La estrategia del gobierno en su fase actual

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UN NOMBRAMIENTO ESPECIAL.

Decía Antonio Gramsci que uno de los rasgos relevantes de la cultura que poseen las clases dominantes—y/o sus fracciones—, es la conciencia de ser tales. Pero eso no implica, en absoluto, sostener que deben conocer el por qué de su actuar. No. Simplemente, las clases y/o fracciones de clase dominante proceden a dominar, a ejercer la dominación sobre un conjunto social, y les es indiferente saber por qué lo hacen o por qué actúan de esa manera; la conciencia de ser tal consiste, precisamente, en actuar como han actuar cada vez que deben hacerlo, aunque no tengan idea alguna de la causa de tal proceder pues eso no les sirve, no tiene significación alguna para ellas ni necesitan saberlo. Algo muy diferente a lo que les sucede a las clases y fracciones de clase dominadas que sí necesitan avanzar en ese sentido, y evolucionar de su condición de ‘clase en sí’ hasta derivar en ‘clase para sí’.

Por eso, no debe llamar la atención que, en no pocas oportunidades, los sectores dominados juzguen las acciones de los dominantes como si fueran propias y presuman en ellos atributos que nunca han poseído ni tendrían por qué poseerlos. Y es que los seres humanos acostumbramos a mirar la conducta de los demás como si fuera el espejo de nuestras propias acciones, conducta que, a menudo, puede inducirnos a cometer errores, a menudo, irreparables.Y a creer que los dominadores van a hacerse menos egoístas, más buenos y más sensibles. La dominación se caracteriza por emplear un comportamiento mecánico, que sorprende a la vez que aterra, por su naturalidad.

Tales reflexiones se nos vienen a la mente a propósito del nombramiento de Patricio Melero Abaroa en el cargo de ministro del Trabajo; y respecto de un análisis que proponía

“[…] ver en el corto plazo si Melero es capaz de vencer a sus propios fantasmas –y su pasado– y proyectar una disposición distinta a la que tuvo en el Parlamento en materia laboral y, así, bajar las resistencias de una oposición a la que el apellido Zaldívar no le incomodaba tanto. Por supuesto, las personas tienen siempre la posibilidad de cambiar, aunque eso signifique abandonar algunos dogmas que los han acompañado por treinta años, incluso el de que la gente no puede retirar otro 10% de su propio bolsillo para sobrevivir a esta pandemia infinita”[1].

Suponer premisas como las indicadas es algo común. Forma parte de nuestro acervo cultural.Como cuando se sostiene que el sistema capitalista ha fallado porque es incapaz de poner término a las desigualdades sociales. ¡Como si esa estructura social hubiere sido diseñada para realizar tan sublime tarea! En la vida real, raras veces ocurren situaciones de esa naturaleza. Porque, la sociedad capitalista, organizada en el carácter de Estado, contiene clases sociales con intereses contrapuestos entre sí. Los de las clases y fracciones de clase dominantes son defendidos por agentes que ocupan los cargos más altos y mejor remunerados, precisamente, para la realización de tales intereses y no para otras cosas. Por lo mismo, raras veces ese tipo de nombramientos ha de considerarse como manifestación de un

“[…] extraño instinto autodestructivo de La Moneda”[2].

No hay ‘instinto autodestructivo’ alguno en esos actos ni, mucho menos, intención del sector dominante de ‘autodañarse’. Tal vez, sí, pueda encontrarse en su interior un ingrediente ‘patológico’, lo que no sería extraño en sujetos como los que nos gobiernan; pero nada de ‘torpezas’, ‘errores’ o presuntos ‘disparos en los pies’ de una administración que ‘no entiende lo que sucede’. Porque lo entiende perfectamente dado su carácter de clase dominante.

LA ESTRATEGIA  DEL SECTOR HEGEMÓNICO DEL BLOQUE EN EL PODER

Nuestra idea es que el comportamiento del gobierno, a partir del estallido social de 18 de octubre de 2019, evidencia la existencia de una estrategia que pocos han advertido y que permite suponer la reafirmación de una conducta que, de ‘desorientadora’ tras aquel estallido, ha derivado a otra, perfectamente delineada y orientada a dar feliz término al mandato presidencial e, incluso, brindar a los sectores dominantes la posibilidad de un nuevo Gobierno como última expresión del sector hegemónico del Bloque en el Poder, bajo la constitución pinochetista. En suma, una estrategia de claro diseño, basada en el aprovechamiento del control social que permite el manejo de la pandemia,y que se viene construyendo desde, a lo menos, la realización del plebiscito de octubre de 2020. Una estrategia que atesora, en su provecho, el rol desactivador que la pandemia ha provocado  en el movimiento social. Según un analista,

“[…] en estos momentos existe un equipo con dedicación exclusiva para dar cuerpo al legado del actual Gobierno –equipo comandado por Magdalena Díaz, la ex jefa de gabinete del Presidente–, lo cierto es que este trabajo viene delineándose al menos desde fines del 2020”[3].

En efecto, de acuerdo a lo que expresa este mismo investigador,

“Una vez ocurrido el plebiscito del 25 de octubre y a cargo de Raimundo Monge, jefe de la División de Coordinación Interministerial de la Segpres, se dio inicio a las reuniones formales para el análisis de los proyectos, su estado actual y posibilidades de ser aprobados.

Dividiéndolos en áreas de carácter nacional, regional y local, se analizó qué proyectos calificaban y cuáles no, para inscribirse en el potencial legado que aún no habría definido su formato. Complementariamente, desde la Secom se instruyó a todos los jefes de prensa de los diferentes ministerios para entregar en detalle el desarrollo programático de sus áreas, con la solicitud de salir a hacer pautas políticas para marcar el punto que se definiría como necesario para apoyar la construcción del escrito”[4].

¿Cómo pudo ser posible semejante estrategia? Sostenemos nosotros que tal hecho ha podido consumarse en virtud de la activa concurrencia de cuatro importantes elementos copulativos que son la pandemia, la corrupción generalizada de las instituciones del Estado, el factor de unidad del Bloque en el Poder y una organización que apoya a ese factor. A estos elementos hay que agregar la actitud de una ‘élite política’ ávida de firmar acuerdos, ‘a nombre del pueblo’, con el Gobierno. Como lo hizo el 15 de noviembre de 2019.

Al primero de esos factores nos referimos anteriormente cuando afirmamos que la pandemia, con la imposición del Estado de Emergencia, el toque de queda y el control sanitario de la población, desactiva, en principio,todo llamado a protesta social. Nihil obstat.

LA CORRUPCIÓN GENERALIZADA DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

La corrupción generalizada de las instituciones del Estado (principalmente, la Fiscalía Nacional, los Tribunales y las Fuerzas Armadas) es otro factor que ha facilitado el diseño de una estrategia gubernamental,.

La Fiscalía no cumple su rol. Cuando intenta hacerlo, su parcialidad es manifiesta. Actúa en correspondencia a lo que se ha dado en denominar ‘justicia de clase’.  No debe sorprender que haya actuado de ese modo en contra de los jóvenes detenidos por las fuerzas policiales en las protestas exigiendo a los jueces la imposición de penas que, a menudo, sobrepasan las aplicadas a los delincuentes comunes por la comisión de delitos graves. Una denuncia bastante significativa, formulada por la Defensoría de la Niñez en abril de 2021, da una idea aproximada de la indolente y mañosa labor realizada, al respecto, por la Fiscalía Nacional

“[…] desafortunadamente queda de manifiesto que no estamos siendo capaces, a través del Ministerio Público, de responder a las exigencias que imponen las violaciones a los Derechos Humanos a niños, niñas y adolescentes (NNA)”.

“[…] solo el 1 por ciento de las causas se encuentra con formalización de cargos, la mayoría de las causas han sido archivadas, momentáneamente, y que además, en relación con el número de causas que se iniciaron por denuncias de la Defensoría, de 170 que se presentaron, solo el 29 por ciento de NNA víctimas han sido entrevistadas directamente por el fiscal o por el abogado visitante, esto contraviene incluso instrucción que la propia fiscalía ha establecido”[5].

Los tribunales, por su parte, no solamente han ignorado esa manida forma de proceder,  sino colaborado en el ejercicio de la misma, prolongando abusivamente la prisión preventiva de quienes son acusados de atentar contra la seguridad del Estado, aunque, después, una sentencia judicial, los absuelva. La presunción de inocencia que consagra la legislación nacional ha terminado convertida en una entelequia.

Las Fuerzas Armadas funcionan sin respetar obediencia jerárquica alguna que no sea la que debe prestar el conscripto al superior. La oficialidad es renuente a respetar al poder civil. Son instituciones asimiladas al modelo de economía social de mercado: en tanto puedan administrar sus propios fondos, sin que nadie se entrometa en eso, permanecerán tranquilas. Algo que el Gobierno no ignora. No puede, pues, reprocharse al ex ministro Alberto Espina, no haberse impuesto a ellas pues dejarlas actuar a su amaño y no interferir en sus acciones ha sido la política oficial de todos los gobiernos post dictatoriales.

Lo grave, sin embargo, es que todas esas instituciones funcionan asombrosamente coordinadas entre sí. Constituyen un todo armónico cuyas partes actúan en estrecha connivencia y que se muestra sin pudor alguno en el caso de la intervención telefónica a varios periodistas que investigaban el uso delos dineros fiscales por parte del Ejército. En el espionaje al periodista Mauricio Weibel, la intervención de su teléfono fue una medida autorizada por el propio ministro sustanciador de la causa, el magistrado Juan Antonio Poblete, quien no vaciló en manifestar abiertamente, en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados, el día martes 20 de abril de 2021,

“[…] que nunca fue engañado por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) para decretar la interceptación telefónica al periodista Mauricio Weibel”.

Si es cierto el proverbio aquel según el cual ‘A confesión de parte, relevo de prueba’, necesariamente ha de concluirse que la libertad de prensa se encuentra seriamente amenazada por los propios Tribunales.

EL FACTOR DE UNIDAD DEL BLOQUE EN EL PODER

Quien ha sido capaz de nuclear los interesesdel sector hegemónico del Bloque en el Poder es Sebastián Piñera Echenique. Es él quien continúa perfilándose como ‘factor de unidad’ del Bloque en el Poder. Su carácter tanto social como individual lo acompaña en ese empeño. Y ello es efectivo. Nos encontramos frente a un sujeto con carácter anal en el más puro y exacto sentido freudiano. Un sujeto que desea acaparar todo lo que encuentra para sí y está dispuesto a retener hasta sus heces con tal de no desprenderse de aquello que considera suyo, entre otras cosas, el territorio en donde asienta sus pies, la nación, que estima de su propiedad, algo similar a como considera las arcas fiscales. No debe sorprender, por ello, que, un personaje con esas características, se haya opuesto tenazmente a entregar dinero suficiente a la población nacional para enfrentar la pandemia. Por lo mismo, si hay alguien que puede representar con propiedad  la esencia del modelo de economía social de mercado, ese es Sebastián Piñera. El sector financiero puede sentirse plenamente identificado en ese individuo exótico, tremendamente envidioso de la imagen de una mujer como Bachelet —capaz de elevarse a los máximos sitiales brindado a sus incondicionales por el sistema capitalista mundial—, preocupado de dejar un legado que lo inscriba en las páginas de la historia como uno de los grandes constructores de la Patria. Narcisista, ha querido emularla en los eventos internacionales con representaciones ridículas como insistirle al ex presidente Trump que observe con atención cómo se reproduce la bandera chilena en un vértice de la norteamericana. E, incluso, sentarse en el sillón que habitualmente ocupa el presidente de Estados Unidos. O recorrer el mundo con el mensaje de los mineros que fueron salvados del derrumbe, mostrándolo en todos los lugares posibles del globo.

Piñera es un niño. Pero un niño peligroso. No ha evolucionado mentalmente a la adultez sino en el aspecto más perverso que puede hacerlo una persona. Piñera es un acumulador.Puede decirse de él que padece el mal de Diógenes; pero, en vez de coleccionar cachivaches, desechos u otros bienes materiales, lo hace acumulando formas dinerarias, instrumentos financieros, bonos, acciones, crías, derechos, concesiones, esperando, algún día, a la manera de Rico Mac Pato, retozar, sumergido en una bañera llena de monedas de oro. Es locuaz, charlatán. Tiene incontinencia verbal. Necesita estar hablando todo el día. Carlos Hunneus se ha dado el trabajo de contar sus discursos en estos dos últimos años y el total de ellos llega a la suma de 215, algo notable[6].Pero, además, es un empresario. No. No de los que producen bienes físicos tangibles. Es un especulador, un agiotista. Nada productivo, sino bienes etéreos: comercio, turismo, préstamos, seguros, en fin. No debe sorprender que aplique

“[…] políticas monetarias de alta liquidez que permiten seguir canalizando recursos hacia los circuitos más especulativos del mercado financiero”[7].

El carácter de una persona no es algo banal: en un sistema jerárquico, fuertemente vertical, define el carácter mismo de quienes van a estar a su lado. En suma, de quienes han de ser sus colaboradores. Algo que se ha visto materializado en la práctica, porque el carácter tanto individual como social de sus colaboradores no constituye sino una reproducción del suyo. Se siguen los parámetros normales que recorren las relaciones humanas: las personas se juntan y relacionan con quienes guardan mayor número de afinidades. Algo que siempre sucede en las esferas del Poder. En el caso de Piñera, con una diferencia: sus colaboradores saben que dependen de su voluntad para continuar en el cargo; en consecuencia, muestran docilidad a la voz del amo, subordinándose a sus requerimientos.

UNA ‘EMINENCIA GRIS’.

Los colaboradores estrechos de Piñera se agrupan en el segundo piso de la casa de Toesca bajo la dirección de un economista bastante singular que es Cristián Patricio Larroulet Vignau. No es sorprendente que las decisiones adoptadas en ese lugar se encuentren fuertemente impregnadas de economicismo y que la salud de la población nacional represente un aspecto secundario en la lucha contra la pandemia.

Es un hecho conocido que Juan José Ossa, ministro de la Secretaría General de la Presidencia SEGPRES, no adopta medida alguna sin antes consultarla con Larroulet, jefe de los asesores del Segundo Piso de La Moneda. Ossa, militante de Renovación Nacional, obedece muy poco a su colectividad y se le conoce como un ferviente admirador de Piñera. Por su parte, Larroulet, que guarda un asombroso parecido físico con el payaso del film ‘It’, es militante de la UDI y, en su tiempo, estrecho colaborador de Pinochet; hay consenso en considerarlo el ideólogo de La Moneda y artífice del endurecimiento de la línea que ha adoptado el Gobierno[8]. Según Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional,

“[…] antes uno discutía del comité político, tiene peso o no tiene peso. Pero hoy, con todas las virtudes de (Rodrigo) Delgado, (Jaime) Bellolio u (Juan José) Ossa, uno ya ni habla del comité político. Probablemente ya todo lo está decidiendo Cristián Larroulet (jefe de asesores del segundo piso), sin ningún contrapeso, y eso es malo, eso no es bueno”[9].

Es este ‘supraministro’, al parecer, quien ha dispuesto una arremetida frontal contra las organizaciones sociales aprovechando la cuasi neutralidad que evidencia la ‘élite política’ opositora. El Gobierno apuesta por consolidar el poder de los sectores dominantes en las instituciones del Estado. Y eso exige el diseño de una estrategia que, sostenemos, existe y se está aplicando a cabalidad, a pesar de la molestia que tal medida ocasiona e algunos miembros del Gobierno.

“[…] al interior de Palacio existe un duro cuestionamiento al papel que juega el “supraministro” como le dicen a Larroulet, a quien le atribuyen una influencia sobre el Mandatario “por sobre lo acostumbrado”, lo que ha generado varios conflictos. Más ahora que no existe en La Moneda una figura política real que le haga contrapeso al criticado jefe de asesores del segundo piso, como en su momento fueron Andrés Chadwick o Rodrigo Ubilla”[10].

LA NECESIDAD DE CONTAR CON LA UDI

Un proyecto de esa naturaleza —que requiere de otras medidas como la reactivación económica—, puede ser impulsado por una de las colectividades que conforman la coalición gobiernista que es la Unión Demócrata Independiente UDI, defensora a ultranza del modelo heredado de la dictadura, y partido dispuesto a endurecer más, aun, las medidas del Gobierno. En suma, un endurecimiento que garantice a los sectores hegemónicos del Bloque en el Poder la continua percepción de plusvalor, en la misma forma o, al menos, de manera similar a como se ha hecho bajo los gobiernos post dictatoriales. Según lo expresa un analista,

“[…] el mensaje es que la apuesta represiva es el camino que ha elegido el Gobierno para gobernar hasta marzo de 2022, incluso si eso implica tensionar el sistema jurídico, es decir, el estado de derecho en Chile y esa es una muy mala noticia para el país y para la democracia en Chile”[11].

De lo cual se puede concluir que, a nuestro entender, no hay contradicción alguna entre la ‘exitosa política’ de vacunación y la ‘torpeza’ en el manejo de la pandemia por parte del Gobierno, como muchos analistas y personajes de la política nacional sostienen. Bástenos citar un ejemplo para entender cómo una política de esa naturaleza (aparentemente torpe o irracional) puede constituir una forma de actuar consciente y deliberada. Según lo denunciara Franco Basso, académico de la Universidad Católica de Valparaíso,

“El 18 de febrero entregamos un documento formulado por distintas universidades como la PUCV, la U. de Chile, la PUC, la USACH y la Diego Portales, agrupados en el Instituto de Sistemas Complejos, en el que proponíamos un calendario de asignación de  trabajadores por rubro y franjas horarias de inicio. Ello según nuestros análisis permitía una disminución de hasta el 40% del hacinamiento, pero si bien tuvimos buena recepción desde el ministerio de Economía, en el Ministerio de Transporte fue desechado a nivel de la secretaria de Estado”[12].

Nuestra idea es que tanto la política de vacunación como las medidas adicionales, adoptadas por el Gobierno, han sido orientadas en el sentido de dar vida y continuidad a una administración que busca terminar su mandato de la manera que sea, ceñir la banda presidencial a quien le suceda en el mando de la nación y, en lo posible, sentar las bases para un nuevo período presidencial del Bloque en el Poder, el último que debería regirse por la constitución pinochetista. Algo que, en forma clara, reconoce una analista:

“Nuestro país tiene desafíos importantes dentro de esta pandemia, cual es preservar nuestra democracia y sus valores, para lo cual se requiere de liderazgos que vuelen alto y que permitan mirar el horizonte, como ha sido tradición en estos cuarenta años de vida republicana, que con luces y sombras, siempre ha tenido una coherencia entre la agenda  política-electoral con las políticas públicas”[13].

Lo que nos lleva a observar algunos actos aparentemente irracionales realizados por el Gobierno y que, no obstante, se enmarcan en una política diabólica, ideada por sujetos convencidos de estar actuando por mandato divino, capaces de concebir lo inconcebible y de explicar lo inexplicable, a través del uso de la falacia o del sofisma, como sustitutos de la sabiduría. Una arremetida frontal contra las organizaciones sociales aprovechando la cuasi neutralidad que evidencia la ‘élite política’ opositora.

¿ACTOS IRRACIONALES?

Sostenemos aquí que no hay actos impensados en el actuar del Gobierno. No lo ha sido nombrar en el carácter de ministro de Interior a Victor Pérez, y su grosera incursión a Gualmapu, con 800 efectivos de la Policía de Investigaciones PDI; tampoco, el nombramiento de María Teresa Brahm, amiga del primer mandatario, al mando del Tribunal Constitucional TC, para neutralizar los actos de un Parlamento que ha devenido en díscolo; ni la designación del ex ministro Felipe Larraín en el directorio de CODELCO.

No son los únicos. A esos sucesos se unen otros, recientes, como lo son el nombramiento de Patricio Melero al Ministerio del Trabajo, que permitió, el 13 de abril recién pasado, la incorporación de Cristián Labbé a la Cámara de Diputados para reemplazar al flamante nuevo ministro. Cristián Labbé es hijo del ex alcalde de Providencia y ex miembro de la CNI, Cristián Labbé. Una forma de desafiar a la oposición tanto parlamentaria como social.Pero, igualmente, y en la misma dirección, se orientan otras designaciones como la del ex ministro de Defensa Alberto Espina, un RN declarado piñerista, al cargo de miembro del Consejo de Defensa del Estado CDE, hecha el 06 de noviembre de 2020. Agreguemos a esa circunstancia que, en marzo recién pasado, se nombró a tres personas en el cargo de abogados integrantes de la Corte Suprema, dos de los cuales ejercerán sus funciones en la Sala 3 del tribunal[14].

A los nombramientos indicados, que no solo tienen por finalidad robustecer la línea dura del Gobierno en manos de la militancia UDI sino perseverar en la vigencia irrestricta del modelo neoliberal, se unen otros hechos como lo ha sido la persistente insistencia del Gobierno al Senado para que ponga en tabla, en el carácter de suma urgencia, el Tratado TPP11, documento cuya aceptación, en estricto rigor, debería postergarse indefinidamente, pues pone en entredicho la soberanía nacional en los momentos precisos que se va a redactar una nueva constitución.

El Gobierno necesita gobernar sin críticas. Y, en las circunstancias actuales, lo necesita más que nunca. Necesita, por ende, una prensa sumisa, una prensa que no lo censure sino aliente las medidas que adopta. Si tal prensa se torna poco sumisa, la estrategia de lograr un feliz término del segundo mandato de Sebastián Piñera puede sufrir graves menoscabos. Las voces disidentes deben ser acalladas; entre otros, los canales de Televisión ChileVisión y La Red. No debe sorprender que la sumisión de la prensa díscola haya sido impulsada por el propio presidente pidiendo al director del primero de esos medios la adopción de medidas restrictivas a la libertad de prensa. Ni que su ex jefa de gabinete, Magdalena Díaz, lo hiciese respecto del otro canal llamando telefónicamente a su dueño, en Miami, con idéntico motivo. Los actos, si bien han merecido el repudio del propio Colegio de Periodistas, muestra hasta qué punto busca el Gobierno el control social. Y evidencia la existencia de la estrategia que hemos señalado.

UNA ESTRATEGIA QUE PUEDE SER POSIBLE

La estrategia diseñada por el Gobierno, para la fase que atraviesa, no es descabellada, pues el término anticipado del mandato presidencial ha devenido en inútil. Así, pues, si se produjese un nuevo estallido social, podría éste ser controlado con el uso indiscriminado de la fuerza, medida a la que el Gobierno jamás va a renunciar. Piñera, al contrario de lo que algunos suponen, no está solo. A un lado tiene al poder empresarial; al otro, las instituciones de Estado a las que ya nos referimos. También la ‘élite política’; y, probablemente, la presencia oportuna de una nueva presidenta del Senado cuyo rol podría ser firmar ‘a nombre del pueblo’ un nuevo acuerdo con él, velar por la instalación del nuevo presidente que debería llegar a representar los intereses de los sectores dominantes y hasta acordar, con Piñera, un indulto ¿preventivo? que lo exima de ser condenado por delitos cometidos en contra de la población con ocasión del 18 de octubre de 2019 y durante la pandemia. Todo puede ser… Si, antes, no se manifiestan los movimientos sociales o los trabajadores…

Por Manuel Acuña Asenjo

Santiago, abril de 2021

[1]Silva Cuadra, Germán: “La designación de Melero o ese extraño instinto autodestructivo de La Moneda”, ‘El Mostrador’, 12 de abril de 2021.

[2]Silva Cuadra, Germán: “La designación de Melero o ese extraño instinto autodestructivo de La Moneda”, ‘El Mostrador’, 12 de abril de 2021.

[3]Leighton, Hernán: “La obsesión de Piñera por dejar un legado que borre el ‘otro’ y amenaza dejarlo como el peor Presidente de la Historia reciente”, ‘El Mostrador’, 13 de abril de 2021.

[4]Leighton, Hernán: Art. citado en (3).

[5] Redacción: “Patricia Muñoz y retraso en causas de violaciones a los DDHH de NNA: ‘El panorama es desolador’”, Radio Universidad de Chile, 21 de abril de 2021. La negrita es del original.

[6] Redacción: Editorial “Piñera está sacrificando a Chile mientras él y los suyos se enriquecen: debe ser destituido”, ‘El Ciudadano’, 9 de abril 2021.

[7]Redacción: Art. citado en (6).

[8] Esta idea ha sido expresada, también, por Andrés Celis, senador de RN, en el programa ‘Buenos días a todos’ , de ChileVisión el día 22 de abril de 2021.

[9]Leighton, Hernán: “Un comité político de juguete”, ‘El Mostrador’, 15 de abril de 2021.

[10]Leighton, Hernán: Art. citado en (9),

[11] Bustos C., Andrea: “Claudio Nash: ‘El Gobierno ha elegido la apuesta represiva como el camino para gobernar hasta marzo de 2022”, Radio Universidad de Chile, 15 de marzo de 2021.

[12] Redacción: “Franco Basso y movilidad en cuarentena: ‘Nuevamente deja de manifiesto la inequidad territorial de Santiago’”, Radio Universidad de Chile, 29 de abril de 2021.

[13] Canto, Marta: “La coherencia de la agencia electoral y las políticas públicas”, ‘El Líbero’, 13 de abril de 2021.

[14]El primero de ellos es Enrique Alcalde, que trabaja en sociedad con el marido de Teresa Marinovic, todos ellos vinculados a la UDI, en la empresa Marinovic& Alcalde; el segundo es el abogado de Julio Ponce Lerou, Pedro Águila; y el tercero es Víctor Humeres, de la Lista Gremial, vinculado a la UDI. Demás está señalar que el artífice directo de estos nombramientos ha sido el ministro de Justicia Hernán Larraín, por supuesto, también militante de la UDI.

Manuel Acuña Asenjo

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