El escenario rural y la violencia de género
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Dirigentas de organizaciones campesinas, impactadas por el aumento de la violencia de género en zonas rurales han buscado dimensionar el problema, constatando que las estadísticas oficiales no cuantifican hechos de este tipo ya que su base de datos de femicidios no es desagregada por territorios. Las encuestas que ODEPA o el INE desarrollan en el campo, no incluyen preguntas sobre la violencia interfamiliar. No habría estudios específicos sobre el problema ni políticas públicas orientadas a actuar en este tipo de casos en el sentido de la prevención y la justicia para las víctimas, dejando en la indefensión a las mujeres.
La Red Chilena Contra la Violencia, en cambio, tiene una base de datos de femicidios que no sólo registra las víctimas sino incorporan la comuna donde ocurrieron los hechos, su identidad y un relato. Según eso se puede establecer que de las cuatro mujeres que fueron asesinadas por cónyuges a febrero de 2021, tres vivían en localidades rurales. Ariana Maritza, de 30 años, agricultora, era de Huara: Bartolita del Carmen Paredes vivía en Talagante, y Brenda Cartes era de Porvenir. En 2020, esta misma fuente reporta 56 femicidios, 19 de los cuales ocurrieron también en localidades rurales. En muchos de estos casos la investigación del crimen es casi inexistente según denuncian las familias.
El S.O.S. de Camila Andrade
En Tiltil, en enero pasado, Camila Andrade se salvó –por segunda vez – de enfrentar un final como el que tuvieron este año otras 4 jóvenes mujeres, víctimas de femicidio. Por eso ella quiere que se ponga atención sobre hechos sobre los cuales no se habla hasta que pasa lo peor. Ella espera que haya un alerta sobre la violencia de género en lugares alejados de la urbe. Las redes feministas se activaron ante su desesperado llamado de auxilio, y esta crónica es un derivado de esa alerta.
El lunes 11 de enero de 2021 Camila Andrade Guerrero, 34 años, divorciada, 2 hijos, estudiante de tercer año de Química y Farmacia de la USACH, domiciliada en Huertos Familiares, un sector rural de Tiltil (provincia de Chacabuco, Región Metropolitana) fue agredida violentamente con una pala por su ex marido, John Astorga y su actual pareja en presencia de sus niños, de 10 y 9 años. Camila estaba acompañada por su pareja actual, Marcelo Poblete, quien también resultó con lesiones en un ojo.
La hija de Camila grabó un video de lo ocurrido. Según relata Camila a esta periodista, Astorga, secundado por su pareja, la golpeó con una pala ocasionándole lesiones de consideración por las que debió ser atendida en la Posta, donde le hicieron una curación dejándola con un punto en la cabeza. Esto ocurrió cuando Camila había acudido a su vivienda anterior, ocupada ahora por una arrendataria, con el objetivo de asistir a la instalación de un nuevo poste de luz para no tener que compartir el medidor con Astorga, ya que eso ha sido causa de conflicto.
Negacionismo de carabineros
Al hacer Camila la denuncia en Carabineros de la agresión el uniformado a cargo se negó a registrar la denuncia por violencia de género y procedió a detener a las 4 personas, por estar involucradas en lo que calificó como una “riña”. Según denuncia Camila, el carabinero, cabo segundo J. Cahullan, no le permitió asistir la interconsulta que le dieron desde el consultorio para hacerse un scaner. El uniformado la engañó prometiendo liberarla para que fuera a ver a sus hijos, sin embargo al llegar con ella a su domicilio, detuvo a todo el grupo involucrado en el incidente y registró a Camila como agresora pese a las lesiones que presentaba y sin importar que Camila explicara la reiterada conducta violenta del agresor.
Camila fue obligada por el carabinero a pasar la noche en la misma celda del agresor y su pareja, la que continuó amenazándola prácticamente toda la noche. Ante ello, reacciona la joven: “Ahora me siento doblemente agredida, me están tratando como a una delincuente en vez de protegerme , yo sé que tengo derecho a la protección del Estado frente a la violencia patriarcal”
Fue liberada el día martes 12 pero carabineros no modificó el parte policial y describió la agresión como “riña” con resultado de delitos leves.
Hay constancia policial de que el ex marido de Camila tiene un historial de agresiones a ella, tanto previo como posterior al divorcio de ambos, que tuvo lugar en 2013. La última agresión, que se investiga en Fiscalía, fue el 10 de octubre de 2019, en que intentó lesionarla con un cuchillo fracasando en el intento porque estaba ebrio. Ello ocurrió luego de que Camila retirara el 10% del fondo previsional de su ex marido en concepto de pago por deuda de alimentos, que ascendía a más de dos millones de pesos. Tras el fallido intento de femicidio, se dictó una medida cautelar de alejamiento que tenía vigencia hasta el 17 de enero.
El predio en disputa
Como el juez consideró a Astorga responsable de cometer violencia intrafamiliar reiterada y mantener deudas por pensión alimenticia, la demanda de divorcio presentada por Camila Andrade obtuvo en 2013 una sentencia favorable, un Divorcio Culposo.
Esta sentencia dio acceso a Camila a derechos sobre un predio de propiedad de su ex marido, en parte de pago por la deuda de pensión alimentaria. Estos derechos hasta hoy no se han legalizado ya que el predio no se ha subdividido, ni se ha hecho el trámite de posesión efectiva por Astorga que lo heredó de su padre. En el predio hay 3 casas, 2 de las cuales están en el área que la sentencia confirió a Camila tras su divorcio.
Camila está domiciliada actualmente en una segunda casa al interior del predio cedido a ella, y arrendó su antigua casa para alejarse del agresor y percibir un ingreso, el único que tiene para sobrevivir ya que Astorga no paga la pensión alimenticia. Astorga no acepta en los hechos la cesión ordenada por la justicia, se niega a subdividir, y la hostiliza permanentemente, negándose a pagar el agua y luz de la conexión común.
“Por eso yo me moví para lograr la instalación de una conexión propia para mis dos casas, y eso me iban a hacer el 11 de enero. Pero Astorga impidió el trabajo del instalador, y este empleado huyó del lugar diciendo que temía por su integridad física.”, explica Camila.
La estudiante no ha recibido ningún tipo de ayuda legal ni sicológica ante la nueva violencia de género de la que ha sido objeto y la conducta de Carabineros que significó pasar una noche en prisión con sus agresores. La audiencia que ella había gestionado ante el Servicio Nacional de la Mujer y Género SERNAMEG se suspendió debido a que al acudir a ella, se enteró que la profesional a cargo estaba con licencia. El Centro de Estudiantes de Química y Farmacia de la USACH está gestionando con el centro La Morada contención psicológica y apoyo legal para Camila, para enfrentar este nuevo trauma y la agresión cotidiana de la que es objeto. Ella presentó en forma virtual (único mecanismo posible) el 11 de enero una denuncia ante fiscalía por Violencia Intrafamiliar y Negacionismo de carabineros.
Gestiones legales
Como resultado de la denuncia presentada por Camila ante la alcaldesa de Tiltil, la Oficina de Protección de Derechos de la comuna ofició al Juzgado de Familia local con fecha 18 de enero pidiendo que se dicte una medida de protección a sus dos niños, quienes quedaron muy dañados luego de vivir el incidente relatado y presenciar la agresión de su padre contra la madre. Se piden medidas cautelares de eliminación o restricción de las visitas del padre a los dos niños.
La hija de Camila había sido además víctima de abuso sexual cuando tenía tres años. El agresor quedó impune ya que la Justicia después de 3 años quiso repetir todo el proceso, cuestión a la que Camila se negó, dado que ya había vivido su hija la Terapia de Reparación dispuesta por el tribunal, lo cual fue complejo y difícil y consideró que eso era revictimizarla. La niña presenta secuelas de lo vivido.
Por Lucía Sepúlveda
