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Un ejército que ocupa el país y declara la guerra a sus conciudadanos no puede sino envilecerse, por consiguiente, convertir el país de lo que alguna vez  fue república, en una paulatina destrucción de las instituciones.

Desde 1973 hasta hoy en Chile sólo impera un pacto mafioso, que incluye a la Justicia, la Policía, el Ejército, el Ejecutivo y el Legislativo, además de las jefaturas de las empresas públicas y privadas, pacto mediante el cual cada una de estas reparticiones roba y defiende sus propios intereses: en Chile no rige ni una democracia, menos una república, pues sólo es una plutocracia en plena decadencia.

A nadie le puede extrañar que la llamada “república latinoamericana” no sea producto de un pacto social, sino de una alianza de millonarios y mercenarios. El Presidente de la República actual, Sebastián Piñera, heredero de un país en decadencia, en que el pueblo siempre ha estado aislado a consecuencia de una ruptura permanente entre la plutocracia y la ciudadanía, entre los dueños del poder y el pueblo.

A nadie puede extrañar que las Constituciones hasta ahora no sean más que reglas impuestas por los personajes que detentan el poder, razón por la cual todas las Cartas Magnas están construidas sobre la base de pactos entre oidores y militares.




En el Chile de hoy, el pueblo se resiste a continuar a ser manipulado por la alianza de pseudo-instituciones, que sólo  las ostentan en nombre de la República.

El voto de los ciudadanos no es la expresión de la voluntad popular, así se pregone como voluntad del Estado y de la coerción, o bien, por la libre elección: mientras los pueblos no sean soberanos las elecciones no serán la expresión solemne del pacto social.

Durante el último tiempo, (2020-2021), se han llevado a efecto numerosos actos eleccionarios, (a pesar de la pandemia del Covid-19), algunos masivos, como el del 25 de octubre, y otros ridículos, (casi sin votantes), el de la segunda vuelta para elegir a los gobernadores, en que la abstención llegó al 80%.

Durante este año convivirán instituciones desprestigiadas, entre ellas, los partidos políticos, el Congreso, las Fuerzas Armadas, junto con una Convención Constitucional que debiera anular la práctica de los poderes que rigen hasta ahora, para ser reemplazados por el nuevo pacto social, primero en la historia política de Chile, es decir, el acto que se acercaría al diálogo entre la que se supone “ciudadanía” y el juego de poder de quienes poseen el dinero. Con razón, plutocracia y democracia son términos opuestos.

Sólo un pueblo soberano y participativo, incluso en la redacción de la nueva Constitución para Chile, tiene las atribuciones para construir una República.

Los “hijos de España” – países – nunca han sido repúblicas, pues no son más que inmensas haciendas en manos de los gamonales, y el hecho de no haber sido capaces de construir una revolución popular, han tenido que conformarse con algo muy similar a la España de los militares decimonónicos.

El Chile de hoy sólo puede mostrar un Presidente notoriamente incapaz de conducir el país, y un pueblo que rechaza a la derecha política, y a instituciones obsoletas muy desgastadas, pues la ciudadanía está tomando las riendas y, desde luego, no está dispuesta a dejarse dominar por más tiempo.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

19/06/2021

 



Historiador y cronista

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