Pandemia, crisis social y tensión institucional. Debates y tareas para una fuerza constituyente

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Elclarin.cl se ha dado como objetivo promover   debates enriquecedores para la reflexión y la práctica transformadora  en torno a la unidad del pueblo, el neoliberalismo y al anticapitalismo en Chile. Presentamos este texto:

El ciclo de impugnación abierto en octubre no se ha cerrado.

La pandemia global de coronavirus -la primera registrada por este tipo de virus- se propaga en Chile en uno de los momentos políticos más importante desde la postdictadura. El cuadro de octubre retrata al pueblo airado poniendo en el banquillo medio siglo de experimentación y consolidación del capitalismo desatado. Visto desde una escala general, la pandemia aceleró una crisis estructural del capital que estalla y ejerce una fuerte presión sobre la clase trabajadora mundial. Ambas crisis interactúan. Es decir, no es posible separar el ciclo de impugnación abierto en octubre de la crisis aparejada a la pandemia. Si bien, esta última ha condicionado el ciclo de impugnación en relación a la masividad de las manifestaciones, qué duda cabe respecto a que ha agudizado y reafirmado los contenidos críticos de las manifestaciones ocurridas desde el 18 de octubre. Las mismas causas de la revuelta hoy se internalizan bajo angustia y desesperación. Sumado a que, en las actuales circunstancias, si bien hay una potente impugnación en curso, pareciera que no existe conducción política para hacer frente a la agenda autoritaria e insistentemente neoliberal del gobierno y la clase empresarial. La revuelta demostró que el pueblo no reconoce conducciones sociales ni mucho menos de las fuerzas políticas institucionalizadas.

Sobre los intentos por un “Acuerdo Nacional”: privatizar ganancias, socializar pérdidas

El Acuerdo, o “marco de entendimiento entre oposición y oficialismo”, constituyó una maniobra cuyo propósito político general fue ampliar la periferia de la gestión de la crisis, esto es, parlamentarizarla y agregar co-responsables políticos a la misma. El efecto económico que persigue, no es otro que hacer pagar las consecuencias de la crisis en los hombros de la clase trabajadora. Desde la perspectiva del contenido del Acuerdo destacamos tres niveles (dos explícitos que se correlacionan y uno menos explícito pero muy concreto):

– Insistencia en el asistencialismo que se desprende del Estado subsidiario. La ayuda focalizada – ni siquiera bien aplicada – y concesionada, aprovechando de generar ganancias para determinadas empresas. Todo envuelto en un morboso y humillante espectáculo televisivo del cual hemos sido testigos.

– Un segundo nivel es una contrapartida del anterior: ayuda económica con holgura presupuestaria (aquí no hay austeridad) para salvar los grandes capitales en lo que llaman genéricamente las bases para la “reactivación económica”. Por ejemplo, los movimientos socioambientales han criticado la “agilización regulatoria y de plazos para proyectos de inversión” como una maniobra para acelerar la tramitación de proyectos favorables al rentismo extractivista. Resumimos ambos niveles como la aplicación del aforismo privatizar ganancias y socializar pérdidas.

– Un tercer nivel se podría resumir como la mantención y profundización del marco represivo punitivo y policial; pronunciar facultades discrecionales del Ejecutivo suprimiendo resistencias institucionales, poniéndose a tono con el giro autoritario, que ha sido tendencia global como rasgo de gobierno dentro de los regímenes liberales. Este nivel nos recuerda que la revuelta sigue gobernando el presente.

Sobre la Unidad: ¿Quiénes deben unirse? y ¿con qué objetivos?

Como marco preliminar, el problema de la unidad, tal como lo entendemos, no se reduce a un problema exclusivamente organizativo, sino que remite a la alta fragmentación objetiva de la clase trabajadora. Pensar la cuestión de la unidad supone, por lo tanto, identificar esta fragmentación, las relaciones sociales que la reproducen y las perspectivas políticas, orgánicas y programáticas que tiendan a superarla.

Dado los diversos niveles que compromete la cuestión, la unidad y los procesos a través de los cuales ésta se construye no se resuelve en el puro campo de la unidad de las organizaciones de izquierda ni de las voluntades que ese tipo de empeños exigen. Esto, que es así en general, lo es hoy más que en otros momentos, dado el escenario extraordinario que se ha abierto en Chile.

Desde octubre, millones de personas han irrumpido de manera directa en la lucha, incorporándose súbitamente a la vida política y abriendo con ello un proceso por el cual la clase trabajadora se está constituyendo a sí misma, encontrándose y descubriéndose en toda su potencia viva y colectiva. Sin identificarse necesariamente como de izquierda, sí emprende decididamente el camino de diferenciarse de la clase que detenta el poder. Este acontecimiento, que impacta a toda la sociedad, repercute también en las organizaciones de izquierda y en los tradicionales abordajes orgánicos de la “unidad”, operados durante largos años sin “pueblo”. Las compuertas políticas que se han abierto no se corresponden con los rasgos sectarios e identitarios que caracterizan a algunas de las formaciones de izquierda ni tampoco con las dinámicas patriarcales y machistas que, en su persistencia, han empujado al éxodo a muchas militantes feministas que, en no pocos casos, se ligan y hacen parte de importantes de luchas sociales más y mejor profundamente imbricadas con la dinámica en curso y con su contenido.

A partir de lo anterior, planteamos algunos criterios de unidad, al menos en estos tres momentos:

1. Unidad en la Solidaridad. Esto es, cómo desplegar formas de solidaridad inmediatas tanto en ayudas materiales como en la resistencia económica. Asimismo, generar redes para hacerle frente a la violencia intra-familiar desatada en el confinamiento, como también, generar redes contra la violencia policial que despliegue, entre otras cosas, solidaridad hacia las organizaciones que están la primera línea batallando la pandemia. Esto es relevante por algo que indicamos en el punto anterior. A contrapelo de la unidad en la solidaridad, se instala desde el Gobierno una ofensiva comunicacional para des-unirnos. Para que desconfiemos entre nosotras y nosotros a partir de responsabilizar al pueblo del impacto económico del estallido y de la crisis sanitaria (nos contagiamos por irresponsables). Los responsables de la crisis se atreven a acusarnos de una crisis que no provocamos.

2. Unidad en un Programa. Levantar, debatir, defender y empujar propuestas programáticas para enfrentar los problemas actuales. Desde lo urgente respecto a la precarización inmediata, como enfrentar la pandemia y la crisis económica en ciernes hasta el nivel estructural o aquello que proyecte un horizonte de sociedad, lo que también tiene tiempos cortos, como responder a la ofensiva extractivista, por ejemplo. En este plano y de forma más concreta: es necesario tender los puentes, aproximar las conversaciones para constituir una oposición que dialogue entre sí y que ponga en la discusión pública una alternativa política impugnadora.

Los ingredientes para la unidad programática están, han emanado y se han nutrido a partir de las luchas de los sectores y movimientos político-sociales durante las últimas décadas. Los que adquirieron mayor volumen y consistencia desde octubre. Por tanto, lo que nos toca enfrentar y resolver en unidad es el problema del poder: que la clase trabajadora no sólo irrumpa e impugne, sino que tenga un espacio en la toma de decisiones. Para ello, una plataforma de unidad que integre a las organizaciones sociales y defienda un programa de cambio estructural es fundamental.

3. Para enfrentar la coyuntura política. La vida institucional del país transitará por un itinerario constituyente que definirá marcos políticos, institucionalizará relaciones de fuerza y abrirá la posibilidad de remodelar en parte pilares institucionales. Este itinerario al ser un escenario abierto, no garantiza, necesariamente, que las transformaciones se realicen en la acepción progresiva del término. La apertura y posibilidades de ese escenario es leída peligrosamente por la derecha, los sectores rentistas y reaccionarios, lo que se traduce en permanentes intentos para desorientar a la clase trabajadora, enfrentarla y desquiciar los debates. Es un interés evidente en cerrar a su favor el ciclo de impugnación y desactivar la fuerza constituyente. En este plano, intentarán agrietarnos y cortar lo poco que hemos podido recomponer. Por lo tanto, creemos indispensable afrontar con unidad esta coyuntura política.

Sobre el proceso constituyente e itinerario constitucional de octubre: ¿Cómo nos posicionamos? ¿A través de qué mecanismos? ¿Cuáles son sus tareas?  

En primera instancia, podríamos sintetizar nuestra posición antes de la pandemia en tres puntos: 1) El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución es una respuesta realizada “por arriba” del estallido. Es el pacto de los partidos impugnados en la revuelta; 2) Es un Acuerdo que no satisface íntegramente a nadie. Ni a los partidos de la derecha que lo suscriben y que no quieren cambiar la Constitución, ni a los sectores populares que quedan de muchas maneras excluidos del mismo, ni al FA que se quiebra y luego defiende en el Acuerdo la incorporación de términos que no contiene, ni a la ex Concertación que aspiraba a que el Acuerdo desmovilizará y se retornará brevemente a la gobernabilidad. Es por tanto un resultado contradictorio de la revuelta; 3) Nuestra posición sobre la participación en el proceso constitucional se desprende de una orientación central que actúa para nosotrxs como brújula, que es la posibilidad de mantener abierta la impugnación del 18 de octubre.

En este sentido se desprenden al menos seis elementos de proyección:

1. Este proceso no debe cerrar el escenario de disputa, pues debe ser comprendido como uno -entre varios- de los momentos de la disputa abierta el 18OCT. Por lo tanto, se debe mantener abierta la impugnación e incluso profundizarla desde el punto de vista programático. La firma del Acuerdo no se tradujo en la desmovilización que ellos esperaban y atendida la agudización de la crisis creemos que difícilmente lo haga en el actual escenario.

2. El plebiscito va a concitar una participación popular masiva y, probablemente, histórica. Nos preguntamos qué aspiraciones estarán depositadas en esos votos y pensamos que evidente la de acabar con la Constitución de 1980 y la de asestar una derrota a la derecha. Es importante que ambas cuestiones sucedan. No basta con que gane el Apruebo con un margen pequeño, es necesario que gane contundentemente como una afirmación de la voluntad transformadora y como un ejercicio de fuerza que moralice a los sectores populares y que desmoralice a los sectores reaccionarios. En este ejercicio de moral se juega en parte la posibilidad de mantener abierta la movilización de los amplios sectores comprometidos en la revuelta.

3. Nivelando expectativas, el proceso constitucional no recogerá las demandas y aspiraciones de transformación profunda que están planteadas, ello por los términos del mismo Acuerdo como por las condiciones de militarización, represión, prisión política, de violación sistemática a los DD.HH. y de impunidad que el gobierno con apoyo de un amplio sector de la oposición ha desplegado sostenidamente desde octubre al presente. Por eso es importante indicar que nuestra posición de participar en el proceso no guarda relación con la ilusión de lo que resulte de ese proceso, más bien supone la tarea de denunciar estos límites y la necesidad de sostener una irrestricta independencia política respecto de los partidos burgueses que busca impedir esas transformaciones.

4. En los distintos momentos del proceso va a tener lugar una discusión y disputa programática como no la habido en 50 años en Chile, esta disputa brinda la posibilidad de profundizar de manera decisiva a escala nacional y durante un año completo el proceso de politización masiva que se ha abierto. En esta profundización se juega también en parte la posibilidad de desbordar los márgenes de un Acuerdo que no es nuestro.

5. Las eventuales posiciones de no participar decididamente y, en clave de disputa en este proceso, no dialoga con la disposición popular y resulta contraintuitiva en relación a un pueblo que parece entender bien la contradicción planteada entre los términos del Acuerdo, la posibilidad de las transformaciones a las que aspiramos y la potencia histórica del momento. La política de esperar desde el margen a que el pueblo se desilusione del proceso para que luego vaya corriendo hacia las organizaciones de izquierda en plan “lo dijimos” es una política que no funciona.

6. Finalmente, de ninguna manera pensamos que el proceso constitucional sea el único escenario abierto de disputa y de impugnación. Es sólo uno de sus momentos, un momento importante, por cierto, que no es incompatible con hacerse parte y afirmar los procesos constituyentes autónomos que se puedan levantar desde los territorios, desde los pueblos indígenas o desde las organizaciones populares.

A partir de lo anterior, ante la posibilidad que la postergación o no realización del plebiscito prospere como se proponen algunos sectores de la derecha, nuestra posición es defender su realización. Nos proponemos ser parte de la campaña por el Apruebo y participar defendiendo un programa que deposite la posibilidad de su realización en la fuerza del pueblo movilizado; si estuviera dentro de nuestra capacidad, estamos de acuerdo con tener candidaturas convencionales y, de no poder, con apoyar las candidaturas convencionales de las organizaciones sociales y políticas que pongan por delante el programa.

¿Qué expresa la tensión institucional apreciada los últimos meses? ¿Está dividida la derecha? ¿Qué pasa con la oposición parlamentaria? 

La tensión institucional apreciada durante los últimos meses y, sobre todo, profundizada por la discusión del retiro del 10% de los ahorros previsionales 1/, expresa -en primer lugar- que el ciclo de impugnación abierto el 18 de octubre no se ha cerrado pese a que las circunstancias no permitan manifestaciones masivas (pero, como hemos visto las últimas semanas la calle ha expresado que no se acuerdan cosas sin preguntarle). En segundo lugar, expresa la incapacidad del gobierno, del oficialismo y del empresariado, de justificar pública y políticamente, incluso dentro de su propio sector, las medidas sanitarias y las medidas económicas que precarizan la vida, que descargan la crisis en la clase trabajadora. Esta incapacidad de manejar políticamente la crisis sanitaria explica, por un lado, la ofensiva contra el parlamento (buscando inhibirlo, censurarlo o pautearlo) y contra los municipios (logrando a la larga trizar a los propios partidos de la derecha).  Por otro, la amenaza recurrente de utilizar autoritariamente las facultades del hiper-presidencialismo chileno frente a proyectos legislativos (como el veto presidencial o recurrir al Tribunal Constitucional) pese a que los proyectos, como por ejemplo el de prohibir el corte de los servicios básicos, del posnatal de emergencia o del 10% de retiro de la AFP, tengan abrumadoras mayorías en la calle e incluso en el Congreso. Esta tendencia no sólo es característica en Chile, sino que es parte de lo que se ha llamado a nivel mundial como giro autoritario de los regímenes liberales. En síntesis, la política institucional se tensa y triza internamente y muestra su rostro más autoritario, por su incapacidad de manejar al pueblo, a la clase constituyéndose a sí misma, con o sin marchas.

Sobre la situación de la derecha como conglomerado entendemos que, en primer lugar, existe una reconfiguración de la derecha: Si ya octubre trizó la derecha en dos, la pandemia lo hace en muchas más partes. En un principio, parte de la derecha pensó que con la pandemia Piñera podía relegitimarse, que al parecer se iba a lograr una pequeña costra en este sentido, oxigenando a la derecha y el oficialismo, pero empeora a partir de la tensión que ha logrado la mala gestión de la crisis. Segundo, estamos en presencia del oportunismo de la derecha que se mueve en relación a lo que le conviene, que no brinda lealtad ni al gobierno ni a las direcciones de sus partidos. Esto queda más que expresado en la carta de renuncia de Hernán Larraín en que explica que en Chile Vamos existe una clara crisis de conducción, convivencia y confianzas. Lo que quedó en evidencia con la votación, tanto en la Cámara de diputados como en la del senado, el proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones.  En tercer lugar, pensamos existe una crisis del oficialismo hoy, una multidimensional. Es ideológica, se triza el pinochetismo, se abren fisuras que en otros momentos no habíamos visto con tal claridad. Es política porque no hay una orientación común, una dirección política. No es creativa, porque se empantana más de lo que genera nuevas formas de hacer política o nuevos núcleos. Y además expresa una ausencia de proyecto, es una crisis proyectual de la derecha. Cuarto, la contradicción de clases que existe en la derecha. Hay una retórica de la extracción social. Sacar el currículum de “pobre” para poder vincularse con el pueblo. Ejemplos hay varios; Los Carter, Moreira, etc. Que en el fondo aparecen como formas desesperadas de generar sentido en la población.

Por su parte, caracterizamos el rol de la oposición parlamentaria en base a tres elementos. Primero, parece, en apariencia, unida para atacar al oficialismo. Decimos en apariencia, porque es una oposición que carece de un proyecto alternativo que pueda unirla. Segundo, se acomoda a lo que la calle instala y la derecha reacciona a ello. La oposición intenta modular lo que la calle instala y la derecha ponerle trabas. Igualmente, existe una cierta desconexión con la calle al momento de escuchar demandas y pensarlas de manera más orgánica. Claramente, existiendo matices. Se reconoce una desesperación por conectar con el pueblo. Finalmente, también existe una oposición, que pareciera intentar congeniar con el pueblo pero que también se muestra muy dispuesta a congeniar con los patrones. Esto último responde a un ensayo y error, que dependerá de las encuestas, entre otras cosas. Hay también una apuesta desde algunos sectores por ser próximamente gobierno, comprendiendo la decadencia actual de la derecha y los problemas de gestionar la crisis por parte del gobierno de Piñera.

Las reflexiones desplegadas en los párrafos anteriores son fruto de discusiones colectivas, en constante problematización, puestas siempre a prueba por la tan aguda y cambiante coyuntura política nacional. Planteadas en el marco de nuestra salida pública como Organización ContraTiempos, esperamos que sirvan para discutir, conversar y reflexionar sobre el ciclo impugnatorio abierto en octubre que, gracias a las distintas expresiones del pueblo organizado, sigue latiendo en espera de construir otra sociedad.

Camila Contador y Fabián Barria

Notas

1/ El pasado 23 de julio la Cámara de Diputados de Chile aprobó, con 116 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones, una reforma de la Constitución que abre la posibilidad tanto de las y los afiliados del sistema de las Administradoras de los Fondos de Pensión (AFPs) de retirar de un porcentaje del 10% de los fondos (con un mínimo) que tuviesen en las AFPs (alguna de ellas gestionada por el BBVA), que gestionan el sistema privado de capitalización en Chile desde 1981. Esta ley, que dividió a la derecha (“Chile Vamos”) y a la que se oponía el gobierno de Sebastián Piñera, ha sido apoyada por una amplia mayoría social para hacer frente al empobrecimiento y endeudamiento consiguiente de las clases populares debido a la profundización de la crisis por la pandemia de la COVID-19. Según la Universidad Católica ha dado lugar a una pérdida del empleo a 2,1 millones de personas en el último año, además de una reducción de los ingresos a millones de unidades de convivencia. El apoyo a la medida se inscribe en una oposición creciente al sistema de las AFPs, que no proporciona pensiones decentes a la mayoría de la población. La retirada de los fondos, lógica en el contexto citado, va sin embargo a profundizar esa crisis del sistema AFP en la medida en que la reducción de los fondos va a dar lugar a una mayor insuficiencia de las pensiones en el próximo futuro. Va a plantear de forma más urgente aún la sustitución del vigente sistema por uno solidario, público y de reparto, tal como se ha exigido por gran parte de las movilizaciones sociales del pasado año. NdR.

Camila Contador y Fabián Barria

integrantes de Organización ContraTiempos

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