La “Declaración de los 91” de la «centro-izquierda» contra la Vocería de los Pueblos: Cuando el resentimiento es la clave
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Bastó que 34 flamantes constituyentes de la Vocería de los Pueblos, en un claro ejercicio democrático, trasparentaran sus posiciones con una declaración donde se reclaman del “poder constituyente” y de la fuerza popular originaria que dio paso a la reivindicación histórica de Asamblea Constituyente y, por lo tanto, “a no subordinarse al acuerdo del 15 de noviembre de 2019″, para que 91 figuras de la llamada “centro izquierda histórica” reaccionaran con una declaración contraria. En esta, los 91 signatarios salen en defensa del denostado Acuerdo político por la Paz y una Nueva Constitución firmado entre cuatro paredes por parlamentarios del oficialismo neoliberal y de Oposición (PS, DC, PPD, PR, CS, PL). Acuerdo del que se restaron el Partido Comunista y el Partido Humanista.
La Declaración de los 91, en un tono de agresividad latente, defiende los poderes constituidos, en crisis de legitimidad. Prefieren soslayar la erosión de legitimidad de las instituciones resultado de la corrupción y de una toma conciencia popular en un marco de precariedad vivencial. No quieren reconocer las razones de la Rebelión popular y democrática del 18/O. Ni menos condenan la aberración histórica de la que fueron testigos: que el presidente S. Piñera, contra toda razón republicana, le hubiera declarado la guerra a un pueblo que, supuestamente, él, debe gobernar … para bien.
En efecto, la declaración emitida por Mariana Aylwin, J.M. Insulza, Soledad Alvear, Carlos Abel Jarpa, Cristian Warnken, Andrés Velasco, Gutenberg Martínez, Ernesto Tironi, Ignacio Walker, Álvaro Briones, J.C Latorre, OG. Garretón entre otros, pareciera dictada por una suerte de resentimiento, lejano de la racionalidad política democrática. Dejemos bien en claro que el acuerdo del 15/N se “forjó” entre gallos y medianoche y sin consultar al pueblo, pudiendo hacerse… Y mientras que asambleas populares funcionaban en las comunas del país; los alcaldes se preparaban para hacer consultas democráticas, y el pueblo luchaba en plazas y territorios, en un país donde Piñera gobernaba de manera autoritaria y con violación flagrante de los Derechos Humanos e individuales. Fue un Congreso con 8% de aprobación, mientras los aparatos armados detenían, torturaban, violaban la vida y mutilaban los cuerpos que se firmó, a la pasadita, el Acuerdo de paz.
Los 91 firmantes ignoran a propósito que fue la movilización popular la que abrió los diques para que fuera posible un proceso constituyente real y no ese remedo caricatural como lo fue en el Gobierno de la Nueva Mayoría con Bachelet (de “centro-izquierda” y neoliberal). Y después de años, en que los poderes constituidos de la institucionalidad vigente fueran impotentes. Incapaces de concretar la aspiración popular de Constitución democrática para desembarazarse de la de Pinochet-Lagos. Con este contexto de fondo, la declaración de la “centro-izquierda” tiene el descaro de defender como legítimo lo que fue un vulgar coup de force del Congreso (Lawfare se le llama hoy) (*). Por supuesto, fueron los “representantes” del poder constituido quienes entre gallos y medianoche decidieron la realización del plebiscito, de la regla de los 2/3, de su libelo, además de la designación de la Comisión técnica por tecnócratas de partidos que cuentan con 2% de aprobación en las encuestas.
Las grandilocuentes declaraciones que invocan supuestos principios democráticos para justificar la falta de voluntad ante la necesidad de cambios reales, es lo que denunció el “no son 30 pesos fueron treinta años …”
A los parlamentarios no se les ocurrió que una pregunta legítima en el plebiscito debería ser: “¿Quiere Ud. poder elegir una Asamblea Constituyente libre, autónoma, soberana (que decida ella)? ¿Sí o no? Manipular, es precisamente eso: no ofrecer las alternativas posibles para que se exprese la voluntad ciudadana. Es ocultar alguna que es evidente como opción.
Fue ahí que la claridad emergió. Que el sentido común popular percibió la manipulación patente. Que nació la consciencia para elegir a los 34 de la Vocería de los Pueblos y otros más de la Lista del Pueblo para redactar una nueva Constitución. No con los mismos de siempre — léase los 91 de “centro-izquierda”. Y fue esa misma consciencia que le negó el voto a partidos que como la DC eligieron un solo delegado a la Convención constitucional; y que figuras como Mariana Aylwin y los constitucionalistas estrellas de la Democracia Cristiana como Patricio Zapata y Jorge Correa Sutil no fueran elegidos por la ciudadanía. Debe doler. Por ahí respira la Declaración de los 91.
Hay una violencia simbólica manifiesta en la Declaración de los 91 de la autollamada centro-izquierda. Un tufo de elitismo y de resentimiento de clase innegables ante la emergencia de actores y movimientos sociales populares, del pueblo mapuche, feministas, de trabajadores, anticapitalistas y ecologistas que se proyectan como sujetos políticos salidos de las luchas y que estarán presentes para legitimar ese espacio de debate constitucional que necesariamente desbordará e irrigará la sociedad con sus posiciones, muchas veces en pugna abierta. Basta con mirar los nombres para percibir un viejo mundo que se desmorona, también presente en el recinto. Pero, no obstante, la Declaración de los 91 “centroizquierdistas” (entre ellos muchos neoliberales camuflados) tiene un efecto positivo: permite ver cómo se posicionan los actores del mundo político. Ayuda a identificar las tesis que estarán presentes en los debates, donde los clivajes temáticos, de intereses y los orígenes de los conflictos serán evidentes.
Además, es una concepción totalitaria de la democracia hacer creer que se tiene el monopolio de la verdad solo por afirmar que “las reglas las dicta el Congreso”, y que por eso “no se cambian”, como dice el militante liberal y convencional Agustín Squella.
Esas distintas miradas que aparecen se cristalizarán en posiciones o tesis. Y las hay. Y es sano que así sea, y que se argumente al calor de las contradicciones. No es la política del consenso dialogado ni del viejo contractualismo liberal del siglo XVIII que hace creer que “somos todos iguales” y que nos vamos a entender para hacer la “casa común”. No. De lo que se trata es de aceptar que el conflicto político es parte de la existencia democrática en una sociedad donde el poder económico, determinante en una sociedad, se encuentra concentrado en las manos de una oligarquía empresarial que hoy gobierna con Piñera y que en el plano de la devastación ecológica es la gran responsable. Y que ese poder económico ha jugado un rol desmesurado en la configuración política del Chile pos-dictadura y en la Constitución por cambiar.
Entonces ¿por qué ocultarlo? Lo que sucede es que el viejo ethos político propio de una casta política los obliga a utilizar la retórica de la “democracia dialógica” y los acuerdos como medio para ocultar los debates de fondo. Es la cultura de la opacidad, que devenida un reflejo pavloviano determina que los 91 actúen desde una especie de — cabe repetirlo — resentimiento decadente (de los que se sienten debilitados en el ejercicio del poder y que reaccionan ante un nuevo poder emergente con más vida, diría Nietzsche) en el que no están lejos de amenazas contra el ejercicio del derecho del pueblo a manifestar mientras los constituyentes sesionan.
Negar la existencia de intereses divergentes y opuestos entre clases sociales, géneros, pueblos/etnias es lo propio del discurso del liberalismo patriarcal que ha sido hegemónico en Occidente, y propio del parlamentarismo capitalista. Discurso de un poder que es cada vez más más cuestionado desde la práctica de la democracia directa, como de la teoría democrática, como desde los pueblos originarios y de las reivindicaciones específicas de las mujeres. Los sectores aristocráticos y las castas políticas siempre han reaccionado con conatos de amenazas ante el “escándalo democrático” que para ellos significa el “poder plebeyo”. El “demos”, que no solo está para votar, sino para redactar las leyes de la Polis. Tal fue el escándalo que inauguró la democracia en Grecia en el –IV en Grecia Antigua. La paridad es un avance histórico evidente… 25 siglos más tarde … Gracias a las movilizaciones del movimiento de mujeres y feministas (desde la Revolución Francesa ha sido chic et de bon goût que las constituciones las redacten los hombres con fortuna y abogados).
El momento constituyente transparentado por el manifiesto de la Vocería de los Pueblos es un momento de verdad. Es mostrar el país real, las desigualdades profundas en salud, educación y pensiones. Es reconocer los conflictos de clase, de género, ambientales y las contradicciones que hoy atraviesan la sociedad. Esos condicionantes del debate y sus contenidos deben salir fuera del recinto del Palacio Pereira y difundirse en la Sociedad entera. Escándalo hay porque a los que se les había mantenido alejados de las riendas del poder; sin tomar parte en el debate entre los miembros de la casta, hoy irrumpen en la política y en el debate acerca del poder y las formas de ejercerlo. Y al hacerlo plantean las condiciones reales en que se instala el problema de la distribución y del control del poder.
Habrá que reconocer que el problema no ha sido zanjado: que hay dos fuentes de legitimidad. Y que los actores políticos se están posicionando al respecto. Que los constituyentes de la Vocería del Pueblo se declaran mandatados (vinculados por un mandato y no representantes de una soberanía abstracta) por organizaciones populares y de trabajadores y por sus demandas de justicia social, de género, de pueblos, y climática.
La investigación histórica venidera demostrará con detalles que fueron las movilizaciones populares, tras la Rebelión de los torniquetes y el más de un millón 250 mil ciudadanas y ciudadanos en las calles, transformados en multitud potenciada, la fuente originaria del poder constituyente para realizar la Asamblea Constituyente que había sido sistemáticamente ninguneada por los poderes constituidos desde la dictadura cívico militar de Pinochet.
(*) ver sobre el Lawfare del 15/N
Por Leopoldo Lavín Mujica
Leopoldo Lavín Mujica says:
Estimado Sr. Montecinos, «centro-izquierda» está entre comillas. Estamos muy de acuerdo que que hay que abrir el debate.
Atte,
Leopoldo
Hernán Montecinos says:
Mi respuesta no es contra los 91, sino contra el articulista y el periódico que insisten en el encabezado de título en asignar a los firmantes la condición de pertenecer a la «centro izquierda».
En primer lugar, quiere decir que ni el articulista ni el periódico tienen idea de lo que es ser de izquierda, y tampoco parecen saber que eso de «centro», es sólo una palabra comodín para justificar cualquier postura.
En definitiva, parecen ignorar que en política, y más aún en la ideología, sólo existen tres grandes corrientes: Izquierda (cambios); socialdemocracia (reformas), Derecha (conservar el status capitalista). Pueden existir algunas otras variables, pero al final del día todas ellas entroncan y confluyen dentro de estas tres corrientes.
Elena Diaz says:
Muy buen artículo, nunca es suficiente escribir, argumentar, fundamentar acerca de estas castas de negociadores del poder, corrupt@s y mentiros@s. Aún son much@s l@s chilen@s que creen que la democracia representativa basta…y no se movilizan, ni organizan para cambiar el orden de cosas, impuesto por los impulsores y guardianes del modelo neoliberal.
Germán Westphal, Ph.D. says:
El problema de fondo aquí es uno de legitimidad, la legitimidad que sólo emerge del soberano y que los poderes actuales del Estado carecen, incluida la Convención Constitucional y todos sus miembros, sin exclusión. De hecho, el soberano nunca ha sido consultado sobre la composición y forma de elección de sus representantes para la redacción de la Constitución que remplace a la actual. Éste y no otro es el vicio que descalifica el proceso constitucional en curso. PUNTO. El resto es cháchara. Una posibilidad de quebrar el proceso en curso y obligar a la consulta que no se le ha hecho al soberano sería una renuncia, aunque sea parcial pero significativa, de los convencionales electos —en la línea del harakiri que se hicieron las Cortes Españolas para abrir paso a la democracia. El argumento es simple: no han sido mandatados por el soberano en cuanto a su forma de elección ni en cuanto a la composición del órgano para el cual fueron electos. De que los acusarían falsamente de irresponsables, por decir lo menos, no cabe duda, pero de ellos depende que quieran hacerse efectivamente parte del montaje del 15-N.
Germán Westphal, Ph.D. says:
Aunque sea de la UDI, lleva razón: “Si es ilegítima la Constitución, lo es también el Parlamento y la elección que dio lugar a que nosotros fuéramos electos.” —Carol Brown, Convencional Constituyente
Florencio Macci Zepeda says:
Esas 91 bostas, no quieren entender que el pueblo en lucha ya les tiro la cadena para que se vayan por la cloaca de la curruptela neoliberal.
Gino Vallega says:
El que los 91 super momios decidan llamarse centro-izquierda , quiebra «la paz de los cementerios» de la dictadura y sus subsecuentes seguidores , a los que los fácticos y el milicaje apoyan para que hablen por el rechazo y el fracaso del «PROCESO POPULAR» que los obligó a aceptar el llamado a una nueva constitución.No son los «partidos30años» los iniciadores del proceso ,es la llamarada del pueblo que los asustó y los obligó y será ese pueblo el que decida hacer las preguntas y dar las respuestas que considere adecuadas.No más «partidodelorden» , no más «derechasaescondidas» ,ahora el pueblo todo tiene la palabra.
Felipe Portales says:
¡El mismo Atria que se lo vió en la cocina del 15 de noviembre y que luego de ello declaró con toda desfachatez (¡siendo académico de derecho…!) que el quórum de los dos tercios no tenía mayor importancia, porque entonces lo que no se aprobara por dicho quórum en la Convención, se podría aprobar por simple mayoría después en el Congreso! Tamaña estupidez fue, por cierto, desmentida por moros y cristianos…
Renato Alvarado Vidal says:
Este es el momento en que la pequeña burguesía entra en pánico ante la posibilidad de que el pueblo soberano dicte las normas; desde la Comuna de París hasta ahora hemos visto acontecer este proceso una y otra vez en diversas partes del mundo. La pataleta del patético grupo de los 91 era de esperarse, para ellos es la hora de atrincherar el partido del orden y golpear las puertas de los cuarteles.
Por más que fulanos como Atria y Squella pretendan blanquear la imagen, el proceso constitucional emanado del «Acuerdo por la Paz» es ilegítimo en su origen y amañado en su desarrollo; que la trampa haya funcionado sólo a medias no oculta que fue una trampa, en la Convención resultó una sobre representación de los sectores conservadores debido al método electoral que favorece a las máquinas electorales de los partidos, y en el referendum que aprobó a esta Convención ni siquiera se incluyó la opción de la Asamblea Constituyente Soberana.
Si los vetustos representantes de la casta política son tan «democráticos» como proclaman ¿Aceptarían un plebiscito en que la ciudadanía pudiese elegir entre una Asamblea Constituyente Soberana y una Convención Constitucional con las limitaciones de la actual?
Felipe Portales says:
Una Declaración muy representativa de la derecha concertacionista. Faltan algunos, ciertamente, pero están Insulza, Tironi, Walker, Alvear, Mariana Aylwin, Oscar Guillermo Garretón, Eduardo Aninat, Andrés Velasco, Gutenberg Martínez, Alvaro Briones y Juan Carlos Latorre. Lo raro es que no hubiesen salido a reivindicar su rol clave en los 30 años…