Trump dejó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo: ¿Y dónde están los terroristas?
Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 38 segundos
A solo unos días antes de dejar la Casa Blanca, la administración Trump ha vuelto a colocar a Cuba en la manipulada lista de «Países patrocinadores del terrorismo internacional».
“Con esta acción, una vez más haremos responsable al Gobierno de Cuba y enviaremos un mensaje claro: el régimen de los Castro debe poner fin a su apoyo al terrorismo internacional y a la subversión de la justicia estadounidense”, indicó Pompeo en un comunicado, a unos días de que Trump saliera de la Casa Blanca el 20 de enero pasado.
«Países patrocinadores del terrorismo internacional» es una designación aplicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a países que la Administración Estadounidense considera como colaboradores de «organizaciones terroristas». La lista se creó el 29 de diciembre de 1979 e incluyó entonces a cuatro naciones: Libia, Irak, Yemen del Sur y Siria. Posteriormente, en 1982 se incluyó a Cuba, eso hasta 2015 y se retiró a Irak. Dos años más tarde, en 1984, se incluyó un nuevo país, Irán.
La inclusión en la lista supone enfrentarse a estrictas sanciones.
Las sanciones que impone EE.UU. son normalmente:
- Cancelación de la exportación de armas.
- Vigilancia de las exportaciones con doble objeto.
- Restricciones en la ayuda económica.
- Restricciones financieras.
- Bloqueo de créditos en el Banco Mundial e instituciones similares.
- Permitir denuncias contra ellos en tribunales estadounidenses por daños civiles a las familias de víctimas del terrorismo.
- Denegación de deducciones fiscales para sueldos cobrados en esos países.
- Eliminación del duty-free a importaciones de esos países.
- Posibilidad de prohibir a ciudadanos estadounidenses entablar relaciones financieras con esos países.
- Prohibición al Departamento de Defensa de contratar por más de 100,000 dólares con compañías controladas por los países de la lista.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba condena en los términos más firmes y absolutos la fraudulenta calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, anunciada por el gobierno de los Estados Unidos en acto cínico e hipócrita.
“Desde hace meses, se viene especulando sobre la posibilidad de incluir a Cuba en la lista unilateral del Departamento de Estado que califica a países, sin mandato o legitimidad alguna, carente de motivación genuina, referida al terrorismo y sus secuelas, y como instrumento de difamación para aplicar medidas económicas coercitivas contra naciones que se resistan a doblegarse a los caprichos del imperialismo estadounidense”, denuncia el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
“El anuncio formulado por el Secretario de Estado Michael Pompeo constituye un acto soberbio de un gobierno desprestigiado, deshonesto y en bancarrota moral. Se conoce, sin lugar a dudas, que la verdadera motivación de esta acción es imponer obstáculos adicionales a cualquier perspectiva de recuperación en las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos. Cuba no es un Estado patrocinador del terrorismo, verdad reconocida por todos. La política oficial y conocida, y la conducta intachable de nuestro país, es el rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, en particular el terrorismo de Estado, por quienquiera, contra quien quiera y dondequiera que se cometa”, siguen denunciando.
“Cuba es un estado víctima del terrorismo y nuestra población lo ha sufrido en carne propia, al precio de 3 478 víctimas mortales y 2 099 personas con discapacidad, por actos cometidos por el gobierno de los Estados Unidos o perpetrados y patrocinados desde territorio de ese país con la tolerancia de las autoridades oficiales. Los cubanos repudiamos con desprecio toda maniobra dirigida a manipular un tema tan sensible, para groseros propósitos de oportunismo político”, concluye el Ministerio de Relaciones Exteriores.
¿Quiénes son los verdaderos terroristas?
En los mismos días en que la administración Trump estaba anunciando la colocación de Cuba en su manipulada lista de «Países patrocinadores del terrorismo internacional», Naciones Unidas pedía al nuevo gobierno de Estados Unidos que cierre Guantánamo.
“Guantánamo es un lugar de arbitrariedad y abusos, donde la tortura y los malos tratos son rampantes y continúan institucionalizados, donde el estado de derecho está suspendido de facto y donde se niega la justicia”, afirman ocho expertos de la ONU[1] en derechos humanos, e instan al gobierno estadounidense que asumirá el 20 de enero a cerrar inmediatamente ese centro de detención. También solicitan que se investiguen los abusos de las garantías fundamentales cometidos en esa instalación.
Los expertos recordaron que esa cárcel se estableció hace 19 años, el 11 de enero de 2002.
La pandemia de COVID-19 agrava aún más las vulnerabilidades de salud de la población carcelaria cada vez más vieja. Para 2003, Guantánamo tenía 700 prisioneros. Hoy quedan 40 detenidos, pero sólo nueve han sido acusados o condenados por algún delito.
Los expertos enfatizaron que “la detención prolongada e indefinida de personas que no han sido condenadas por ningún delito por una autoridad judicial competente e independiente bajo el debido proceso legal, es arbitraria y constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante o, incluso, tortura”.
Comisiones militares
A lo largo de los años que lleva existiendo, los especialistas de la ONU en derechos humanos han exigido sistemáticamente el cierre de Guantánamo y la destitución de las comisiones militares por considerarlas incompatibles con las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional.
Los relatores aseveraron que los detenidos en esa instalación han sido sometidos a torturas o son víctimas de traumas comparables mientras viven en un limbo legal, fuera del alcance del sistema judicial constitucional estadounidense.
Apuntaron que las comisiones militares todavía están en procesos previos al juicio sobre mociones para suprimir pruebas que han resultado de actos de tortura. Esos procedimientos podrían tomar años, por lo que no se esperan juicios a corto plazo, lo que acarrearía una detención indefinida de los reclusos.
“Las comisiones militares violan los requisitos de imparcialidad, independencia y no discriminación y nunca debieron haber sido utilizadas en la forma en que se les usó en Guantánamo. Estas personas deben recibir una audiencia justa y pública por parte de un tribunal civil competente, independiente e imparcial previamente establecido por ley”, subrayaron los expertos.
Hasta ahora sólo se ha autorizado, desde hace mucho tiempo, la transferencia de seis presos y se dictaminó la liberación de uno más recientemente. Sin embargo, todos permanecen encarcelados.
[1] Los firmantes del comunicado son Nils Melzer, relator especial sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria: Leigh Toomey, Elina Steinerte, Miriam Estrada-Castillo, Mumba Malila, Seong-Phil Hong; y las relatoras especiales sobre ejecuciones sumarias o extrajudiciales, Agnes Callarmard, y sobre la protección de los derechos humanos en la lucha antiterrorista, Fionnuala Ní Aoláin.
