Ultraderechistas que amenazaron a fiscal Chong ingresan a prisión preventiva
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La Corte de Apelaciones de Santiago decretó el lunes la prisión preventiva de imputados por el delito de amenazas a la fiscal Ximena Chong del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones.
En fallo unánime la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jessica González, María Rosa Kittsteiner y el abogado (i) Rodrigo Asenjo– revocó la resolución apelada, dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, al considerar la gravedad de los hechos indagados y el concierto previo de los imputados para concretar el ilícito.
«En cuanto a la necesidad de cautela, único aspecto controvertido, el hecho imputado ha sido calificado por el ente persecutor como delito de amenazas del artículo 268 quinquies, en relación con el 296 N° 2, ambos del Código Penal. Los antecedentes de la carpeta investigativa –en esta etapa de la indagación– dan cuenta de la existencia de un concierto previo entre los imputados, en la forma descrita en el acto de formalización, para luego ejecutar en el lugar de los hechos diversos actos en forma coordinada a fin de concretar el actuar ilícito», señala la resolución.
«Por otro lado –prosigue–, las expresiones contenidas en la carta entregada a través del hijo de la víctima, en el domicilio de esta, fueron estimadas serias y verosímiles, como lo explica la juzgadora en la resolución que se revisa y afectan a una fiscal del ministerio público en el ejercicio de sus funciones, hechos que se producen, además, en un contexto de amenazas proferidas a través de redes sociales contra la ofendida a consecuencia de la trasmisión de la audiencia del día 4 de octubre pasado, en causa diversa a cargo de la señora fiscal, las que fueron difundidas ampliamente por la misma vía».
«Por consiguiente, atendida la naturaleza del ilícito, los bienes jurídicos protegidos, su especial forma de comisión y la sanción legal probable, se configura en el caso de autos un conjunto de antecedentes calificados que permiten presumir que los fines del procedimiento y la seguridad de la víctima, en este caso, se satisfacen con la medida más severa del ordenamiento jurídico como lo solicita el ministerio público, razón por la cual resulta proporcional la medida de prisión preventiva», razona el tribunal de alzada.
