Por un ingreso solidario de $500 mil y cese de cobro de cuentas durante la pandemia
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Durante las últimas semanas, el problema de los ingresos de las familias ha sido ampliamente discutido en la actual crisis sanitaria. Por un lado, la necesidad de trabajar para generar algo de dinero y solventar los gastos de subsistencia (alimentación, luz, agua, gas, techo) impiden la realización de una cuarentena real y efectiva, cuyas consecuencias han sido la inagotable propagación del virus COVID 19.
Por otro lado, las leyes de precarización laboral y de protección a las empresas como medidas patronales para hacer frente a la verdadera pandemia, el capitalismo y su crisis, han dejado a miles sin trabajo y con un ingreso paupérrimo sacado de los fondos de cesantía que tienen un tiempo de agotamiento, no sólo generando ausencia de ingresos o ingresos mínimos, sino también altos niveles de incertidumbre y estrés en la clase trabajadora.
Entre discusiones más y discusiones menos, los políticos al servicio de la patronal debaten cómo abordar las necesidades de subsistencia de la clase trabajadora y el pueblo. Es así como la DC (Provoste, Araya y Bianchi) impulsó el proyecto de retirar hasta el 10% de los fondos de AFP por motivos de la pandemia, discusión que también había sido instalada por las y los senadores Quinteros, Pizarro y Rincón. En esas discusiones, se debatió la posibilidad de un retiro sujeto a restitución de los fondos por medio de cotizaciones parciales individuales y/o a través del Estado. Asimismo, alcaldes también se han pronunciado, como lo hizo Carter de La Florida y su llamado al gobierno al retiro de ahorros previsionales con garantía estatal.
El cobro de cuentas también ha sido parte de la discusión. Se debatió sobre el proyecto de ley de suspensión del cobro de cuentas durante la pandemia, situación que el gobierno declaró que rayaba en la inconstitucionalidad, ya que podría afectar al derecho de propiedad, como excusa para no tramitarlo. Este proyecto planteaba la prohibición de cortes de suministro de luz, agua, gas, telefonía e internet, y prorratear las deudas hasta en 12 meses.
Hasta la fecha, más allá del circo, se ha aprobado concretamente la Ley de Ingreso Familiar de Emergencia que consiste en un aporte estatal a las familias más vulnerables del país, esto de acuerdo a los indicadores de medición de pobreza del propio estado; sumando la aprobación el día de ayer de un aporte complementario que asciende a $400.000 a grupos familiares de 4 personas sin ingresos formales y sujeto a una serie de filtros burocráticos y administrativos. Sin embargo, dada la inoperancia, los engaños con el cálculo y cifras, finalmente estaría siendo otorgado a un porcentaje menor del 40% mas vulnerable y por montos muy por debajo de los $400.000 anunciados. Por otro lado, se aprobó la disminución de la tarifa de cobro de TAG, disminución que no implica mayores cambios.
Desde la Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas, AIT visualizamos que la crisis sanitaria ha develado las desigualdades más brutales inherentes al capitalismo, la necedad, egoísmo y crueldad a la que puede llegar la clase dueña del poder y la riqueza si se trata de salvar sus intereses económicos y sus sistema de dominación y explotación.
Las y los trabajadores no nos alimentamos de demagogia de la política burguesa, ni tampoco de sus carreras electorales. La clase trabajadora ayer, hoy y siempre tiene derecho a protección y seguridad social, sin limitaciones, discriminaciones porcentuales, ni letra chica.
Ya está comprobado que la cuarentena dinámica, los cálculos de trazabilidad, los test masivos no resultaron y hoy el nivel de propagación del virus es aterrador, y en parte importante se debe a la codicia del gobierno empresarial de no tensionar ni obligar a las empresas a hacerse cargo de sus trabajadores y trabajadoras, para asegurar una cuarentena real sin empujar al pueblo a la miseria del hambre.
Es por ello que requerimos de una verdadera cuarentena, no aquella que suena bonito en los matinales y en los medios de comunicación de la patronal, y que por la espalda permite que las empresas obliguen a sus trabajadores y trabajadoras a seguir yendo a la pega para no ser despedidos, o que las y los trabajadores ambulantes, informales, cuentapropistas, deban seguir saliendo a la calle porque un día sin trabajo es un día sin comida.
Dado lo anterior, la cuarentena debe ser concebida con garantías sociales para el conjunto de la clase trabajadora, sin requisitos discriminatorios, ni porcentajes inventados para segregar a las y los explotados con las falsas ideas de la mal llamada clase media.
Como AIT ya lo venimos diciendo desde marzo, necesitamos con urgencia una cuarentena total con garantías sociales para el conjunto de la clase trabajadora, que permita protegernos y controlar al coronavirus sin entrar en la disyuntiva del “o me contagio, o no como”.
Es por ello que necesitamos un Ingreso solidario de $500.000 para todos y todas las trabajadoras informales y cesantes, el fin a la ley de protección al empleo y a la utilización de los fondos de la Administradora de Fondos de Cesantía, AFC para el pago de sueldo. Las empresas deben hacerse cargo de mantener el sueldo de las y los trabajadores. Asimismo la cancelación de cobro de cuentas y servicios básicos, sin postergación del pago y condonación de las deudas. Cancelación de cobro de arriendo y/o dividendo, cancelación del pago de escolaridad y condonación del CAE. Extensión de pos natal, incluyendo pos natal parental. Contratación inmediata de las y los trabajadores honorarios de la salud, y acompañamiento psicológico para trabajadoras y trabajadores de la salud y sus familias, además de un aumento de las remuneraciones de estas y estos trabajadores.
Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas AIT
