Mayoría opositora del Senado llama a Piñera a promulgar ley del tercer retiro aprobada por el Congreso

Los senadores y senadoras de la mayoría opositora del Senado suscribieron esta mañana una declaración que rechaza la maniobra de Sebastián Piñera anunciada anoche en cuanto presentó un propio proyecto para un tercer retiro de fondos pero confirmó que impugnará el proyecto de ley aprobado el viernes por el Congreso ante el Tribunal Constitucional.

Para los y las senadoras, la salida del actual trance, que solo perjudica a las personas y los hogares, pasa porque el presidente Piñera se allane a promulgar la ley del tercer retiro despachada por el Congreso, «y acepte la disposición al diálogo y el acuerdo que le hemos ofrecido para sacar al país de la emergencia en el más breve plazo, y para conducirlo a una situación de mayor certidumbre y seguridad.»

En una extensa declaración, los y las senadoras dicen que la decisión del Ejecutivo de impulsar un nuevo retiro «se contradice con su reiterada negativa a hacerlo durante todo el debate legislativo, un proceso de deliberación que, atendiendo las urgencias de la población, fue emprendido en tiempo récor, y el proyecto resultante, respaldado por el más amplio arco de fuerzas políticas con representación parlamentaria, más de dos tercios del Congreso Nacional».

El anuncio de Piñera, dice la declaración, «agrava las tensiones entre el Gobierno y el Congreso en horas críticas para los chilenos y chilenas, especialmente para las familias que están padeciendo los rigores de la crisis sanitaria». Asimismo, informa que el proyecto anunciado anoche no formula ningún reparo sustantivo al proyecto aprobado por el Congreso, «por lo que bien pudo haberlo convertido en ley y actuar con la diligencia que demanda la actual situación.

En vez de esto, ha expresado la voluntad de entregar mayores recursos a las AFP, lo cual redunda en el fortalecimiento de un sistema agotado, y asimismo gravar a las clases medias ―especialmente pequeños y medianos empresarios― con nuevos impuestos. Con ello, además genera una focalización excluyente y discriminatoria, reñida con la tendencia a la universalidad de las políticas públicas, informan.