Colombia: ¿cederá el gobierno?

El presidente Duque hoy es prisionero de Uribe –denuncia el senador Gustavo Petro, ex candidato presidencial y líder del partido Colombia Humana–; purgó al ejercito y la policía de los mandos partidarios de los acuerdos de paz y entregó la cúpula de ambas fuerzas a Uribe y también el manejo del dinero, poniendo a sus órdenes al renunciado ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, autor de la citada reforma, quien sólo obedecía a Uribe y a los banqueros. Petro coincide con varios investigadores y analistas sobre lo que hay detrás de la reforma tributaria que intentaba imponerse con grave daño a importantes sectores asalariados y de clase media baja. La medida fiscal buscaba tapar un enorme boquete en las finanzas públicas debido en parte a enormes transferencias de dinero del presupuesto del Estado a las arcas de los bancos. Dos graves errores de política económica cometió Carrasquilla, afirma el senador: el primero, hacer aprobar la reforma tributaria de 2019, donde se rebajaban entre 9 y 15 billones de pesos los impuestos que pagaban petroleras, carboneras, bancos y otras grandes corporaciones. Segundo, ya con el Covid-19, sobrendeudar al Estado al gastar dinero de deuda pública para mantener las utilidades de los dueños de los bancos, que alcanzaron 14 billones de pesos el año pasado mientras el país quebraba y pasaba al hambre. En sólo dos años de gobierno, Carrasquilla desfinanció al Estado –prosigue Petro– y lo sobrendeudó, haciendo la situación insostenible. Desesperados, para remediar el déficit fiscal que ellos mismos crearon –continúa el senador–, Duque, Uribe y Carrasquilla acudieron a lo de siempre: pasarle la factura a los que menos tienen.

La factura implicaba subir el IVA a 19 por ciento a la mayoría de los productos de la canasta básica: gas, teléfono y electricidad; un aumento a la gasolina, imponer severos recortes al gasto social; congelar por cinco años los salarios de la administración pública; otorgar facultades extraordinarias por seis meses al presidente para enajenar, restructurar o fundir entidades y empresas del Estado. Léase, un gran recorte a las plantillas del aparato del Estado. En paralelo a esto el Ejecutivo ha presentado en las cámaras una iniciativa que profundiza la privatización del sector salud y fuentes afirman que hay en camino iniciativas de reforma laboral y salarial que –es sabido– implican grandes ataques a las conquistas obreras cuando se aplican por gobiernos neoliberales.

Esto en un país donde la pobreza por ingresos monetarios avanzó en 2020 6.8 por ciento para ubicarse en 42.5, lo que significa que 21.2 millones de personas carecen de medios para satisfacer sus necesidades básicas. Colombia subió de 4.6 millones de personas en pobreza extrema a 7.4 millones; 68 por ciento de la población ha pasado de ingerir tres comidas al día a sólo dos y 10 por ciento de los hogares ponen ahora alimento en la mesa sólo una vez por día. Incluso desde una subjetividad tan insensible y alejada de las necesidades populares, como la neoliberal, hay que reconocer que Duque, Uribe y quienes diseñaron esta reforma son posiblemente insuperables.

Petro le propone a Duque liberarlo de Uribe para que cumpla su último año de mandato y evite un golpe de Estado para cancelar las elecciones, que seguramente perdería el uribismo. Lo insta a abrir el diálogo franco y sincero con el movimiento social y a militares y protestantes a confraternizar y evitar enfrentamientos.

El gobierno parece ceder después de no menos de 20 muertos, cientos de heridos, 814 detenciones arbitrarias y 10 hechos de violencia sexual por la fuerza pública. Anuncia una agenda de reuniones con instituciones, incluido el CNP, que, afirma, ha aceptado una cita inicial el 10 de mayo. El problema es que la oligarquía nunca cumplió sus compromisos.

Por Ángel Guerra Cabrera

Twitter: @aguerraguerra