Nueva constitución deberá incluir también la soberanía alimentaria
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El Estado debe asumir, como una de sus responsabilidades, el defender y fortalecer la soberanía del país – en el contexto de las relaciones internacionales – y además, el preservar y acrecentar la seguridad de las personas, en el contexto de la economía y de la sociedad nacional. La seguridad y la soberanía son bienes intangibles, que no tienen una expresión meramente individual, sino que existen como derechos sociales, colectivos, que en la medida en que estén debidamente presentes, deben cubrir o beneficiar al unísono a todos los habitantes del país.
No todos los asuntos relacionados con la seguridad y con la soberanía del país y/o de sus habitantes, pasan por la gente con uniforme. Ellos tienen en ese campo una alta cuota de responsabilidad, pero hay espacios, no menos importantes, que son de responsabilidad civil y que caen en el campo de la política económica. Nos referiremos, en particular, a la seguridad y la soberanía alimentaria.
La soberanía alimentaria se puede definir como el derecho de los pueblos o de sus países, de establecer su política agraria de acuerdo a sus objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Así definidas las cosas, esta seguridad se puede deteriorar en la medida en que las presiones de los actores más poderosos en el comercio internacional de alimentos – a través de los tratados comerciales, o sin ellos – impongan patrones de producción y/o de consumo con claro impacto negativo no solo sobre la producción local, sino sobre la posibilidad misma de tomar medidas de política agraria que defiendan esa producción nacional.
La nueva constitución que el país se dé, a partir del próximo año, debería establecer como un principio constitucional la defensa de la soberanía alimentaria, como parte insustituible de la soberanía nacional, y como parte de los principios que deben presidir y que deben ser defendidos en todos los acuerdos o tratados internacionales que contraiga el país.
La seguridad alimentaria es un concepto distinto. La FAO lo define como una situación que se da “cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos, seguros y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana.” Dado que en el país todavía hay bolsones importantes de pobreza y de extrema pobreza, que no tienen acceso seguro a los alimentos que necesitan, es claro que no se ha alcanzado en el país una situación de la seguridad alimentaria, y probablemente ella no se alcanzará en el futuro por el mero imperio de las fuerzas del mercado.
Y aun cuando parezca obvio, es bueno subrayar que el asegurar el acceso a alimentos seguros y nutritivos, es una cuestión que nos conduce directamente al campo de la política agropecuaria.
En el Chile de hoy es posible distinguir, en lo fundamental, dos grandes bloques o sectores agrícolas. Por un lado, un sector que está claramente encaminado hacia la satisfacción de la demanda externa, por la vía de la exportación, y que proporciona al país una masa importante de divisas. Esta agricultura de exportación es necesario protegerla, desarrollarla y tecnificarla pues implica un uso productivo de las ventajas comparativas y competitivas con que cuenta el país. Proporciona, además, los dólares que se necesitan para adquirir insumos y materias primas de la propia agricultura, para complementar con importaciones la producción nacional de ciertos rubros, y para satisfacer necesidades de importaciones del conjunto de la economía nacional.
Por otro lado, se tiene una agricultura encaminada fundamentalmente a satisfacer al mercado nacional, que tiene como protagonistas, en alta medida, aun cuando no en forma exclusiva, a la pequeña y mediana producción familiar campesina, que tiene menores niveles de productividad y de tecnificación, que capta menores excedentes económico y se tiene menores niveles de vida. Este sector de propietarios agrícolas es responsable, hoy en día, en gran medida, de la provisión de alimentos a los mercados urbanos, y podrían dar un gran salto adelante en producción y productividad si se apoyara su capacitación, su tecnificación, su organización y a su mayor acceso al crédito y a los canales de comercialización de su producción. Podrían ellos, prestar un aporte sustantivo a la seguridad alimentaria, pero para todo ello se necesita que la soberanía y la seguridad alimentaria asuman rango y carácter constitucional, y las políticas correspondientes sean asumidas como grandes tareas nacionales, por parte de los futuros gobernantes, y por parte del conjunto del país.
Por Sergio Arancibia
