Pueblos Originarios

Más de cien organizaciones envían carta para pedir ante la ONU la liberación de los presos políticos mapuche

By Elena Rusca (en Ginebra) 12 agosto, 2020 No comment

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Más de 100 asociaciones firmaron una carta, enviada a relatores especiales en la ONU, para pedir apoyo internacional frente a la situación cada día más crítica de los presos políticos mapuche.

El Machi Celestino se despidió ayer de su pueblo. Su estado de salud, irreversible, lo está llevando siempre más cerca de la muerte. Una muerte causada por una larga huelga de hambre. Una muerte causada por un gobierno torpe que ha negado al Machi Celestino y sigue negando a los otros presos mapuche el respeto de sus derechos, como definido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Chile ratificó ya hace rato.

Las asociaciones que firmaron la carta piden ahora apoyo y presión internacional para cesar esta locura que impide el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en Chile.

Dirigida a tres relatores especiales, José Francisco Calí Tzay, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, la carta pide el apoyo del sistema onusiano para que se respeten los derechos de los presos políticos mapuche.

Enseguida la carta:

“De nuestra mayor consideración:

Las personas y organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos en Chile, abajo firmantes, nos dirigimos a usted para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos, que incluye discriminación racial, en contra de miembros de comunidades y organizaciones del pueblo mapuche.

La represión hacia las comunidades mapuche, se agudiza en el contexto de la huelga de hambre iniciada, el pasado 4 de mayo, por el Machi Celestino Córdova, recluido en la cárcel de Temuco. Su acción se realiza para exigir que el cumplimiento de su condena se realice conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, instrumento ratificado por el Estado de Chile. Sin embargo, las demandas de los huelguistas no sólo implican la situación de los prisioneros mapuche, sino que también piden la liberación de los prisioneros políticos de la revuelta de octubre, muchos de los cuales son menores de edad.

El Convenio 169, en la Parte I. Política General, artículo 10, contiene una norma específicamente aplicable a la situación de los pueblos indígenas y etnias, en cuyos casos sostiene que «deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento (a los miembros de pueblos originarios)». El mismo instrumento internacional establece las obligaciones para los Estados. Los artículos 2 y 6 del Convenio establecen obligaciones a los Gobiernos en su aplicación, las que a la fecha se encuentran incumplidas respecto de las personas recluidas de origen mapuche, sin siquiera considerar para ellos la emergencia que se agrega con la pandemia COVID 19.

El 9 de junio, la doctora Leonor Olate, luego de haber solicitado a Gendarmería de Chile el ingreso a la Cárcel de Temuco para prestar atención de salud al Machi, fue interceptada por tres individuos quienes la amenazaron, agredieron y abusaron sexualmente de ella, señalándole que “debe dejar de apoyar a la comunidad mapuche”^[1].

De la misma forma, tanto en la cárcel de Temuco como en los recintos penitenciarios de Angol y Lebu, 27 personas privadas de libertad, pertenecientes al pueblo mapuche, iniciaron huelgas de hambre simultáneas y en solidaridad con Celestino Córdova. Desde la noche del 15 de julio, tras 73 días en huelga de hambre, el Machi Celestino Córdova fue ingresado al Hospital de Nueva Imperial y su estado de salud es considerado «grave”. Desde el día 27 de julio y como forma de visibilizar las peticiones de sus familiares presos, personas del pueblo mapuche realizaron ocupaciones pacíficas en las instalaciones de los Municipios de Curacautín, Traiguén, Victoria y Ercilla (todos ubicados en la IX Región de la Araucanía), emplazando al gobierno a dar una respuesta a la huelga de hambre que en ese punto llevaba más de 90 días.

El día viernes 31 de julio, el nuevo Ministro del Interior del Gobierno de Sebastián Piñera, Víctor Pérez, pidió a los alcaldes de los municipios ocupados, solicitar el desalojo de estas instalaciones. A su vez, declaró en una conferencia de prensa que “en Chile, no hay presos políticos”, negando toda posibilidad de diálogo con los presos mapuche, y agregando que “el hecho de que se tome una municipalidad, el hecho de que se impida el trabajo de un municipio, lo que hace en definitiva es afectar profundamente a todos los habitantes de esa comuna porque la municipalidad es el primer eslabón del ciudadano con el Estado».

El día sábado 1 de agosto, en contexto de pandemia, existiendo cuarentena en la zona e imposibilidad de realizar manifestaciones públicas sin producir un riesgo para terceros, el grupo denominado APRA^[2] convocó a una manifestación a las 12.00 horas, en la Plaza del Municipio de Victoria con el objetivo de desalojar el recinto usando palos o cualquier elemento necesario para defenderse y atacar a los mapuche.

Luego, dicho grupo y en pleno toque de queda cuyo inicio es a las 22:00 horas, se trasladó al frontis de la Ilustre Municipalidad de Curacautín con el fin de atacar a los manifestantes mapuche que ocupaban la sede edilicia. Este ataque con golpes, piedras y objetos contundentes fue en presencia de policías que no actuaron en defensa de los comuneros, dejando que este grupo de civiles en un acto de supremacía racista, “se tomara la justicia por sus manos” de acuerdo a su particular forma de entender la justicia, al tiempo que gritaban consignas racistas y anti mapuche.

El 6 de agosto la policía desalojó violentamente el Municipio de Tirúa deteniendo y golpeando a sus ocupantes, entre ellos, la Machi Miriam Mariñan^[3] y un sacerdote jesuita; todo ello, pese a la oposición del Alcalde^[4] a esta medida de fuerza.

El 7 de agosto, el Ministro de Justicia sostuvo reunión remota con la vocera del Machi Celestino Córdova con el fin de destrabar la huelga de hambre, la que terminó sin resultado alguno y donde el gobierno mantiene su posición de no observancia a los compromisos establecidos por el Convenio 169 de la OIT. La salud del Machi Córdova que lleva alrededor de 100 días de huelga de hambre se agrava y deteriora día a día; el mismo Ministro Larraín había señalado de antemano que no cambiaría condenas, cosa que por lo demás no están pidiendo^[5]. A este nulo diálogo, sumamos nuestra preocupación ante la eventualidad de que el gobierno dé instrucciones para la alimentación forzada de los 27 huelguistas de hambre, dado que con ello se cometería un acto de tortura, vulnerando nuevamente sus derechos humanos^[6].

Con fecha 7 de agosto la organización Multigremial Nacional^[7] que agrupa a 165 gremios, en una declaración pública amenaza con “tomar acciones de otro tipo” y/o dejar en libertad de acción a sus miembros “si el Estado no resuelve el problema de La Araucanía”.

En la madrugada del 8 de agosto, Iris Rosales Quiñilen, de 53 años, y su hija Rosa Quintana Rosales, de 17 años, familiares de activista que había denunciado las empresas forestales y la militarización de su comunidad, fueron encontradas colgadas dentro de su casa en la comunidad mapuche Juan Piñoleo, en la comuna de Ercilla.

Durante el 8 de agosto 2020, civiles premunidos de palos, piedras y armas atacaron la comunidad Juan Paillalef del Lof Kurako, cuya Lonko Juana Calfunao, que en los inicios de los años 2000 fue duramente perseguida, fue varias veces golpeada por la policía y encarcelada en el año 2009. La Lonko Calfunao, su familia y comunidad contaban desde 26 de octubre de 2015 con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a esta persecución y hostigamiento de la que es objeto por parte del Estado, las que fueron levantadas el 11 de febrero de 2019. Por lo que actualmente se encuentra desprotegida de esta medida especial, siendo urgente su protección.

Desde muy temprano de este 8 de agosto, un número indeterminado de comunidades realizan un Meli Füta Trawün^[8] (encuentro) de dos días con el fin de realizar una rogativa, analizar la situación de desalojo producida el 1° de agosto y tomar decisiones sobre el destino y futuro de los mapuche; que según informan, finalizarán el domingo 9 de agosto con una movilización frente al municipio de Curacautín, lugar donde darán a conocer sus decisiones.

No está de más recordar que las zonas del Bio Bio, La Araucanía y Los Ríos están categorizadas como zonas de conflicto mapuche, por lo que las distintas administraciones mantienen altos grados de militarización en dichas zonas, lo que ha aumentado en el último tiempo.

En función de todas estas consideraciones, es que solicitamos su presencia in loco, en su calidad de relatores especiales en las materias del sistema de derechos humanos vinculados a las graves contravenciones que aquí hemos consignado. En específico, les solicitamos la realización de una visita urgente, con el objeto de constatar la gravedad de la situación que se vive en La Araucanía y aportar al desescalamiento de esta tensión, logrando que el Estado de Chile cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y resguardo de los derechos a los pueblos originarios y tribales.”

Las asociaciones firmantes:

Agrupación de Marinos Antigolpistas
Asamblea autoconvocada Plaza Panamá, Santiago
Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche
Articulación ecuménica latinoamericana de pastoral indígena sona sur, Chile
Asociación mutual de expresas y expresos políticos del MIR y La Resistencia Popular
Chile Solidarity Network, UK
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS
Ciudadanos por la Memoria
Centro de Estudios Arqueológicos e Históricos Aiken
Centro de Estudios y Defensa La Frontera Wirilmapu
Centro de la Memoria La Monche
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS
Colegio de Periodistas de Chile
Colectivo 119 Familiares y Compañeros
Colegio de Trabajadores/as Sociales A.G., Región Bio Bio
Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares – Chile
Comisión Chilena de Derechos Humanos
Comisión Chilena Pro Derechos Juveniles (Codeju)
Comisión de Derechos Humanos, Provincial Concepción
Comisión Ética contra la Tortura
Comisión Nacional de Derechos Humanos Colegio de Periodistas de Chile
Comité Oscar Romero – SICSAL Chile
Comunidades Cristianas de Base Oscar Romero Sur Austral
Consejo de Usuarios Prais y Derechos Humanos Talcahuano – Hualpen «Alejandro Arévalo»
Coordinadora Nacional de expresas y expresos políticos Salvador Allende
Corporación Comuna Nueva, Organización de promoción de los derechos ciudadanos
Corporación de Derechos Humanos Pilmaiquen
Corporación de Mujeres Siglo XXI
Foro No Más
Foro por una Niñez Soberana
Foro por la Asamblea Constituyente
Fundación Henry Dunant América Latina
INTAL Globalize Solidarity (Bélgica)
IWGIA – International Work Group for Indigenous Affairs
Londres 38
Los Ojos de Chile
Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo
Movimiento de Acción Migrante, MAM
Movimiento Movilizándonos por una cultura de derechos de NNA en Chile
Movimiento Nacional por la Infancia
Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Puchuncaví- Quintero
Observatorio Ciudadano
Observatorio de Derechos Humanos y Educación Cívica Libertaria
Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial
Organización de Solidaridad por Chile, chilenos y chilenas en Noruega.
ONG Paicabi
ONG We Kimun
Organización Internacional de Derechos Humanos 18.10
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL-Chile)
Veterans For Peace San Francisco Chapter 69 (USA)
United Public Workers for Action, San Francisco
Paulina Acevedo Menanteau, periodista y defensora de Derechos Humanos
Juana Aguilera Jaramillo, profesora, defensora de derechos humanos
Julio Aránguiz Romero, ex Presidente Nacional de ANEXPP y Socio Corporación de expp de Pisagua
Alejandra Arriaza Donoso, abogada de Derechos Humanos
Carlos Bresciani, jesuita – Tirua
Tino Brugos Redacción web revista Viento Sur
Irene Cambias, Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo
María Teresa Camú Veloso, defensora de Derechos Humanos
Loreto Cerda San Martín, Trabajadora Social
Guillermo Cerviño Wood, violonchelista, profesor y defensor de Derechos Humanos
Carole Concha Bell, Mapuche International Link, UK
Luis Corvalán Márquez, Académico Instituto de Historia y Ciencias Sociales Universidad de Valparaíso
Paula Correa, Coordinadora Comisión de DD. HH. Colegio de Periodistas
Sebastián Cox U., abogado y educador en Derechos Humanos
Jeanette Curinao Alcavil, Tirua
Fernando Díaz Fernández, svd Quepe
Roberto D’Orival Briceño, Colectivo 119 Familiares y Compañeros
Claudia Fadda Molina, defensora de Derechos Humanos
Juan Farias
Pedro Lautaro Ferrer Vergara, defensor de Derechos Humanos
Yanny Figueroa Ayala, Trabajadora Social, Directora Ejecutiva ONG We Kimun
Mireya García, defensora de Derechos Humanos
Ana González Gálvez, defensora de Derechos Humanos Limache
Oscar Gutierrez Romero, Ralco
Olga Carmelita González Mesa, Profesora de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Chile
Luis Gálvez, sobreviviente de la dictadura de Pinochet y defensora de Derechos Humanos
Sergio Grez Toso, historiador, académico de la Universidad de Chile
Vanesa Hermosilla del Castillo, ONG Emprender con Alas
Patricia Kelly S., arqueóloga, Centro de Estudios Aiken y Asamblea Plaza Panamá
René Lafferte Carreño, Trabajador Social, Defensor de DD. HH.
Hervi Lara Bravo, profesor de Filosofía y defensor de Derechos Humanos
Natividad Llanquileo, abogada mapuche, defensora de Derechos Humanos
Carlos Margotta, Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos
Carlos Mejías Sandía, Profesor de Historia, Defensor de DD. HH.
Sandra Meza Fernández, Departamento de Estudios Pedagógicos, Universidad de Chile
Claudio A. Montero Donoso, Contador / ING. Adm. Empresas / Corredor de Propiedad
Haydee Oberreuter, dirigente de Derechos Humanos
Carmen Obreque Morales, Centro de Estudios Sociales “Dagoberto Pérez Vargas”
Marcelo Oyarzun, svd Quepe
Cristina Pacheco L. – Activista Derechos Humanos, integrante Red Solidaria Casa de Miguel
Angélica Palleras Norambuena, Familiar de Ejecutado Político de la Caravana de la Muerte
Jeanette Pérez Jiménez, Temuco
Francisca Pesse, coordinadora de la Comisión de derechos humanos del colegio de psicólogos de Chile
Lucila Pizarro, psicóloga, Comisión de DDHH del Colegio de Psicólogos y dirigente regional
Mario Quintanilla, defensor de Derechos Humanos
Carolina Rebolledo, abogada y defensora de Derechos Humanos
Claudia Fedora Rojas Mira, académica Departamento de Trabajo Social, Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, UTEM
Rafael Rojas Moreno, defensor de Derechos Humanos
María Roberta Sanhueza Ramírez, Profesora de Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso
Héctor Uribe
Giovanna Viveros Cortés, Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Educación San Felipe (AFESAN), Secretaria de Agrupación Ambiental Social y Cultural PUTAENDO RESISTE.
Alejandro Valdeavellano Ramaciotti, Cineasta
Matías Vallejos, director ejecutivo Los Ojos de Chile
Jaime Pastor Verdú. Editor revista Viento Sur
Michel Verhulst, Bélgica
Mirentxu Vivanco, teóloga, profesora de religión, moral y ética
Larry Viveros Lagos, presidente de la Agrupación artístico cultural AMARU, Putaendo
José Américo Vidal Yáñez, sacerdote Diocesano de Osorno
Manuel Woldarsky González, abogado y observador de Derechos Humanos
Marcelo Zambra Yáñez, Presidente del Directorio Corporación de Apoyo al Desarrollo Autogestionado ONG GRADA
Roxana Zuleta Bravo, Trabajadora Social y defensora de Derechos Humanos
Alicia Zúñiga Valencia, Comisión Chilena de derechos Humanos de Valparaíso