Cárcel para los que roban y lucran con el agua
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El avance en el Parlamento del proyecto de ley que castiga con pena de cárcel el robo de agua – al menos 5 años de presidio efectivo – se produce en vísperas de que el líder de Modatima asuma la Gobernación Regional de Valparaíso y en momentos en que se conocen nuevas denuncias de amenazas de muerte contra mujeres luchadoras pertenecientes a ese movimiento. La Cámara de Diputados viene de aprobar y pasar al Senado la iniciativa que tipifica como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegitimo de afectación de ese recurso hídrico, situación que ha sido valorada por quienes buscan que éste deje de encontrarse sujeto a una legislación mercantil.
El valioso recurso permanece privatizado desde los primeros gobiernos de la ex Concertación y, aunque no es una mercancía, como toda la riqueza en Chile está concentrado en algunas familias acomodadas en la casta política-empresarial que ostenta un elevado poder económico.
Modatima es el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, que ha destacado la relevancia de esta iniciativa que se tramita en el Congreso dados los severos problemas que tiene el territorio nacional afectado por el fenómeno de la sequía.
Su líder, Rodrigo Mundaca, quien se apronta a asumir como Gobernador Regional de Valparaíso tras su resonante triunfo sobre los candidatos de las dos derechas en mayo pasado, ha luchado por largos años por el reconocimiento del agua como un derecho humano y un bien común de uso público, en contraposición a los grandes empresarios que pretenden transformar su acceso en otro de sus lucrativos negocios.
En un contexto de cambio climático en que el agua falta en el país y donde hay más de 100 comunas que padecen escasez hídrica, el tema ha pasado a ser prioritario. Con certeza será abordado por la Convención Constitucional que próximamente comenzará a redactar la nueva Constitución Política de Chile.
La demanda actual excede la disponibilidad del vital elemento. El modelo de mercantilización privilegia la actividad productiva como la minería, la agroindustria o la generación de hidroelectricidad superponiendo la obtención de utilidades en detrimento de necesidades humanas como el agua de bebida, los servicios higiénicos o la producción de alimentos.
Actualmente la única sanción que tienen los señores de cuello y corbata que discurren este delito en favor de sus plantaciones en parcelas o grandes extensiones de su propiedad, dejando a mucha gente sin sustento, es el pago de una módica multa. Entre tales personajes sobresale el ex ministro demócrata cristiano Edmundo Pérez Yoma, quien ha estado pagando multas por 14 años y vuelve a reincidir.
Mientras el trámite legislativo continúa su curso, se ha sabido de nuevas amenazas contra mujeres de Modatima, en Cabildo, provincia de Petorca. La sede de Agua Potable Rural ha sido rayada con amenazas de muerte contra Verónica Vilches y Lorena Donaire, que se suman a intentos de atropello, mensajes anónimos y llamadas telefónicas, como parte de una cobarde y sostenida campaña en su contra.
Han sido presentadas ante los tribunales acciones legales tendientes a terminar con el amedrentamiento que quieren imponer oscuros intereses con el objetivo de seguir lucrando con un negocio que no es tal. Se espera que prontamente los hechores sean individualizados y detenidos.
Hay grandes empresarios que mantienen con impunidad el robo de agua como una práctica extendida y reiterada, aunque con ello no hacen más que hipotecar la vida de las generaciones presentes y futuras. El Chile que emerge busca la recuperación de los derechos sociales y los bienes naturales, para ponerlos a disposición de la comunidad.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
