La ultraderecha en el gobierno y la escalada impredecible del conflicto chileno mapuche

La violencia, que llevó al gobierno a calificar el 1 de agosto como ‘un día triste para Chile’ aumentó con la irrupción de grupos que con métodos paramilitares se lanzaron a desalojar varias sedes municipales ocupadas días antes por miembros del pueblo mapuche para exigir una solución por las autoridades a una larga huelga de hambre de 27 presos encabezados por el machi Celestino Córdova.

La demanda básica de esos reos es que el gobierno cumpla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, del cual el estado de Chile es signatario y que se permita al machi Córdova cumplir su condena en su comunidad, aspectos que a juicio de analistas El palacio de La Moneda puede acceder sin mayores problemas, pero ha dado el silencio por respuesta.

Los hechos mostraron, además, una creciente polarización de posiciones en esa región del sur de Chile, marcadas por actitudes y consignas racistas que preocuparon a las autoridades municipales por el protagonismo de civiles, lo que en lugar de ayudar a solucionar la difícil situación de las comunidades mapuches, puede acentuar la crisis.

Nadie pasó por alto que los sucesos en las comunas de Ercilla, Curacautín, Victoria y otras, ocurrieron al día siguiente de que el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, visitara la región e instara a los alcaldes a desalojar los edificios de las municipalidades ocupados, a como diera lugar.

Incluso, el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, dijo que parecía como si el titular hubiera buscado con su rápida visita empoderar a los grupos racistas, en referencia a los civiles que atacaron a los mapuches.

El legislador advirtió que ‘probablemente hay organización detrás, hay financiamiento detrás, hay grupos muy violentos y que estarían operando, incluso, en complicidad con el Cuerpo de los Carabineros, lo que implica una fuerte investigación’.

En redes sociales y otros medios se habla de la presencia del grupo de extrema derecha Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA), una organización que se ha caracterizado por acciones de hostigamientos a las comunidades mapuches, que exige al gobierno actuar con mano dura, y que se afirma está conectado con los grandes empresarios agrícolas y partidos de derecha.

A través de un video, el vocero del Consejo de Defensa de Todas Las Tierras, Aucán Huilcamán, responsabilizó directamente al ministro del Interior de los actos de odio racial y violencia cometidos por los chilenos en contra de los mapuches que ocupaban pacíficamente el municipio de Curacautín y Victoria.

El propio ministro en entrevista televisiva al día siguiente de los sucesos, dejó clara su posición ante el problema mapuche al señalar que la solución ‘no es solamente un tema de carácter policial’ y lejos de referirse a cualquier diálogo aseguró que ‘la sociedad tiene que aislar a los violentos, tiene que condenar a los violentos y la policía tiene que ser eficaz para desarticularlos’.

Consultado por posibles soluciones al conflicto y un eventual reconocimiento de los pueblos indígenas, Víctor Pérez señaló que escuchar a los voceros de los pueblos indígenas parte de que estos ‘forman parte integral de la nación chilena y creo que esa definición es la que no se ha logrado establecer’, argumento que va en dirección opuesta al sentido de estado plurinacional al que aspiran los pueblos originarios.

Asimismo insistió en la criminalización de las comunidades indígenas al expresar que no cree que la violencia pueda parar, porque ‘hay mucha organización criminal, el robo de maderas, narcotraficantes… ‘.

Esa idea ya la había expuesto en su viaje a La Araucanía, donde dijo que ‘son grupos con financiamiento, con capacidad operativa y logística que están decididos a que no exista paz y tranquilidad y eso es lo que tenemos que combatir y lo vamos a combatir’.

La escalada de violencia también mostró las diferencias de enfoque entre los partidos oficialistas y los de oposición.

Jacqueline Van Rysselbergue, presidenta de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), calificó los hechos como ‘vandalismo puro’ -en referencia a los mapuches, no a los grupos de civiles armados-, y planteó que ‘las personas honestas están cansadas de la violencia en La Araucanía y merecen vivir en paz, sin sentirse amenazados por grupos de violentistas que no tienen justificación para lo que hacen’.

Pero desde la oposición se exige al Gobierno una salida política al conflicto histórico, y priorizar el diálogo, condenando todo tipo de violencia.

El centrista Partido Por la Democracia advirtió en una declaración pública que ‘los caminos de la violencia nunca serán efectivos en la lucha por la justicia social. Tampoco la violencia racial o instigada’, y llamó al Gobierno a ‘enmendar su política hacia los pueblos indígenas y convocar a las autoridades ancestrales del pueblo mapuche para desarrollar, con urgencia, el diálogo social y político que los pueblos indígenas vienen demandando desde hace un largo tiempo’, y en términos parecidos se expresó la Democracia Cristiana.

Desde el conglomerado de partidos del Frente Amplio reclamaron el ‘cese inmediato de la violencia estatal y la apertura al diálogo que implique el reconocimiento a las demandas históricas del pueblo Mapuche y el respeto irrestricto a los tratados internacionales y de derechos humanos ratificados por Chile’.

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, señaló que estas situaciones se originan a causa de autoridades políticas que están permanentemente cerradas al diálogo social.

El también diputado advirtió que los sucesos de La Araucanía seguramente serán objeto de análisis en el ámbito parlamentario, y no descartó que organismos internacionales también se sumen a las denuncias a la violencia, que no es nueva contra los pueblos originarios.

Mientras el país se mantiene atento a cómo se desenvolverán los acontecimientos en la levantisca región sureña y si los agresivos incidentes actuales generarán más violencia, con el resultado de que la solución al histórico conflicto mapuche se aleje cada vez más.

Por Rafael Calcines

Fuente: Prensa Latina