¿Qué está pasando en Chile? Un país fracturado en dos bloques irreconciliables
Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 55 segundos
Hace escasos días el canciller chileno, Andrés Allamand, aseguró ante el Consejo General de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el gobierno del presidente Sebastián Piñera había logrado recuperar la normalidad del país, luego del remezón provocado por el ya histórico ‘estallido social’ del mes de octubre de 2019.
Sus palabras exactas fueron: <<Chile, pese a su trayectoria de 30 años de progreso económico, avance social, libertad democrática y respeto a los derechos sociales, vivió un estallido social con jornadas de protestas y movilizaciones masivas que derivaron en una grave crisis política; hoy, a más de un año, Chile ha recuperado su normalidad gracias a un proceso democrático e institucional>>
Era evidente que el canciller chileno extremaba sus esfuerzos en orden a dar seguridad y confianza a posibles nuevos inversionistas interesados en llevar sus empresas y capitales financieros al país andino. Por ello, Allamand arriesgó de manera irresponsable su propia credibilidad -y la del gobierno que representaba- emitiendo un comentario carente de sustento, desafortunado y audaz, cuestión que permitió a la oposición política (de la administración de Piñera) salir en bandada a desmentirle e indicarle que sus palabras eran producto del fuerte desasosiego que estremecía a los habitantes del palacio de La Moneda ante la creciente ola de manifestaciones y críticas que comenzaba, nuevamente, a sacudir a la nación.
En honor a la verdad, no existe en Chile ese “estado de normalidad” al que se refirió el canciller andino. El país parece haberse fracturado en dos bloques irreconciliables que no dan su brazo a torcer, aún si la mayoría ciudadana exige el cumplimiento de las impetraciones populares explicitadas durante el ‘estallido social’ de octubre 2019.
Ni el gobierno ni la oposición han satisfecho los requerimientos fundamentales que la gente, el pueblo en general, gritó a viva voz durante el año del ‘estallido’, y que ahora, ante la ausencia de respuestas positivas a tales demandas, nuevamente ha comenzado a germinar una ira popular que amenaza con renovadas fuerzas la irrupción de una futura explosión social de características y efectos imprevisibles.
Los enfrentamientos con Carabineros (la militarizada policía chilena) han continuado produciéndose con resultados graves para los manifestantes, pues los policías utilizan elementos que en cualquier país democrático y civilizado se encuentran prohibidos, como los balines de acero recubiertos con goma, el gas pimienta, el lanzamiento de agua a presión mezclada con elementos químicos, etc, lo cual le ha valido a la institución Carabineros de Chile ser considerada una de las policías más brutales del continente americano.
Lo anterior está refrendado, dolorosamente, por el alto número de muertos, heridos y daños oculares ocurridos desde octubre 2019 a esta fecha (febrero 2021), producto del accionar de la policía y, algunas veces, de patrullas militares. ¿Militares?, se preguntará usted, estimado lector, sí, militares premunidos de armamento de guerra enviados a calles y ciudades por el gobierno para –según La Moneda- restablecer el orden y la seguridad. Todo ello luego de haber decretado Estado de Excepción, incluyendo un toque de queda nocturno que ya ha cumplido un año de existencia.
La pandemia del Covid-19 ha servido también al gobierno para solidificar una mano dura que a todas luces resulta innecesaria e incluso contraproducente para el mismo Poder Ejecutivo, pues las encuestas de opinión marcan un 82% de rechazo ciudadano a la gestión de Sebastián Piñera, mientras la delincuencia común continúa presente en todo el país, y con niveles altos, aunque en las grandes ciudades como Antofagasta, Región Metropolitana, Gran Valparaíso, Gran Concepción y otras, la gente impetra con angustia mayor presencia policial para combatirla, sin embargo el gobierno optó por equipar a Carabineros con nuevos elementos y enviar numeroso contingente policial a reprimir con extrema dureza y fuerza innecesaria no sólo a quienes participaban en manifestaciones sociales, sino también a vendedores ambulantes e incluso a reuniones religiosas que acostumbran predicar en alguna plaza conservando el distanciamiento social y usando el barbijo o mascarilla.
Además, la problemática, grave, prolongada e histórica, que involucra a los gobiernos chilenos con la nación mapuche, divide también al país. Son muchas las personas que solicitan al mundo político y al gobierno extremar los esfuerzos para efectuar un diálogo tripartito en el cual participen el gobierno, representantes de la nación mapuche y dirigentes de los agricultores de la bella zona de la Araucanía. Junto a ello, también es ya un grito nacional la exigencia al gobierno -y a las autoridades policiales y judiciales- de aclarar la autoría y origen de los múltiples atentados a la propiedad pública y privada habida en esa zona que está, literalmente, copada por centenares –quizás miles- de uniformados policiales de Carabineros, de la PDI (Policía de Investigaciones), del ejército e incluso de grupos de agricultores armados que acompañan ilegalmente a esos cuadros uniformados en amplios y permanentes recorridos por la zona, asistidos por helicópteros, drones y por el trabajo técnico de un satélite; no obstante, hasta ahora, las autoridades no han logrado detener ni detectar a terrorista alguno, cuestión que a muchos hace dudar respecto de una también probable participación delictual de gentes no mapuche. La duda es más que razonable.
Una nebulosa cubre la verdad de todo este intrincado asunto, mientras el gobierno responde sólo con incremento de contingente policial y nuevos equipos motorizados y tecnológicos que sin embargo no entregan resultados, como ya dijimos en líneas anteriores. Ahora bien, un sector de la sociedad chilena comenzó a impetrarle al gobierno dictar e imponer nada menos que el Estado de Sitio en esa zona.
Mientras tanto, en las grandes ciudades, habida consideración de los elementos expuestos en esta nota (y otros cuyo número y volumen requerirían un articulo específico para detallarlos), comienza a incubarse en la gente la determinación de estructurar la desobediencia civil, una huelga general a nivel país y, más peligroso aún que ello, iniciar tibiamente la cesación de pagos de algunos servicios, Es, sin duda, el prolegómeno cierto de un nuevo e impredecible estallido social que, de nuevo y como siempre, se originaría por la tozuda y corrupta desafección que gobierno y oposición muestran respecto de la sociedad civil chilena y de sus propias responsabilidades gubernativas y legislativas. . . .
Muy grave todo aquello, ya que dentro de algunos meses, en abril 2021, el país enfrentará importantes comicios edilicios (alcaldes y concejales para las 345 comunas de la nación), junto a la elección de gobernadores regionales y de cientos de constituyentes que deberán trabajar en la redacción de una nueva Constitución Política del Estado.….. lamentablemente, todo aquello sucederá en un país fracturado en dos bloques hasta ahora difícil de conciliar y de reconciliar.
Sin embargo, el canciller Andrés Allamand, en Naciones Unidas, se permitió tapar el sol con un dedo asegurando erróneamente que el gobierno había logrado restablecer la normalidad en el país. Falso,… a menos, claro está, que para el canciller chileno la ‘normalidad’ sean las situaciones descritas en estas líneas.
Por Arturo Alejandro Muñoz
