Las dilaciones son necesarias para burlar la ley

A pesar de que los asuntos noticiosos más importantes son los relacionados con la pandemia del coronavirus y las excelentes consecuencias de la votación en el parlamento, que ha permitido a los afiliados al sistema privado de ahorro, retirar el 10% de sus propios fondos acumulados en las AFP, no podemos perder de vista que hay otras situaciones que la opinión pública debe conocer.

En efecto, una forma muy eficiente para evitar el cumplimiento de la ley en los proyectos inmobiliarios es lograr que los Directores de Obras Municipales (DOM) dilaten los procesos de fiscalización para así permitir que las situaciones ilegales se consoliden como tales a través del tiempo.

Obviamente también se necesita que las autoridades fiscalizadoras de esos funcionarios municipales, en estos casos la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, representante del ministro del ramo en cada región, proceda con parsimonia voluntaria o involuntaria, según sean los casos en análisis, y espere a que los DOM expliquen las situaciones denunciadas en lugar de actuar por propia iniciativa, dada su obligación de supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y técnicas sobre construcción y urbanización.

Lo anterior está ordenado en el artículo 8º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado y en el artículo 4º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), estatutos que todos los incumbentes conocen o debieran conocer y los plazos para que se invaliden los permisos de edificación contrarios a derecho son escasos 2 años.

Pues bien, desde hace tiempo hemos informado y denunciado con publicidad, en medios digitales comprometidos con el periodismo de verdad, innumerables e inexplicables errores cometidos, ya sea por el DOM de Pudahuel como por los profesionales contratados por empresas inmobiliarias del sector poniente de esa comuna, en negocios de este tipo iniciados desde hace más de 20 años.El más reciente ejemplo de cómo se burla el cumplimiento de la ley es una denuncia del 6 de marzo de este año en la cual la Seremi de Vivienda y Urbanismo estuvo esperando pacientemente más de 2 meses para que el Director de Obras de Pudahuel le explicara por qué extraña razón autorizó la construcción de centenas de casas del loteo Izarra de Lo Aguirre en, aunque los lectores no lo crean, terrenos que son agroindustriales desde el 15 de mayo de 1990. El plazo que tenía ese funcionario municipal para entregar ese informe era de 2 semanas.

Frente a nuestra insistencia, el Seremi de Vivienda y Urbanismo reiteró su solicitud de informe el viernes 24 de julio recién pasado, advirtiéndole a esa autoridad municipal que si no se pronunciaba en 5 días hábiles pedirá a la Contraloría que lo someta a un sumario administrativo por no cumplir esa inversión inmobiliaria las normas de usos de suelo y por no exigir el DOM al privado la construcción de las calles definidas en el Plan Intercomunal de Santiago (PIS) que estuvo vigente en el sector hasta el 4 de noviembre de 1994, fecha de la iniciación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), instrumento normativo que reemplazó al anterior.

Es importante mencionar que el artículo 138 de la LGUC señala que no construir las calles definidas en el plan regulador se sanciona con penas de presidio para el propietario del proyecto inmobiliario. En este caso, además, los terrenos de esas calles fueron ocupados por condominios de viviendas, lo que agrava la infracción cometida por todos los intervinientes.

Sería el tercer sumario administrativo solicitado a la Contraloría por esa Seremi en contra del DOM de Pudahuel desde fines del año pasado. ¿Cómo es posible que la institucionalidad permita en los hechos que un funcionario municipal actué de esa manera tan bochornosa?

Se entiende entonces porqué las empresas inmobiliarias continúan con su lucrativo negocio, sin importarles las consecuencias de sus actuaciones, teniéndose en cuenta que alegremente siguen firmando promesas de compra-venta con familias ilusionadas porque cumplirán el sueño de la casa propia. Este asunto lo conoce también la remolona Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), servicio público que no adopta decisión alguna, posiblemente porque dispone de una insuficiente planta de funcionarios.

Mientras tanto el conocido alcalde Johnny Carrasco, quien no podrá ser reelegido, mantiene un silencio sepulcral a pesar de estar informado de todas las irregularidades ocurridas en su comuna desde 2017 y hasta ahora, sorprendentemente, ningún honorable diputado o senador de izquierda, de centro o derecha, ha mostrado interés en involucrase en el tema. Recordemos que las funciones de los diputados consideran las fiscalizaciones, pero en materias de Vivienda y Urbanismo prefieren hacerse los lesos.Afortunadamente, hay vientos favorables de cambios y más temprano que tarde se harán efectivas las responsabilidades de todos los involucrados del sector público, municipal y privado. Todos ellos fueron advertidos durante años de las evidentes irregularidades y, creyendo ellos que el laissez faire sería vitalicio, optaron por incumplir oportunamente las obligaciones que les señala la ley.