Las nuevas incógnitas que deja la Operación Colombo: la fake news de la DINA de 1975

Cuatro días después (23 de julio), El Mercurio publicó la primera lista parcial de los nombres que conocemos ahora con el encabezado: “Identificados 60 miristas asesinados”. En la bajada se leía: “Ejecutados por sus propios camaradas”. En tanto, La Segunda, ideó un escalofriante titular de portada que publicó el 24 de julio de 1975: “Exterminados como ratas”, lo que fue acompañado de una nota que agregó otros 59 nombres.

La “Operación Colombo” fue, en rigor, la antesala de la “Operación Cóndor”, la criminal alianza de las dictaduras latinoamericanas para eliminar opositores más allá de sus fronteras. En ese contexto fueron asesinados el general Carlos Prats y su señora Sofía Cuthbert, en Argentina; y el ex canciller Orlando Letelier junto a la investigadora Ronnie Moffit, en Washington (Estados Unidos), así como los dirigentes del MIR Edgardo Enríquez y Jorge Fuentes, entre otros militantes comunistas y del progresismo.

En cuanto a la “Operación Colombo”, la batalla por la memoria ha restablecido la verdad histórica y hoy es claro que fue un montaje de la DINA. Pero sigue pendiente la verdad judicial. Solo 64 de los casos cuentan con sentencias definitivas emitidas por la Corte Suprema que, en lugar de abordar este episodio criminal como un montaje, decidió hacerlo caso a caso para la mayoría de las víctimas involucradas. Así, selló una práctica de justicia tardía, desigual e ineficiente.

La excepción la constituye la causa principal de la “Operación Colombo”, un cuaderno caratulado “Francisco Aedo y otros”, que investiga 33 secuestros y está aún detenido en la antigua Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. En ningún caso de los ya fallados la justicia chilena ha reconocido que se trata de delitos perpetrados por una organización criminal, una asociación ilícita, incluso de tipo internacional, un agravante legal a la hora de fijar las penas.

PRESCRIPCIÓN Y SENTENCIAS TARDÍAS

En la lógica de la impunidad que ha marcado al país desde el inicio de la transición, nunca hubo confesiones de los criminales ni de sus cómplices que permitieran encontrar los restos de los 119 desaparecidos. En 2009, la Corte Suprema aplicó la prescripción, absolviendo a todos los perpetradores del secuestro y desaparición de Jacqueline Binfa (28 años, estudiante de Trabajo Social, militante del MIR).

En 2016, en el juicio por el secuestro de Rodolfo Marchant (PS, dirigente sindical de la Empresa Nacional de Frigoríficos, Enafri), no hubo condenados. La sentencia absolvió a Pinochet y al ex director de la DINA, Manuel Contreras, por haber ambos fallecido. Y Marcelo Moren Brito, el único de los enjuiciados por el secuestro de Marchant vivo en 2015, murió cuando iba a ser notificado de la sentencia.

Entre los años 2008 – 2013, según el abogado de DD.HH. Francisco Bustos, el 75% de las condenas en materia de Derechos Humanos fueron penas remitidas (sin prisión efectiva), por aplicación de la media prescripción lo que, en los hechos, significó rebajar condenas a los criminales.

Las consecuencias de dicha impunidad se evidenciaron masivamente a partir del estallido social, en la práctica sistemática de la mutilación y la tortura por agentes del Estado en las manifestaciones. Ello, sumado a la violencia político-sexual ejercida contra mujeres, y el negacionismo oficial sobre las violaciones a los derechos humanos, mostró la huella letal dejada por la impunidad.

ÚLTIMOS FALLOS DE LA CORTE SUPREMA

Entre julio del 2018 y julio del 2020, la Corte Suprema solo dictó nueve fallos relativos a la llamada “Operación Colombo”. Lo hizo respecto de los secuestros y desapariciones de María Angélica Andreoli, María Cristina López y Bárbara Uribe, a los que se agregan los casos de Miguel Ángel Acuña, Arturo Barría, Bernardo de Castro, Vicente Palominos, Edwin van Yurik y Héctor Zúñiga Tapia, cuyos perfiles detallamos más abajo.

Como están pendientes 55 casos, a este ritmo, si tomáramos una media generosa de cuatro sentencias por año, los juicios concluirían con criminales absueltos por muerte y después del fallecimiento de madres y familiares directos de los desaparecidos. Puede ocurrir que estemos ante una espera sin fin, porque hay 11 casos en la más completa impunidad, sin movimiento judicial alguno.

Quizás, para compensar la denegación de justicia, en este último tramo las sentencias han sido algo más contundentes y, salvo en el caso del profesor Barría, no validaron el truco de la prescripción en estos delitos de lesa humanidad.

Por el secuestro y desaparición de María Cristina López, la plana mayor de la DINA, encabezada por los ex oficiales de Ejército Pedro Espinoza, César Manríquez y Miguel Krassnoff, fue sentenciada a 15 años; en tanto, por haber hecho desaparecer a María Angélica Andreoli, recibieron 13 años Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga (jefe del Departamento Exterior de la DINA). A ese trío de victimarios hay que sumarle similar condena por los secuestros de Vicente Palominos y de Miguel Ángel Acuña. En cambio, por los secuestros de Bárbara Uribe y Edwin van Yurik, así como por los de Héctor Zúñiga y Bernardo de Castro, las penas para la plana mayor de la policía secreta de Pinochet fueron solo de 10 años de prisión; y por el secuestro del profesor Barría, apenas 6 años y un día.

El fallo contra Krassnoff, Nelson Paz y César Manriquez (10 años) y Ricardo Lawrence (5 años y 1 día), como responsables del secuestro y desaparición de Bárbara Uribe, establece que “se encuentra justificado en el proceso que dentro de los apremios de que fue objeto, se ejerció en diversas oportunidades violencia de índole sexual en su contra”, diferenciando ese delito de la tortura, también mencionada. Es la primera vez que el delito de violencia sexual se menciona en una sentencia de la Corte Suprema.

Sin embargo, en la causa de María Angélica Andreoli, quien fue violada, torturada y hecha desaparecer después de estar prisionera en Londres 38, solo fueron condenados a 13 años los jefes de la DINA, siendo absueltos Ricardo Lawrence (oficial de Carabineros, jefe de los grupos “Águila” y “Caupolicán”), Risiere del Prado y Gerardo Urrich (quien acaba de fallecer por Covid-19 en Punta Peuco), reconocidos criminales e identificados en la causa como cómplices o autores por el ministro en visita Hernán Crisosto.

Si bien el juez investigó acuciosamente toda la red y la participación de todos los agentes en los delitos, la Corte Suprema adujo que estos “no confesaron y señalan no haberla conocido” (a María Angélica Andreoli), un razonamiento contradictorio con centenares de condenas anteriores de perpetradores, ya que son casi inexistentes los criminales que han aceptado conocer a alguno de los desaparecidos.

Los jueces aplican un criterio de presunción, perfectamente legal según el sistema penal vigente para los casos de Derechos Humanos, donde son ellos quienes dirigen las investigaciones. Los criminales siempre declaran haber sido “analistas” o “guardias”, jamás torturadores. Esta jurisprudencia es contraria a la aplicada por la justicia en Alemania para centros de exterminio nazi, donde se entendió que todas las personas que allí laboraron eran fundamentales y prestaron labores de apoyo para cumplir los hechos que se persiguen.

TARDÍA JUSTICIA PARA 9 DE LOS 119

María Angélica Andreoli Bravo fue detenida en su casa de calle Bilbao, el 6 de agosto de 1974, traicionada por una ex compañera convertida en delatora (Marcia Merino). Tenía 27 años y hasta el Golpe de Estado estudió para ser nutricionista en la Universidad de Talca. Después, interrumpió sus estudios y entró a trabajar de secretaria en Sigdo Koppers. Fue miembro del equipo de apoyo a la Comisión Política del MIR, y a Miguel Enríquez, su secretario general. Los agentes la llevaron a la cárcel secreta de la DINA ubicada en Londres 38, donde otras prisioneras escucharon su voz por varios días, resistiendo.

María Cristina López Stewart, 21 años, estudiante de Historia en el Pedagógico de la U. de Chile y militante del MIR, fue detenida el 22 de septiembre de 1974, durante el operativo que desplegó la DINA para apresar a Miguel Enríquez. La joven estudiante, de cabellos color miel y pequeña estatura, dirigía una parte de la estructura de informaciones del MIR y durante el gobierno de la UP le correspondió gestionar la búsqueda, recolección y sistematización de datos relacionada con los movimientos golpistas de algunos sectores políticos, así como de uniformados.

A sus 16 años, María Cristina escribió en su diario de vida: “Yo no tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a dejar de vivir”. Estudió en el Liceo 7, donde hizo amistades entrañables. Leía, estudiaba, escuchaba a Los Beatles y jugaba con su perrita Jenny. Su rebeldía y su búsqueda de igualdad de derechos la llevaron a negarse a asistir a la graduación al fin de sus estudios secundarios. ¿La razón?: algunas de sus compañeras no podrían asistir por no poder costear el traje para la ocasión. El juez Juan Guzmán inició en 2004 la investigación de su secuestro, pero la sentencia final llegó sólo en 2020.

Bárbara Uribe Tamblay tenía 20 años cuando fue detenida el 10 de julio de 1974, el mismo día que su marido, Edwin van Yurik, con quien se casó en diciembre del ’73. Estudió en los liceos 7 de Niñas y 9 de Macul y allí luchó por todas las causas justas, egresando el ’72. Lo de Bárbara y Edwin fue amor a primera vista: se conocieron en el local de la Federación de Estudiantes Nocturnos, como activos miembros del FER, estructura estudiantil ligada al MIR y ella tomó la iniciativa. Emotiva, sensible, le gustaba la música y el canto y le aburrían las lecturas pesadas. Muy bella, le aconsejaron ser modelo, pero optó por hacer un curso de secretariado. Ingresó al MIR tras participar en los trabajos voluntarios en apoyo al movimiento campesino y obrero en Talca. Trabajó políticamente en los campamentos de  Nueva Habana y Lo Hermida donde se esforzó por ayudar a los perseguidos, pero en ese último campamento conoció de cerca al entonces dirigente poblacional Osvaldo Romo, quien después del Golpe se reveló que era un agente de la DINA. Romo fue quien la detuvo y vejó. Ni Romo ni Basclay Zapata, otro de sus violadores, cumplen sentencia: murieron antes de que se emitiera el fallo. Bárbara y Edwin permanecen desaparecidos y unidos para siempre.

Miguel Ángel Acuña, 19 años, ex dirigente del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), fue detenido el 8 de julio de 1974. Tras ser hecho desaparecer, fue objeto de una segunda fake new. Orlando Manzo Durán, oficial de Gendarmería (ya muerto) quien también fue agente de la DINA, utilizó bajo tortura a un joven que tenía el mismo nombre y apellidos de Miguel Ángel y que fue detenido en 1975 en Temuco, para hacerlo firmar un documento diciendo que él había salido a Argentina y regresado. Es decir, no estaba detenido ni en condición de desaparecido. La madre de Miguel Ángel Acuña informó entonces en tribunales que recibió una carta oficial diciendo que su hijo había sido liberado. Cuando ella acudió a la dirección que le había informado su hijo en que se encontraba, constató que Miguel Ángel seguía desaparecido, pues se trataba de otra persona que tenía el mismo nombre.

En julio de 2002, la Corte de Apelaciones confirmó los procesamientos dictados por la jueza María Inés Collin contra los perpetradores, pero la sentencia final llegó con 18 años de retraso, cuando Contreras, Moren Brito y Romo ya estaban muertos, y Manzo -aunque nunca fue inculpado- también había fallecido.

Arturo Barría tenía 38 años, era comunista, docente y dirigente gremial.  Profesor de música en el Liceo Darío Salas, era concertista en piano y docente universitario. Fue detenido el 27 de agosto de 1974 junto a su alumno de cuarto medio, Roberto Meneses y otras profesoras del mismo liceo, tras participar en el funeral de un estudiante donde junto a los asistentes cantó La Internacional y gritó consignas. Prisionero en Tres Álamos, protegió al joven estudiante detenido y formó un coro para alentar a los presos. El periodista Mario Aguilera, quien sobrevivió a la cárcel y a la tortura, relató en su declaración judicial que el 12 de septiembre el profesor cantó el Ave María de Schubert en homenaje a las Marías detenidas. El salón de actos del aguerrido Liceo Darío Salas lleva el nombre de su profesor de música. La investigación de su desaparición la desarrolló el ministro en visita Hernán Crisosto, quien condenó a un grueso número de perpetradores, pero el fallo final cambió radicalmente la sentencia.

Bernardo de Castro, 36 años, dibujante técnico de profesión, fue detenido el 14 de septiembre de 1974. Descrito por uno de sus tres hijos como “militante del PS/MIR, artista, dirigente sindical, locutor radial y jugador de fútbol”, pocos días antes de su detención sus compañeros habían lanzado volantes con la imagen del presidente Allende. Bernardo los había dibujado y luego él mismo había hecho la matriz para su reproducción. La investigación de su detención y desaparición la inició el juez Juan Guzmán en 2004 y solo tuvo el fallo definitivo 16 años después.

Edwin van Yurik tenía 20 años, estaba casado con Bárbara Uribe, de quien era su “polo opuesto”. La amaba profundamente. Descrito por uno de sus compañeros como “tranquilo, reflexivo, comprometido, de lo mejor del MIR del Manuel de Salas”, militaba en la estructura de informaciones. Fue detenido el 10 de julio de 1974, presumiblemente cerca de Irarrázaval. Llevado inicialmente a la cárcel secreta de la DINA de Londres 38, luego lo trasladaron a otra cárcel secreta: Villa Grimaldi. Allí, como resistía la tortura y se negaba a delatar a sus compañeros, le pasaron una camioneta por encima de sus pies. Las heridas no sanaban y debieron amputarle una de sus piernas. El horror no terminó allí. Debió presenciar la violación de su esposa Bárbara por el agente Basclay Zapata (el “Troglo”) y, según su hermano – testigo, porque sobrevivió-, Edwin los escupió con la propia sangre que brotaba de su cuerpo por los golpes recibidos.

Héctor Zúñiga Tapia tenía 27 años, era casado y tenía una hija. Había estudiado Química y Farmacia en la Universidad de Concepción, pero tras el golpe se vino a Santiago. Vivía en la Villa Kennedy, en la casa de su hermano. Fue detenido el 16 de septiembre, el mismo día que su amigo Vicente Palominos, 30 años, profesor de Química, exonerado de la Universidad de Chile. Ambos eran del MIR y con sus conocimientos lograron armar un taller de fotografía con el que hacían cédulas de identidad para los militantes clandestinos. También reproducían documentos en microfilms, con orientaciones para el trabajo político de la resistencia.

En el campo de concentración de Cuatro Álamos, destinado a los incomunicados, ellos compartieron la pieza N° 13, tras haber pasado por el centro de detención y tortura de José Domingo Cañas. Los sobrevivientes de ese campo han declarado que a Héctor y Vicente los apodaron “los matemáticos”, pues les hacían clases a los detenidos. La investigación de estos dos casos la inició el juez Juan Guzmán Tapia quien en 2004 encargó reos a 16 oficiales en retiro por estos y otros secuestros. Pero la sentencia final demoró 16 años en llegar.

SENTENCIAS DE LA CORTE DE APELACIONES

En los dos últimos años la Corte de Apelaciones de Santiago dictó otras 18 sentencias por los secuestros y desaparición de María Inés Alvarado, Carmen Bueno, Rubén Arroyo, Francisco Bravo, Juan Chacón, Darío Chávez, Martín Elgueta, Héctor Garay, Néstor Gallardo, Isidro Labrador, Eduardo Lara, Zacarías Machuca, Juan Carlos Perelman, Teobaldo Tello, Enrique Toro, Rodrigo Ugas, José Villagra y Humberto Ziede.

En estos mismos dos años se han mantenido varadas en la Corte de Apelaciones de Santiago las sentencias emitidas por la detención, torturas y desaparición de Sonia Bustos, Víctor Arévalo, Bladimir Arias, Modesto Espinoza, Antonio Cabezas, Carlos Gajardo y Carlos Pérez V.

SIN SENTENCIAS NUEVAS DE PRIMERA INSTANCIA

Entre 2018 y 2020 no se dictó ninguna sentencia de primera instancia para hacer justicia con las víctimas de la “Operación Colombo”. Están a la espera de su revisión por la Corte de Apelaciones, 18 sentencias de primera instancia dictadas entre 2017/2018 y que se refieren al secuestro y desaparición de: Cecilia Castro, Francisco Aedo, los hermanos Juan y Jorge Andrónico Antequera, Jaime Buzio, Mario Calderón, Roberto Chaer, Rodolfo Espejo, Albano Fiorasso, Luis Fuentes, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, Alejandro Olivares, Pedro Poblete, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones, Sergio Reyes y Gilberto Urbina.

En las demandas por los secuestros de Ariel Salinas y Gary Olmos hay acusación formulada en 2017, pero no hay sentencia. Entre los casos que desde 2018 tienen hechores procesados, pero sin acusación, están: Asrael Retamales, Jorge Antonio Herrera y Sergio Lagos. Sin procesados está el caso del albañil de Las Rejas Sur, Eduardo Alarcón. Y en la impunidad total permanecen los secuestros y desaparición de Violeta López (secretaria de la Sociedad de Autores Teatrales de Chile), Juan Bautista Maturana (comerciante), Edgardo Morales (dirigente sindical de la Corporación de Mejoramiento Urbano CORMU), Leopoldo Muñoz (futbolista del barrio Lo Valledor), Ramón Núñez (estudiante de la ex UTE hoy USACH) y Carlos Salcedo (estudiante de Sociología).

Las sentencias que aquí se informan se han logrado por el trabajo de los abogados de Derechos Humanos y la constante presión y movilización del “Colectivo 119” integrado por familiares y compañeros de las víctimas, junto a otras organizaciones de Derechos Humanos que han impactado positivamente en el Poder Judicial, forzándolo a nominar ministros especiales encargados de las causas de Derechos Humanos. Pero la impunidad sigue hoy y en el horizonte y no solo por los criminales que han sido liberados desde Punta Peuco.

LOS “PAPERS” DE LA DINA

La “Operación Colombo” aun esconde muchos secretos. De hecho, permanecen en la impunidad otros crímenes asociados según consta en los únicos “papers” de la DINA conocidos hasta ahora, descubiertos en Buenos Aires, como recordó  la periodista Mónica González en julio pasado en el conversatorio “45 años de la ‘Operación Colombo’. Discusiones desde la actualidad”. En esa actividad, organizada por el Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho y la Facultad de Filosofía de la U. de Chile, y estando yo como panelista invitada junto al abogado Francisco Bustos, la académica Carla Peñaloza y la periodista Mónica González, quien trabajó como periodista de investigación en dictadura en las desaparecidas revistas Cauce y Análisis, ella rememoró sus hallazgos del año 1986 en Argentina.

Investigando el asesinato del General Prats, encontró un expediente judicial del que fuera jefe de la DINA en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel (asesinado en esa ciudad en abril de 2011) y que prueban cómo se gestó la “Operación Colombo” y su participación en ella. Mónica González logró – “por majadera” según su testimonio – que un juez transandino le diera acceso al Archivo Judicial donde se conservaban tres cajas de documentos que se le incautaron a este agente al ser detenido y acusado de espía el 4 de noviembre de 1978, durante el grave conflicto limítrofe entre ambas dictaduras.

Estos son los únicos archivos secretos de la DINA conocidos hasta ahora. Arancibia Clavel había conservado esos documentos como garantía de autodefensa ante la justicia argentina: para demostrar llegado el momento que no era un espía, sino un importante eslabón en la colaboración de los servicios de Inteligencia de ambos países para “eliminar disidentes”. Allí hay notas a mano y otras que describen desde su inicio la “Operación Colombo”, algunas escritas a mano por el general (r) Raúl Iturriaga Neumann, hoy preso en Punta Peuco y aspirante a ser liberado. Un peritaje caligráfico determinó la autoría de Iturriaga respecto de esas notas.

Arancibia Clavel (Luis Felipe Alemparte era su chapa en la DINA) declaró a las autoridades argentinas que se contactó con el entonces mayor Iturriaga en junio de 1975. Los documentos que Mónica descubrió y grabó en ese juzgado bonaerense, fueron solicitados en 1992 a la justicia argentina por el ministro instructor de la Corte Suprema chilena, Adolfo Bañados, e incorporados en el proceso por el asesinato del Orlando Letelier para ilustrar las conexiones internacionales de la DINA.

En esos documentos hay listas de desaparecidos que incluyen algunos nombres y cédulas de identidad de personas que no figuran en la Lista de los 119.  En el conversatorio de julio pasado, Mónica González reveló que incluso en estos días, está declarando ante la justicia argentina por casos relacionados con fotos de víctimas mencionadas en el marco de la “Operación Colombo” que hasta hoy no han sido identificadas, y cuyos cuerpos aparecieron quemados en Argentina.

Un proceso abierto recientemente busca identificar a los responsables de la desaparición y muerte de dos jóvenes socialistas, Jaime Robotham (que sí figura en la lista de los 119) y Claudio Thauby (mencionado en los DINA papers). Familiares de ambos, hoy jóvenes abogados, son quienes abrieron estos procesos.

La “Operación Colombo”, según los archivos de la DINA en poder de Enrique Arancibia Clavel, se inicia con maniobras para encubrir el asesinato y desaparición del ingeniero comunista David Silbermann, gerente general de Chuquicamata durante el gobierno de Allende (quien no figura en la lista de los 119).

En una de las listas en poder del agente DINA, Arancibia Clavel, figuran los nombres de 21 detenidos desaparecidos, entre ellos el de mi prima, Marcela Soledad Sepúlveda Troncoso. Su nombre no figura en la lista de los 119 pero su secuestro y desaparición, obra de Osvaldo Romo entre otros, permanece hasta hoy en la más absoluta impunidad.

Marcela Sepúlveda tenía 18 años cuando fue detenida el 26 de junio de 1974 por Osvaldo Romo y otros agentes de la Dina. Todo sucedió cuando ella esperaba a su padre en el cruce de Santa Rosa, un camino de la localidad rural de Lampa, al norte de Santiago. Debían irse juntos a la parcela donde se refugiaron tras la detención de su mamá, Blanca Troncoso, quien permanecía detenida y torturada en Londres 38, pero Marcela nunca llegó a la casa amiga. A la mañana siguiente, sus secuestradores la llevaron hasta el domicilio de la familia que la acogía en Lampa y se llevaron su máquina de escribir Olivetti y varios esténciles, materiales usados entonces por la Resistencia para hacer volantes de denuncia de los crímenes. En una primera serie de fake news, Romo confundió a la familia de Marcela dando información falsa: les aseguró que ella estaba a salvo. Ello demoró las gestiones de denuncia, las que solo se iniciaron tras la expulsión y exilio de la madre de Marcela.

La joven era originaria de Parral y estudiaba Educación Diferencial en la U. de Chile. Sus estudios secundarios los hizo en el Liceo 7 de Providencia donde participó en actividades del Frente de Estudiantes Revolucionarios. Marcela integró una delegación de la Federación de Estudiantes Secundarios que tuvo una audiencia con el presidente electo, Salvador Allende, en su casa de Guardia Vieja, pocos días antes que él asumiera su cargo. La joven trabajaba políticamente en el MIR junto a Eduardo Ziede (detenido 11 días antes que ella), y posiblemente también con Víctor Villarroel, secuestrado un día antes que Marcela (Eduardo y Víctor sí son parte de la Lista de los 119). No hay testimonios de la permanencia de la estudiante en prisión, por lo que es viable suponer que fue torturada tempranamente hasta morir. En 2002, su madre interpuso una nueva querella ante el juez Juan Guzmán, sin resultado alguno hasta ahora para esta víctima de la “Operación Colombo”.

EUGENIO LIRA MASSI

El “Flaco Lira”, periodista de dilatada trayectoria en medios y la televisión, fallecido en París a los 40 años, lejos de su esposa y de sus tres hijas, es también parte de la oscura trama de la “Operación Colombo”. Fue redactor político de los diarios Clarín y Puro Chile, este último periódico creado para apoyar la candidatura de Salvador Allende. En las oficinas de Puro Chile compartimos cercanos escritorios y cafés con el “Flaco”, quien también fue conductor de La Entrevista Impertinente en Canal 13, y autor, entre otros libros, de “La Cueva del Senado y los 45 Senadores”.

La mención de Lira Massi por el diario La Tercera como “víctima” (citada al inicio de esta investigación), arranca de la falacia desarrollada en el único número de la revista argentina Lea, en el artículo “La Vendetta Chilena”. La Alianza Anticomunista Argentina Triple A y la DINA, fabricaron en Buenos Aires esta revista fantasma, que señala que el factor determinante de la denuncia de las eliminaciones entre izquierdistas fue “la extraña muerte del periodista en su departamento de París”. En el artículo se habla de “un plan de ejecución materializado en una feroz cacería a lo largo y ancho de las tres Américas y Europa”, llevado a cabo por miristas y socialistas.

Según los papeles de la DINA encontrados en 1978 en la casa de Enrique Arancibia Clavel en Buenos Aires, el autor de este artículo es Gerardo Roa Caballero, entonces agregado de prensa en la embajada de Chile en Brasil. Roa desarrolla esta trama apuntando a una venganza de la que habría sido víctima Lira Massi, ya que se aprestaba a publicar un libro revelando intimidades de la UP y disputas por el manejo de fondos de los exiliados en el exterior. Ello “ha determinado el inicio de acciones de limpieza y silencio realizadas en Argentina, Colombia, México y Francia”. En esa misma edición de LEA está la lista con 60 de los nombres que integran la lista de los 119 Los otros 59 aparecieron en el diario O’Día de Curitiba).

Mónica González recordó en el conversatorio ya citado, que en 1992, ya en democracia, descubrió que Gerardo Roa era el jefe de Relaciones Públicas del entonces intendente Luis Pareto; y que su secretaria era María Alicia Uribe (“Carola”), ex mirista, quien una vez que es detenida se convierte en delatora y colaboradora de la DINA y funcionaria del Ejército posteriormente. Cuando la periodista regresó para llevar a Roa a declarar ante la Comisión Rettig, como habían convenido tras el primer encuentro, el ex agente la amenazó con tomar represalias sobre sus hijas, exhibiendo sus fotografías tomadas en Francia, donde ellas residían. No logró amedrentarla: la historia fue publicada en el diario La Nación. Pero la impunidad siguió su curso a lo largo de los años. Porque Gerardo Roa siguió siendo durante un tiempo el jefe de Comunicaciones del intendente Pareto. Solo “Carola” desapareció de esas oficinas.

LA “OPERACIÓN FRANCIA”

El caso de Eugenio Lira, presentado oportunamente por su esposa, Estela Molina, a la Comisión Rettig que investigó las desapariciones y ejecuciones en tiempos de dictadura, fue declarado “caso sin convicción”. El periodista Víctor Osorio, en el libro Morir es la Noticia de Ernesto Carmona Editores, cita en su crónica sobre Lira Massi a su colega Edwin Harrington. En un artículo publicado en 1990 en la revista Nueva Voz, Harrington sostenía que el profesional “habría sido asesinado por medio de un plan denominado ‘Operación Francia’ (de la DINA) y pudo haber muerto por gas sarín –que provoca efectos neurológicos-  en relación con la llegada a París de Bernardo Conrads Salazar (cédula de identidad 4.132.356-6), un funcionario de seguridad de la dictadura. En la fecha, además, el agente Michael Townley había viajado desde Chile a París y su regreso al país fue posterior al hallazgo del cadáver”.

Francia era un importante foco de atención internacional de la DINA, ya que allí residía gran número de exiliados chilenos. Harrington cita como una de sus fuentes principales un informe del FBI, pero en 1990 el pedido de información de la familia a la embajada norteamericana sobre ese informe no tuvo ningún resultado positivo.

De los chilenos asilados en la embajada del país galo en Chile luego del golpe militar, el “Paco” Lira fue el último en obtener el salvoconducto para viajar a Francia. Había sido el primero en ingresar y contó siempre con el aprecio y apoyo del embajador Pierre de Menthon, recientemente fallecido, quien tenía claro que, para Pinochet, Lira Massi era un personaje muy odiado. El Bando N° 10 publicado el 11 de septiembre por la Junta Militar incluyó el nombre de Lira Massi entre las 95 personas que debían presentarse de inmediato al Ministerio de Defensa.

Los restos del periodista fueron cremados y traídos desde París en 1979 por monseñor Enrique Alvear, vicario de la zona Oeste del arzobispado de Santiago, para ser sepultados en el Cementerio General. Cristina Lira, prima de Eugenio, residente en Francia y varada en Chile por la pandemia, estudia la forma de abrir una investigación sobre las causas del deceso.

LA AUTOPSIA Y EL INFORME POLICIAL

Después de múltiples gestiones, hace algunos años Cristina Lira tuvo acceso al informe de la autopsia que le practicaron a Lira funcionarios del Instituto Médico Legal francés. “Tiene las firmas de los doctores Garat y Deponge. Son dos informes y un complemento. Y se agregan 18 páginas del informe policial. El informe toxicológico no revela venenos, ni contenido importante de alcohol en la sangre. En el informe se describe el color del cerebelo como rosado, lo que un médico que consulté interpreta como insuficiencia respiratoria”.

Según Cristina, en la autopsia no está explicitada la causa de muerte, pero de la lectura de los informes policiales, ella deduce que la piel estaba destruida a solo tres días de su fecha de muerte (cuando fue encontrado su cuerpo) lo que ella considera extraño. John Dinges, reputado investigador y autor de “Operación Cóndor: Una Década de Terrorismo Internacional en el Cono Sur”, con quien Cristina compartió los hallazgos de la autopsia, le comentó que el caso presenta similitudes con el crimen -también ejecutado por la DINA- del diplomático español Carmelo Soria, en julio de 1976. En 2019 tras una tenaz lucha de Carmen, la hija de Soria, por justicia, fueron condenados apenas a 6 años, los ex jefes de la DINA Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga Neumann. Habían transcurrido ya 43 años del crimen.

Concluye el mensaje de whatsapp de Cristina Lira: “El reloj de pulsera de Eugenio se paró el 8 de junio de 1975, a las 9.30 de la mañana, en París. ¡Increíble!”