El nuevo estado post neoliberal requerirá de mayores impuestos
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Nuestra dirigencia empresarial – altamente representada en el Parlamento y en el Ejecutivo – se opone con dientes y uñas a incrementar los impuestos que imperan actualmente en el país. Hay, al menos, dos razones para ello.
Primero, los que todavía creen sinceramente en el neoliberalismo, postulan que cada ciudadano, o cada familia, debe costearse su propia salud, su propia educación y su propia previsión, de acuerdo a sus deseos y sus niveles de ingreso, y que el Estado debe meterse lo menos posible en toda esa provisión de bienes y servicios que en otras circunstancias podrían definirse – como se definen en casi todo el mundo – como bienes y servicios públicos.
Si cada uno se rasca con sus propias uñas, el Estado no tiene otra responsabilidad que mantener abierto y en funcionamiento el mercado respectivo. Cada uno encontrará allí la opción que se adecue a sus necesidades y sus niveles de ingreso, es decir, salud, educación y previsión para pobres y salud, educación y previsión para ricos. Así entendidas las cosas, no es necesario estar recaudando mucho dinero por la vía tributaria, pues las necesidades de financiar gastos públicos – o gastos sociales – es relativamente baja. Ese es el criterio que subyace en la actual constitución, donde el Estado no tiene responsabilidades obligantes en materia de derechos sociales.
Pero los que no tienen tiempo para disquisiciones teóricas – y se limitan a pensar con la billetera – se oponen a los mayores impuestos por razones más concretas: los mayores impuestos, si llegan a establecerse, serán necesariamente mayores impuestos a las clases económicamente poderosas, es decir, serán financiados, por lo menos inicialmente, por los bolsillos del gran empresariado nacional. No puede ser de otra forma. Los impuestos a la gran masa ciudadana, que son básicamente los impuestos indirectos, tales como el impuesto al valor agregado, son fáciles de recaudar, pero recaen por igual sobre los hombros de todos los consumidores, y no responden, por lo tanto, al sano criterio, universalmente aceptado, de que los que tienen más ingresos deben tributar más. Con el IVA el pobre o el rico pagan la misma tasa y el mismo impuesto por cada cerveza que se tomen. Incrementar el IVA podría darle más ingresos al Tesoro Público, pero generaría una ola de repudio como no se ha visto en la historia reciente de la política nacional. La elite económica y sus representantes políticos tienen clarito que ese es un riesgo que no pueden correr. Pero saben también que cuando se habla de incrementar los tributos se está hablando de ponerlos a ellos a tributar más. Por eso se oponen tanto como pueden a todo incremento de impuestos.
Sin embargo, si la dirigencia económica y política fuera capaz de mirar un poco más allá de sus narices, se daría cuenta que mayores impuestos significa también mayor gasto, mayor demanda y mayor estímulo a la producción, al empleo y al dinamismo económico nacional. Además, significaría un Estado más potente, no solo para generar mayores bienes y servicios sociales, sino también para financiar las obras y las políticas que el país necesita para dar un gran salto hacia nuevos estadios en su desarrollo económico y social. El país no puede seguir relacionándose con el mundo moderno por la vía de los recursos naturales y las materias primas. Es posible dar un gran salto hacia adelante en materia de producir bienes y servicios de alto valor agregado, impregnados de la tecnología propia del siglo XXI, pero eso requiere invertir en educación, investigación y desarrollo, y en la provisión de apoyos y estímulos públicos en la cantidad y la calidad que sean necesarios. Eso no sucederá jamás con un Estado raquítico incapacitado de actuar con dinamismo y con iniciativa en el campo económico. Se necesita no solo un Estado de nuevo tipo, absolutamente diferente al que nos legó la dictadura y el neoliberalismo, sino también se requiere de una derecha de nuevo tipo, que sea capaz – sin dejar de pensar en sus intereses – de pensar aquello con visión de largo plazo y en el contexto de un nuevo modelo de desarrollo nacional.
Por Sergio Arancibia
