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Violencia represiva y deriva autoritaria del Estado neoliberal

By Leopoldo Lavín Mujica 19 julio, 2020 No comment

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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado 2.066 querellas y sólo hay 25 causas formalizadas por las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el período abierto por la Rebelión Social del 18/O. «Muchos de estos casos son por el uso indebido de la escopeta antidisturbios durante manifestaciones, donde no es fácil determinar responsables», declaró Sergio Micco, su director, a la prensa. Y añadió: “La lentitud del sistema se ha transformado en nuestro mayor obstáculo y es imperioso que el Estado priorice la investigación de las causas de derechos humanos».

El Clarín de Chile reedita este artículo publicado hace unas semanas en sus páginas donde se entrega un marco teórico para entender el problema de la violencia represiva del Gobierno de Piñera contra el movimiento social.

Chile batió récords mundiales en el ejercicio de la violencia policial contra su pueblo y ahora, en tiempos de pandemia, bate récords en negligencia sanitaria.

En los meses venideros habrá que cuidarse de gobiernos que aplican políticas neoliberales pues practican un nuevo tipo de autoritarismo: actúan con reflejos represivos comprobados y se escudan con el uso de armas llamadas “no-letales” para la “mantención del orden público”. Es la conclusión a la que llegan investigadores preocupados por el aumento de la violencia policial en sociedades en plena crisis.

Francia tuvo durante un año de manifestaciones – principalmente del movimiento popular de los Chalecos Amarillos – 25 casos de mutilaciones oculares, 5 manifestantes con manos destrozadas y 300 heridos con contusiones graves en la cabeza por las armas policíacas designadas como “no-letales” como la “escopeta antidisturbios”.

En Chile, durante las manifestaciones después del alza de la tarifa del metro y de la Rebelión ciudadana que emergió el 18 de Octubre del descontento social multiforme, el caso de Gustavo Gatica, el estudiante agredido por la policía uniformada en Plaza de la Dignidad durante la manifestación del 8 de noviembre y que quedó ciego luego de que Carabineros le disparara en la cara con un arma llamada de “antidisturbios”, confirma “el escalofriante dato que la cantidad de lesionados en los ojos por balas de goma no solo es récord en la historia de Chile, sino que tampoco tiene precedentes en el mundo” (1).

Recordemos por un instante las declaraciones del presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, el médico Dennis Cortés, ante la Comisión de DD.HH: «cuando hablamos de esto a nivel internacional, haciendo una revisión exhaustiva del número de casos de pacientes que han perdido un globo ocular por uso de armas no letales, el número es también muy alarmante y lideramos, tristemente, esta cifra«, afirmó. Y agregó, «Haciendo una revisión de los últimos 27 años, tomando todas las series publicadas respecto a personas que fueron dañadas con armas no letales en manifestaciones o áreas de conflictos -y estoy incluyendo a Palestina, Jerusalén, Gaza, entre muchos otros- en total son más de 1.900 lesionados por balines, y de ellos 300 tenían lesiones oculares«. «Nosotros tenemos prácticamente la mitad de ese número en dos semanas». (2)

En aquellos momentos, a fines de 2019, una mirada global comparativa ya daba cuenta de la gravedad de la situación, meses antes de la represión policial contra el movimiento antirracista generado en EE.UU con el asesinato de los afroamericanos Georges Floyd el 25 de mayo pasado en Minneapolis, y tres semanas más tarde de Rayshard Brooks (12 de junio) en Atlanta, ambos a manos de policías de esas respectivas ciudades.

En términos de datos comparativos con protestas sociales en otros países Chile entrega números que ilustran una brutalidad policial indesmentible: más de 5 mil detenidos, casi 2 mil 500 heridos según la Cruz Roja y 31 víctimas fatales entre octubre y diciembre de 2019. Además de torturas en celdas de comisarías y furgones policiales. Junto con vejaciones sexuales a detenidos hombres y mujeres, confirmadas por informes de organizaciones competentes en violaciones de los DDHH.

Cabe agregar que estas violencias practicadas por Carabineros de Chile por órdenes directas del ministerio del Interior no tienen relación con el año de protestas en Francia, los cinco meses de protesta en Hong Kong, las dos semanas de Cataluña, la semana en el Líbano y una en Ecuador, y ahora, las más recientes y de carácter antiracista en EE.UU gobernado por Donald Trump.

La política y las prácticas policiales brutales están directamente entrelazadas. En EE.UU el racismo y la desigualdad social estructural van juntas. Y la violencia policial tolerada y reforzada por los políticos durante siglos de discriminación racial lleva a decir a un ciudadano negro del Estado de Georgia, citado por un periodista canadiense del cotidiano La Presse, que “los policías están formados en la Academia para ser paranoicos. Todos tienen un arma en EEUU, y ellos siempre tienen la pistola desenfundada. Son hiper ansiosos”. Situación análoga a la de otros cuerpos de policías en el mundo.

En Chile, Francia o en Estados Unidos ser negro, pobre, inmigrante o ciudadano dispuesto a ejercer el derecho democrático de manifestar contra el racismo, las desigualdades, la injusticia social y el hambre – y es el mensaje que quieren enviar los duros en el Estado y las comandancias policiales – es exponerse cada vez más individualmente o colectivamente a la violencia de las armas: a las letales como las pistolas de servicio, y a las “no-letales” (escopetas antidisturbios o el “taser” en EE.UU en las detenciones individuales).

Es una constante que hay que develar pues los medios hegemónicos banalizan esta violencia dirigida contra el pueblo. El hecho es que en las grandes manifestaciones ciudadanas las fuerzas del orden atacan con armas “no-letales” al menor pretexto y en cualquier ocasión. Y así es como la lista de mutilados y muertos se alarga cada más.

¿Qué significa esta escalada?

Paul Rocher, joven economista y graduado en Ciencias Políticas de París en su reciente libro “Gasear, Mutilar, Someter. Política del arma no-letal” da respuestas contundentes al fenómeno de la violencia estatal. (3)

La tesis de fondo del libro de Rocher sostiene que en períodos de crisis social los estados perciben una “crisis de la mantención del orden donde el propio Estado atiza la brutalidad de su policía al dotarla de un arsenal militar cada vez más poderoso y variado – para gran satisfacción de los comerciantes de armas, fabricantes e intermediarios”.

Paul Rocher hace el desmontaje de la retórica justificativa de la violencia policial con armas “no-letales” que emana de los gobiernos, los ministerios del interior y la jerarquía policial, cuya lógica es raramente cuestionada en los medios informativos hegemónicos.

Paul Rocher muestra en su libro en venta este mes de junio en Francia que el recurso masivo a las armas designadas como no-letales es la marca de un “estatismo autoritario” que tolera cada vez menos cualquier tipo de manifestación del descontento social en un período caracterizado por un retroceso social mayor, y de resistencias populares a medidas de corte neoliberal. Y en entrevista Rocher enfatiza que la situación pos-pandemia puede ser peor y que “el uso de las armas no-letales no humanizan la mantención del orden sino que al contrario, lo brutalizan”. (4)

Estas armas, concebidas como “defensivas”, forman en la práctica “la artillería de la ofensiva neoliberal en curso” afirma Rocher, quien llega a la conclusión que “el ejercicio del derecho a manifestar es cada vez más vez más restringido por los Estados. Y que los sectores sociales populares que viven en contexto de represión cada vez más violenta, y con una panoplia de armamento ofensivo en aumento, llegan a plantearse espontáneamente la necesidad de la auto-defensa popular”.

Como ejemplo, en una entrevista en Youtube, Rocher explicaba que adultos mayores que participaban en las manifestaciones parisinas contra la reforma al sistema de pensiones llevaban consigo, obligados por las circunstancias represivas, al participar en marchas, mascarillas y lentes antigases. (4)

La utilización por las fuerzas policiales de armas eufemísticamente llamadas “no-letales” en el discurso del orden de los estados como las lumas con descarga eléctricas (el “Taser”) los gases lacrimógenos, las balas de acero recubiertas de goma (los “balines” en Chile), el gas pimienta, las tanquetas, los escudos como arma de agresión, los carros lanza aguas que atacan con sustancias altamente nocivas son de uso cada vez más generalizado en los estados occidentales. Toda la panoplia de armas, cuyo fin sería disuadir a los manifestantes a que expresen su descontento, ocupan un lugar cada vez más importante en los dispositivos represivos y en los presupuestos nacionales.

En su libro ya citado, Paul Rocher explica que “las armas no-letales están dirigidas a golpear, gasear, y a disparar, al mismo tiempo que atravesar espacios de manera más rápida”.

Cabe constatar que la banalización de su uso por parte del sistema mediático y la falta de análisis que muestren la función estructural de los aparatos represivos en Chile, prueban que el discurso del poder que dice que es una manera normal y “constitucional” de proteger la democracia, la propiedad privada y pública de los destrozos, linda en lo absurdo. Pues al contrario, estas armas designadas en la jerga policíaco-militar como no-letales contribuyen a la “brutalización” de la mantención del orden.

Estas armas desencadenan la violencia en lugar de suavizarla: tal es la línea argumentativa de Rocher. Al mismo tiempo que da chipe libre a los discursos policiales y mediáticos que la minimizan y que a la vez, en la práctica, la exacerban. Las granadas lacrimógenas han demostrado ser mortales. Se dice que su uso no busca ni mutilar ni matar al “blanco”. Es con esta presentación de los fabricantes de armas y de sus compradores que se absuelve de toda responsabilidad al que las dispara. El arma no sería para matar; el policía no es responsable, y la jerarquía asegura la impunidad.

Otro investigador, el francés Grégoire Chamayou en su libro Teoría del Dron (5), insiste en que son los fabricantes quienes le ponen la etiqueta de “arma no-letal”. “Lo no-letal no es verificado por nadie”, agrega. Pero son armas también letales como lo es la bomba lacrimógena que el 23 de octubre al atardecer, lanzada por carabineros, sin mediar provocación alguna de quienes nos reuníamos en las cercanías de la que se llamaría Plaza de la Dignidad, pasó a algunos centímetros sobre mi cabeza. Algo más abajo me desnuca.

Es como en el caso de los productos de la industria farmacéutica, “los fabricantes de armas anti-disturbios dominan las condiciones del test o ensayo y los efectos de sus productos, que los políticos de los ministerios del Interior y los jerarcas policiales comprarán más tarde sin “testear” afirma Chamayou.

Armas “no-letales” y cultura de la violencia contra el pueblo

Paul Rocher narra que varios tipos de gases lacrimógenos fueron testeados sobre policías británicos en los 90. En condiciones (abstractas) de test, suavizadas, que no correspondían a la realidad. Aún así varios policías cobayos resultaron heridos graves.

Los fabricantes presuponen que las armas funcionarán según la idea de no-letalidad. Además, la conducta del que dispara se realiza en una cultura donde la jerarquía ampara excesos e impunidad. En manifestaciones, en Francia como en Chile, se han escuchado gritos de jolgorio y bromas en los pelotones de las fuerzas del orden cuando manifestantes son heridos. Y las granadas apuntan a las personas.

El investigador afirma que desde los 90 hay un aumento de armas y arsenales policiales. “Tirar más rápido y reflexionar después es la lógica” afirma. La legalidad no es tal, pero los parlamentarios, inconscientes, no reaccionan e incumplen su rol de fiscalización ante la actuación del Estado. E incluso aprueban, presionados por los opinólogos y los “defensores del Orden” leyes de uso represivo y de criminalización de la movilizaciónsocial. Mientras tanto los políticos como las jerarquías policiales buscan establecer una separación entre los miembros de las policías y el pueblo que manifiesta. Se busca impedir la comunicación al crear un clima belicoso. En tales condiciones se produce la autonomización de la fuerza policial que obedece a su propia dinámica de producción de violencia.

Armas represivas y períodos de crisis social

Rocher entrega información histórica. Durante las revueltas en las colonias en 1920-1944 contra el imperio británico, Winston Churchill decía que “hay que inspirarle terror por su propio bien al colonizado”. Fue el contexto de aparición de las armas no-letales y el uso del gas lacrimógeno durante el siglo XX.

En 1930, en período de gran depresión económica y de despidos de trabajadores por parte de empresarios, en EE.UU se comienza a usar gas lacrimógeno para evitar las fotos de prensa de golpizas brutales de policías a caballo.

Hoy, la panoplia de armas utilizadas por las policías tiene por objetivo aterrorizar a los sectores que en contextos de crisis sociales y económicas generadas por el neoliberalismo exigen cambios al orden vigente o resisten a medidas de corte neoliberal impuestas por los gobiernos. “El hecho es que en el neoliberalismo la población sufre y está dispuesta a protestar” explica Rocher.

Esto sucede en un contexto de ciudades marcadas por la desigualdad social, en urbes que separan a los residentes de barrios pudientes, que ven a la policía con simpatía, y a sectores populares en sus comunas, distritos o barrios, que son azotados por la violencia policial y las carencias de todo tipo.

Así se normaliza la represión. Una cultura de derecha y fascista impregna subrepticiamente a las fuerzas policiales que, ellas mismas salidas del pueblo, consideran a ese mismo pueblo como el “enemigo”. Factor subjetivo al que contribuyó a sabiendas el presidente Sebastián Piñera en su declaración perentoria de “estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable” el 20 de octubre pasado (6). Bien sabemos que el supuesto “enemigo” designado ad hoc era el pueblo de Chile que se movilizaba prioritariamente para exigir una nueva Constitución.

Cabe recalcar que la mayoría de los análisis hechos por juristas y abogados expertos en Derechos Humanos desdeñan lo que una larga tradición política denomina “el carácter de clase del Estado”. Y al hacerlo no ponen el debido énfasis en el Estado como aparato de represión al servicio de un sector de la sociedad y del uso de la fuerza con objetivos inconfesables en momentos de crisis social, económica y política. Muchos juristas e historiadores se contentan con una mirada superficial del Estado porque una crítica más profunda obliga a plantearse las razones de la impotencia de las instituciones políticas como el parlamento, el poder de la oligarquía empresarial en las decisiones políticas y el peso determinante de los antagonismos sociales en las democracias liberales. Factores y realidades políticas que se revelan crudamente en los períodos económicos difíciles. Analizar estos aspectos más políticos implica no sólo entender la importancia para una democracia de poder acusar a los responsables de las violaciones y condenarlos a penas severas, sino que ayuda a plantearse los medios para que esto no vuelva a ocurrir.

“Más el Estado utiliza armas no-letales, menos el Estado es democrático y acompaña la represión con el discurso del ‘monopolio legítimo de la violencia’” afirma Paul Rocher. Cuando se le consulta sobre las soluciones, el joven investigador propone “1. cambiar la dinámica impuesta por estructuras sociales que engendran la violencia; 2. la prohibición de estas armas llamadas no-letales (*); 3. crear comisiones populares de control sobre el armamento y sobre la formación de las fuerzas policiales; 4. la disolución de los cuerpos policiales no reformables.

Los estudios muestran dinámicas sociales en los cuerpos de policía. Los reclutas de la policía se sienten atraídos por la violencia bajo el manto mistificador del “Orden” y después esta tendencia o actitud es reforzada por las normas vigentes en la institución para convertirla en un comportamiento donde la cultura que prevalece es el esquema donde el pueblo es percibido como un enemigo peligroso. Percepción inducida por la jerarquía policial que posibilita el descarrilamiento comportamental. Toda la estructura de mando se presta como garante de esos comportamientos.

Y si a esto se añade que la institución separa carabineros o policías del pueblo, se está ante una profecía auto cumplida que es reforzada por la construcción de estereotipos para interactuar con los manifestantes. Y la reacción ante los jóvenes es peor. Es así como es la propia policía la que define una situación que justifica el tipo de represión. Y por ende la respuesta de quienes ejercen el derecho a manifestar y practican la autodefensa. Pero a los grupos que la practican se los demoniza como se intentó hacerlo con la Primera Línea en Chile. “Los policías equipados con tecnología represiva de punta conduce a equiparse y protegerse a los manifestantes para asistir a una marcha. Los manifestantes reaccionan y se adaptan” sostiene Rocher.

Las respuestas de la calle al Estado autoritario

El estudio del investigador francés insiste en las formas organizativas de resistencia casi espontánea que surgen para hacer frente a la violencia del “estatismo autoritario”. Se da el fenómeno de la “politización de los heridos que ha determinado una politización suplementaria o toma de consciencia con respecto a las armas no-letales”. Los heridos de las manifestaciones en Francia se han organizado en “Asambleas de Heridos y Mutilados”. Se celebra el coraje de periodistas free-lance que cubren las manifestaciones y que han creado un colectivo llamado “Reporteros En Cólera”. Recalca la importancia de los “Médicos y enfermeros de la calle en lucha”; la constitución de colectivos “!Desarmémoslos!”, específicamente dedicados a producir material y reflexión sobre la formas de la violencia policial y al armamento utilizado (letalidad, costos, fabricantes, montos presupuestarios). Se resalta también como forma de resistencia los reflejos espontáneos desarrollados por los y las ciudadanas para filmar y enviar en directo a las redes sociales las escenas de violencia policial. Es una manera de hacer frente a la trilogía enunciada por varios colectivos europeos: “La policía asesina, los medios mistifican, la justicia absuelve.”

El Gobierno de Chile no solo se ha revelado en dos meses y medio de pandemia viral inepto e incompetente total para asumir las tareas de protección sanitaria del pueblo de Chile que le asigna la Constitución, por lo que se ha adjudicado, debido a su falta de previsión estratégica ante la llegada de la pandemia de Covid-19, que sin embargo le dio tiempo para prepararse, la responsabilidad de propagar el contagio y posibilitar la letalidad del virus a grados insospechados.

Este mismo gobierno, incapaz de proteger a su propio pueblo de una pandemia viral, ha sido el mismo que lo reprimió brutalmente; peor aún de lo que ha sido capaz el gobierno Francés, el de Trump y el de los otros Estados que defienden por todos los medios los intereses de la oligarquía capitalista.

Por Leopoldo Lavín Mujica BA en Philosophie et journalisme y MA en Communication publique de l’Université Laval