera, el mandatario genocida se transformó en el mayor cómplice del virus, que con su política irresponsable y negacionista, permitió que el contagio se diseminase rápidamente por todo el país, generando incluso una nueva variante (Gama), causando el deceso de más de 510 mil personas e infectando hasta este momento a 18,4 millones de habitantes.
La corrupción salta al escenario
A pesar de que su principal discurso de campaña era de combate a la corrupción, el gobierno enfrenta ahora las acusaciones de un funcionario del sector de importaciones del Ministerio de Salud, Luis Ricardo Miranda, que habría sido objeto de presiones dentro del ministerio para firmar un contrato y repase adelantado de recursos (US$ 45 millones) para una sociedad offshore (Madison Biotech) con sede en Singapur, un país considerado un paraíso fiscal. El repase de recursos correspondería al pago de una factura por la compra de la vacuna Covaxin fabricada por el laboratorio farmacéutico indio (Bharat Biotech). Esta sería una primera entrega de la vacuna, pues el contrato global estipula la importación de 20 millones de dosis del inmunizante por un valor que asciende a los trescientos millones de dólares.
Luis Ricardo se negó a firmar este primer adelanto y denunció la situación a su hermano, el diputado federal Luis Claudio Miranda para que éste informase de la irregularidad al presidente Bolsonaro. Luego de una reunión entre los tres el día 20 de marzo, el gobernante quedó de tomar providencias y pedir a la Policía Federal para que investigase el caso. Hasta ahora nada fue realizado y el affaire finalmente salió ventilado a la luz pública, razón por la cual los hermanos Miranda fueron citados a la CPI del Covid, donde expusieron en detalle las sinuosidades y truculencias del ahora llamado Covaxin-gate.
Resumiendo, el presidente está siendo acusado de prevaricación, que es cuando una autoridad que conoce la existencia de un delito, no lo denuncia por negligencia o interés propio. En este caso, Bolsonaro deseaba encubrir al principal protagonista de este esquema de corrupción, que es precisamente el líder del gobierno, diputado Ricardo Barros. Es decir, están dados todos los elementos para considerar que Bolsonaro cometió un crimen al conocer las irregularidades cometidas por un miembro de su base y no hacer nada para indagar y contener la secuencia de ilícitos cometidos por este diputado y la empresa importadora de la vacuna Covaxin (Precisa Medicamentos), vinculada a la mencionada oficina de contabilidad fantasma con sede en Singapur. Es una madeja compleja que se ha ido desenredando poco a poco en el transcurso de estos días y que se suma a otras actividades de corrupción que venían siendo realizadas por el gobierno Bolsonaro, las que incriminan a muchos políticos de partidos aliados.
En su reciente libro, Como remover un presidente, el abogado y académico Rafael Mafei se pregunta por qué el actual mandatario no ha sufrido un proceso de impeachment, si viene sumando casi que diariamente infracciones a la constitución, entre ellos: amenazas e intentos de intervención a los otros poderes del Estado, perdida de decoro, abuso de autoridad, favorecimiento irregular y otras muchas transgresiones que se acumulan desde que asumió el cargo. En total, ya existen más de 130 pedidos de inhabilitación del presidente que se acumulan en el escritorio del presidente de la Cámara, diputado Arthur Lira. Hasta ahora aliado de Bolsonaro, Lira entiende que no están dadas las “condiciones” para iniciar un proceso de impedimento, a pesar de las innumerables pruebas que se han presentado en contra el ex capitán. Tal como señala el profesor Mafei: “Hasta aquí, los presidentes se preocupaban al menos en disimular la intención de agredir la Constitución. Él, al contrario, comete crímenes de responsabilidad en serie, abiertamente y de modo ostensivo. Cada comportamiento ultrajante e indecente busca sacar el foco de una infracción anterior. Bolsonaro y sus apoyadores son maestros en el arte de usar el crimen de hoy como distracción para el delito de ayer”.
Es cada vez más consensuado el hecho de que Bolsonaro está causando un grave daño a la población, a las instituciones y a la economía del país y que su narrativa anti corrupción se desmorona sistemáticamente con los escándalos que aparecen cotidianamente. En ese sentido, la opción del impeachment adquiere nuevamente fuerza, incluso para la clase empresarial y para algunos círculos políticos que hasta no hace mucho tiempo atrás lo apoyaban fervientemente. ¿Será que la derecha política, los empresarios y la jerarquía de las Fuerzas Armadas seguirán sustentando un gobierno que se ha ido descomponiendo también en sus “supuestas acciones” de enfrentamiento a la corrupción?
En mensajes intercambiados por los hermanos Miranda antes de encuentro con el presidente Bolsonaro, uno de ellos escribió: “Hoy descubriremos si Bolsonaro es cómplice u honesto”. A esta altura, parece que para los brasileños está claro que el gobierno del ex capitán no solamente ha sido el causante de un genocidio sin precedentes en la historia del país, sino que también, a pesar de su relato fraudulento, se encuentra contaminado con la lacra de la corrupción y las actividades criminales dentro del Estado, que asolan a este país desde épocas inmemoriales.
Por Fernando de la Cuadra
[2] Ellos son el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad, órgano ejecutivo e institución autónoma vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, respectivamente.
