Las pandemias que no se combaten en América Latina

¿Hay vacuna para la pobreza? ¿Existe remedio para la evasión de capitales? ¿Se puede luchar contra el hambre? ¿Son viables una vivienda digna y una educación pública de calidad? Estas son algunas preguntas sobre las cuales reflexionar en medio de una hipersensibilización sobre las consecuencias humanas del Covid-19. Mientras los pobres mueren de enfermedades menos espectaculares, causas de la pobreza, y para las cuales hay cura como el sarampión o la difteria, la carrera por ver quién patenta primero la vacuna contra el Covid-19 concentra la atención mundial. No nos engañemos, a sus promotores les mueve la codicia. El beneficio económico. Detrás no hay causa humanitaria, interés por el bien común o preocupación social. Para saber de qué hablamos, baste señalar que mil 600 millones de personas, es decir, 22 por ciento de la población mundial, no reciben atención médica, sin olvidar los 115 millones, menores de cinco años, afectados por desnutrición crónica. A lo cual debemos sumar los 700 niños muertos diariamente por diarrea. Según Manos Unidas, organización nada proclive a la exageración, en 2020 se podría haber evitado la muerte de 5.4 millones menores de cinco años. Sin embargo, el hambre, la falta de condiciones higiénicas, la explotación infantil, el desempleo, la trata de mujeres no son considerados pandemia. Morir por esas causas es algo natural. La necropolítica hace su aparición como forma de organización social del capitalismo. Achille Mbembe, teórico que acuñó el concepto, señala que el poder de la muerte y la política de la muerte, refleja los diversos medios por los cuales, en nuestro mundo contemporáneo, las armas se despliegan con el fin de una destrucción máxima de las personas y de la creación de mundos de muerte, formas únicas y nuevas de existencia social en las que numerosas poblaciones son sometidas a condiciones que le confieren el estatus de muertos vivientes.

La pandemia del Covid-19, y de todas las demás, evidencia la condición de muertes vivientes en las calles de Quito, Lima, Santiago, Bogotá, Río de Janeiro o Sao Paulo. Los cadáveres abandonados en las calles, producto de una desarticulación del sistema sanitario, convertido en negocio para las empresas de capital riesgo, atentan contra la dignidad humana. Los gobiernos que han privatizado la salud, quebrado el sistema sanitario, desprotegiendo a sus ciudadanos, son responsables. Aplican la necropolítica como arma de guerra. Y lo seguirán haciendo con o sin vacuna contra el Covid-19. Así ocurre con otras enfermedades donde el tratamiento es propiedad de una empresa. La pobreza, desnutrición o falta de higiene no son negocio. A las farmacéuticas les tiene sin cuidado su erradicación. No realizan investigación básica, sólo aplicada y con fines de rentabilidad. En este caso, hablamos de beneficios estratosféricos, que engrosarán la fortuna de empresarios, especuladores y consejos de administración. De esta pandemia unos pocos saldrán con los bolsillos llenos. La economía de mercado se encargará de ello. Con sólo pensar en la posibilidad de vender 2 mil millones de dosis para restablecer el equilibrio entre el virus y la inmunidad de rebaño, las ganancias serán obscenas. Siempre ha sido igual. Basta ver el tratamiento contra la hepatitis C. Su costo aproximado es de 1.5 euros y la dosis se vende por alrededor mil euros. Otro tanto ocurre con la vacuna contra la meningitis, del laboratorio británico GlaxoSmithKline, cuya inversión en I+D fue de 300 millones de euros. En tres años de comercialización (2015-2018) han obtenido beneficios por mil 200 millones. ¿Y para el tratamiento de Covid-19?, mientras no existe una vacuna, el Remdesivir es un paliativo que reduce el tiempo de recuperación, en otros términos, libera antes una cama de hospital. Su costo de producción, según los especialistas, no supera los cinco euros, la empresa lo vende en 2 mil euros. A la hora de promover una investigación de cualquier enfermedad, la medida se realiza en términos de costo-beneficio.

Médicos Sin Fronteras, en un estudio de 2018, señaló que una vacuna o medicamento, en un país pobre cuesta 68 veces más que en uno desarrollado. No se discute la necesidad de encontrar una vacuna contra el Covid-19. Pero su distribución y venta no está pensada para toda la población. Los millones de ciudadanos que han soportado el confinamiento bajo el hambre, recurren a las ollas comunes, la solidaridad de clase y la resistencia para hacer frente a la pandemia. La crisis humanitaria no está en Venezuela, está en países donde el hambre, la evasión de impuestos, la pobreza, la desigualdad y la explotación se han cronificado, son pandemia y no interesa combatirlas.