Transición energética y ecológica: el extractivismo no es nunca un buen amigo del medio ambiente
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La ecología es la parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. En la “transición energética y ecológica”, en la lucha contra el cambio climático, ese término se asocia siempre más a una verdadera guerra para la obtención de la explotación de las materias primas necesarias al uso de ciertas “máquinas ecológicas”, las cuales de ecológicas tienen muy poco.
“Debemos atender su llamada. Nuestra Madre Tierra, militarizada, vallada, envenenada, un lugar donde los derechos básicos son sistemáticamente violados, exige que actuemos. Construyamos sociedades capaces de coexistir dignamente, de un modo que proteja la vida. Unámonos y mantengamos la esperanza mientras defendemos y cuidamos la sangre de la Tierra y de sus espíritus”: eran las palabras de Berta Cáceres, activista por los derechos indígenas y ecologista del pueblo lenca, asesinada en Honduras en 2016.
Otros defensores del medio ambiente siguen siendo asesinados diariamente, y eso porque la “transición energética y ecológica”, hasta el momento, de ecológico no tiene prácticamente nada.
Para llegar al cumplimiento de esta “transición”, varias materias primas son necesarias: eso causa varios conflictos entre los países poderosos para obtener la explotación de tales recursos, y eso, a pesar de los gastos ambientales necesarios para la extracción de dichas materias. Los métodos en los países son varios, pero los resultados destructores hacia el ambiente, siempre son los mismos.
Proyectos “ecológicamente lucrosos”.
Un grupo de ONG[1] analizó el financiamiento de los combustibles fósiles por parte de los 60 mayores bancos comerciales y de inversión del mundo y descubrió que estos bancos invirtieron un total de 3,8 billones de dólares en combustibles fósiles entre 2016 y 2020. El informe que publicaron incluye las principales actuaciones de estas entidades financieras en la concesión de préstamos y la suscripción de emisiones de deuda y acciones.
Según el documento, la financiación de los combustibles fósiles se redujo un 9% el año pasado, en paralelo a la caída mundial de la demanda y la producción de combustibles fósiles debido a la pandemia de COVID-19. Y, sin embargo, los niveles de 2020 siguieron siendo superiores a los de 2016, el año inmediatamente posterior a la adopción del Acuerdo de París.
El reporte agrega que “la tendencia general de financiación de los combustibles fósiles de los últimos cinco años sigue dirigiéndose definitivamente en el rumbo equivocado, lo que refuerza la necesidad de que los bancos establezcan políticas que fijen los descensos de la financiación de los combustibles fósiles de 2020, para que no vuelvan a las andadas en 2021. Para los investigadores, el JPMorgan Chase sigue siendo el peor banco del mundo en cuanto a combustibles fósiles durante este periodo de tiempo, aunque su financiación disminuyó considerablemente el año pasado. Citi sigue como el segundo peor banco de fósiles, seguido de Wells Fargo, Bank of America, RBC y MFG. Barclays es el peor en Europa y Bank of China es el peor en China”.
Haciendo Fracking en Colombia.
Por ejemplo, el fracking avanza sin garantías ambientales ni sociales en Colombia. En medio de la pandemia y sin cumplir los requisitos de protección ambiental y participación de la comunidad. La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite extraer el llamado gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo no convencional que se encuentra literalmente atrapado en capas de roca, a gran profundidad. El fracking tiene consecuencias en el medio ambiente y en la salud de las personas: Al ser una perforación especial tiene riesgos añadidos a los habituales: riesgos de explosión, escapes de gas, escapes de ácido sulfhídrico (muy tóxico en bajas concentraciones) y derrumbes de la formación de tubería. El 24 de diciembre de 2020, Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) suscribieron el Contrato Especial de Proyectos de Investigación para realizar el proyecto piloto de fracking llamado Kalé, en Puerto Wilches: una inversión de 76,7 millones de dólares fue prevista por este proyecto.
Chernobyl en la Amazonia Ecuatoriana.
Otro ejemplo, la Chevron-Texaco en Ecuador, multinacional que trasformó la Amazonia Ecuatoriana en una segunda Chernobyl: “Buscamos el bienestar mundial, no solamente sancionar a los que nos han hecho mal”, habían sido las palabras de Justino Piaguague, de la Union de afectados por Chevron-Texaco en Ecuador ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2018. Un litigio que empezó el 3 de noviembre de 1993, cuando 30 mil afectados de la Amazonia ecuatoriana denunciaron ante la Corte de los Estados Unidos los serios impactos de salud (130% de muertos de cáncer más frecuente que en otra zona de Ecuador). Sin embargo, el 14 de febrero de 2011 Chevron fue sentenciada a pagar 9.500 millones de dólares destinados a ser usados para reparar los daños ambientales, culturales y sociales causados en la Amazonia ecuatoriana entre 1964 y 1992. Desafortunadamente, el 30 de agosto 2018, un panel de arbitraje Internacional Privado, anuló la sentencia que condenaba Chevron a pagar los 9.500 millones de dólares).
El litio boliviano.
Es imposible olvidar el caso de Bolivia: desde 2006, cuando fue electo presidente, la relación de Evo Morales con las élites transnacionales dedicadas a la extracción minera e hidrocarburífera ha sido controversial debido a que su gestión de gobierno buscó que estos recursos no beneficiaran únicamente a las empresas sino también a la población, lo que produjo una dura respuesta de estas y muchos de los conflictos llegaron a los tribunales.
En 2014 se calculó que los pagos públicos y privados realizados para la nacionalización en sectores clave ascendieron al menos a 1.9 mil millones de dólares (el PIB de Bolivia era en ese momento de 28 mil millones de dólares).
Aun cuando el «proceso de cambio» que encabezó Morales buscó poner orden al modelo extractivo en minerales como plata, hierro, estaño y zinc, los hechos previos al golpe de Estado indican que otros recursos de importancia emergente como litio y gas tuvieron preponderancia en el proceso conspirativo contra la democracia boliviana.
El caso chileno.
“La crisis medioambiental ha sido utilizada por el empresariado y los Estados como una justificación para avanzar en nuevas formas de extractivismo bajo una «tonalidad verde». En este escenario, la eventual explotación del litio en el Salar de Maricunga da cuenta de la urgencia de desarrollar una transición postextractivista que irrumpa y trastoque el modelo actual bajo pilares como la gestión comunitaria y el ordenamiento ecosistémico, junto a la consagración y desmercantilización de los derechos humanos y de la naturaleza”, denuncia el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
“El avance de la agenda extractivista en Chile ha sido una constante histórica que se profundizó llegada la dictadura cívico-militar. A través de la instauración del neoliberalismo y la vulneración de los derechos de la población y la naturaleza. Todo para darle continuidad a la ganancia económica de un pequeño grupo de empresarios nacionales y transnacionales; cuestión que se ha reforzado en la postdictadura. Sin embargo, la crisis medioambiental que azota a escala mundial producto de la violenta relación promovida por el modelo ha encontrado una no tan nueva presentación bajo la cual reordenarse. Con una «tonalidad verde», la elaboración de alianzas público-privadas ha tenido como horizonte promover una supuesta «transición» hacia un modelo más «amigable» con los ecosistemas. Contrariamente, ha sido bajo el mismo paradigma, que se ha impulsado la continuación y profundización del extractivismo planteando como objetos nuevos bienes comunes en materia minera y energética. En este sentido, lejos de alterar la estructura actual, solo se afirma la inseparable relación que existe con este modelo” sigue explicando el OLCA.
El litio se utiliza en varios casos: en la industria del aluminio, industria del vidrio y cerámica, grasas lubricantes, sistema de aire acondicionado y control de humedad, uso medicinal, caucho sintético, baterías de litio, fabricación de baterías de dispositivos como computadores, celulares y autos eléctricos (electromovilidad) y forma parte de las piedras angulares que buscan explotarse bajo esta agenda política.
“Este escenario ha puesto énfasis en la importancia de avanzar en propuestas que permitan dar término al modelo extractivista, dando paso a una transición hacia una nueva forma de relación con los ecosistemas. Así, el postextractivismo se instala como una opción y necesidad urgente, una que debe ser abordada multidimensionalmente y que, en el caso de la eventual explotación del Salar de Maricunga, presenta importantes aspectos a considerar en el debate público”, explica el OLCA.
Extractivismo también entre los “poderosos”.
El litio es un metal cada vez más utilizado y codiciado. Según la Comisión Europea, el continente necesitará 18 veces más litio en 2030 y casi 60 veces más en 2050. Una gran oportunidad económica que se estrella con el impacto ambiental que deja la minería.
El pueblo Covas do Barroso, al norte de Portugal, está rodeado por la amenaza de un proyecto de extracción de litio. La mayoría de sus habitantes, y sus autoridades, se muestran preocupados y contrarios con los planes que persiguen otros por “un bien mayor”.
Con activos como la agricultura y el turismo, muchos en la zona creen que la mina solo puede traer desolación. Pero la demanda del metal es atractiva: Europa importa el 86 % de su consumo (de China, Chile o Australia), mientras que su subsuelo lo contiene.
Quienes defienden el proyecto argumentan que la minería responsable con el medio ambiente es posible, un debate abierto entre las partes involucradas. ¿Oro blanco o veneno verde?
Elena Rusca, Ginebra
[1] El informe fue un trabajo conjunto de Rainforest Action Network (RAN), BankTrack, Indigenous Environmental Network (IEN), Oil Change International (OCI), Reclaim Finance y Sierra Club.
