Chañaral y la nueva constitución

Chañaral es una ciudad que posee la base de sus problemas sobre un desastre ambiental derivado de la gran minería de los años 30. La herencia, casi un siglo después, es una bahía estéril e inutilizable, transformada en un vertedero minero que arrastra una prolífica lista de evidencia científica que afirma que sus habitantes, flora y fauna marina coexisten en un ambiente tóxico. Los recursos naturales marinos son escasos y contaminados, sosteniendo una productividad muy inferior en comparación al resto de comunas costeras del norte del país.

La problemática ambiental y por tanto las soluciones, han sido invisibilizadas de la agenda en los diversos procesos políticos. Bien lo sabe el ex presidente Ricardo Lagos. Astuto, el año 2003 se zambulló en la bahía asegurando descontaminación, mientras en paralelo, entregaba una señal negativa a Evo Morales por la salida al mar, ironizando, desde la bahía más contaminada de Chile.

¿Que podría aportar una nueva Constitución en Chañaral?

Para poder dar respuesta, debemos situarnos en la Constitución de 1925 y su evolución. En el gobierno de Eduardo Frei Montalva, entre 1964 y 1969 se inició una cruzada nacionalizadora, logrando controlar en favor del Estado gran porcentaje de empresas mineras hasta ese entonces en manos extranjeras. Entre ellas, el yacimiento El Salvador. Andes Copper Mining, se asoció con Codelco, controlando así el 51% de la propiedad.

En el Gobierno de Salvador Allende, se alcanzó la totalidad de la nacionalización de los recursos mineros a través de la Ley de Nacionalización del Cobre, modificando la Constitución de 1925, declarando en ella el dominio del Estado sobre los recursos mineros, con el objetivo de utilizarlo para el progreso del país.

Tras el golpe de Estado, la dictadura militar instauró la Constitución Política de 1980, para abrir paso al modelo neoliberal, que desnacionalizó el cobre y reforzó la libre extracción de recursos por parte de empresas extranjeras, con reglas hasta la actualidad vigentes. Anglo American, minera Británica, el 2019 registró 3.547 millones de dólares en ingresos, convirtiéndose en el quinto mayor productor minero del mundo, pero sin dejar un peso en las comunas.

Mark Cutifani, director ejecutivo de Anglo American sobre una nueva Constitución: «Sorprendería mucho si hicieran algo que impactara la inversión extranjera».

José Piñera, ex Ministro de Minería de Pinochet y hermano de Sebastian Piñera, desarrolló en 1983 la reforma del código minero y la ley de concesiones plenas, mediante las cuales se entregaron concesiones de manera gratuita a las empresas privadas y extranjeras, dejando como consecuencia el 71% de la explotación en transnacionales.

La propiedad del agua, también responde a la Constitución Política de 1980. Los derechos de aguas son propiedad privada, de obtención gratuita y a perpetuidad. El Código de Aguas, que regula el uso del recurso hídrico, funciona de acuerdo al mercado, mientras que la Constitución consagra al agua como un bien privado.

El agua potable de la Región de Atacama está privatizada y administrada a través de Nueva Atacama (ex Aguas Chañar), del holding japonés Marubeni y la administradora de fondos chilena Toesca Asset Management (50% Marubeni y 50% Toesca).

De acuerdo a las cifras de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Atacama, Chañaral paga el agua más cara de Chile y se posiciona entre las 12 comunas que  incumplen parámetros de calidad del agua. Copiapó se encuentra entre las 7 ciudades chilenas que tienen el agua más cara de América Latina (Fundación Aquae).

Aprobar una Nueva Constitución, abre la posibilidad de nacionalizar recursos naturales y romper la transnacionalización. La minería en manos extranjeras supera el 60% y para el recurso hídrico, la privatización es casi completa y no garantiza un bien de uso público.

En otro orden de ideas, la recuperación de los recursos naturales con una nueva Constitución, podría financiar pensiones dignas, educación y elevar la cobertura de la salud pública con independencia de las fluctuaciones del mercado, donde convengamos, con la Constitución actual, hemos sido por 40 años meros observadores saqueados. Los recursos son nuestros, pero usarlos es inconstitucional…