¡Que los responsables del terrorismo de Estado chilenos no queden impunes!
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La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDH), la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), el Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ) solicitan a Fiscalía de la Corte Penal Internacional, iniciar un juicio en contra del Presidente Piñera y todos los demás responsables en relación a los hechos ocurridos en Chile desde el 6 de octubre de 2019 y hasta el día de hoy.
“La Comisión Chilena de Derechos Humanos, Organización de la Sociedad Civil constituida jurídicamente como Corporación de Derecho privado, sin fines de lucro, representada legalmente por su Presidente, Carlos Margotta Trincado, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), representada legalmente por su Presidente, Baltasar Garzón, el Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED), representado legalmente por Fabio Marcelli y la Asociación Americana de Juristas (AAJ), Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra, en la persona de su representante legal, Vanessa Ramos, vienen en solicitar a través de la presente Comunicación, a esta Ilustre Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que inicie una investigación, formule acusación y requiera el inicio de un juicio conforme al Estatuto y Reglamentos de la Corte Penal Internacional por la responsabilidad que le cabe al Presidente de la República de Chile y demás autoridades civiles, políticas y policiales que se mencionarán y por los actos que se denuncian, ejecutados en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, ocurridos simultáneamente en todo el territorio nacional de la República de Chile, desde el 6 de octubre de 2019 y hasta el día de hoy, los cuales consideramos constitutivos de Crímenes de Lesa Humanidad”.
Así empieza el largo comunicado conjunto de estas diferentes asociaciones para que los responsables de los hechos ocurridos desde el mes de octubre de 2019 en Chile no queden impunes.
Una realidad poco democrática.
El Estado chileno y su Constitución son el resultado de intereses y acuerdos que tienen sus raíces en la dictadura militar, nacida bajo los planes de Estados Unidos y luego liderada por Augusto Pinochet.
Cuando a finales de la década de 1980 su gobierno dictatorial comenzó a perturbar éticamente los negocios y el libre comercio, la “transición a la democracia” pudo resolver este “malestar”. Lamentablemente, esta transición nunca ha podido incluir a los movimientos sociales que lucharon en contra de la dictadura. Quizás por eso, el 18 de octubre de 2019, el aumento de las tarifas del metro fue la “gota de más”: los estudiantes decidieron manifestarse, la población los siguió.
Las masivas movilizaciones del estallido social en Chile han recibido una fuerte respuesta represiva por parte del Estado, que ha utilizado la tortura y la prisión como forma de amedrentar y castigar a la sociedad que exige justas demandas. Más de 2500 personas de Arica a Punta Arenas hoy se encuentran injustamente privadas de libertad sufriendo persecución y penas desproporcionadas evidenciando una gran desigualdad ante la ley.
“Cabe tener presente que los hechos ilícitos mencionados, previstos y sancionados por el artículo 7º del Estatuto de Roma, ratificado por el Estado Chileno el 29 de junio del año 2009, son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final. Además, los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley. Todo ello hace procedente y necesario el ejercicio de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional”, explica el documento de las varias asociaciones.
“Tanto el Gobierno como las diversas instituciones estatales, no cumplieron con sus obligaciones establecidas tanto en los tratados internacionales de Derechos Humanos como en la legislación interna aplicable. En efecto, frente a las multitudinarias movilizaciones sociales realizadas durante semanas por el pueblo Chile que exigía cambios profundos y demandas concretas, en vez de escuchar a su mandante y titular de la soberanía, el pueblo, el Presidente de la República declaró que estaba “en guerra”, decretó un Estado de Excepción constitucional (Estado de Emergencia), dispuso que el Ejército ocupara las calles y optó por la aplicación de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos, configurando un ataque contra la población civil constitutivo de crímenes contra la Humanidad. Al mismo tiempo, frente a las múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos, el Gobierno originalmente negó su existencia, las calificó de eventuales excesos, respaldó el actuar de las fuerzas policiales (Carabineros) manteniendo en sus cargos a los mandos superiores, y ha continuado reprimiendo hasta el día de hoy (la última de las 464 víctimas de trauma ocular, se produjo el 19 de febrero de 2021, en la misma Plaza de la Dignidad donde han tenido lugar la inmensa mayoría de las protestas), y todo ello a pesar de lo señalado por cuatro organismos internacionales que no sólo constataron la violación a los derechos humanos sino que a través de sus Informes hicieron un conjunto de recomendaciones al Gobierno, las que o no se han cumplido en lo más mínimo o de manera incompleta o inadecuada. Estos informes hicieron especial énfasis en la necesidad de adecuar el comportamiento de las fuerzas policiales a los estándares internacionales de Derechos Humanos con respecto al uso de la fuerza pública” siguen denunciando las asociaciones.
Efectivamente, varias instancias se entregaron ante las Naciones Unidas al respecto de las violencias policiales ocurridas en Chile, aunque todavía no hubieron condenas al respecto.
“Estimamos que la respuesta violenta del gobierno de Sebastián Piñera a las reivindicaciones sociales reúne todos los requisitos para ser consideradas como crímenes de lesa humanidad, definidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma y en la Ley 20.357 de la República de Chile. Una parte importante de las violaciones de los derechos humanos, en especial la acontecida en los primeros meses del estallido social, fue constatada por organismos internacionales tan calificados como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch, así como también, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entre otros. Estos Informes han dejado en evidencia el uso excesivo, desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y militares, que se ha traducido en atentados contra la vida (homicidios y asesinatos), la integridad física y psíquica (lesiones, tortura y malos tratos), la integridad sexual (violaciones, abuso y violencia sexual) y la libertad (detenciones arbitrarias e ilegales). Es importante mencionar, además, que ya existían antecedentes, previos al estallido social, sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos, y lo que es más grave aún, respecto de niños, niñas y adolescentes. El Informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas25 de junio de 2018 da cuenta de la cruda realidad de los niños que se encuentran bajo la protección del Servicio Nacional de Menores (Sename), servicio estatal para la protección de la infancia vulnerable y vulnerada en Chile. En dicho informe, el Comité de Derechos del Niño señala expresamente que en Chile han existido y existen graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en perjuicio de los niños, niñas y adolescente que se encuentran bajo la responsabilidad y al cuidado de Sename, lo que constituye una infracción grave de la Convención de Derechos del Niño. Asimismo, debido a que el gran daño causado a innumerables niños, niñas y adolescentes, que han estado en las casas e instituciones del sistema, públicas y privadas, en las últimas décadas, estas violaciones de derechos humanos son sistemáticas, por cuanto ha existido un patrón permanente de vulneraciones amparadas por la inacción del Estado a pesar de las reiteradas denuncias al respecto. Todo esto permite tener presente que la existencia de violaciones a los derechos humanos, consistentes en vulneraciones generalizadas y sistemáticas, no han sido ajenas al Estado de Chile, incluso en democracia”, concluyen las asociaciones.
Elena Rusca, Ginebra 2.05.2021
