Engordó la billetera del gobierno ¿Cómo se gastará esa plata en tiempos de elecciones?

Según el reciente acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y los parlamentarios de las comisiones de hacienda del Senado y de la Cámara – que se supone es un acuerdo de caballeros entre el Gobierno y la oposición – se crea un fondo que administrará la suma de 12 mil millones de dólares, que se utilizará para gastos relacionados con la crisis sanitaria y la reactivación económica en los años 2020, 2021 y 2022. Se trata de una suma muy elevada y, por lo tanto, debería ser manejada con el máximo de controles. Sin embargo, esos controles aparecen muy débiles en los textos del acuerdo que se conocen hasta este momento.

Según el texto de los acuerdos – hasta donde son conocidos hoy en día- se crearía una nueva estructura legal que administrará ese fondo. Se dice también que será un fondo extra presupuestario, independiente y transitorio, lo cual, en buen romance, significa que sus gastos no estarán sujetos a una ley previamente acordada con el parlamento, del mismo tipo que la ley de presupuesto que se discute y se aprueba anualmente en dicha instancia legislativa. La ley de presupuesto asigna fondos a ciertas actividades necesarias para el funcionamiento del aparato del Estado y para el buen funcionamiento de otras instituciones nacionales. Nadie puede salirse de lo establecido en dicha ley de presupuesto – gastar en otra cosa o gastar más de lo asignado – pues eso pasa a ser condenado por el conjunto de las instituciones contraloras y judiciales del país.

El fondo recién creado, en cambio – precisamente por ser extra presupuestario – no se regirá por un presupuesto previa y rígidamente aprobado en el parlamento, sino que quedará a criterio del Gobierno el destino preciso de esos fondos, aun cuando se establecen algunas directrices muy generales que deben presidir el uso de esos recursos. Se dice, por ejemplo, que esos fondos se destinarán a gastos corrientes, gastos de inversión y gasto relacionados con el impulso a la reactivación económica, lo cual es extraordinariamente general, pues todo gasto imaginable cae, de una u otra forma, dentro de alguna de esas grandes categorías. También hay transferencias a las personas -el ya famoso ingreso familiar de emergencia – y ayudas crediticias a las grandes empresas, o traspasos de fondos a los municipios, al seguro de cesantía, y otros gastos mencionados y comprometidos en el acuerdo, pero todavía no completamente cuantificados en cuanto al monto que significarán.  Se supone que todos o parte de esos gastos se cargarán también a este fondo del cual estamos hablando. En todo caso, todo esto tiene que ser muy grato a los ojos del Gobierno – pues incrementa en forma sustantiva la cantidad de recursos financieros  de los cuales podrá disponer, por la vía de simples decretos ministeriales, en un periodo que se anuncia altamente electoral.

La estructura legal que se cree debe dar cuenta mensualmente al parlamento de cómo se está gastando esa plata. Eso está muy bien, pero dar cuenta es lo mismo que informar a posteriori de lo que ya se hizo. No es pedir autorización para gastar. En una o en otra cosa. El control de Contraloría, que también estará presente, es un control encaminado a ver que nadie se haya robado la plata, o usado para algo no autorizado, o si se violó alguna ley en su utilización, pero no tiene capacidad de juzgar si es una buena o una mala utilización. No es rol de la Contraloría el opinar sobre la bondad o no de una determinada política económica. Ese es un rol – irrenunciable a nuestro juicio – del parlamento y de los partidos políticos.

Además, la utilización de esos fondos puede hacerse en 24 meses o menos. Podrían gastarse mas rápidamente -en 20 o en 18 meses – según las urgencias y el cronograma que el gobierno vaya decidiendo. Y como a este gobierno le queda poco tiempo, se puede decir, sin temor a equivocarse, que con este acuerdo el gobierno tendrá la billetera llena como para gastar en forma cómoda hasta el último día de su mandato.

Este acuerdo de caballeros se tiene que transformar prontamente en leyes marco formalmente aprobadas por el parlamento, donde todavía es posible lograr un poco  más de precisión y un poco menos de discrecionalidad.

 

por Sergio Arancibia