Economía y correlación de fuerzas en el Gobierno de Allende 1970-1973

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 El documento que aquí presentamos, “Economía y Correlación de Fuerzas en el Gobierno de Allende 1970-1973”, reproduce nuestro documento “La Unidad Popular: La Economía en el Gobierno de Allende 1970-1973” que será publicado como capitulo del libro colectivo en inglés y en castellano, «An Economic History of Chile», editado por Manuel LLorca- Jaña y Rory Miller. El título para esta publicación rescata y destaca la relación entre el comportamiento de la economía chilena y los cambios de las correlaciones de las fuerzas políticas durante el período del gobierno de Salvador Allende.

Introducción

En el Gobierno de Salvador Allende, 1970-1973, por primera vez en el mundo se puso en práctica el tránsito pacífico del capitalismo al socialismo respetando la institucionalidad democrática, pluralista y libertaria que caracterizaba, con algunas limitaciones, a la sociedad chilena. Allende triunfó en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, como candidato de la Unidad Popular (UP), con una mayoría relativa de solo un 36,6%. La UP estaba constituida por los Partidos Socialista, Comunista, principales partidos de la izquierda chilena, que por décadas tuvieron una fuerte presencia en la clase trabajadora. En la UP también participaban el Partido Radical, y otros partidos menores con presencia en las clases medias.

La ‘Vía Pacífica al Socialismo’ planteaba profundas transformaciones económicas, sociales y políticas que concitaron la atención teórica, política y en los medios de comunicación a nivel mundial. El Programa de Gobierno de la UP recogió y profundizó las propuestas de las tres anteriores campañas presidenciales de Allende: Nacionalización del Cobre, principal riqueza de Chile, que eran propiedad de las grandes empresas mineras mundiales de Estados Unidos (Anaconda y Kennecott); Reforma Agraria, que terminaría con el latifundio en Chile, creado desde la Colonia y que había perdurado tres siglos; Área de Propiedad Social, APS, conformada por las principales empresas monopólicas del sector industrial de la distribución y de la Banca. En todas estas empresas se planteaba la participación de los trabajadores en los diferentes niveles de dirección de las mismas. El Programa de la UP consideraba una profunda redistribución del ingreso a favor de los trabajadores y de los sectores populares, en tiempos en que la población chilena era de 9.6 millones.

Las transformaciones antimperialistas, anticapitalistas y anti-oligarquía por la vía pacífica se pusieron en práctica en forma simultánea desde el inicio del Gobierno de Allende. Estas se concretaron en gran medida en 1971, con amplio apoyo político y popular, a pesar de la fuerte oposición de los Estados Unidos, de la derecha chilena y sus medios de comunicación. Dichos actores desarrollaron permanentes intentos de sedición. Días antes de que Allende fuese proclamado Presidente de la República por el Congreso Nacional, asesinaron al Comandante en Jefe del Ejército chileno, el General René Schneider, hecho que conmovió a Chile y al mundo.

Desde noviembre de 1970 a septiembre de 1973, se produjeron profundas modificaciones de las correlaciones de fuerzas sociales y políticas. En 1971 las nuevas correlaciones de fuerza social y política posibilitaron importantes avances en el conjunto del Programa, en crecimiento económico, empleo y distribución del ingreso. A mediados de 1972 se fue consolidando una confrontación de fuerzas equivalentes que culminó con el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, instaurándose en Chile una de las Dictaduras más represivas en la historia contemporánea.

Concentrar el análisis de la economía solo en el comportamiento de las categorías de la macroeconomía, es completamente insuficiente para comprender en toda su magnitud el proceso de transformaciones estructurales de la UP en Chile (Bitar, 1979, pp. 14-17; Ramos, 1972, pp. 15-79).  La macroeconomía supone definida la propiedad del capital y de los recursos naturales. La experiencia de la UP se basó en un cambio profundo de la propiedad del capital y de los recursos naturales. Su estudio, por tanto, debe considerar un análisis conjunto de dichas transformaciones económicas, y las modificaciones de las correlaciones de fuerzas   políticas en las dos etapas señaladas hasta el desenlace final: Golpe de Estado y la muerte de Allende en La Moneda.

La ‘Vía Pacífica al Socialismo’. Principales antecedentes.

Allende fue categórico en señalar la originalidad de la ‘Vía Pacífica al Socialismo’ en sus discursos en Chile, en otros países y ante las Naciones Unidas. En su primer Mensaje Presidencial al Congreso Pleno, del 21 de mayo de 1971, Allende profundizó y marcó diferencias de su Programa de Gobierno con las vías del llamado ‘socialismo real’ y con la experiencia cubana.

Chile se encuentra ante la necesidad de iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista: la vía revolucionaria nuestra, la vía pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada. Los pensadores sociales han supuesto que los primeros en recorrerla serían las naciones más desarrolladas, probablemente Italia o Francia, con sus poderosos partidos obreros de definición marxista […] Este desafío despierta vivo interés más allá de las fronteras patrias. Todos saben, o intuyen, que aquí y ahora, la historia empieza a dar un nuevo giro, en la medida que estemos los chilenos conscientes de la empresa […] Por mi parte, estoy seguro que tendremos la energía y la capacidad necesarias para llevar adelante nuestro esfuerzo, modelando la primera sociedad socialista edificada según un modelo democrático, pluralista y libertario […] Supone, además, como requisito previo fundamental, que podamos establecer los cauces institucionales de la nueva forma de ordenación socialista en pluralismo y libertad. La tarea es de complejidad extraordinaria porque no hay precedente en que podamos inspirarnos. Pisamos un camino nuevo; marchamos sin guía por un terreno desconocido […] En la Rusia del año 17 […] se edificó una de las formas de la construcción de la sociedad socialista que es la dictadura del proletariado. En términos más directos, nuestra tarea es definir y poner en práctica como la vía chilena al socialismo, un modelo nuevo de Estado, de economía y de sociedad, centrado en el hombre, sus necesidades y sus aspiraciones […] No existen experiencias anteriores que podamos usar como modelo, tenemos que desarrollar la teoría y la práctica de nuevas formas de organización social, política y económica, tanto para la ruptura con el subdesarrollo como para la creación socialista […] Vamos al socialismo por el rechazo voluntario, a través del voto popular, del sistema capitalista y dependiente cuyo saldo es una sociedad crudamente desigualitaria, estratificada en clases antagónicas, deformada por la injusticia social y degradada por el deterioro de las bases mismas de la solidaridad humana (Allende, 1971a, pp. 197-213).

Una breve caracterización de la economía y de la sociedad chilena se encuentra en el “Programa de Gobierno de la Unidad Popular”, que vale la pena citar en extenso:

Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas […] Los problemas en Chile se pueden resolver. Nuestro país cuenta con grandes riquezas como el cobre y otros minerales, un gran potencial hidroeléctrico, vastas extensiones de bosques, un largo litoral rico en especies marinas, una superficie agrícola más que suficiente, etc.; cuenta, además, con la voluntad de trabajo y progreso de los chilenos, junto con su capacidad técnica y profesional. ¿Qué es entonces lo qué ha fallado? Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente. Más aún, como consecuencia misma del desarrollo del capitalismo mundial, la entrega de la burguesía monopolista nacional al imperialismo aumenta progresivamente, se acentúa cada vez más en su dependencia […] De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos equivalentes al doble del capital instalado en nuestro país, formado a lo largo de toda su historia (Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular, 1970, pp. 3-6).

Por su parte, los principales cambios estructurales en el Programa de Gobierno de la Unidad Popular pueden ser resumidos como sigue (Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular, 1970, pp. 5- 10). El objetivo central del programa era cambiar la estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la transición al socialismo. El Programa era antiimperialista porque rescata el cobre, la principal riqueza básica de Chile, que estaba en manos de las grandes mineras mundiales estadounidenses, que tenían gran poder en el estratégico mercado mundial del cobre. El Programa era anti oligárquico, porque la Reforma Agraria perseguía terminar con el latifundio ineficiente. Asimismo, contemplaba la defensa e integridad de las comunidades indígenas, y, rescatar las tierras usurpadas al pueblo mapuche. El Programa era anti capitalista porque expropiaba un reducido número de grandes empresas monopólicas que controlan todos los sectores de la economía nacional.

Asimismo, el programa contemplaba constituir tres importantes áreas de propiedad: Área de Propiedad Social, Área Mixta y Área Privada. El Área de Propiedad Social (APS) sería la dominante con participación de los trabajadores en la Administración. Comprendía aproximadamente 200 grandes empresas monopólicas que controlaban todos los mercados, más las empresas del Estado. 1) La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral; 2) El sistema financiero del país, 3) El comercio exterior; 4) Las grandes empresas de distribución; 5) Los monopolios industriales estratégicos; 6) En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país:  energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; comunicaciones; industria del petróleo; siderurgia, petroquímica y química pesada, cemento, celulosa y papel. El Área de Propiedad Privada comprendía todas las empresas privadas de los diferentes sectores de la economía. Esta área es la que tiene el mayor número de empresas, en 1967, eran 30.500, incluyendo la industria artesanal. Finalmente, el Área de Propiedad Mixta estaba constituida por empresas privadas nacionales o extranjeros con participación estatal.

Medidas económicas y sociales de corto y mediano plazo del Programa

Paralela a las reformas estructurales se propusieron medidas económicas y sociales de corto y mediano plazo. En palabras del propio presidente Allende: «Atender las reivindicaciones populares es la única forma de contribuir de hecho a la solución de los grandes problemas humanos; porque ningún valor universal merece ese nombre si no es reductible a lo nacional, a lo regional y hasta a las condiciones locales de existencia de cada familia» (Allende, 1971a, p.201). Más específicamente, el Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular pretendía

Asegurar un crecimiento económico rápido y descentralizado que tienda a desarrollar al máximo las fuerzas productivas [para] satisfacer tanto las exigencias del desarrollo independiente de la economía, como a las necesidades y aspiraciones de la población trabajadora […] Diversificar las exportaciones, abrir nuevos mercados, lograr una creciente independencia tecnológica y financiera y evitar las escandalosas devaluaciones de nuestra moneda. La lucha contra la inflación se decide esencialmente con los cambios estructurales enunciados. […] Las aspiraciones económicas y sociales del pueblo chileno son legítimas y posibles de satisfacer: viviendas dignas; escuelas y universidades para sus hijos; salarios suficientes; reajustes automáticos, trabajo estable; atención médica y dental preventiva y oportuna; extender previsión social y pensiones dignas; jardines infantiles; servicios básicos domiciliarios y comunales. […] Se establecerá la plena capacidad civil de la mujer casada y la igual condición jurídica de todos los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, así como una adecuada legislación de divorcio con disolución de vínculo, con pleno resguardo de la mujer y los hijos (Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular 1970, pp. 24 -25).

Gran parte de las propuestas señaladas, adquieren especial relevancia a raíz del estallido social en Chile en octubre de 2019, así como las 40 medidas del Programa de la UP, de las cuales mencionamos las más importantes: limitación de los altos sueldos de los funcionarios de confianza; jubilaciones justas, no millonarias; previsión para todos; educación gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares para la enseñanza básica; medio litro de leche diaria a todos los niños de Chile (Lawner, 2008, p. 397-401).

La ‘Vía chilena al socialismo’: impacto mundial

La experiencia chilena de la UP, coincide, entre otros hechos, con el retroceso general de Estados Unidos en la Guerra Fría; su derrota en Vietnam; la crisis financiera de Estados Unidos y el fin del Patrón Oro, y su impacto mundial. Por otro lado, siguiendo a Dos Santos, el Programa de la Unidad Popular surgió bajo otras condiciones históricas muy particulares. Pocos años antes el movimiento popular mundial había alcanzado un auge espectacular, demandando grandes cambios sociales, políticos y culturales. Como parte de este proceso surgió la teoría de la dependencia económica, social, política y cultural. La misma planteaba la imposibilidad de desarrollar un capitalismo nacional e independiente en el Tercer Mundo, capaz de repetir la experiencia de los países hegemónicos del sistema mundial capitalista. De este modo, la propuesta política de Allende era bastante original, toda vez que planteaba un camino socialista alternativo como forma de superación de este capitalismo dependiente. Era tan inédita la propuesta de Allende que a la fecha no existía ninguna experiencia política en el mundo que se atreviera a proponer una transición al socialismo por la vía pacífica, a través de un proceso electoral (Dos Santos, 2009, pp. 11-12).

            Respecto de las consecuencias de la Guerra Fría en Chile, la ‘Vía chilena al socialismo’ generó diversas actividades sediciosas de los Estados Unidos. En sus Memorias, Henry Kissinger, Secretario de Estado de los EE. UU. al asumir Allende, afirmó que la ‘Vía pacífica al socialismo’ de Salvador Allende era una amenaza para la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo, agregando que:

Nixon y sus principales consejeros estaban convencidos de que Allende representaba un desafío para los Estados Unidos y para la estabilidad del hemisferio occidental. La promesa de Allende de nacionalizar las empresas de propiedad norteamericana no era nuestra principal preocupación […] Dos gobiernos anteriores a Nixon habían coincidido en que una victoria por parte de Allende ponía en peligro nuestros intereses en el hemisferio occidental. Ellos otorgaron importantes sumas de dinero al Partido Demócrata Cristiano para bloquear a Allende en las elecciones presidenciales de 1964 y a su coalición en las elecciones en el Congreso de 1968. Nadie se sintió nunca demasiado feliz por esas actividades; sucesivos presidentes de ambos partidos reconocieron, sin embargo, que eran esenciales. Entre la intervención militar y la diplomacia formal existe un área de grises donde nuestra democracia se ve forzada a competir contra grupos hostiles […]. Para entonces Nixon había asumido un papel personal. Había sido impulsado a actuar el 14 de septiembre –de 1970- por Agustín Edwards, el editor de El Mercurio, el periódico chileno más respetado que había venido a Washington a advertir cuáles serían las consecuencias de la toma de Allende […] El éxito de Allende habría tenido importancia también para el futuro de los partidos comunistas de Europa Occidental cuyas políticas inevitablemente socavarían la Alianza Occidental fuesen cuales fuesen sus fluctuantes alegatos de respetabilidad. Ningún Presidente responsable podía ver el acceso de Allende al poder con otro sentimiento que no fuera inquietud (Millas, 1996, pp. 90-91).

Salvador Allende, del triunfo electoral a la proclamación como Presidente

Desde la década de los 50’s y los 60’s, en Chile la efervescencia económica, social y política, fue creciendo, lo que se puede ver a través de las tres elecciones presidenciales en las que participó Allende antes de su triunfo en 1970. La primera de ellas fue la de 1952, en la que Salvador Allende obtuvo sólo el 5% de las votaciones. Días después, en el Senado señaló: “Nunca pensamos triunfar. Pero esos 52.000 sufragios constituyen la expresión de otras tantas conciencias limpias, que sabían que votaban por un programa, por una idea, por algo que estaba apuntando hacia el futuro (Corvalán, 2008, p. 41). La siguiente elección tuvo lugar seis años después, en 1958, cuando Salvador Allende estuvo muy cerca de ganar con la consigna “Ahora le toca al Pueblo”, obteniendo la segunda mayoría entre cinco candidatos (28,9% de la votación), muy cerca del candidato de la derecha chilena, Jorge Alessandri, quien ganó con 31,6% de los votos. Otra candidatura de dudosa procedencia, Diputado de izquierda, le restó fuerzas a Allende, al obtener 3,34% de la votación.

Finalmente, en la elección de 1964, fue clave una elección (previa) extraordinaria a Diputado, en marzo de 1964, debido al fallecimiento de un prestigiado Diputado socialista y médico. Su hijo, también médico y socialista obtuvo una significativa votación que provocó un verdadero terremoto político, que repercutió en la elección presidencial de septiembre. La derecha volcó su votación hacia la Democracia Cristiana, (DC) con lo que Eduardo Frei Montalva obtuvo mayoría absoluta de 56%, el doble de lo que la DC obtuvo en marzo de ese mismo año, 27,4%. Salvador Allende obtuvo un 38,9%, similar al 39,7% de marzo de ese año; y, Julio Duran, del Partido Radical, candidato de la derecha, obtuvo un 5%, en circunstancias que la derecha en marzo de ese año, en la elección de Diputado había obtenido un 33%.

            La cuarta fue la vencida. En septiembre de 1970 se produjo el triunfo definitivo de Salvador Allende, por un margen muy estrecho, alcanzando un 36.6% de los votos. Segundo llegó el candidato de la derecha Jorge Alessandri, con 35,3%, y tercero Radomiro Tomic, de la DC, con 28,1%. Dicho triunfo estuvo precedido por una efervescencia económica, social, política y cultural de los años previos (Varas, 2008, pp. 353-366). La actividad política se intensificó con la campaña de todos los candidatos. En la campaña de Allende se crearon múltiples Comités de la UP por barrios en todas las ciudades del país. Se produjo además una gran competencia de afiches de los diferentes candidatos, prácticamente en cada casa, y en cada edificio del país. Las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, que siempre han sido un símbolo emblemático del acontecer político, parecían presagiar el triunfo de Allende. En 1970, por primera vez, la UP Universitaria, triunfa y obtiene la Presidencia de la FECH, la que desde 1957 a 1969 había estado presidida por la Juventud de la DC. En la noche del 4 de septiembre, en su primer discurso al país, justamente desde los balcones de la FECH, Salvador Allende proclamó:

¡Qué extraordinariamente significativo es que pueda yo dirigirme al Pueblo de Chile y al Pueblo de Santiago desde la Federación de Estudiantes! […] La Juventud de la Patria fue vanguardia en esta gran batalla […] Le debo este triunfo al Pueblo de Chile, que entrará conmigo a La Moneda el 4 de noviembre (Allende, 1970, p. 64).

A pesar de obtener la primera mayoría en las elecciones, no era seguro que se siguiera la tradición de que el Congreso ratificara como Presidente a Allende. Estados Unidos y la oposición chilena a la UP llevaron a cabo tres operaciones destinadas a impedir la proclamación de Salvador Allende como Presidente de la República. De acuerdo a Sergio Ramos (1972), aquellos que se oponían a Allende consiguieron que Alessandri hiciera un llamado al Congreso pidiendo ser electo, luego de lo cual Alessandri renunciaría, gatillando así a una nueva elección. En la nueva elección se apoyaría a Frei como candidato, apoyado por la derecha, para tratar de repetir el esquema bipolar de 1964. Asimismo, se intentó generar una crisis económica pos-electoral, para acentuar la incertidumbre. El propósito de esta estrategia era mostrar que Allende sería incapaz de conducir la economía en esas condiciones. Asimismo, se trató de crear un ambiente para que se produjera un Golpe de Estado. Un discurso pronunciado por el Ministro de Hacienda de Frei es ilustrativo de lo anterior. El mismo perseguía crear en la opinión pública la imagen de que la crisis era muy difícil de controlar. Por si fuera poco, según evidencia del Senado de los Estados Unidos, organismos del gobierno norteamericano y algunas corporaciones trasnacionales actuaron concertadamente con grupos chilenos para activar esa crisis. Finalmente, a tan solo 48 horas del pronunciamiento del Congreso Nacional, fue asesinado el Comandante en Jefe del Ejército, General Schneider, quien era considerado por la derecha chilena y el gobierno de Nixon como un constitucionalista opositor a un posible Golpe de Estado (Bitar, 1979, pp.69-70).

Coincidiendo con la campaña presidencial se produce una fuerte caída del precio del cobre. Recordamos que tanto Salvador Allende como Radomiro Tomic planteaban la nacionalización completa del cobre. Los precios frente a la incertidumbre deberían subir. Sin embargo, los precios bajaron. La situación de la industria del cobre era la siguiente:

Hasta fines de los 60’s, la industria del cobre  en el mundo occidental estaba concentrada en manos de un reducido núcleo de empresas privadas, mayoritariamente estadounidenses […] La competitividad de estas empresas  se basaba en el control de la oferta, resultando de esta forma un poder oligopólico […] El control directo del mercado a través de la integración vertical con participación  de la industria manufacturera del cobre, era percibido como una forma de mercado cautivo de cobre refinado y como un medio para estabilizar el precio del metal […] Estabilización del mercado a través de la variación de los inventarios que tenían en su poder. Y si resultaba necesario, reducían la producción de minas en períodos de sobre oferta o racionaban  el cobre entre los usuarios en períodos de escasez (Moussa, 1999, pp. 14 y 15).

En 1969, Kennecott y Anaconda tenían 24,6% en la producción de cobre primario del mundo occidental (Moussa, 1999, p. 15). Como citamos posteriormente, ambas empresas de tanto poder financiero, que junto con sus congéneres estadounidenses, Phelps Dodge Corporation y American Smelting Company forman uno de los más grandes carteles internacionales, el segundo, después del cartel del petróleo. La fuerte disminución del precio del cobre, fue una de las acciones más importante del plan sedicioso de Estados Unidos y de sus empresas mineras, afectando el corazón de la economía chilena desde antes de las elecciones.

Para Chile, el cobre representaba el 70% del total de las exportaciones, cuya producción era controlada, como hemos señalado, por Anaconda y Kennecott. El precio del cobre, en diciembre de 1969 era de 77,1 centavos de dólar la libra, en septiembre de 1970 bajó a 56,6 y en noviembre de 1970 bajó a 49,2 (i.e. una disminución de 38% desde diciembre de 1969 a noviembre de 1970). Sospechosamente, esta profunda disminución a nivel internacional se dio cuando el aluminio – el principal sustituto del cobre-, níquel, plomo, estaño, y el zinc subían de precio (Comisión chilena del cobre, 1988, pp. 88-90). A raíz de lo anterior, en 1970 el valor de las exportaciones de cobre disminuyó en cerca de 86 millones de dólares, respecto del año anterior. En 1971, comparado con 1969, la caída fue de 220 millones de dólares, cifra que equivale al 22% de las importaciones totales de Chile en 1971, y bastante superiores a las importaciones de alimentos de 192 millones de dólares en ese mismo año (Meller, 1996, p.127).

Correlación de fuerzas y la designación de Salvador Allende como Presidente de la República el 4 de noviembre de 1970

Luego de las elecciones presidenciales, se generó una nueva correlación de fuerzas que jugó un papel decisivo en la denominación de Allende como Presidente de Chile por el Congreso Nacional. Como ya mencionamos, el triunfo de Allende fue muy estrecho. Sin embargo, la correlación de fuerzas sociales y políticas era favorable. Durante el gobierno de Frei, la reforma agraria, la importante redistribución del ingreso y el crecimiento de las organizaciones sociales, fueron acciones muy cuestionadas por la derecha que lo había apoyado en las elecciones de 1964, y al mismo tiempo, esas nuevas movilizaciones sociales, coincidieron en gran medida con las propuestas de la UP.

También fue crucial en esta nueva correlación de fuerzas el hecho que los Programas de Allende y de Tomic consideraran temas comunes y trascendentes: la Nacionalización Total de la Gran Minería del Cobre; la profundización de la Reforma Agraria; mayor redistribución progresiva del ingreso; y una profundización de la democracia y las libertades. En efecto, al interior del gobierno de Eduardo Frei Montalva y la propia DC, se produjo una profunda radicalización. El reconocimiento del fracaso de la ‘Chilenización del Cobre’, y de la posterior ‘Nacionalización Pactada’, así como la lentitud de la reforma agraria y otras reformas, permitieron que el sector DC liderado por Radomiro Tomic pasara a tener un peso mayoritario en la dirección de la DC, lo que se expresó en su candidatura y Programa presidencial. Las transformaciones comunes a ambos programas representaban las aspiraciones de la gran mayoría de la sociedad chilena.

Las fuertes movilizaciones de las organizaciones sociales permitieron enfrentar los diferentes planes sediciosos y también que las diferentes fuerzas políticas tuvieron presente las reacciones de las organizaciones populares. Al interior de las Fuerzas Armadas, el frustrado rapto del General Schneider que terminó en su asesinato fortaleció a los sectores constitucionalistas. El reconocimiento mayoritario de la sociedad de que debería respetarse la tradición histórica de elegir al candidato con la primera mayoría, y el acuerdo entre  la UP y la DC  sobre ‘Garantías Democráticas’ permitieron superar el tenso período, con la definitiva proclamación del Congreso Nacional a Salvador Allende como Presidente de la República.

Las reformas Estructurales del Gobierno de la UP

El Estado chileno tenía una fuerte participación en la economía a través de importantes empresas estatales. La inversión pública era muy significativa en la inversión total, sobretodo, en la inversión en infraestructura y construcción habitacional. El gobierno tenía importantes mecanismos para regular al mercado y a las empresas. El Presidente tenía la facultad de designar los cargos ejecutivos superiores y de las empresas del Estado. El carácter presidencialista de la institucionalidad chilena, unido a lo anterior, le permitió iniciar desde los primeros días de su gobierno las reivindicaciones económicas y las reformas estructurales del Programa de Gobierno (Martínez, 2008, pp. 110-111).

La Nacionalización de la Gran Minería del Cobre (GMC)

Salvador Allende denominó al cobre como “El Sueldo de Chile”. En ese entonces Chile tenía las mayores reservas mundiales de cobre (30%). En 1970 el país produjo 692 mil toneladas métricas de cobre fino. El 80% de esta producción correspondía a las grandes empresas mineras estadounidenses: Chuquicamata, El Salvador y El Teniente, que en conjunto eran denominadas la ‘Gran Minería del Cobre’ (GMC). La Anaconda explotaba Chuquicamata, la mina a tajo abierto más grande el mundo, así como la mina El Salvador. La Kennecott, en tanto, explotaba el yacimiento El Teniente, la empresa minera subterránea más grande del mundo.

En 1970, los Estados Unidos con 1.560 mil toneladas métricas de cobre fino era el principal productor mundial de cobre de mina en el mundo occidental. Chile era el segundo productor con 692 mil toneladas de cobre fino, y Zambia, era el tercer productor con toneladas de cobre fino (COCHILCO, 1988, p. 47). Junto con Zambia eran los principales exportadores mundiales. Los ingresos totales recibidos por el Estado chileno por la industria del cobre representaban en 1970, cerca del 20% de los ingresos fiscales. De acuerdo a Eduardo Novoa, asesor legal de Allende en estos temas,

Casi toda esa riqueza […] fue manejada durante medio siglo por dos inmensas firmas comerciales norteamericanas, de Anaconda Company y Kennecott Cooper Corporation, ambas de tanto poder financiero que junto con sus congéneres Phelps Dodge Corporation y American Smelting Company forman uno de los más grandes carteles internacionales, el segundo después del cartel del petróleo. Esto pone de relieve que durante muchos años la suerte de un Estado soberano e independiente estuvo entregada a las decisiones de estos poderosos consorcios industriales extranjeros (Novoa, 1972, p.14).

            A raíz de esta situación, ya en el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), se habían desarrollado dos iniciativas orientadas a aumentar el control nacional sobre la principal riqueza del país: la ‘chilenización del cobre’ y la ‘nacionalización pactada’. La primera, que debía durar 20 años, fracasó, y a los cuatro años debió ser sustituida por la ‘nacionalización pactada’, la que sufrió igual suerte (Soto, 2008, p. 403). El fracaso se reconoció especialmente por el increíble incremento de las utilidades de la Anaconda y Kennecott, como resultado de las iniciativas señaladas.

Cuadro 1: Utilidades y Producción de la Anaconda y Kennecott, 1965-1970

Fuente: Construido a partir de Novoa (1972, pp. 101 y 103).

Si se tiene presente que en el año 1964 la producción fue de 527,6 mil toneladas, entonces en el período 1965-1970, la producción varió muy poco (523 mil toneladas en promedio). Sin embargo, las utilidades promedio anual del periodo 1960-1964 fueron de 42,8 millones de dólares, pero aumentaron de 43,9 millones de dólares en 1965, a 265,9 millones en 1970 (i.e. 500%).

Fueron tan desmedidas las utilidades que percibieron las compañías extranjeras en los años posteriores a la llamada ‘chilenización’, que el Profesor de la Universidad de Harvard T.H. Moran aludió a ellas diciendo que “han sido tan estupendas, que son prácticamente una vergüenza”. Las cifras oficiales indican que entre 1965 y 1970, las compañías norteamericanas obtuvieron utilidades líquidas por 605 millones de dólares, esto es, por más del valor total de sus capitales en Chile (Novoa, 1972, p. 59).

A inicios de 1970, Radomiro Tomic, a propósito de estas extraordinarias utilidades señaló: “La nacionalización legal e integral nos habría permitido haber pagado ya el valor total de todas las instalaciones de la Anaconda y de la Kennecott en Chile” (Novoa, 1972, p. 59). De acuerdo al Sub Secretario de Minería 1970-1973, Hernán Soto, denunció que las compañías norteamericanas, ante la inminente nacionalización, se dedicaron a explotar selectivamente los minerales de alta pureza (proceso denominado floreo de minas). Asimismo, dejaron de remover 20 millones de material estéril, para obtener el máximo de utilidades en el menor tiempo posible. Finalmente, la estrategia de estas empresas incluyó reducir las inversiones al mínimo y tomar préstamos de la banca norteamericana, de los cuales debería hacerse cargo el Estado chileno después de la nacionalización (Soto, 2008, pp. 403-404).

Ante esta situación, en los primeros días de su gobierno, Allende designó a sus representantes en los directorios de las sociedades mixtas para controlar el funcionamiento, evitar sabotajes, dar estabilidad a los técnicos extranjeros, promover a los técnicos nacionales, iniciar la participación de los trabajadores en el funcionamiento de las empresas, y corregir los daños ocasionados por las malas prácticas de las cupríferas norteamericanas (Soto, 2008, p. 404).

            Posteriormente, en su Mensaje del Ejecutivo al Congreso (Allende, 1971b, pp. 402-424), Allende afirmó que por tratarse de la principal riqueza básica del país, su nacionalización es la ‘Segunda Independencia Nacional’. La primera habría sido Independencia de España en 1810, que marcó la Independencia Política, en tanto la ‘Nacionalización del Cobre’ significaba la Independencia Económica de Chile. Por tal razón, la ‘Nacionalización del Cobre’ debería quedar plasmada en la Constitución Chilena. Allende rescató la Resolución de Naciones Unidas sobre Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales (1.803, XVII, del 14 de diciembre de 1962), que declara que “El derecho de los pueblos y de las naciones, a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado” (Allende (1971b, pp. 398-401). En su mensaje, Allende hizo un contrapunto entre los intereses de las empresas estadounidenses y los intereses de Chile:

A Chile le convienen precios altos para sus materias primas. A los monopolios les conviene precios bajos para abaratar los costos de sus fábricas elaboradoras. A Chile le conviene una mayor elaboración en el país, para integrar la economía nacional, lograr mayor ocupación, más procesos industriales, más salarios, más tributación, más compras en el país. A los monopolios les interesa no industrializar en Chile para que el gran valor que agrega al precio del metal su elaboración, que significa inmensa actividad industrial y comercial y altos salarios, quede en la metrópoli. A nosotros nos interesa cuidar nuestra reserva y sacar el máximo provecho de ella, a medida que la necesitemos. A ellos les interesa llevarse fuera la mayor cantidad de cobre, al precio más bajo y en el menor tiempo posible (Allende, 1971b, p. 407).

            Finalmente, la anhelada Nacionalización del Cobre fue aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional en Pleno el 11 de julio de 1971. Allende lo denominó el Día de la Dignidad y de la Solidaridad Nacional. Dignidad, porque Chile rescataba como correspondía la principal riqueza básica del país. Y de la Solidaridad, porque sus recursos permitirían mejorar las condiciones de vida del pueblo chileno en ese momento, y para las futuras generaciones.  La Ley N° 17.450 (Nacionalización del cobre), operó como una reforma a la Constitución Política de 1925.  La Constitución afirma que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Declaró automáticamente nulos todos los contratos establecidos en la Gran Minería. Establecía también los mecanismos de la determinación de las indemnizaciones de acuerdo al valor libro de sus activos, a los que debería restársele varios ítems, entre ellos, la rentabilidad excesiva a partir de 1955, que excedieran el 12% sobre el valor de los libros. Este porcentaje se obtuvo a partir de las utilidades promedio de las operaciones mundiales de las compañías nacionalizadas.

Cuadro 2. Nacionalización del Cobre: Cálculo de la Indemnización (Millones de dólares)

*Este descuento se efectuó para eliminar la revalorización de los activos realizada por Kennecott en 1964, cuando negoció con el gobierno de Frei la venta de parte de sus acciones al Estado chileno.

Fuente: Reproducción del cuadro iv-6, de Bitar (1979, p. 117)

Con todo, las deducciones fueron muy elevadas (Cuadro 2). Kennecott y Anaconda no recibirían retribuciones del Estado de Chile, Por otra parte, para Exótica y Andina, que iniciaron sus operaciones en 1971, se estimaron indemnizaciones. Como era de esperar, las compañías y el Estado chileno apelaron al Tribunal Especial del Cobre, que estaba contemplado en el Proyecto de Nacionalización. Sin embargo, este Tribunal falló a favor del Estado chileno (Soto, 2008, p. 406).

            De este modo, con la Nacionalización del cobre, el Estado tomó el control total de las empresas. La tarea era aumentar la producción, superar los problemas de los planes de expansión, del floreo de las minas, el ascenso e incorporación de técnicos chilenos a los cargos dejados por los técnicos extranjeros, y en especial, los problemas de abastecimiento internacional, repuestos, insumos y particularmente de los reactivos químicos esenciales en el proceso de tratamiento de los minerales de cobre.

El gobierno debió enfrentar también las múltiples presiones de los Estados Unidos, de la Anaconda y de la Kennecott. El gobierno de los EEUU determinó que la nacionalización chilena del cobre era el obstáculo principal que impedía tener relaciones normales con Chile. Adicionalmente, realizaron acciones para deprimir el precio del cobre en el mercado internacional; prohibieron la exportación de repuestos e insumos norteamericanos para la minería chilena; así como los préstamos internacionales a Chile. Las cupríferas expropiadas, en tanto, recurrieron a los tribunales europeos para embargar el cobre producido por las empresas nacionalizadas, sin mayor éxito judicial (Soto, 2008, p. 407).

Cuadro 3: Producción de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente 1968-1973

(Miles de TM de cobre fino)

Fuente: Construcción propia en base a “Estadísticas del Cobre. Anuario Estadístico 1988”. Comisión Chilena del Cobre, p. 4.

A pesar de todas estas dificultades, la producción de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente, en 1971, 1972 y 1973, se mantuvo cercana a los valores de 1970 y superiores a la producción de 1968 (cuadro 3). Considerando que desde 1968 a 1970 los niveles de producción de las mineras administradas por las empresas extranjeras fueron favorecido por el ‘floreo de las minas’, la producción total durante el gobierno de Allende, es muy meritoria comparado con los tres años anteriores, sobretodo, con el año 1968.

A continuación, presentamos una estimación simple sobre el impacto de la disminución de los precios en el valor de las exportaciones totales de cobre, incluyendo la Gran Minería, la mediana y la pequeña minería. La producción aumentó, los precios disminuyeron y el valor de las exportaciones disminuyó. En 1970 el valor de las exportaciones disminuyó en 85.7 millones de dólares en relación a 1969. En 1971, comparado con 1969, disminuyó en 223.7 millones de dólares. En 1972 comparado con 1969 disminuyó en 267.9 millones de dólares. En el período 1970-1972, el valor de las exportaciones totales de cobre disminuyó en 577,3 millones de dólares (Cuadro 4).

Cuadro 4. Chile: Producción, Exportación y Precios del Cobre 1969-1973

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ‘Estadísticas del Cobre. Anuario Estadístico 1988’ (Comisión Chilena del Cobre. pp. 4, 12 y 88).

Como puede verse en el Cuadro 4, el impacto de la disminución del precio del cobre fue catastrófica comparada con las importaciones de alimentos, que entre 1971 y 1972 aumentaron y sumaron 510 millones de dólares, en el esfuerzo para enfrentar el acaparamiento y desabastecimiento. Paradójicamente, el precio promedio anual del cobre que en 1972 fue de 48,6 centavos de dólar/libra, en 1973 subió a 80,8. Después del Golpe de Estado, el precio promedio de octubre de 1973 subió a 94, y en noviembre y diciembre superó los 100 centavos de dólar/libra (Comisión Chilena del Cobre, 2019a).

Resumiendo, creemos que la nacionalización del cobre fue la principal medida económica, política y social de Chile en el siglo XX. Posteriormente Pinochet pagó indemnizaciones a las empresas estadounidenses e inició la desnacionalización inconstitucional de los nuevos y ricos yacimientos de cobre, proceso que se concretó en los gobiernos post-dictadura. CODELCO, que con la nacionalización controló el 100% de la Gran Minería del Cobre, con la desnacionalización controla alrededor del 30% en 2018 del total de la producción chilena de cobre. El 70% es controlado en gran medida por las grandes empresas mineras privadas, especialmente extranjeras[2].

Finalmente, cabe destacar que, “La Caravana de la Muerte”, en la minera ‘El Salvador’, asesinó al Presidente de la empresa junto a ejecutivos y trabajadores, mientras que en Chuquicamata también fueron asesinados el Presidente de la empresa, ejecutivos y trabajadores. Paradójicamente, la nacionalización del cobre del Presidente Allende fue y ha sido una de las principales fuentes de los ingresos del Estado para el funcionamiento de la economía chilena en Dictadura y en los gobiernos post Dictadura.

La Reforma Agraria[3]

En la historia rural de Chile ‘la hacienda’ o ‘fundo’ fue una institución que, proviniendo de la época colonial a través de las mercedes de tierras y las encomiendas otorgadas a los conquistadores, se organizó desde el siglo XVIII y prolongó su existencia hasta la década de los 60 en el siglo XX cuando la reforma agraria le puso término. Según Chonchol, la hacienda fue un factor primordial de acumulación y concentración de la propiedad agraria. Las mismas generaron el denominado complejo latifundio-minifundio, que caracterizó la producción agrícola durante varios siglos (Chonchol, 2008, p. 181). Para que el lector se haga una idea del nivel de concentración de la tierra, los grandes latifundios representaban poco más del 1% del total de las explotaciones, pero poseían el 73% de la superficie agrícola nacional. En contraste, los pequeños productores agrícolas (i.e. propietarios de lotes de hasta 50 ha), que representaban el 85% del número total de explotaciones agrícola, controlaban menos del 6% de la superficie total del censo de 1965 (Ramos, 1972, p. 120).

No es de extrañar entonces que en los años 60’s se incrementaron las luchas campesinas, influidas por la reforma agraria en Cuba y las recomendaciones de realizar la reforma agraria del Programa Alianza para el Progreso de los Estados Unidos, para prevenir una nueva Cuba en Chile. En 1962, el gobierno de derecha del presidente Jorge Alessandri aprobó la primera Reforma Agraria, que no tuvo una gran trascendencia, dado el número limitado de huertos familiares creados. Por eso se conoció como “Reforma Agraria de Macetero”. Ese mismo año, dos máximas autoridades de la Iglesia Católica distribuyeron las tierras de la Iglesia en sus respectivas zonas.

Una segunda Reforma Agraria se inició con el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, muy influenciado por la mencionada ‘Alianza para el Progreso’, así como en respuesta a las movilizaciones y a la Reforma Agraria propuesta por Allende en las elecciones presidenciales de 1952, 1958 y 1964. La Ley de Reforma Agraria de Eduardo Frei Montalva fue promulgada en 1967. Principalmente limitaba la propiedad de la tierra a un máximo de 80 hectáreas de riego básico. Ese mismo año, se promulgó la Ley de Sindicalización Campesina. Después de tres años de  promulgación de la Ley, se podrían expropiar todas las tierras independientemente de su tamaño por mala explotación. Bajo el gobierno de Frei se asignaron 1.319 fundos, con 3,4 millones de hectáreas, con el 13% de la superficie cultivada del país, beneficiando a 30.000 familias.

            La última de las reformas agrarias fue la del Gobierno de Salvador Allende, bajo una fuerte presión campesina, que se había agudizado al final del Gobierno de Frei. Las huelgas rurales habían pasado de 142 en 1965 a 1.580 en 1970 y las tomas u ocupaciones de predios de 13 en 1965 a 456 en 1970. Como Allende no tenía mayoría en el Congreso, para mejorar la Ley, “optó por implementar a fondo la Ley Vigente”. Como la Ley permitía que pasados tres años de su promulgación expropiar las tierras mal trabajadas, este mecanismo, y otros, permitió al gobierno acelerar el proceso expropiatorio.

La Reforma Agraria de Allende fue fuerte y sistemáticamente resistida por los propietarios agrícolas y en particular por los latifundistas. Los propietarios comenzaron a utilizar diversos mecanismos -legales y extralegales- para impedir que el Estado tomara posesión de las tierras expropiadas. En primer lugar, logaron la movilización de campesinos para oponerse a la Reforma Agraria en sus predios … En segundo lugar, los terratenientes recurrieron a medidas judiciales para impugnar la aplicabilidad de la ley en sus predios. Las combativas movilizaciones campesinas en varias regiones llevaron a que fuerzas políticas de la UP, y del MIR promovieran la toma de predios no contempladas en la Ley de Reforma Agraria creando serias dificultades al gobierno con agricultores medianos y pequeños. (Bitar 1979, p. 146)

En los casi tres años del Gobierno de Allende se expropiaron 4.490 predios, que abarcaban 6,6 millones de hectáreas. En septiembre 1973 había prácticamente desaparecido en Chile el gran latifundio, con algunas excepciones como las grandes viñas. Asimismo, se había duplicado la fuerza sindical campesina, respecto del gobierno anterior, alcanzando los 200 mil afiliados. Finalmente, la extensión de la Reforma Agraria a las comunidades indígenas de la Araucanía, fue uno de los grandes logros del Gobierno de Allende.

A pesar de la Reforma Agraria, los conflictos políticos entre los partidos de la UP y con la DC, los conflictos entre los diferentes tipos de trabajadores del campo, y la fuerte resistencia patronal, se afectó seriamente la producción agrícola. Por otra parte, la Ley de Reforma Agraria no incluyó tomar posesión de maquinarias, equipos ni animales, que tenían que negociarse caso a caso, lo que requería tiempo. Adicionalmente, existieron dificultades para obtener repuestos para las maquinarias y equipos, lo que también afectó la producción agrícola. Esto forzó al gobierno a aumentar el gasto en importación de alimentos, lo que fue posible al comienzo, pero después se dificultó por la falta de divisas, créditos y capacidad portuaria. Finalmente, en 1972, la huelga de los camioneros afectó el transporte de la producción y seriamente las siembras de primavera. (Bitar 1979, p. 146)

El Área de Propiedad Social (APS) y la Estatización de la Banca[4]

El APS era fundamental en el Programa de la UP. En ella, se expresaba la transformación de las grandes empresas capitalistas en empresas estatales con amplia participación de los trabajadores. Era el núcleo urbano de tránsito al socialismo. Además, era muy necesario porque la economía chilena estaba dominada por un reducido número de empresas monopólicas u oligopólicas que controlaban la producción, distribución y venta de productos. Dicha dominación se profundizó con elevados aranceles a las importaciones, ejerciendo una influencia decisiva sobre la pequeña y mediana industria. Por su parte, las inversiones privadas eran limitadas, no desarrollando el mercado interno, ni las exportaciones industriales, ni la producción interna de maquinaria y equipos.

El papel inversor y productor del Estado por décadas pasó a ser esencial con la creación de empresas públicas estratégicas: energía eléctrica, petróleo, carbón, petroquímica, acero y otras, con lo que pasó a jugar un rol esencial en la reproducción del capitalismo en Chile. Sin embargo, este rol del Estado se vio limitado por la resistencia al aumento de impuestos a las ganancias en el sector privado. De este modo, se promovió la inversión extranjera en la industria a través de filiales de las empresas matrices, las que se asociaron a empresas nacionales que controlaban el mercado interno.

A la dependencia externa se agrega la dependencia del sector industrial. Con este nuevo carácter de la dependencia se acentuaron las tendencias más negativas: lento crecimiento del empleo, baja participación de los salarios en la producción global; una elevada concentración del ingreso y crecientes y altas remesas de utilidades e intereses de la inversión extranjera (Caputo y Pizarro, 1970; Ramos, 1972, pp. 83-116) .Además, un mercado interno limitado y orientado a la producción de productos suntuarios de la época.

La agricultura, minería e industria dependían cada vez más de la necesidad y capacidad de importar. Ésta, a su vez, dependía de la exportación del cobre en manos de empresas estadounidenses, que fijaban precios bajos al cobre chileno. Por ejemplo, en 1966 el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres fue de 69,5 centavos de dólar la libra. El precio productores EE.UU. fue de 36,2 centavos de dólar la libra, precio efectivo que fijaban al cobre chileno (Comisión Chilena del Cobre, 1988, p.88). Se debió, por tanto, recurrir a financiamiento externo, lo que gatilló el aumento de la deuda externa de Chile. En efecto, Chile era el país con el más alto endeudamiento per cápita de América Latina, y altamente concentrado en los Estados Unidos. Por ende, tanto el nivel de importaciones como de actividad económica, era altamente vulnerable a una presión norteamericana (Bitar, 1979, p. 46).

Bajo este escenario, el APS tenía como premisa el agotamiento de la estructura señalada. El bajo crecimiento subsistía con una gran capacidad instalada ociosa, que sería clave en el funcionamiento del APS. La expropiación debía afectar, como se ha señalado, a un pequeño grupo de empresas, 150 de un total de 30.500 en 1967, que no solo controlaban todos los sectores de la economía, sino que captaban la mayor parte del apoyo del Estado y del crédito.

Los principales objetivos del APS eran: liberar al país de la dependencia del capital extranjero; utilizar al máximo la capacidad instalada; orientar la producción para satisfacer a la mayoría de la población; aumentar el empleo; controlar la inflación; nacionalización del comercio exterior.

A partir de las elecciones de septiembre de 1970, la economía mostró serios signos de paralización. Los empresarios redujeron los inventarios, paralizaron las inversiones, la producción, y fugaron capitales. Asimismo, presionaron al gobierno e intimidaron a la sociedad. Las empresas estadounidenses: ITT, Ford, Dow Chemical, Ralston-Purina y otras siguieron una política de rompimiento abierto.

Para contrarrestar el boicot económico, desde el inicio del Gobierno, para asumir se promovió el control de los principales monopolios. Se avanzó a través de dos mecanismos: negociación y requisición o intervención. Lo último, consistía en la toma del control administrativo de las empresas privadas, -por acaparamiento, especulación, paralización, toma de empresas por los trabajadores, etc.- que no alteraba la propiedad, la que se negociaba posteriormente (Bitar, 1979, pp. 118-125).

Desde 1971 el fuerte aumento de la demanda –que se analizará con cierto detalle más adelante- fue enfrentada utilizando la capacidad ociosa de las empresas públicas y de las nuevas empresas incorporadas al APS. Se amplió la ocupación y se utilizaron parte de las reservas internacionales.

Pronto, el APS se convirtió en el principal conflicto interno. La burguesía nacional opuso férrea resistencia, superior a las otras reformas estructurales. La ausencia de un listado de empresas y la puesta en duda de la legalidad del APS, posibilitó generar incertidumbre en los empresarios medianos y pequeños, y en las clases medias. La toma de empresas medianas promovidas por los partidos y trabajadores de la UP y del MIR[5], profundizó el conflicto interno, generando una creciente unidad de acción de la Democracia Cristiana con el Partido Nacional, de derecha (Ramos, 1972, pp. 320-321).

A fines de 1971, se estableció un número superior a 200 empresas, que incluía a empresas estatales y aquellas que jurídicamente ya habían pasado a manos del Estado. El Gobierno envió al Congreso Nacional un proyecto especial a fines de 1971. Simultáneamente la oposición presentó otro proyecto sobre la materia, cuyos objetivos eran: reducir ampliamente el APS; someter cada caso a la aprobación del Parlamento; crear un cuarto sector de empresas de trabajadores.

A partir de allí, los conflictos legales, sociales y económicos se mezclaron y profundizaron. El APS continuó ampliándose, apartándose cada vez más del proyecto inicial. En 1973, el APS llegó a 235 empresas del sector industrial. Incluyendo todos los otros sectores productivos y de servicios, el número se elevó a casi 350 empresas.  A pesar de la incorporación de los trabajadores a la dirección de las empresas, no se lograron aumentos de la producción y de las ventas, ni se generaron los excedentes contemplados en el Programa. Los reajustes salariales fueron superiores al incremento del Índice de Precios, y superiores al incremento de los precios de los productos y servicios generados por las empresas del APS, creando así serios problemas financieros que se financiaron por el Estado. Todo lo anterior gatilló la agudización del desabastecimiento, el racionamiento, la aparición y desarrollo del mercado negro, con inevitables presiones inflacionarias.

La estatización del Sistema Bancario

El control del Sistema Financiero era vital para el funcionamiento de la economía y de todas las reformas estructurales del Programa de la UP.  El 30 de diciembre de 1970, a escasos dos meses de haber asumido la Presidencia de Chile, Salvador Allende, por cadena nacional anunció la estatización de la banca.

En 1970 la estructura del sector financiero chileno, además de estar muy concentrada, era controlada por el sector privado. La banca privada controlaba el 63% de los activos y el Banco del Estado de Chile el 37%. En ese año, había 22 bancos nacionales y 5 extranjeros. El 60 % de los depósitos estaban concentrados en 5 bancos nacionales y la mayor parte de los créditos eran otorgados a empresas relacionadas (Walder 2008). Sin embargo, no existían condiciones políticas para estatizar la Banca. Una propuesta de Ley para estatizar la Banca no sería aprobada por el Congreso Nacional.

Así, el camino elegido correspondió a la lógica del mercado capitalista: compra de los bancos extranjeros, a través de negociaciones y de los bancos privados nacionales a través de la compra de acciones. De este modo, en los primeros meses de 1971, el Estado chileno adquirió todos los Bancos extranjeros, aunque cabe destacar que los mismos tenían poca gravitación en el sistema financiero nacional.

En relación a los bancos privados nacionales, “se enfrentaron situaciones distintas. Hubo accionistas mayoritarios de bancos comerciales que inmediatamente expresaron su disposición de vender sus títulos en las condiciones ofrecidas. Hubo otros que buscaron obtener condiciones más favorables, pero en definitiva el peso que ya tenía el Estado en el sistema bancario al dirigir el Banco Central… y la Superintendencia de Bancos los llevaba a buscar acuerdos.” (Fazio, 2008). En el proceso de estatización del sistema bancario, participaron en representación del Estado, el Banco Central, la Corporación de Fomento de la Producción, y el Banco del Estado. A fines de 1971, el control estatal del sistema bancario era casi total. De ellos, 16 bancos controlaban el 90% de todo el crédito. Las acciones se pagaron en plazos que llegaron hasta los 7 años, y los pequeños accionistas fueron debidamente indemnizados.

Primer período del Gobierno de Allende: noviembre de 1970 a mediados de 1972

Los primeros meses del gobierno de Allende fueron particularmente buenos para la economía chilena. Patricio Meller, por ejemplo, es de la opinión que la economía chilena vivió un auge sin precedentes en este periodo temprano, como resultado de políticas económicas expansivas. De acuerdo a Meller esto se tradujo en un mejoramiento generalizado en el nivel de vida de la población. Por ejemplo, el PGB creció 8% en 1971, más del doble que el 3,6% del año anterior, siendo la tasa de crecimiento anual más alta desde 1950. Por su parte, la inflación cayó desde 36,1% en 1970 a 22,1% en 1971, mientras que el desempleo nacional registró una importante caída, de 5,7% en 1970 a 3,8% en 1971 (Cuadro 5). Nunca antes hubo tan poco desempleo en la historia de Chile. Finalmente, los salarios reales para obreros no calificados aumentaron un 39% en 1971, y los de empleados se incrementaron 10% en ese mismo período (Meller, 1996, p. 118-137).

Cuadro 5. Evolución de las principales variables macroeconómicas 1970-73 (Porcentajes)

Fuente: Meller (1996). *Corresponde a los tres primeros trimestres de 1973.

La participación del trabajo en el PGB subió de 52,2% (1970) a 61,7% (1971). Los gastos del gobierno crecieron en un 36% en términos reales, aumentando la participación del gasto fiscal en el PGB de 21% en 1970 a 27% en 1971. Como parte de esta expansión el sector público se embarcó en un gigantesco programa de viviendas, comenzando la construcción de 76.000 casas en 1971, en comparación con 24.000 en 1970. Meller (1996) también destaca otras medidas redistributivas importantes. Un componente redistributivo importante lo constituyó la distribución de bienes específicos. Durante estos años, se distribuyó gratuitamente medio litro de leche a cada niño chileno, 1.800.000 desayunos y 560.000 almuerzos diarios para escolares, 128.000 overoles y delantales escolares y 4.000.000 de cuadernos. También fue utilizado como elemento distributivo el subsidio a los servicios de utilidad pública: entre 1970 y 1973 el precio real de la electricidad cayó un 85 %, el de los servicios postales y telefónicos 33% y 23% respectivamente, el del gas licuado 21%; y el de los combustibles (bencina y petróleo) cayó en 31% entre 1970 y 1972.

Los elevados aumentos de las remuneraciones, el aumento del gasto público y el financiamiento de los subsidios a las empresas públicas y a las empresas del APS, fueron financiados por la emisión monetaria. La cantidad de dinero M1 aumentó en casi 120% durante 1971. Es así como la disminución de la inflación de 36,1% en 1970 a  22,1% en 1971, se explica por los controles de precios en el sector privado, y la congelación de tarifas y precios en el sector público. Esto a su vez se explica por el control de la producción y comercialización de las empresas controladas por el Estado, incluyendo las empresas comerciales y de distribución que habían sido intervenidas. También se aumentó la fiscalización a las agencias públicas y se crearon las ‘Juntas de Abastecimientos y Precios’ (JAP), a nivel comunal.

Aumento del gasto público y las limitaciones de los ingresos públicos

Se contemplaba que parte importante del financiamiento se obtendría a través de un incremento de las actividades debido a la máxima utilización de los recursos disponibles no utilizados. El APS generaría importantes excedentes y también la Nacionalización del Cobre. En la práctica, los gastos se incrementaron bastante más de lo estimado por las presiones generalizadas de aumentos salariales y el aumento del gasto social por los dirigentes sindicales y sociales de la DC y de la UP. En el APS se generaron cuantiosos déficits, mientras que los ingresos del cobre fueron bastante menores a los esperados por la fuerte disminución de los precios del cobre a nivel internacional.

Los ingresos corrientes del Estado de 1970 a 1971 bajaron de 38,1% a 37,7% como porcentaje del PGB, mientras que los gastos corrientes en ese mismo periodo aumentaron de 30,9% a 39,5% (Cuadro 6). Los ingresos corrientes que más disminuyeron fueron los impuestos directos correspondientes a los impuestos sobre las ganancias (Meller, 1996, p. 128). Estos fueron afectados por la requisición e intervenciones y disminución de la tributación de las empresas del APS. Los gastos corrientes que corresponden a las remuneraciones del personal activo y pasivo aumentaron más allá de lo estimado en el Programa de la UP, incluyendo aquellos que corresponden a ‘Las primeras 40 Medidas del Gobierno Popular’. Los gastos corrientes correspondientes a sueldos y salarios aumentaron desde 15,8% del PGB en 1970, a 19,5% en 1971. Es decir, un incremento de 23,4% en la participación del PGB.

Cuadro 6.  Chile: Sector Público No Financiero Consolidado 1970-73 (%PGB)

Fuente: Meller (1996).

Por otra parte, los gastos en previsión social aumentaron aún más, en un 38%. En 1970 los gastos corrientes en previsión social aumentaron de 8,6% del PGB de 1970 a 11,87% del PGB de 1971.El saldo entre ingresos y gastos corrientes que fue positivo en 1970, pasó a ser negativo en  1,79% del PGB de 1971.El gasto total, gasto corriente, más la inversión del sector público, subió de 41,27% del PGB de 1970 a cerca del 50% del PGB de 1971.

Los extraordinarios déficits y la emisión monetaria

El extraordinario crecimiento del gasto del sector público, en todos los ítems, y la disminución de los ingresos corrientes, generó en 1971 importantes incrementos de los déficits del gobierno y de las empresas públicas, que ya eran muy elevados en 1970. Como porcentaje del PGB, los déficits de las empresas públicas – por la fijación de precios-  se incrementaron en 73% en estos dos años. El déficit del gobierno general, – que incluye todos los ministerios y dependencias-, creció mucho más, en 178% del PGB de 1971 en relación a 1970. El déficit global del sector público aumentó de 6,69% del PGB (1970) a 15,28% del PGB (1971). En términos de porcentaje de los respectivos PGB, el incremento fue de 128,4% (cuadro 7).

Cuadro 7. Déficit Global del Sector Público (%PGB)

Fuente: Meller (1996).

Emisión e inflación. Las concepciones teóricas de la UP sobre la inflación

El déficit global del sector público en 1970 ya era muy elevado, lo que debería haber generado una gran preocupación en el gobierno, en particular considerando que el déficit se financió a través emisión de dinero por parte del Banco Central. Sin embargo, esto no ocurrió: ¿por qué? En el gobierno de la UP tuvieron un papel predominante los economistas de la CEPAL, quienes se basaban fundamentalmente en la teoría estructuralista del desarrollo económico. En relación a la inflación, el pensamiento estructuralista señala que la inflación es determinada fundamentalmente por una falta de adecuación de la estructura productiva en relación al nivel y composición de la demanda.

Para controlar la inflación, por tanto, en el gobierno se pensaba que el uso de la capacidad ociosa en las empresas del APS generaría un importante incremento de la producción. Este incremento, junto al de la producción agrícola, resultado de la Reforma Agraria, responderían adecuadamente al fuerte incremento de la demanda señalada anteriormente. Sin embargo, Clodomiro Almeyda, académico y Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Allende, criticó duramente esta concepción teórica (Almeyda, 1987, pp. 172-179). A pesar de esta crítica, el éxito económico de 1971, incluyendo la disminución de la inflación, generó una gran confianza y cierta despreocupación por la elevada emisión, y se estimaba que el proceso inflacionario, con ciertas correcciones sería controlado como en 1971. Sin embargo, esto no ocurrió. La inflación en 1972 se transformó en una hiperinflación de 260,5%, como se señala en el Cuadro 1.

Las principales corrientes teóricas en economía asignan un rol primordial al incremento desproporcionado de la cantidad de dinero en circulación, con relación a la producción de bienes y servicios, lo que generaría un incremento de la inflación. Para Marx el dinero es el equivalente general en que se mide el valor de las mercancías, es decir, el trabajo presente y pasado incorporado. El valor del dinero, aun en la forma de signo de valor, debe ser cautelado. La cantidad de dinero en circulación debe corresponder a la cantidad necesaria para hacer circular las mercancías. Su desvalorización es al mismo tiempo desvalorización del trabajo humano. Marx señala que si se aumenta 15 veces la cantidad de dinero, -signos de valor-, “todos los precios de las mercancías se elevarían 15 veces […], el alza de los precios no sería más que una reacción del proceso de circulación.” (Marx, 1974, p. 142).

Principales acciones de los Estados Unidos para desestabilizar la economía chilena

La inflación no fue el único enemigo que debió enfrentar Allende. Estados Unidos conocía perfectamente la vital dependencia de la economía chilena. El Informe de la Comisión Senatorial de los Estados Unidos, Presidida por el Senador Frank Church, muestra con impresionante claridad las acciones de los Estados Unidos contra Chile. El 15 de septiembre de 1970, días después del triunfo de Allende, el Presidente Nixon dio instrucciones de “hacer chillar a la economía chilena”. Una semana más tarde, según el Informe Church, el embajador Korry le señala al Ministro de Defensa, y por su intermedio al todavía Presidente Frei, “Que bajo Allende no se permitirá que llegue a Chile ni un tornillo ni una tuerca”, refiriéndose a la dependencia de Chile de repuestos importados, especialmente desde los Estados Unidos, para mantener en funcionamiento maquinaria pesada tanto de la minería, industria, transportes públicos, etc. (Schatán, 2008, p. 216).

Con el objeto de afectar los ingresos del Presupuesto Nacional del Estado de Chile, durante el gobierno de Allende, destacamos dos de las principales acciones de Estados Unidos: suspensión de los créditos que estaban operando y la fuerte disminución del precio internacional del cobre. Del Informe de la Comisión Senatorial de Estados Unidos, se ha rescatado, -entre otras-, la siguiente información de los créditos internacionales oficiales a Chile. La ayuda bilateral de Estados Unidos bajó de 35 millones de dólares en 1969 a poco más de un millón en 1971. Los créditos del Eximbank, por 237 millones de dólares en 1967, desaparecieron en 1971. Los préstamos del BID, bajaron de 46 millones de dólares en 1970 a 2 millones de dólares en 1972 (Schatán, 2008, p. 216). Esta situación afectó grave y directamente los ingresos del Estado chileno, aumentó los déficits, y redujo la disponibilidad de divisas para la importación a raíz de la drástica disminución del precio del cobre, producto del aumento de los stocks (Cuadro 8).

Cuadro 8. Stock Mundial de Cobre 1968-1973 (Toneladas de cobre fino)

Fuente: ‘Estadísticas del Cobre. Anuario 1988’. COCHILCO.

Como hemos señalado más arriba, la industria mundial del cobre hasta fines de los 60’s era oligopólica y de integración vertical con la industria manufacturera del cobre. Por esta razón, podían ajustar los niveles de la producción, de la demanda y de los stocks. El Stock en las Bolsas, cuyas cantidades se pueden modificar rápidamente, se incrementó en forma inusual, de 22 mil toneladas (1969) a 159 mil toneladas (1971). Es decir, un incremento de más de 600%. Los ‘Stocks Totales’ y los ‘Stocks de las Bolsas’, aumentaron nuevamente en 1972. Los stocks anuales informados, se registran a fines de cada año. En 1973, para favorecer a la Dictadura, éstos disminuyeron abruptamente generando un fuerte incremento de los precios internacionales del cobre como lo hemos señalado.

En 1971 la suspensión de los créditos internacionales (318 millones de dólares), combinado con la disminución del valor por las exportaciones de cobre (223,7millones de dólares) entre 1969 y 1971, significó que Chile dejó de recibir alrededor de 540 millones de dólares. El daño al país se puede dimensionar ya que equivalen a más del 50% del total de las importaciones en el año 1971, (1.015 millones de dólares) y casi tres veces las importaciones de alimentos del año 1971 (192 millones de dólares). El Gobierno de la Unidad Popular debió prever las represalias de Estados Unidos y tener alternativas para enfrentarlas.

Segundo período del Gobierno de Allende: Mediados de 1972 al Golpe de Estado

Los acuerdos entre la UP y la DC fueron muy importantes durante 1970 y 1971. Sin embargo, el ala derecha de la DC presentó varias acusaciones constitucionales a ministros de Allende durante 1971, las que fueron sorteadas. Al interior de la DC persistían las disputas internas, aunque el ala derecha del partido ganaba influencia creciente sobre todo a raíz del asesinato de Edmundo Pérez Zujovic (1971), que liquidó el Acuerdo con la UP sobre la presidencia de las cámaras parlamentarias. Asimismo, las tensiones entre la DC y la UP se manifestaron con la presentación del proyecto constitucional Hamilton-Fuentealba, en octubre de 1971, que pretendía crear el Área de Propiedad Privada. Según Martínez (2008, p.114) fue un intento por detener la formación del Área de Propiedad Social, tal como se venía conformando.

Este cambio de actitud hacia el gobierno de la UP no fue solo una manifestación de la cúpula política del PDC, sino también de su militancia, como lo muestran diferentes acontecimientos: la marcha de las cacerolas de noviembre de 1971; y el acto de masas de constitución del Área de Propiedad Privada de diciembre de 1971 (Martínez, 2008, p.114). En los primeros meses de 1972 la derechización de la DC se intensifica. A fines de marzo de ese año ocurren dos hechos muy significativos. El ala derecha de la DC logra liquidar el acuerdo sobre las áreas de la economía, que había sido alcanzado previamente entre Allende y el Presidente de la DC (Martínez, 2008, p.114). Por su parte, se produce una evidente confrontación al interior de la Unidad Popular, reflejada en las denominadas «discusiones de Lo Curro», de donde emergen dos líneas de conducta al interior de la Unidad Popular, que se mantendrán hasta septiembre de 1973. Esta dualidad lesionó, sin dudas, su unidad de dirección y su capacidad combativa (Martínez, 2008, p.114).

Como se ha señalado, la ‘vía pacífica al socialismo’ situaba todo el proceso a través de la institucionalidad existente, y a través de ella misma se pretendía transformar la institucionalidad. De las dos corrientes que se expresaban, la mayor de ellas era la del Partido Comunista, y otros partidos, la que “ponía el acento en el carácter democratizador del Programa; sus propuestas tendían a profundizar y hacer más real la democracia y en tal sentido se abría camino al socialismo, pero no se trataba ya de una revolución socialista … Se trataba de un proyecto más por etapas … necesariamente más gradual y acotado en su desarrollo» (Martínez, 2008, pp. 97-98). La otra corriente tenía más sustento en el partido socialista, propugnando una marcha más acelerada de carácter socialista, y que coincidía con otras fuerzas de izquierda al margen de la UP, como el MIR. Al respecto, Tomás Moulián señala que las diferencias entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, se presentaban en forma aguda desde hacía unas décadas (Moulián, 2005, pp. 35-50).

Consolidación del cambio en la correlación de fuerzas políticas 1972

La profunda modificación política no fue claramente percibida a nivel de las fuerzas sociales, como lo muestran las masivas resistencias al paro patronal de octubre de 1972, y en los resultados de las elecciones de marzo de 1973, en que la UP obtuvo el 43,7% de los votos emitidos. El cambio se expresó más bien en una consolidación en todos los sectores contrarios a la UP, a un fuerte desplazamiento en esa dirección de sectores medios inicialmente neutrales o inactivos, y a un aumento excepcional de su capacidad de acción y de combate. Con ello pasan a constituir una fuerza social de una envergadura por lo menos similar a la del movimiento popular. Tanto es así que en octubre1972 se atreven a desencadenar el primer intento subversivo de masas. Estos mismos acontecimientos muestran que el desplazamiento de fuerzas no alcanza aun al campo militar, donde todavía continuará una neutralización interna por algunos meses (Martínez, 2008, p. 115).

En el plano político, el ala derecha de la DC logra, en lo fundamental, el control de su partido, imponiendo un entendimiento permanente con el Partido Nacional y el imperialismo norteamericano para terminar el gobierno de la UP. Esta alianza moviliza todas las fuerzas disponibles para paralizar la acción del gobierno en cualquier sentido, actuando a través de instituciones políticas del Estado, organizaciones sociales, asociaciones empresariales, de profesionales, de vecinos y sindicatos de trabajadores. Se pretendía presionar el cerco externo, extremar el sabotaje y el entorpecimiento de la producción, el acaparamiento, la especulación, la evasión de impuestos y todo lo que contribuyera a la desorganización económica del país (Martínez, 2008, p. 115).

Acaparamiento, mercado negro, especulación, y paro patronal octubre 1972

Una de las armas favoritas para sabotear al gobierno de la UP fue el acaparamiento el que generó un gran nivel de desabastecimiento en la economía. El mismo se inició con anterioridad al triunfo de Allende, pero se agravó antes que él asumiera la presidencia el 4 de noviembre de 1970, intensificándose posteriormente. Esta estrategia contó como principal protagonista el gobierno de Estados Unidos, en particular debido a reiteradas operaciones encubiertas de la CIA, las que provocaron serios problemas de desabastecimiento a la población (Schatán, 2008, p. 207).

Mencionamos a vía de ejemplo, algunas de las acciones contenidas en el Informe del Comité Church. Por ejemplo, el 14 de octubre de 1970, el Comité de los 40 aprueba 60.000 dólares para comprar una estación de radio. El 19 de noviembre de 1970 aprueba 750.000 dólares para un programa de acción clandestina en Chile. El 28 de enero de 1971 aprueba 1.240.000 dólares para la compra de otra estación de radio y periódicos, así como para apoyar candidatos municipales y para otras actividades políticas de los partidos anti-allendistas. El 9 de septiembre de 1971 aprueba 700.000 dólares para el apoyo del periódico más importante en Chile: El Mercurio (Schatán, 2008, p. 207).

A pesar de estas acciones, la reactivación de la economía a partir de los primeros meses del Gobierno de Allende posibilitó que la amenaza de desabastecimiento fuera superada, no así el acaparamiento, que continuó especialmente de parte de los sectores acomodados. En respuesta, a mediados de 1971, el Gobierno creó la empresa Distribuidora Nacional (DINAC), la que negoció y adquirió, casi la totalidad de las grandes empresas distribuidoras, fundamentalmente extranjeras, que tenían representaciones de productos importados y nacionales. La gran distribuidora nacional, CODINA prefirió ser vendida a la Cámara de Comercio Minorista, que promovió el desabastecimiento y posteriormente participó y apoyó activamente los paros nacionales de los dueños de camiones y organizaciones patronales.

Ilustrativo de la situación es el relato de un alto funcionario internacional que llegó a Chile a inicios de 1972:

Estoy verdaderamente sorprendido con la desinhibición que muestran los chilenos. He visitado no menos de 20 a 30 casas de las mejores que hay en Santiago, y en cada una de ellas me mostraban, todas sus dependencias, incluyendo las grandes piezas que había en los subterráneos. Piezas que en esa ocasión se encontraban llenas de mercaderías de diversas clases, especialmente alimentos enlatados todos ellos muy escasos en el mercado. En ninguna de esas casas se advertía algún pudor de lo que estaban haciendo, sino más bien, mostraban eso con cierto orgullo. Podemos ver que este problema está alcanzando una magnitud tal que le va a causar serios daños al gobierno y a la población de Chile (Schatán, 2008, pp. 217-218).

El acaparamiento generó cierta escasez, por lo cual en DINAC elaboraron un programa de canasta popular que permitía abastecer con un conjunto de alimentos, a precios oficiales, repartidas por Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), a los segmentos populares en las diversas regiones del país. También aumentó en cantidades considerables la demanda de azúcar, aceite, café, etc., por parte de extranjeros que venían a proveerse a precios fijos y en el mercado negro, con un tipo de cambio que llegó a ser de diez a uno. Además, en el transcurso de 1972 hubo disminuciones importantes de la producción agraria y de la producción de todas las empresas, en particular, de las empresas del APS, con lo que se provocó un incremento del desabastecimiento, acaparamiento y mercado negro. No conformes con esta precariedad, el movimiento golpista añadió una nueva estrategia. Los camioneros, hacia mediados de 1972, decidieron boicotear el abastecimiento físico de productos (Schatán, 2008, pp. 219-220).

Adicionalmente, el mismo Informe Church señaló que a lo menos 8 millones de dólares se gastaron secretamente durante 1970-1973 para boicotear la economía de Allende, de los cuales más de 3 millones se gastaron en 1972., siendo los mismos cambiados en el mercado negro (Schatán, 2008, p. 215). A mediados de 1972, la organización de los camioneros y de otros gremios empresariales comenzó a preparar el paro nacional de transporte, que se inició el 9 de octubre de 1972, con carácter de indefinido, logrando paralizar al país, siendo denominado paro patronal. La inflación, que venía aumentando, se aceleró, profundizando el desabastecimiento, el mercado negro y la especulación. El objetivo era no transportar alimentos en todo Chile. El paro patronal fue una verdadera sedición, que no solo paralizó el transporte interno, sino que bloqueó el desembarco de las grandes importaciones de alimentos, repuestos y otros artículos vitales para el funcionamiento del país.

Por la disminución de la producción interna el gobierno aumentó las importaciones de alimentos desde 136 millones de dólares en 1970 a 318 millones de dólares y 512 millones de dólares en 1972 y 1973, respectivamente, casi dos veces y media y 3, 8 veces las importaciones de alimentos de 1970 (Meller, 1996, p. 127). En términos físicos, las importaciones de trigo aumentaron desde 200.000 toneladas (1970) a 951.000 toneladas (1973); simultáneamente la producción interna de trigo disminuía en 43% durante ese período (Meller, 1996, p.158). Dado que la producción interna de trigo disminuyó en 560 mil toneladas entre 1970 y 1973, pero que las importaciones aumentaron en 721 mil toneladas en el mismo lapso, la oferta total de trigo se incrementó. Si hubo desabastecimiento de este producto, fue más bien por acaparamiento y mercado negro de este vital alimento para la población.

Las Fuerzas Armadas fueron llamadas a integrar el Gobierno de Allende

En medio de este caótico escenario, el General Prats, Comandante en Jefe del Ejército, fue llamado al gobierno, siendo nombrado Ministro del Interior, para enfrentar el paro de octubre y asegurar la normalidad de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Carlos Prats pudo tranquilizar la situación, siendo apoyado no solo por el ejército, sino también por las organizaciones de trabajadores, de estudiantes y organizaciones poblacionales, quienes lograron derrotar el Paro Patronal de Octubre. Adicionalmente, Prats, aseguró que tuvieran lugar las cruciales elecciones parlamentarias de marzo de 1973, donde el gobierno obtuvo el 44% de los votos (Soto, 2008b, p. 141).

En una entrevista en la famosa Revista Ercilla, Número 1950, de noviembre-diciembre de 1972, el General Prats señaló que para las FFAA:

el paro significó un vuelco completo… Fue un paro mayoritariamente empresarial y profesional. No quiero decir que no hubo sectores de trabajadores que se plegaron. Pero en los gobiernos anteriores los paros los realizaban trabajadores contra patrones (…) ahora se invirtió el esquema. La mayoría parlamentaria solidarizó con el paro, lo que no había ocurrido antes. Los medios más influyentes de comunicación en su mayoría también (…) Si los trabajadores no hubiesen dado un ejemplo de disciplina social pudo haberse producido un enfrentamiento. Piensen ustedes lo que sucedía a veinte días del paro, cuando en los hogares había un angustioso desabastecimiento, cuando las industrias no recibían materias primas para seguir trabajando, cuando el clima de tensión crecía. Bastaba un fósforo. El gobierno, a todo esto, hacía uso solo de los mecanismos legales: zonas de emergencia, toque de queda, etc. (Soto, 2008b, p. 142).

Por su parte, el General de Aviación, Alberto Bachelet fue designado encargado de la Secretaria Nacional de Distribución, junto a un grupo de oficiales de distintas ramas de las FFAA, realizando una tarea encomiable para asegurar un adecuado suministro de artículos de primera necesidad a la población, especialmente a los sectores populares, quienes eran las víctimas de la especulación, el acaparamiento y el mercado negro (Soto, 2008b, p. 143).

Los resultados económicos del gobierno de Allende en 1972

Los desequilibrios iniciales de 1971, se profundizaron generando una situación de desorganización como lo muestran los resultados macroeconómicos de 1972, particularmente influidos por la situación del segundo semestre de ese año. En el Informe del Comité Económico de Ministros de noviembre de 1972, se señala que “en el segundo semestre de 1972 se ha ido perfilando -cada vez con mayor nitidez, los síntomas evidentes de una recesión económica en los sectores de la industria y de la agricultura, así como un estancamiento de la Gran Minería y la actividad de la construcción” (Bitar, 1979, p. 328).

Sin embargo, la caída del PGB no fue tan espectacular en términos relativos respecto del entorno de paralización de la economía. En efecto, el PGB en 1972 apenas disminuyó en 0,1%. La tasa nacional de desempleo bajó también de manera moderada, de 3,8% en 1971 a 3,1% en 1972.

Una historia diferente fue el nivel de precios.  La tasa anual de inflación medida por el IPC, que en 1971 había bajado a 22,1% tuvo un incremento muy elevado alcanzando 260,5% en 1972 (Meller, 1996, p. 119). La inflación se fue incrementando en el transcurso del año. De enero a junio de 1972, acumulada alcanzó 40,1%, en septiembre subió a 114,1% y en diciembre la inflación anual alcanzó 163,4%, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Cifras corregidas posteriormente, señalan que la inflación en 1972 llegó a 255,2%.

Esta situación afectó seriamente los salarios reales de los trabajadores, los que cayeron espectacularmente, pero ello no fue percibido entonces empíricamente, porque había dos tipos de precios distintos y con evoluciones muy diferentes. El sistema de precios oficiales y el sistema de precios del mercado negro.

En 1972 los ingresos corrientes como porcentaje del PGB siguieron bajando de 37,7% en 1971 a 34,5% en 1972, por una disminución de los impuestos directos. Por su parte los gastos corrientes siguieron aumentando aceleradamente, en 1970 fueron 30,9% y en 1971 fueron 39,5% y en 1972, 46,4% (Meller, 1996, p. 125 y 128). La inflación, los ingresos y el déficit corriente del gobierno, fueron impactados adicionalmente por el paro nacional de los camioneros y de las organizaciones patronales. La profundización de los problemas económicos se reflejó en un empate de las fuerzas políticas y sociales. Según Martínez, el intento subversivo de octubre de 1972 «mostró que si bien había mejorado sustancialmente su fuerza de masas, ella no era suficiente para imponer su proyecto». Una consecuencia de lo anterior fue que la batalla se trasladó al campo militar (Martínez, 2008, p. 116).

Apartado final: el desenlace

Este apartado se basa fundamentalmente en un texto de Hernán Soto (2008b). Soto fue un testigo privilegiado del Gobierno de la Unidad Popular. Fue Subsecretario o Vice Ministro del Ministerio de Minería de 1970 a 1973, dándole continuidad a este ministerio, por él pasaron varios ministros de minería. Además, trabajó muy estrechamente con el Presidente Allende, quien reconoció su trabajo durante todo su gobierno (Martínez 2008; Soto, 2008b, pp. 146-149).

Lo primero que vale la pena destacar es que la elección parlamentaria de marzo de 1973 significó un apoyo al gobierno, el que obtuvo un 43,7% de los votos, evitando así la inhabilitación de Allende por parte del Parlamento, ya que se requería 2/3 de los votos. No obstante, la situación siguió siendo muy incierta. Hubo un doble e insalvable obstáculo: el sector que dominaba la DC -encabezada por Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin-, estaba por desestabilizar y derribar el gobierno de la Unidad Popular, mientras que, en la alianza del gobierno, un fuerte sector rechazaba un entendimiento con la DC. Ambos grupos parecían buscar una definición irreversible. Esa era también la posición del gobierno de Nixon, encubierta tras la formalidad diplomática, pero promoviendo un Golpe de Estado y el establecimiento de una dictadura militar

Después de ayudar a controlar el paro de octubre de 1972, y de garantizar las elecciones de marzo de 1973, los militares dejaron sus labores ministeriales, y especialmente, el General Prats, cesó como Ministro del Interior y Jefe de Gabinete de Allende. Sin embargo, los agudos problemas económicos se profundizaron en 1973. La inflación en particular era alarmante[6], y el desabastecimiento golpeaba a los hogares modestos, a pesar de la actuación de las JAP. Por su parte, escaseaban las divisas para las importaciones indispensables. Los sabotajes dañaban la economía y atemorizaban a la población. Oficiales de la Armada ayudaban a los terroristas. En efecto, en los últimos meses del Gobierno de Salvador Allende se realizaron más de veinte actos terroristas a las torres de alta tensión, líneas férreas, y empresas tomadas, entre otros actos. “Patria y Libertad”, junto a oficiales y suboficiales de la Armada, estarían organizados en una “Base Operacional de Fuerzas Especiales” (BOFE), para realizar acciones terroristas (Gaudichaud 2016).

Por otro lado, los esfuerzos desestabilizadores se concentraron al interior del ejército. Sobre todo, se apuntaba contra el General Prats. Oficiales y Sub Oficiales eran tildados de cobardes porque no derrotaban al gobierno. El miedo llegaba a los hogares de los militares. Los enfrentamientos callejeros se hicieron cotidianos. Algunos mandos comenzaron a usar la Ley de Control de Armas contra los trabajadores. El odio se desencadenaba (Soto, 2008b, p. 147).

La sedición avanzaba en las Fuerzas Armadas: el 29 de junio de 1973 se produjo el denominado “Tanquetazo”. Un gran número de tanques avanzaron hacia el centro cívico de Santiago y llegaron muy cerca de La Moneda. La derecha política apoyó dichas maniobras a través del grupo paramilitar “Patria y Libertad”. Sin embargo, este intento golpista fue sofocado en pocas horas por la decidida intervención del Comandante en Jefe del Ejército, General Prats.

No obstante, el 25 de julio se inició un nuevo paro de camioneros, quienes bloquearon con sus camiones las principales carreteras a lo largo y ancho del país, recibiendo un fuerte apoyo de los comerciantes, de los empresarios y de los jóvenes de derecha de la Universidad Católica. Según lo develó el Informe Church, este paro fue financiado generosamente por la CIA. Inmediatamente, después del Golpe de Estado, aparecieron, repentinamente y casi milagrosamente los productos acaparados.

Adicionalmente, el 26 de julio de 1973, a menos de un mes del “Tanquetazo”, fue asesinado el Edecán Naval del Presidente Allende, el Comandante Arturo Araya. A través de los medios de comunicación se pretendía hacer creer a la población que esto era una acción terrorista de izquierda.

A lo anterior, se sumó el conflicto de los trabajadores de la empresa minera ‘El Teniente’, los que iniciaron una larga marcha desde Rancagua hacia la capital. Este episodio causó gran impacto a nivel nacional, por tratarse de la segunda gran empresa minera nacionalizada por el gobierno de Allende. Las organizaciones sindicales de esta empresa estaban lideradas por dirigentes sindicales de la Democracia Cristiana y de la derecha. En respuesta, nuevamente fueron llamados los militares al gabinete, siendo nombrado el General Prats como Ministro de Defensa.

Sin embargo, la mayoría de los Generales no respaldó a su Comandante en Jefe, quien fue víctima de provocaciones callejeras de los grupos subversivos y de esposas de oficiales. Finalmente, Prats renunció el 22 de agosto, nombrando Allende en su reemplazo al General Augusto Pinochet. Un acuerdo de la Cámara de Diputados, apoyado por democratacristianos y derechista declaró que el gobierno actuaba al margen de la Constitución. Se legitimaba de antemano el Golpe que estaba por venir.

Por su parte, la división de las fuerzas de la UP, y de la izquierda no Allendista, impedía actuar con oportunidad y eficacia. No hubo acuerdo para llamar a un Plebiscito nacional sobre las diversas áreas de la economía, buscando así una salida a la crisis. Esa era la voluntad del Presidente que solo fue aprobada el 9 de septiembre por la totalidad de los partidos de la UP. El 11 de septiembre el Presidente Allende anunciaría el Plebiscito. No alcanzó a hacerlo. El Golpe Militar comenzó a primera hora encabezado por el General Augusto Pinochet.

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Orlando Caputo y Graciela Galarce

[2] (COCHILCO (2019 b) Anuario Estadístico del Cobre y Otros minerales 1999-2018. , Tabla 2,2

[3] Este apartado está basado fundamentalmente en Chonchol (2008, pp. 181-189). Al respecto, cabe destacar que Jacques Chonchol fue Ministro de Agricultura entre 1970 y 1972.

[4] Este apartado está basado fundamentalmente en el documento de Alberto Martínez (1977a, pp. 26-82).

[5] El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, se constituyó en 1965, siendo partidario de la Vía Armada, inspirados en la Revolución Cubana. El MIR criticó la Vía Pacífica de la UP, apoyando críticamente al Gobierno de Allende.

[6] La información de la inflación acumulada a septiembre de 1973, llegó a 286,8%. En octubre subió a 528,4%; en diciembre alcanzó 508,1% .  Según el INE). La cifra corregida para el año 1973 fue de 606,1%. Esta fuerte alza, después del Golpe Militar, se debió a la libertad de precios y congelación de los salarios.

Orlando Caputo y Graciela Galarce

Economistas, Universidad de Chile, Investigadores del Grupo de Trabajo de CLACSO “Economía Mundial y Crisis". Orlando Caputo fue el representante de Allende en el Comité Ejecutivo de la Corporación del Cobre, CODELCO y Gerente General de CODELCO, institución que se hizo cargo de las empresas de la Gran Minería de cobre nacionalizadas. Al momento del golpe militar de 1973, era Gerente General de Andina, una de las empresas nacionalizadas. Por su parte, Graciela Galarce se desempeñaba como economista en el Banco Central de Chile al momento del golpe.

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