Juan Carlos Gómez Leyton, cientista político: «La única forma de modificar lo escrito (Ley 21.200) es que la rebelión de octubre entre en una nueva fase insurreccional. Esa es la tarea de hoy»

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Tras la merecida celebración del 25 de octubre por la contundente y también sorprendente votación a favor por un cambio en la constitución que mantiene el orden instalado por la dictadura cívico militar, la ciudadanía ha entrado el una etapa de cierta perplejidad. ¿Ahora qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se canaliza esta fuerza popular?

Estas y una variedad de otras preguntas circulan entre las personas, grupos, colectivos políticos, organizaciones que observan esta vez con incredulidad cómo desde los partidos políticos tradicionales, sí, aquellos repudiados de la A a la Z por la ciudadanía, se presentan, sin rubor alguno y en total desparpajo, como los monitores y líderes para poner en marcha el proceso. Sin ninguna vergüenza, como expresó hace una semana en este mismo medio el premio nacional de Periodismo Juan Pablo Cárdenas.

Ante esta confusión, esta sensación de estar avanzando hacia una nueva trampa, es necesario comenzar a reflexionar y discutir sobre qué pasa y qué se puede hacer en este momento crucial para nuestras generaciones y para la historia futura del país. De estas materias se trata esta entrevista con Juan Carlos Gómez Leyton, doctor en Ciencias Sociales y Políticas y director académico de CIPPSAL.

¿Qué se ha abierto a partir del 25 de octubre en Chile?  ¿Cómo puedes interpretar el evento (o proceso) desde una visión de tu especialidad, que es la ciencia política?. ¿Qué alcances reales tiene que se apruebe el reemplazo de la constitución neoliberal oligárquica elaborada por la dictadura cívico militar?

Lo ocurrido el 25 de octubre de 2020 (25-O) en el plebiscito de entrada conducente a la realización del proceso constitucional convocado por el poder constituido (gobierno del presidente Piñera y del Chile Vamos en concordancia con los partidos de oposición, tanto de la exConcertación como del Frente Amplio) constituye un hecho político en sí mismo, que merece ser analizado, y destacar algunos aspectos relevantes de él, puesto que esos aspectos políticos y electorales, pienso, tienen una incidencia directa al momento de configurar la nueva fase en que ha ingresado la rebelión de octubre de 2019 (RO-19, en adelante). Vamos entonces en específico a este punto.

El aspecto más relevante del proceso electoral experimentado el 25-O fue la masiva concurrencia de los sectores populares a sufragar. Tomemos lo ocurrido en las principales comunas populares de la Región Metropolitana, en ellas se aprecia un significativo incremento del nivel de participación electoral quebrando de esa forma la tendencia al abstencionismo que se registraba desde fines del siglo XX. Durante 23 años (1997-2020) los sectores populares se habían retirado masivamente de los procesos electorales convocados por la democracia posautoritaria.  En el cuadro siguiente se registra en nueve comunas de la RM, el incremento de votantes entre la elección presidencial de 2017 (primera vuelta) y el plebiscito 2020 alcanzó un 13% de los no electores del 2017.

CUADRO N°1

Datos del SERVEL, Elaboración propia

Las cifras son más que elocuentes, en términos absolutos, en el plebiscito de entrada, consideradas las nueve comunas, los nuevos votantes fueron 189.334 electores. De los cuales solo, aproximadamente, 24.000 corresponden a nuevos inscritos. A pesar de este significativo aumento de un 13%, la abstención sigue siendo alta con un 45%, contra un 58% registrada en la elección de 2017.

¿Qué explica este nivel abstención? Principalmente, la salida de electores que denomino “ciudadanos tradicionales”, adultos y adultos mayores, temerosos de contagiarse COVID-19. Estos, que han sido los votantes permanentes de los partidos del orden neoliberal tanto de la derecha como la centroizquierda, en esta oportunidad optaron por no votar, mi cálculo es que la “salida” se movió entre un 15 a un 20%, del electorado tradicional.

De manera que el ingreso de abstencionistas flotantes, aquellos que votan en una u otra elección, como de los abstencionistas estructurales como subpolíticos fue cerca del 32% de los no electores del año 2017; esto implica, que si no se hubiera dado la salida de los electores tradicionales el nivel de participación se habría elevado entre el 60 o 70%.

Ahora bien, la masiva participación de los “no electores” fue central y fundamental para que la opción Apruebo lograra el porcentaje extraordinario que obtuvo sobre el 85%. Tal como se registra en el cuadro N°2

CUADRO N°2

Datos del SERVEL, Elaboración propia

En este cuadro registramos la votación agrupada obtenida por los candidatos de los partidos del orden neoliberal a la presidencia en el año 2017, tanto de la derecha como de la centroizquierda. Como se observa, la votación de la centroizquierda se incrementó en aproximadamente 30%, mientras que la votación de la derecha se redujo en un 20%.

Esto implica, por cierto, que el Apruebo fue votado masivamente por los ciudadanos tradicionales de la centroizquierda, de los abstencionistas flotantes y subpolíticos integrantes del “partido de las y los no electores”. Pero, también, por electores populares de la derecha.  O sea, el votante de la derecha popular, en esta ocasión optó por no votar o votar por el Apruebo.

Esto significa que el voto Apruebo del domingo 25-O fue un gran NO a la continuidad de la Constitución Política de 1980-2005. Pero, no significa de ninguna manera que las, les y los electores que lo hicieron tengan una misma posición sobre qué tipo de CONSTITUCIÓN POLÍTICA se quiere elaborar en la Convención Constitucional.

El extraordinario porcentaje obtenido por el Apruebo, no solo a nivel popular sino también entre las capas medias asalariadas de las comunas de la Región Metropolitana es una construcción electoral social y política que implica e impone un conjunto de problemas y desafíos para enfrentar la elaboración de la próxima Constitución Política. Fundamentalmente, porque su composición interna es muy heterogénea social, política y culturalmente.

En primer lugar, el apruebo tiene un componente de jóvenes, jóvenes adultos y adultos menores de 55 años. Tiene una composición esencialmente popular, de trabajadores, de mujeres, de pobladores, de estudiantes, de la plebe, como también de importantes sectores de las denominadas capas medias.

Pero que responden políticamente a) los partidos de la derecha, entre 15 a un 20%, aproximadamente, b) de la centroizquierda parlamentaria como a la izquierda no parlamentaria, entre 40 a 45%; y, c) a los abstencionistas y subpolíticos, altamente críticos con los partidos del orden, en un 30 a 40.

Esto significa que el voto Apruebo del domingo 25-O fue un gran NO a la continuidad de la Constitución Política de 1980-2005. Pero, no significa de ninguna manera que las, les y los electores que lo hicieron tengan una misma posición sobre qué tipo de CONSTITUCIÓN POLÍTICA se quiere elaborar en la Convención Constitucional.

Puesto, por lo dicho anteriormente, votaron por el Apruebo derechistas del Chile Vamos; democratacristianos, radicales, socialistas, frentes amplistas varios y diversos, socialdemócratas radicales, comunistas, e izquierdistas varios, como también los abstencionistas subpolíticos de los más variados colores y posiciones ideológicas. Todos votaron también masivamente por la Convención Constitucional, pero muchos de ellos votaron pensando que ella debiera transformase en una Asamblea Constituyente, soberana, popular y revolucionaria.

se podría correr el peligro de que esta grieta sea reparada por los sectores sociales y políticos interesados en la continuidad del capitalismo neoliberal, sino se articula una plataforma política anticapitalista que permita, por lo pronto, impedir que los partidos políticos del orden se apropien del proceso y de la Convención Constitucional

En la votación registrada en el plebiscito 25-O convergieron los que buscan mantener el padrón de acumulación neoliberal con una nueva Constitución; los que buscan modificar aspectos sustantivos del neoliberalismo a través de un cambio constitucional, los que buscan cambiar el padrón neoliberal manteniendo el capitalismo e instaurar un capitalismo democrático y, los que buscan terminar con el capitalismo. Los tres primeros, no tienen problema en redactar una nueva Constitución a través de una Convención Constitucional o Constituyente, corrigiendo o derogando la ley 21.200 que regula actualmente el proceso constitucional. Los últimos propenderán en establecer una Asamblea Constituyente soberana. Esa conflictividad se manifestará al momento de elegir a los convencionalistas, lo más probable que en ese momento se asista al “estallido” de la votación del Apruebo. Este nunca fue una unidad en sí.

El Apruebo fue el gran NO popular, simbólico e histórico a la Constitución Política promulgada por la dictadura cívico-militar de Pinochet.  Es una nueva gran grieta en el muro de la dominación neoliberal, tal vez, la que derrumbe en forma definitiva el orden político institucional del neoliberalismo posautoritario. Pero se podría correr el peligro de que esta grieta sea reparada por los sectores sociales y políticos interesados en la continuidad del capitalismo neoliberal, sino se articula una plataforma política anticapitalista que permita, por lo pronto, impedir que los partidos políticos del orden se apropien del proceso y de la Convención Constitucional y, dos, que se construya un instrumento político que posibilite la elección de los convencionalistas y la representación de los sectores populares como de los diversos movimientos y organizaciones sociales no partidistas.

Estos sectores que ingresaron a la arena electoral el 25-O no tienen en los partidos políticos del orden neoliberal posautoritario ya sea de la exConcertación como de la exNueva Mayoría, la confianza y la credibilidad política necesaria para impulsar los cambios estructurales no solo de carácter constitucionales sino, fundamentalmente, socioeconómicos.

El acuerdo del 15 de noviembre del 2019 fue hecho por las elites para frenar la revuelta y abrir un poco el escenario sin soltar el control del proceso futuro. ¿Crees que este diseño es tan perfecto como los pactos de la transición o tiene fisuras? ¿Piensas que las tensiones que se soltaron el 18 de octubre están todavía latentes y pueden canalizarse por esas fisuras?

La sociedad neoliberal desde octubre del 2019 experimenta una crisis orgánica abierta y en desarrollo, por esa razón, la sentencia planteada por Antonio Gramsci a comienzos del siglo XX calza muy bien. Por esa razón, ha sido citada por muchos. Dice el pensador marxista “la crisis orgánica (política e histórica) consiste precisamente en el hecho de que lo viejo aun no muere y lo nuevo no puede nacer: en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados”. Por cierto, en Chile la sociedad, ni el Estado ni el régimen político ni la forma económica neoliberal ha desaparecido ni tampoco estamos observando aquello que lo podría reemplazar, o sea, nadie puede sostener con certeza cómo sería la sociedad futura. En consecuencia, el periodo que nos describe el pensador italiano, es, por cierto, un periodo histórico transitivo, confuso, vago, ambiguo, abierto y, sobre todo, indefinido. Pero, al mismo tiempo, con velocidades y ritmos alternos entre momentos lentos y acelerados, con pausas largas, con inercias que se aceleran con nuevos acontecimientos, hechos y sucesos, que abren nuevas grietas (fisuras) en las estructuras del poder neoliberal, en proceso de  desestructuración. Sin embargo, esas grietas aun no producen las piezas que permitan construir la nueva estructura social, política, económica o cultural y continúan siendo grietas deconstructivas.

Aquí lo central es el concepto de “grieta”. Este concepto lo he tomado y usado desde mucho antes que se iniciara la RO-19, para describir y analizar lo que ha venido sucediendo en la sociedad neoliberal chilena desde el inicio del ciclo de impugnación social y política de la dominación neoliberal con la denominada “revolución pingüina” de las, les y los estudiantes secundarios en el año 2006. Desde ese año hasta el año 2018, dicho ciclo de protesta largo y múltiple comenzó a agrietar la dominación y la hegemonía neoliberal. Sin embargo, las diversas grietas fueron resueltas de manera gubernamental por los gobiernos de la Concertación como de la Nueva Mayoría y de la derecha como políticas neoliberales. Ante un conjunto de problemas y contradicciones que experimentaba la forma de acumulación neoliberal ya sea como consecuencia de su propio desenvolvimiento y reproducción como por las exigencias y demandas de los diversos movimientos sociales (estudiantiles, medio ambientales, previsional, feminista, de trabajadores temporales, educativos, profesores, de la salud pública, de los pueblos originarios, entre otros) que se reforzaron, constituyeron y se manifestaron durante dicho ciclo; los gobiernos de Bachelet I y II y Piñera I, implementaron la siguiente estrategia política de contención de la conflictividad: ante problemas neoliberales soluciones neoliberales.

Durante 12 años (2006-2018) gracias a la acción de los partidos políticos del orden neoliberal tanto de derecha y como de la centroizquierda de manera conjunta y con cierta armonía resolvían y reparaban las distintas grietas que la ciudadanía movilizada le generaba a las formas sociales y económicas neoliberales. Pero, también, implementaban políticas públicas dirigidas a solucionar las distintas “fallas de mercado” que experimentaba el proceso de acumulación y reproducción neoliberal. Las grietas y las fallas de mercado se resolvían con acuerdos y consenso neoliberal. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el mercado de la educación, de la salud, de la previsión social, etcétera.

Ahora bien, el concepto de grietas elaborado por el teórico marxista irlandés, avecindado en la ciudad de Puebla en México, John Holloway, nos permite describir la crisis que experimenta desde hace 12 años el neoliberalismo nacional. Las grietas, según Holloway, es el método de la crisis, especialmente, de las crisis dominación y hegemonías del capital en ausencia de la revolución social que asalta el poder, especialmente, el estatal. Y, desde las alturas del Estado, los revolucionarios inician la construcción de la nueva sociedad. La revolución social, así entendida, es el cierre de la sentencia gramsciana.

Indudablemente, RO-19, por cierto, no fue una revolución política ni social, si no, más bien, fue una insurrección que provocó a la formación social chilena una gran grieta. Tal vez, la mayor y más extensa de todas las grietas abiertas en la estructura de dominación y hegemonía del capitalismo neoliberal desde el año 2006.

Lo ocurrido el 25-O, el gran triunfo popular y ciudadano, no es más que la manifestación política y electoral de esa inadecuación entre la forma de Estado y régimen político con la sociedad civil popular en rebeldía. Es, también, la confirmación de que la grieta provocada en la institucionalidad política neoliberal está a punto de ser derribada o reemplazada por una nueva.

Esta gran grieta impulsó y afectó, esencialmente, -aunque no era el propósito inicial de los grupos rebeldes e insurgentes- a la estructura jurídica-política del Estado neoliberal, es decir, puso en “cuestión” la Constitución Política del Estado.

La decisión del gobierno y de la clase política parlamentaria fue de reformar y/o de cambiar la CP1980/2005 para asegurar el orden público, reestablecer la paz social y política y, sobre todo, contener la rebelión popular y ciudadana a través de un cambio político institucional. Sin lugar a duda esta, como he dicho, fue una gran grieta en la estructura de dominación neoliberal. Sin embargo, con ello se institucionalizó la rebelión social. No obstante, la “grieta” hizo posible el surgimiento de múltiples prácticas deliberativas ciudadanas y populares y, especialmente, la emergencia, manifestación y organización del “poder constituyente” al interior de la sociedad nacional.

Esta gran grieta en la estructura político-jurídica-institucional en la dominación capitalista produjo el desplazamiento de categorías que en la superficie niegan el poder social de las y los ciudadanos para descubrir en su núcleo fundamental el hacer que ellas niegan y encarcelan. En palabras de Marx, nos dice Holloway, ésta es una crítica ad hominem, es decir, el intento de interrumpir a través de las apariencias de un mundo de las cosas y de fuerzas incontrolables para comprender el mundo en términos del poder del hacer humano. De ahí que el método de las grietas es dialéctico, en el sentido de una dialéctica negativa, de una dialéctica de la inadecuación. La crisis abierta en octubre hasta la actualidad es la inadecuación entre la estructura jurídico-política, o sea, del Estado y las nuevas formas sociales que se han ido configurándo en la sociedad civil. Por tanto, la crisis orgánica, es el momento histórico, en donde la sociedad civil recupera su potencia originaria y productora de Estado.

Lo ocurrido el 25-O, el gran triunfo popular y ciudadano, no es más que la manifestación política y electoral de esa inadecuación entre la forma de Estado y régimen político con la sociedad civil popular en rebeldía. Es, también, la confirmación de que la grieta provocada en la institucionalidad política neoliberal está a punto de ser derribada o reemplazada por una nueva.

Sin embargo, tal como dice Gramsci, esa nueva forma aun no nace. Pero, lo más complejo, en mi opinión, es que aun los actores y sujetos que han protagonizado la RO-19 no han dado a conocer la propuesta política de reemplazo. En verdad, hay múltiples y diversas propuestas de variadas orientaciones ideológicas y políticas con ideas fuerzas muy relevantes y significativas, pero que se requiere con urgencia es la materialización en un texto escrito para ser discutido y analizado por las ciudadanías populares en rebeldía. Ese texto debe expresar un proyecto histórico-político concreto, pues, lo que se inició el domingo 25-O es la lucha por las ideas. Estas ideas políticas responderán, como es sabido, a distintas concepciones ideológicas. Ellas serán las que se van a disputar ya sea en la Convención Constitucional o en la Asamblea Constituyente. La lucha de clases entro en una nueva fase histórica.

Aunque se ganó la eliminación de la Constitución Política de 1980-2005, de 40 años de vigencia, las elites de poder fueron ampliamente derrotadas electoralmente y aún conservan el poder y, por cierto, tienen el control del proceso constitucional y se están preparando para dar otra gran batalla: obtener una favorable correlación de fuerza política al interior de la Convención Constitucional o en la Asamblea Constituyente. El triunfo popular electoral en el plebiscito abrió una nueva grieta, pero, no es aun la definitiva.

La experiencia histórica latinoamericana enseña que los tres procesos constituyentes de carácter rupturista en perspectiva revolucionaria a saber: el venezolano, el ecuatoriano y el boliviano se realizaron cuando la rebelión popular y ciudadana habían logrado cimentar un poderoso movimiento político y social unitario que a pesar de su composición diversa y heterogénea, tenía como objetivo estratégico, la realización de un proyecto constitucional con una base común: en el caso venezolano, el bolivarianismo, el ecuatoriano, la revolución ciudadana y, el boliviano, lo plurinacional.

Por cierto, dichos movimientos políticos lograron su objetivo, fundamentalmente, porque contaron con dos factores que el proceso chileno no posee. A los cuales hay que prestar atención, porque allí se encuentra la fortaleza del Acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Estos factores son, 1.- La ausencia de una crisis del sistema partidos políticos. En Chile a diferencia de los tres países señalados, la RO-19 ni las grietas ni el triunfo popular han provocado el derrumbe de los partidos políticos del orden neoliberal. Es más, estos, a pesar del descredito y amplio rechazo que tienen entre la ciudadanía siguen siendo los entes rectores del proceso constitucional en marcha. Ellos siguen actuando y colegislando con el gobierno de S. Piñera, e incluso abriendo “grietas institucionales y políticas”, tales como han sido, por ejemplo, la aprobación del retiro del 10% de los fondos previsionales o las acusaciones constitucionales que provocó la destitución y renuncia de dos ministros del Interior. Pero, al mismo tiempo, han aprobado leyes que criminalizan la protesta social, entregando nuevos instrumentos jurídicos de carácter represivo al Estado.

Algunos analistas han interpretado que el mayoritario apoyo electoral ciudadano, de un 79% de las preferencias en favor de la realización de una Convención Constitucional, sería elegida en un 100 por ciento por la ciudadanía. En tanto la Convención Mixta Constitucional, que tendría una composición dual, de un porcentaje de parlamentarios en ejercicio y ciudadanos, ha sido interpretada como un amplio rechazo a la clase política y a los partidos políticos.

En verdad, tengo mis dudas que eso sea completamente así. Si bien, es cierto que la clase política y los partidos poseen un alto nivel de rechazo entre la ciudadanía. Tan solo entre 3 y 4% de las y los ciudadanos tienen algún tipo de adhesión y confianza en ellos. Lo cierto es que también un porcentaje importante de la ciudadanía electoralmente activa ha votado sistemáticamente por los partidos políticos, por ejemplo, en la última elección parlamentaria de 2017, el 41% de electorado eligió parlamentarios propuestos y militantes de los partidos. Por lo tanto, lo más probable es que los partidos políticos sean los que propongan a la ciudadanía los candidatos a constitucionalistas. Seguramente, en las listas que confeccionen las distintas alianzas partidistas, los partidos políticos van a abrir espacios para candidatos “independientes” provenientes de la sociedad civil. Pero, ellos serán los que tengan el control de dicho proceso.

Insisto en el hecho que la ausencia de una crisis del sistema de partidos, en su desfondamiento o derrumbe total, impide, hasta ahora, la conformación de un movimiento político y social unitario. Ese el principal drama y problema político.

Un segundo factor político ausente en el caso chileno en comparación con los otros procesos constituyentes latinoamericanos identificados más arriba, estriba en que el actual proceso constitucional está conducido y dirigido política e institucionalmente por un poder ejecutivo, la presidencia de la república, que es contrario a él. Tanto en Venezuela, Ecuador y Bolivia, el proceso constituyente se realizó cuando el gobierno, el poder ejecutivo, estaba en manos de los sectores políticos y sociales que impulsaban y propiciaban el cambio constitucional. En Chile, ocurre todo lo contrario, la RO-19, ha fracasado en destituir, en derrocar al gobierno constituido, de la misma forma como se hizo en los casos ecuatorianos y boliviano y, por cierto, en Venezuela, en donde los ejecutivos, los presidentes, eran los más interesados en implementar y promulgar una nueva Constitución Política. En el caso nacional, el ejecutivo está en manos de los principales opositores al cambio constitucional, a pesar que son apenas el 21.72% del electorado nacional, ellos son los que poseen el poder infraestructural: controlan el poder político, económico, militar y comunicacional. Hasta ahora, dicho poder esta incólume, apenas, si se quiere algo trizado. Mientras que esa estructura de poder no sea desplazada o destruida, se podrán realizar solo cambios meramente superficiales, los cuales mantendrán la forma de dominación capitalista integra.

Dada la ausencia de estos dos factores, tengo la impresión de que el proceso constitucional no podrá ser deconstruido fácilmente. La fortaleza del Acuerdo del 15, no obstante, las discrepancias de los partidos del orden, se encuentra en que entrega, a ellos, y no a la ciudadanía, el poder constituyente. La única forma de modificar lo que ya está escrito y avanzando es que la RO-19 entre en una nueva fase insurreccional cuya finalidad estratégica sea la destitución del poder político constituido. Esa es la tarea política actual.

Considero que las grietas siguen abiertas. Pero, hay que ampliarlas y multiplicarlas. Para eso, el movimiento social popular y ciudadano anticapitalista y antineoliberal debe pasar a la ofensiva. Debe comenzar a discutir y luchar por el poder en todos los espacios, ya sea, micro, meso y macro. En otras palabras, destruir la red de poderes y dispositivos disciplinarios que están presente en la sociedad actual. Cabe señalar que la destrucción de dicha red es más relevante y significativa para la emancipación que las normas establecidas en la Ley 21.200 que norma el proceso constitucional.

Hay sectores que insisten en que el bloqueo de minoría que favorece a la derecha llevará a negociaciones con sectores tradicionales, como exConcertación, Nueva Mayoría y Frente Amplio y licuará las verdaderas demandas. La ciudadanía, en tanto, estaría falsamente ilusionada. ¿Cómo se mantiene el 79% de apruebo en una proporción similar de constituyentes?

Como he dicho en la repuesta anterior todo el proceso constitucional está construido para favorecer la continuidad de la dominación capitalista en el país. Impulsando cambios en aspectos específicos del padrón de acumulación neoliberal como en la institucionalidad política. Incluso se aprecia entre la mayoría de los actores políticos un cierto consenso en que las estructuras profundas del capitalismo no están en discusión, a lo más, lo que se viene es la instalación de un capitalismo democrático. Por lo tanto, los partidos políticos que administraron el orden neoliberal desde 1990 hasta la actualidad no van a tener problemas para consensuar acuerdos que le den viabilidad a la continuidad del capitalismo, inclusive, con la participación de aquellos partidos que estuvieron fuera de ese orden. Por cierto, que, en aspectos puntuales, por ejemplo, relativos al derecho de propiedad de los bienes comunes, habrá discrepancias fuertes y lo más probable que opere el bloqueo de la minoría. Lo mismo va a pasar con el tema de la educación, de la libertad de enseñanza. Dos temas muy importantes para las clases dominantes. Otro tema conflictivo será el carácter de la nación, se mantendrá su condición unitaria o se va a establecer la plurinacionalidad. Esto supone también la cuestión de la autonomía de los pueblos originarios, especialmente, de Wallmapu. Aquí la discusión será profunda. Lo mismo pasará con la condición de los derechos de las mujeres o de género. Si bien la Convención será paritaria, lo cual es un avance que hay que aplaudir, lo central estará en la composición interna del bloque de mujeres que la integren. Ojalá que las posiciones progresistas, feministas, tenga mayoría, de lo contrario, allí internamente, va a existir el “bloqueo de minoría de la derecha”. La única manera de quebrar o romper el bloqueo de minoría es que las fuerzas progresistas o antineoliberales o anticapitalistas logren ya sea de manera separada o unitaria obtener el control mayoritario de la CC o de la AC, independientemente de la existencia de la Ley 21.200 o la regla de los dos tercios.

Lo que se debe tener muy claro y con sentido de realidad es que el 79% del apruebo no es traducible en la generación de una proporción similar de constituyentes. Pues, todos los elegidos serán constituyentes que van a trabajar por producir una nueva constitución política. Pero, como dije más arriba, cada cual tendrán su propia concepción de qué tipo de constitución quiere. Por lo menos, en la CC o en la AC, se van a expresar, reitero, cuatro posiciones: la neoliberal dura, la neoliberal reformista, a la capitalista liberal democrática y la anticapitalista. Las tres primeras están vinculadas a los distintos partidos del orden neoliberal y mientras que la última es la menos orgánica y la más ciudadana. Pero, que requiere, urgentemente, la construcción de un instrumento político, semejante al MAS boliviano o a las coaliciones de independientes implementados por lo peruanos que posibiliten entrar a los anticapitalistas en la discusión y en la lucha por el poder en los distintos niveles de su ejercicio ya sea, nivel local (territorial, barrial y comunal), regional y nacional. Esta es una tarea urgente.

Para que la RO-19 logre triunfar no solo debe terminar con el orden político institucional neoliberal pinochetista-concertacionista sino poner fin al capitalismo neoliberal. De lo contrario todo habrá sido en vano.

Santiago Centro, 05 de noviembre de 2020

Paul Walder

Periodista

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