El Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico cataloga de alarmante la propagación de la Covid-19 al interior de 5 cárceles del país. Se trata de recintos penitenciarios ubicados en Puente Alto, Valparaíso, La Serena, Valdivia y Santiago Sur (ex Penitenciaría), que reúnen a cerca de 10 mil 522 reclusos, correspondiente aproximadamente al 25 por ciento del total de la población del país. En estas cárceles, la pandemia “ha evolucionado en una situación sanitaria fuera de control. El pasado 1 y 2 de junio, dos reclusos fallecieron por Covid-19, afirma el organismo.
En comunicado público, la entidad asegura que la situación agrava el problema de salud pública ya existente, además de constituir un problema para la seguridad de toda la población.
AMENAZA LATENTE
La instancia de DD.HH del Colegio Médico, advierte de la necesidad urgente de controlar los brotes epidémicos y que de no hacerlo se podrían producir graves hechos de violencia al interior de los penales. Entre otras consecuencias, señala:
– Pérdida de más vidas en reclusos y personal de Gendarmería, por efecto directo del COVID-19, causando alarma y descontrol de la población penal.
– Amplificación de casos que se transmitan a las comunas y ciudades donde se ubican estos recintos
– Saturación de la Red Pública de Salud por requerimientos de atención de urgencia y camas criticas, de parte de gendarmería.
– Actos de protesta al interior y exterior de los recintos penitenciarios que provoquen hechos de violencia y pérdida de vidas (motines, toma de rehenes, intentos de fuga, etc.)
En este contexto, la muerte por Covid-19 de 2 reclusos de la ex Penitenciaria-quienes se encontraban hospitalizados en la ex Posta Central- agudiza aún más las condiciones sanitarias reinantes en los citados recintos penales, como asimismo la interrelación entre los reclusos y sus familiares.
En parte del comunicado, el organismo médico puntualiza que “a partir de la observación directa en estos recintos – entre abril y mayo-hemos emitido informes que han sido puestos en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Comisión de Derechos Humanos de Senado e Instituto Nacional de Derechos Humanos.
“El Estado tiene la obligación legal de velar por la salud de los reclusos, de todos los servidores públicos y de la comunidad en su conjunto. El incumplimiento de esta obligación no lo exime de enfrentar todas las responsabilidades que se deriven de sus actos por acción u omisión”, agrega
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Por Galy Chávez
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