El escandaloso proyecto de salvataje de empresas con los fondos para pensiones de los trabajadores
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La inmensa mayoría de los títulos o papeles que se transan en los mercados financieros – en Chile o en el resto del mundo – relativos a emisiones de deuda por parte de las empresas, requieren de una calificación o evaluación de riesgo, realizada, desde luego, por una empresa distinta, independiente y especializada en este tipo de trabajo. Eso es así, por cuanto cada emisión de títulos deuda arrastra un determinado riesgo para el que lo compra, y eso debe ser conocido y evaluado para que el comprador sepa claramente lo que está comprando, y no le pasen gato por liebre.
el Gobierno descubrió que el contar con una evaluación de riesgo es un trámite innecesario y e incluso molesto, y ha enviado al Parlamento un proyecto de ley – actualmente en discusión – que permite que muchas empresas, sobre todo las que no andan muy bien como consecuencia de la crisis, puedan emitir títulos de deuda sin pasar por un proceso de evaluación de riesgo. Se elimina ese requisito. Se puede emitir “así no más”, a la buena de Dios.
El riesgo proviene del hecho de que cada empresa emisora arrastra deudas de distinta naturaleza y de distintos plazos; tiene activos que pueden o no ser liquidados con rapidez en el mercado financiero; y puede o no tener activos de reserva para responder a situaciones extraordinarias. También se puede tratar de empresas muy jóvenes, con poca experiencia en un tipo determinado de negocios financieros, o las razones por la cuales se endeuda una empresa pueden ser de muy diferente naturaleza: no es lo mismo deuda para pagar deudas anteriores, que deudas para obtener capital de trabajo, o deuda para llevar adelante proyectos de inversión, etc. En síntesis, cada título que se emite tiene riesgos diferentes en cuanto a su valor futuro y a sus posibilidades de ser debidamente honrado por el emisor. Por ello, se recurre a las empresas calificadoras y evaluadoras de riesgo, que no tienen una bola de cristal para adivinar el futuro, pero han generado mecanismos e instrumentos para aproximarse a ese problema. El riesgo es, en última instancia, la posibilidad estadística de que suceda un fenómeno negativo, y la estadística y la experiencia han ido generando ciertas capacidades como para cuantificar esa posibilidad.
Todo lo anterior viene a cuento por cuanto el Gobierno descubrió que el contar con una evaluación de riesgo es un trámite innecesario y e incluso molesto, y ha enviado al Parlamento un proyecto de ley – actualmente en discusión – que permite que muchas empresas, sobre todo las que no andan muy bien como consecuencia de la crisis, puedan emitir títulos de deuda sin pasar por un proceso de evaluación de riesgo. Se elimina ese requisito. Se puede emitir “así no más”, a la buena de Dios.
Desde luego, esta operación no hace desaparecer el riesgo, sino que sencillamente lo oculta, metiéndolo debajo de la alfombra. Esos papeles se supone que se emiten para que sean comprados por alguien que confíe en que esos papeles constituyen una buena inversión. Pero al eliminar esa evaluación de riesgo, el comprar esos papeles se convierte prácticamente en una apuesta, o en una lotería. Es altamente improbable que los bancos u otras empresas, se metan a comprar esos títulos de deuda. Por ello, el proyecto de ley que se estudia en el Parlamento establece, al mismo, tiempo que las AFP queden autorizadas a adquirirlos.
Al parecer se asume que las AFP pueden correr más riesgos que el común de los agentes económicos que participan en el mercado, pues al fin y a al cabo, trabajan con plata que no les pertenece, Si les va bien, pueden ganar los cotizantes y también la propia AFP. Si le va mal, pierden los cotizantes, con lo cual se les diluye la posibilidad de alcanzar algún día una pensión medianamente decente.
Se podría argumentar que siempre los cotizantes de las AFP han corrido riesgos al dejar que otras empresas administren sus fondos. Eso es cierto, pero lo nuevo de la presente proposición es que se permita a las AFP correr más riesgos que los que estaban hasta ahora establecidos en la ley, y que puedan canalizarse hacia esos bonos que carecen de la necesaria evaluación de riesgo. En otras palabras, se cambia la ley – se cambian las reglas de juego – para abrirle paso al financiamiento de las empresas en dificultades con platas de todos los cotizantes de las AFP.
Es altamente probable que ninguno de los políticos y empresarios que aplauden y patrocinan este proyecto esté dispuesto a invertir sus propios dineros en estos riesgosos papeles, pero si están sumamente a disposición para que sean los fondos de la AFP los que concurran a ese salvataje.
Por Sergio Arancibia
