El gobierno de Piñera y el peso de la crisis institucional
Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 34 segundos
A mi modo de ver, el presidencialismo latinoamericano, por esencia, nunca ha sido democrático, pues la democracia se define por el equilibrio de poderes, y que sus cargos emanen de la soberanía popular. Los demás elementos atribuidos a la democracia pueden ser aplicados por regímenes dictatoriales, autoritarios e, incluso, totalitarios, (se realizan más elecciones en países totalitarios, autoritarios o dictatoriales, que en las supuestas democracias, por ejemplo).
Las Constituciones de los distintos países no indican ser sinónimos de democracia, a lo mejor, las que se consideran modelo han sido promulgadas por dictadores, tiranos o líderes autoritarios, y que el supuesto “soberano” – el pueblo – las refrende no les da, por sí, la calidad de democráticas.
En el régimen presidencialista el equilibrio de poderes, los pesos y contrapesos, son sólo palabras pues, en la práctica, no se practican: el Presidente de la República tiene tantos poderes que bien podrían ser comparables con los de la monarquía absoluta, incluso, llevando a cabo un autoritarismo tal, que el congreso sea un elemento puramente decorativo. (Franco tuvo las Cortes, y Pinochet soñó con un parlamento en Valparaíso, y que, además, tuviera muy pocas facultades). Nada más fácil que imitar una Constitución y suprimirle su espíritu: “del pueblo, con el pueblo y para el pueblo” es, en realidad, una frase para el bronce, como la del “amaos los unos contra los otros”.
La democracia supone relaciones entre los poderes del Estado, mediante las cuales se controlan mutuamente, es decir, no puede haber poder democrático sin control, (en Chile lo es el caso del Tribunal Constitucional, que no es elegido por la soberanía popular y sus fallos son inapelables, incluso, el Ministerio Público no tiene ningún control sobre esta Institución). La dictadura, impuesta por el inspector del ejército, Mariano Navarrete, al menos tenía una Cámara de Diputados con facultades fiscalizadoras, que podía fiscalizar al Ejecutivo por medio de su único poder vinculante, que puede acusar, incluso, al Presidente de la República, por consiguiente, quienes hacen uso de esta facultad están cumpliendo una labor democrática, la más importante de la Cámara, (sus miembros debieran ser reconocidos en vez de criticados).
El Presidente Piñera, que no gobierna desde el 18 de octubre de 2019, día del “estallido social”, ha inventado algo tan increíble como el “parlamentarismo de facto”, es decir, que los parlamentarios se han tomado el poder, dejando al Ejecutivo con el Presidente a la cabeza, como “la última piedra en el camino”, (se decía así en la época parlamentaria, ´1981-1925´).
Si Chile fuera un país democrático se supondría que el pueblo es el constituyente originario, y que el Ejecutivo y el Legislativo serían constituyentes subsidiarios, por consiguiente, una vez aprobada la realización de una Asamblea Constituyente, la anterior Constitución de 1980, ilegítima en su origen y función, dejaría de funcionar.
El que las Constituciones en Chile, a partir de 1933, sean pétreas e impuestas por los militares, no significa que no se puedan reformar o bien, redactar una nueva Constitución, como es el caso de Chile, en que a partir del mes de mayo de 2021, se instalará una Asamblea Constituyente, que funcionará junto a un Parlamento, (una de las tantas estupideces jurídicas impuestas en “Tontilandia”).
Tanto la Cámara de Diputados como el Ejecutivo, en calidad de constituyentes subsidiarios, tienen el perfecto derecho de reformar la Constitución que a punto de fenecer, (si es que ya no está muerta, gracias al 80% de los votantes que la rechazaron, en los hechos, luego del plebiscito del 25 de octubre de 2020).
El conflicto entre el Parlamento y el Ejecutivo en la “democracia”, ha sido parte de toda nuestra historia política e, incluso, nos llevó a una guerra civil, (1891), que significó la pérdida de 10.000 vidas, (más que en la guerra del Pacífico). Después de la guerra civil del 91, balmacedistas y congresistas “cohabitaron” en el mismo régimen político, y los balmacedistas, (socialistas democráticos, seguidores de Juan Luis Sanfuentes), fueron mucho más viciosamente parlamentaristas que aquellos que ganaron la guerra civil, los congresistas.
En el presidencialismo, si el Presidente es minoría en ambas Cámaras, no puede gobernar, al menos que haga un pacto con la minoría parlamentaria, razón por la cual, en el régimen presidencialista se denomina de “de doble minoría”, que significa que el Presidente es electo por una minoría, y en el parlamento, a su vez, ocurre lo mismo.
Es lógico que en la división de poderes, cuando la hegemonía de estos corresponde a distintas clases sociales, grupos políticos, clubes de intereses que, por lo general, están en conflicto, (salvo que neguemos la existencia de la dialéctica, lo que es absurdo y retrógrado), siempre un poder intentará dominar al otro y restarle facultades a “sus rivales”.
Al ser ambiguo el vocablo “democracia”, y aún más su definición, (pensemos que uno de los regímenes más totalitarios de la historia, pueda llamarse, con propiedad, “democracia”), bastaría agregarle el apellido, ya sea bancaria, popular, populista, socialdemócrata, o lo que se quiera, (Joaquín Lavín sabe de varios nombres que puede llevar la democracia´), de todas maneras habría que buscar una fórmula para resolver los conflictos de poderes, que podrían ir desde una guerra civil hasta un Tribunal.
En muchos países existe el Tribunal Constitucional y, en la mayoría, la Corte Suprema de Justicia, pero ocurre a veces – como es el caso actual en Chile – que el Tribunal Constitucional no tenga nada de constitucional ni, mucho menos de tribunal, y ni siquiera pertenece al Poder Judicial. Es tan absurda e inútil su existencia, composición y atribuciones del TC en Chile, que sólo se reduce al cuoteo de la forma más indecente que se pueda dar: los cuatro miembros nominados por el Congreso se repartan entre cuatro partidos políticos: un PS y/o PPD, un Demócrata Cristiano, un UDI y un RN; tres integrantes los nombra el Presidente de la República, nombramiento que recae en sus amigos; (en este caso, su principal asesora en el primer gobierno); los únicos que saben de constitución y forman parte de un tribunal, son los nominados por la Corte Suprema, mediante concurso.
Con una institucionalidad como la chilena, lo único que podemos concluir es que sólo es una prolongación del autoritarismo de Augusto Pinochet y su Constitución de 1980, vestida de palabrería democrática, sin ninguna conexión con la realidad.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
27/04/2021
