Pese a los rechazos del gobierno, sigue creciendo debate por el segundo retiro de los fondos de las AFP
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El gobierno gerencial del Presidente Sebastián Piñera no puede entender que la responsabilidad del Estado es la de asegurar el bienestar de todos los ciudadanos y que, por consiguiente, debe asegurarles la satisfacción de las necesidades básicas.
El Seguro de Cesantía, la ayuda familiar, (AFI), y el apoyo a los trabajadores, (cuyo empleo durante la pandemia queda suspendido), van a llegar a su fin en el último semestre del presente año, dejando a los ciudadanos desprovistos del auxilio estatal. Piñera que, al parecer es economista, no alcanza a vislumbrar que el crecimiento del consumo ha permitido el evitar una baja mayor del porcentaje del PIB.
Gobiernos tan reaccionarios como el de Donald Trump y Bolsonaro, por ejemplo, están apoyando a los ciudadanos mediante la asignación de una serie de Bonos que significan un alto porcentaje del PIB. Trump, bien inteligente, firma los cheques que, luego, llegan a las casas de las personas; Bolsonaro, por su lado, después de estar por los suelos según el sentir de los ciudadanos, y a pesar de la ortodoxia neoliberal de su ministro de Finanzas, Pablo Guedes, fanático Chicago Boy, está invirtiendo en ayuda, especialmente en nordeste del país, que antes era un baluarte de Lula da Silva.
Paradójicamente, el gobierno de Piñera es el único de la región que se niega a invertir dinero en apoyo a los ciudadanos, especialmente empobrecidos a causa de la pandemia. Chile, hasta ahora, tiene un bajo endeudamiento si se compara con otros países del área que, en la mayoría de los casos, está entre el 70% al 100% del PIB, y en el caso chileno apenas llega al 45%, bien podría invertir un 20% en el PIB y llevar a cabo un plan de desarrollo que reanime la economía vía infraestructura, empleo y mejora de las pensiones, entre otros.
Nada se gana con algunas tibias medidas, que son más soluciones de parche que un verdadero plan para enfrentar la crisis económica, que pone en peligro la sobrevivencia de miles de chilenos. Una renta mínima básica de $400.000 ayudaría a paliar la pobreza extrema en que ha caído gran parte de la población.
La clase media chilena, que venía saliendo de su condición proletaria, ahora se encuentra en delicado estado de vulnerabilidad: basta una grave enfermedad u otro gasto inesperado para que quienes pertenecían a la clase media “emergente” ahora caigan en la pobreza dura.
El gobierno empresarial tendría varias posibilidades para enfrentar la crisis, (en contexto, Marco Enríquez-Ominami, propone reducir el abultado gasto presupuestario en Defensa – sobre todo, porque Chile no existe ninguna hipótesis de guerra contra los países vecinos -, además hoy, por las bajas tasas de interés el dinero está barato, y Chile tiene posibilidades de endeudarse y pagar, con facilidad los intereses. Hay casos en que la deuda, en vez de ser un problema, viene a ser la solución.).
La idea del gobierno de aumentar un punto del IVA es un error garrafal, pues este impuesto es regresivo y, además, atenta contra el precio de los alimentos básicos, contenidos en la canasta popular, (poco tiene con la inflación oficial, por el contrario, un impuesto a las inversiones financieras por sobre un millón de dólares, o bien, el impuesto a las grandes fortunas, sería un aporte importante para llevar a cabo una política de detención del deterioro del PIB en Chile).
En general, la gente no cree que el gobierno vendrá en su ayuda, y su único recurso salvavidas es el instinto de conservación, por consiguiente, a sabiendas de que los ciudadanos tienen recursos por el ahorro en las AFP, sería muy torpe no utilizarlos y dejarse morir de hambre a la espera de la edad de jubilación que, a lo mejor, no llega nunca, y “nadie muere la víspera”.
A pesar de la campaña del terror anunciada por el gobierno y extendida a través de los empresarios de las AFP, estas instituciones no sólo no se hundieron, por el contrario, el país evitó la pérdida del 1% o 2% del PIB, y los comerciantes han informado ganancias durante estos meses, a pesar de la pandemia.
En Perú se ha autorizado por ley el retiro del 25% de los fondos de las AFP, (a diferencia de Chile, que tiene un solo sistema predominante, el privado, de ahorro individual obligatorio, en Perú el sistema de Previsión Social es mixto – una rama estatal y la otra privada -).
La reciente propuesta de un segundo retiro del 10% del ahorro en las AFP aparece firmado por los diputados independientes Karin Bianchi, y René Safirio, y la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles. Actualmente el proyecto se encuentra en estudio en la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento, de la Cámara de Diputados.
En las últimas encuestas, el 70% de los ciudadanos consultados se manifiesta por el retiro del segundo 10% de los fondos ahorrados en las AFP.
De seguro, la campaña del terror reaparecerá, pero el pueblo afortunadamente ya no les cree.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
24/09/2020
