Así es como el gobierno rearticula a las fuerzas oficialistas y profundiza el modelo neoliberal en medio de la pandemia

By Manuel Acuña Asenjo 9 mayo, 2020 No comment

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DE NUEVO UNA REMEMBRANZA SOBRE LAS CLASES Y/O FRACCIONES DE CLASE DOMINANTES Y SUS EVENTUALES ESTRATEGIAS.

Las fracciones de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo (industriales, comerciantes y banqueros) no podrían ser dominantes si actuasen separadas unas de otras; por eso se agrupan en torno a un Bloque en el Poder que les permite dirigir al conjunto social. Dentro de ese Bloque disputan entre sí la hegemonía, es decir, cuál de sus intereses se impondrá sobre los otros para ejercer el control social. Dada la circunstancia que, en las sociedades modernas, tales fracciones se organizan políticamente en partidos, los conflictos de interés de aquellas se manifiestan en disputas de las organizaciones politicas.

La fracción de clase que logra hegemonizar el Bloque en el Poder subordina al suyo el interés de las demás. No busca, por consiguiente, prescindir de las otras fracciones; por el contrario, realiza el interés de las mismas, a través de hacerlo con el propio. Porque todas ellas buscan, en definitiva, absorber plusvalor. Y ese objetivo sólo puede satisfacerse a través del Estado.

Las disputas por alcanzar la hegemonía dentro del Bloque en el Poder no son juegos de niños; son, por el contrario, altamente competitivas. Constituyen la verdadera expresión de lo que se conoce como ‘lucha de clases’. Del buen criterio que emplee una de ellas, luego de haber impuesto a las demás su forma de acumular, dependerá la conservación de la sociedad estatuida.

Es un hecho conocido que, en Chile, el Bloque en el Poder es hegemonizado por la fracción bancaria de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo. Por ende, el objetivo central de la estrategia gubernamental siempre ha de ser asegurar a dicha fracción la más fluida y perfecta percepción de plusvalor. Dadas las circunstancia del estallido social ocurrido el 18 de octubre de 2019, dicho objetivo no ha de ser otro que restaurar las condiciones necesarias para continuar realizando las operaciones financieras que se practicaban hasta antes de ese suceso. Es decir: alentando las funciones del comercio del dinero. Esta tarea exige adoptar ciertas y determinadas medidas que permitan levantar las otras áreas alicaídas de la economía. Para ello, todo Gobierno requiere rearticular sus fuerzas en tono a ese objetivo. Pero ésta no es una acción aislada: ha de realizarla al unísono con la protección del interés de la fracción hegemónica dentro del Bloque en el Poder. Son actividades necesarias la una respecto de la otra, son actividades concomitantes. Van inextricablemente unidas. El diseño de la estrategia las hace simultáneas, a la vez que dependientes.

La tarea del gobierno de Sebastián Piñera, por lo tanto, se reduce a dos grandes objetivos:

Rearticular el Bloque en el Poder, un tanto conmovido ante el estallido social; y
Rearticular la percepción del plusvalor sobre la base de proteger el interés de la fracción hegemónica del Bloque en el Poder.

LA REARTICULACIÓN DEL BLOQUE EN EL PODER

El estallido social de 18 de octubre de 2019 tuvo un efecto mayor del que se acostumbra señalar. Por lo menos, para las clases y/o fracciones de clase dominantes: puso en tela de juicio, ante la comunidad, no solamente la percepción del plusvalor sino la forma misma en que ésta se realizaba.

Internamente, eso implicaba una crítica abierta y sin tapujos a la forma de acumular, al modelo de economía vigente y a la dirección que ejercía la fracción hegemónica del Bloque en el Poder. En otras palabras: legitimaba las opciones que proponían otras fracciones dentro de ese Bloque y ponía en duda la vigencia de ese modelo, lo que alentaba las críticas políticas de los partidos que representaban los intereses de la fracción industrial y comercial de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo. Externamente, el estallido podía ser el inicio de una revolución.

No vale la pena consignar aquí las fuertes disputas entre las cabezas de los partidos más grandes de la coalición ’Chile Vamos’ —representantes políticos de las fracciones industrial y bancaria de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo—, a saber el partido Renovación Nacional RN y la Unión Demócrata Independiente UDI, respectivamente. Pero sí podemos decir que, para poder enfrentar exitosamente los efectos de la pandemia, ante todo, debía el Gobierno resolver las contradicciones entre las representaciones de ambas: si seguir adelante con las pretensiones de quien ejercía la hegemonía o ceder a las pretensiones de la otra.

LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO.

Uno de los personajes más importantes del segundo piso de La Moneda es Cristián Larroulet, miembro fundador de la UDI y acérrimo pinochetista. No puede decirse que es él quien elabora la estrategia del Gobierno pero sí puede afirmarse que es uno de los más importantes sujetos en la elaboración de la misma. Por lo mismo, no puede, igualmente, sorprender que la estrategia diseñada por el grupo del que forma parte no haya tenido otra finalidad que no sea robustecer la vigencia del modelo económico heredado de la dictadura pinochetista cuya preferencia por el predominio del capital bancario sobre el industrial es manifiesta. De manera que, frente a las disputas entre René Desbordes, en representación de Renovación Nacional RN, y Jacqueline Van Rysselberghe, en representación de la Unión Demócrata Independiente UDI, la elección estaba clara, de antemano: el modelo seguiría su curso de la mano de este último partido.

Pero como la aplicación de una estrategia debe hacerse en forma simultánea en todos los ámbitos de la administración de un país, las medidas adoptadas por el Gobierno en el plano político se fueron realizando al compás de aquellas hechas en el plano económico. Esta conducta pudo advertirse ya desde antes de la llegada de la pandemia. El Ministerio de Hacienda había caído en manos de Ignacio Briones, militante de Evolución Política EVÓPOLI, partido perteneciente al conglomerado ‘Chile Vamos’, más proclive a apoyar las pretensiones de la Unión Demócrata Independiente UDI que las de Renovación Nacional RN; Felipe Ward, militante de la UDI, había aceptado para sí la Secretaría General de la Presidencia, en tanto Lucas Palacios, también militante de esa colectividad política, asumía como ministro de Economía. Quien tomaría las riendas del Gobierno en tiempos de la pandemia sería nada menos que el ex simpatizante de la Democracia Cristiana, ex militante MAPU y profundo admirador de la línea de la llamada centro/derecha Jaime Mañalich, gran amigo de Piñera. Tampoco podría sorprender que, para llenar la vacante dejada por la renuncia de Isabel Plá al Ministerio de la Mujer, el presidente Piñera volcara sus simpatías hacia la sobrina/nieta de Pinochet y ex alcaldesa de Olmué Macarena Santelices, igualmente militante de la UDI, lo que haría decir, visiblemente molesto, a Karin Luck, diputada de Renovación Nacional:

«[…] como diputados de Renovación Nacional, y como Renovación Nacional, esperábamos que se nombrara a la subsecretaria Carolina Cuevas, que estaba subrogando. Nosotros hemos visto su trabajo y encontrábamos que ella era la persona que debía suceder a Isabel Plá».

«[…] desgraciadamente vimos nuevamente que habían temas de cuoteo político y dado que el cupo era de la UDI, la UDI insistió en que querían que fuera alguien de la UDI y que iban a presentar un nombre, por algo se demoraron casi dos meses»[i].

La tendencia que muestran los hechos precedentemente anotados, en cuanto al rumbo que acusa la estrategia del Gobierno, puede advertirse, igualmente, en otros ámbitos de la vida nacional: la generalidad de los ex miembros de la administración Piñera mantienen estrechos vínculos con el empresariado financiero y del retail. Piñera no es el único agiotista; el presidente no es el único especulador. Como él, gran parte de su séquito lo ha sido y continúa siéndolo. Una investigación del diario ‘La Tercera’ indica que varios ex ministros y personeros de ambos gobiernos del actual presidente se encuentran vinculados directamente al mundo de las finanzas y de los negocios especulativos: Algunos de ellos son:

Félix de Vicente Mingo, ex ministro de Economía, hoy director del Banco Santander;
Loreto Silva, ex subsecretaria de Obras Públicas, hoy director de Barrick;
Luis Mayol, ex ministro de Agricultura, hoy director de Viñas AFC;
Rodrigo Hinzpeter, ex ministro del Interior, director de CCU;
Laurence Golborne, ex ministro de Minería, hoy director de Ripley;
Luz Granier, subsecretaria de Servicios Sociales, hoy directora de Clínica Indisa;
Soledad Arellano, ex subsecretaria de Planificación, hoy directora de ENEL Generación;
Hernán Cheyre, vicepresidente de CORFO, hoy director de Aguas Metropolitanas;
Fernando Echeverría, ex ministro de Energía, hoy dueño de la Inmobiliaria Echeverría/Izquierdo;
Jorge Bunstar, ex ministro de Energía, hoy director de Arauco (COPEC);
Rodrigo Pérez Mackenna, ex ministro de la Vivienda, hoy presidente de BGT Pactual;
Anita Holuigue, directora de TVN, hoy directora de ENAP y de Parque Arauco;
Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, CEO de CENCOSUD[ii]..

La hegemonía de la fracción bancaria al interior del Bloque en el Poder se mantiene sin alteraciones. Y la rearticulación de las fuerzas gubernamentales se ha realizado en torno a esa fracción del capital.

LA REARTICULACIÓN EN LA PERCEPCIÓN DEL PLUSVALOR: EL COMERCIO DEL DINERO Y SUS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Es conveniente recordar, igualmente, que las medidas para combatir los efectos de la pandemia en el ámbito económico y social no se adoptan por razones humanitarias sino, fundamentalmente, por razones políticas. En palabras más directas: el objetivo central de tales medidas es fortalecer y perpetuar el funcionamiento de la forma de acumular heredada de la dictadura —perfeccionada durante los gobiernos posteriores a ella—. Lo que quiere decir que la generalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno se ha orientado en orden a asegurar beneficios a los sectores hegemónicos al interior del Bloque en el Poder, representados por la Banca y las finanzas, área de actividades que, en estricta teoría, se denomina ‘comercio del dinero’.

El comercio del dinero, conocido también como ‘campo financiero’, abarca varios rubros en Chile. El primero de ellos, y el más importante, lo constituye, sin lugar a dudas, la actividad bancaria. Sin embargo, también pertenece a ese rubro el comercio del riesgo (o del imprevisto), que ejercen, fundamentalmente, las Compañías de Seguros y, en consecuencia, luego de las reformas pinochetistas, una serie de empresas afines como lo son las Administradoras de Fondos de Pensiones o AFP, las Administradoras de Fondos de Cesantía o AFC, los Institutos de Salud Previsional o ISAPRES y demás empresas del rubro, que son variantes o aspectos de la especialidad de aquellas ; finalmente, las empresas negociadoras de valores como lo son la compra y venta de moneda extranjera, las Bolsas y demás instituciones ‘financieras’, todas las cuales han experimentado un notorio fortalecimiento con las medidas adoptadas por la administración Piñera. A estas nos referiremos en el curso de este análisis, comenzando por las compañías de seguro.

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO.

No vamos a hacer, aquí, una descripción pormenorizada de lo que son las compañías de seguro. Bástenos saber que son aquellas empresas que se organizan para, mediante el pago de un estipendio mensual que recaban de su clientela, asumir como propios determinados riesgos que pueden afectar a aquella, entre otros, la muerte —a pesar que ésta es una certeza, no hay seguridad en torno a saber cuándo ni cómo se va a producir, factores que considera la compañía de seguros en calidad de ‘riesgo’—, accidentes, salud o pérdida del trabajo. Dos de ellos nos van a interesar, especialmente:

1.1. El comercio del riesgo en la pérdida del trabajo.

1.1.1. Los trabajadores contratados: las AFC.

El trabajo o empleo se puede perder por múltiples razones. Para el comercio del riesgo, la pérdida del trabajo sólo puede producirse por dos causales, a saber, la voluntad del patrón o empleador que puede poner término al contrato cuando le plazca (algo que también puede hacer el trabajador con las limitaciones de rigor), y la venta de la empresa o cesión de la empresa a otras manos.

Ese riesgo jamás ha sido asimilado a la ocurrencia de una pandemia, fenómeno universal que afecta a gran parte si no a toda la humanidad. En una situación de desgracia como la indicada, lo normal es que el Estado eche mano a los recursos que posee y resuelva los problemas más inmediatos que urgen a las clases dominadas. No lo hace por generosidad, sino por conveniencia. Los sectores dominados no sólo son los que mantienen la vigencia del sistema sino, además, son ‘funciones’ de la dominación, parte del mercado vigente, personas que emplean sus recursos en adquirir mercancías necesarias para reponer las energías propias y las de sus familias, en suma, ‘consumidores’, por lo que ha de considerárselas siempre como parte inherente y sustancial del mercado interno de una nación. Constituyen, en otras palabras, eslabones de extraordinaria importancia en el funcionamiento del sistema económico de la nación.

El Estado, en consecuencia, debería hacerse cargo del problema social. Pero en un sistema de economía social de mercado el Estado se libera de esa carga. El mercado ha creado otros mecanismos. Y obliga a su clientela a hacer uso de ellos. Porque ha inventado el ‘seguro’, mecanismo financiero en virtud del cual una parte, mediante el pago de cierta suma mensual, se pone a cubierto de determinados imprevistos que, de ocurrir, son asumidos por su contraparte. El principio que orienta a las Compañías de Seguro no es diferente del que emplea la banca, es decir, la ley de los grandes números[iii].

Bajo el imperio de la economía social de mercado, los trabajadores chilenos se desprenden de parte de sus remuneraciones para formar un fondo que administran entidades privadas llamadas, por eso, ‘Administradoras de Fondos de Cesantía’ AFC cuya misión es trabajar tales dineros, para sostener económicamente a los trabajadores (sus ahorrantes) en los períodos en que quedan privados de sus fuentes de trabajo.

El uso de esos dineros no está contemplado para los casos de una pandemia planetaria, como ya lo hemos asegurado, sino para los efectos de la cesantía en períodos más o menos normales y hasta que el cesante encuentre otro empleo. Son dineros que pertenecen a los trabajadores y que nadie debe tocar. En palabras más simples, el trabajador se paga sus propios riesgos; el patrón en nada contribuye.

A pesar de esa circunstancia, y al hacerse presente la ola de despidos que se esperaba a propósito de la pandemia, el Gobierno propuso que, para paliar los efectos de esas medidas, los trabajadores deberían echar mano a sus propios fondos y enfrentar, de esa manera, los efectos de su cesantía. Lo hizo a través de enviar al Congreso un proyecto de ley que permitiese, a quienes quedaran desprovistos de recursos, cobrar su seguro de desempleo, manteniendo una parte menguante del salario anterior (70% el primer mes, 55% el segundo, 45% el tercero…)[iv]; el Estado contribuiría con un aporte que se sumaría al del empleador.

Dado que era aquella una manera de rehuir el Estado su responsabilidad y ponerla, nuevamente, de cargo del trabajador se pudo suponer que semejante ley encontraría obstáculos en el Parlamento, dado que allí se encuentran representantes de los intereses de los trabajadores y, especialmente, luego que un grupo de senadores demócratacristianos calificara al proyecto de ‘desequilibrado’

“[…] por cuanto no representa un gasto fiscal a la altura de la emergencia y además deja a los trabajadores a cargo de financiar la suspensión temporal de los empleos a través de sus fondos de cesantía”[v].

Lo cierto es que ello, finalmente, no ocurrió.

“Es verdad que la Cámara de Diputados aprobó la ley que echa mano a los ahorros de los trabajadores para pagar sus propios sueldos. Es difícil de asumir que se haya aprobado una ley de expropiación de recursos de los trabajadores. Se entiende perfectamente que postergar el uso del Fondo Solidario hasta después de agotar los fondos de cada trabajador es una forma de evadir el compromiso de aporte fiscal. La ley no hace más que volver a la propuesta inicial de 2019 que no consideraba aporte fiscal alguno. Es necesario hacer notar que los fondos de cesantía, a diferencia de los fondos previsionales, sí pertenecen a los trabajadores y les son devueltos al momento de la jubilación”[vi].

Así, el Estado y las empresas han limitado su responsabilidad a porcentajes exiguos. Y los trabajadores, como desde antaño, deberán hacerse cargo de velar por su propia seguridad echando mano a un Fondo destinado a otros imprevistos que, de llegar a suceder, pondrían en grave riesgo la seguridad de todos ellos[vii].

No está de más señalar aquí que, al aplicarse el dictamen de la Dirección del Trabajo, que permitió a las empresas suspender el pago de las remuneraciones de sus trabajadores, y al decretarse la entrega de un bono a las personas más vulnerables, se formaron largas filas a las puertas de las Administradoras de Fondos de Cesantía, con el consiguiente riesgo de contagio que implicaba para quienes se acercaban a esas entidades a resolver sus problemas de dinero.

1.1.2. Los trabajadores a honorarios y sin contratos. Trabajadores no asegurados

A estos trabajadores, que están obligados a presentar boletas de honorarios por la prestación de sus servicios, se les obliga a financiar su propia seguridad a través de una serie de mecanismos entregados a las empresas privadas. Lo mismo se pretende hacer con los trabajadores por cuenta propia que conforman un vasto espectro de individuos sin protección social, es decir, obligarlos a destinar parte de sus ingresos al pago de una prima que les dé derecho a exigir el pago de un estipendio para el caso que queden sin trabajo. Hasta el momento en que se escriban estas páginas, la forma de cómo este seguro va a operar se encuentra radicada, para su discusión, en el Congreso. Probablemente, esta forma de contratar seguros por la pérdida de la fuente laboral va a hacerse ligada al funcionamiento de las ISAPRES para el caso de la protección de la salud. Lo cual implica el fortalecimiento de los mecanismos que ha creado la forma de acumular actualmente vigente y un robustecimiento del sistema de seguridad privada.

1.2. El comercio del riesgo en la interrupción del trabajo. Las ISAPRES.

La interrupción del trabajo puede ocasionarse, también, por múltiples motivos. Pero a la ley le interesa solamente aquella que deriva de la salud de las personas. Porque ese es el lugar preciso donde se pueden hacer negocios. Para ello se han creado las Instituciones de Salud previsional o ISAPRES, organismos privados que establecen seguros a favor de los trabajadores y administran las causales por las que se ha de aceptar o no las licencias otorgadas por los médicos a los trabajadores. Queda, por consiguiente, al arbitrio de esas entidades aceptar o no dichas licencias. A esas ISAPRES, que administran los fondos de los propios trabajadores, deben éstos someter a consideración los documentos (certificados médicos o licencias) que los eximen de asistir al trabajo. Demás está decir, en consecuencia, que las licencias otorgadas con ocasión de la pandemia han debido ser presentadas a tales estructuras de comercialización; y concluir, por supuesto, que la mayoría de ellas ha sido rechazada[viii]. Y es que los negocios no son otra cosa que negocios.

La negativa a aceptar la validez de las licencias presentadas a propósito del Coronavirus obligó a los afiliados a las ISAPRES a concurrir a sus propias oficinas, a cuyas puertas se formaron inmensas aglomeraciones de personas vulnerables (adultos mayores, inválidos y madres con sus hijos) con el consiguiente riesgo que implicaba semejante acción, y ante la mirada impasible de las autoridades que nada hicieron para resolver esos problemas.

Ninguna de las medidas dictadas durante el período de cuarentena tanto por la presidencia de la nación como por el Congreso ha tocado a las ISAPRES. Ni a su naturaleza como a su forma de actuar.

El Estado, de esta manera, queda liberado del pago de esos dineros y lo deriva al sector privado con lo cual se robustece la idea de la necesidad de contar con un sector privado eficiente y oportuno.

Sin embargo, el hecho de mayor significación en lo que al funcionamiento de las ISAPRES se refiere lo constituye el alza injustificada de sus tarifas de un 4,5% anunciada el día 30 de marzo, pese a los esfuerzos del propio gobierno y de Chile Vamos para que tal medida no se aplicara. Ese mismo día, la Fundación Sol había denunciado que

“[…] en el año 2019 el sistema de ISAPRE acumuló ganancias DIARIAS equivalentes a $25.932.233. El total anual se ubicó cerca de los $9.500 millones. Ahora han anunciado un alza de hasta 4,9%, de los planes».

«A pesar de la crisis, la salud como negocio no se detiene”[ix].

El 31 de marzo, mediante un breve comunicado, la Superintendencia de Salud, junto con confirmar lo que ya se sabía, es decir, el alza en el precio de las cotizaciones, entregó los nuevos valores que se aplicarían, a saber:

Colmena 4,9%

Vida Tres 4,9

Banmédica 4,9

Nueva Masvida 4,7

Cruz Blanca 4,0

Consalud 4,0

Isalud 3,0

No se incorporaron a la medida las ISAPRES Fundación y Cruz Norte[x].

Al no existir proposición alguna en cuanto a modificar o suprimir este sistema por parte de las autoridades (Presidencia y Congreso) forzosamente debiera concluirse que hay absoluto consenso en la perpetuación del sistema de compañías de seguros por parte de las autoridades para absorber las incertidumbres que origina la vida de los individuos. Y, en consecuencia, la perpetuación de la forma de acumular heredada de la dictadura pinochetista.

FORTALECIMIENTO DE LA BANCA.

La banca, es decir, el comercio del dinero, no ha sufrido (ni sufrirá) menoscabo alguno durante el período de la pandemia. Es más: probablemente se robustecerá. Pero, cuidado. La abundancia de dinero tiene consecuencias económicas. En un mundo donde las inversiones están produciendo más de lo que se necesita y existe abundancia de bienes y de dinero, aquellas se hacen poco rentables y las crisis aparecen pues toda crisis se encuentra estrechamente vinculada a la rentabilidad de las operaciones.

Para nadie es desconocido que la proliferación de instrumentos financieros multiplicó en demasía el volumen de la masa monetaria mundial haciendo difícil la colocación de esos haberes en actividades rentables. Poco antes de la aparición del Covid 19 se hablaba, incluso, acerca de la inevitabilidad del interés negativo, fenómeno que también comenzaba a hacerse presente en Chile. Y algunos bancos comenzaban a tener serios problemas. No por algo, ante la inminencia de la pandemia del Covid 19, no pocos analistas se preguntaron si acaso podría la banca hacer frente a los inevitables avatares que tan infausto acontecimiento podría presentar.

“[…] a medida que el COVID-19 apaga grandes áreas de la economía —no solo por factores como la interrupción de la cadena de suministro sino simplemente por los efectos del distanciamiento social— el riesgo de deudas masivas sigue aumentando. Las empresas que experimentan fuertes caídas en los ingresos pueden tener dificultades para pagar sus préstamos. Los hogares pueden tener dificultades para pagar tarjetas de crédito e hipotecas. La pregunta entonces es si los bancos podrán soportar esta presión en los próximos meses”[xi].

El problema radica en que, en la actualidad, los activos de la banca no están compuestos mayoritariamente por inversiones sino en préstamos y anticipos a clientes. El mercado de valores, aseguran los analistas, puede arrastrar a la banca a situaciones complejas[xii].

Es muy posible que, luego de la pandemia, el sector bancario salga fortalecido por el apoyo que, de todas maneras, va a recibir de parte de los Estados y, en consecuencia, encuentre un amplio abanico de oportunidades para hacer negocios; pero eso dependerá de la longitud de la crisis. En Chile, las medidas adoptadas por el gobierno de Sebastián Piñera apuntan en esa dirección. Veamos algunos ejemplos.

2.1. Negativa a suspender el pago del crédito estudiantil CAE.

Durante la administración del presidente Ricardo Lagos, su ministro de Educación, Sergio Bitar, ex militante de la Izquierda Cristiana (hoy Izquierda Ciudadana’) instituyó un sistema para posibilitar el acceso a los créditos bancarios a todos aquellos jóvenes que, terminados sus estudios secundarios, deseaban seguir una carrera. El mecanismo consistió en transformar al Estado en codeudor de los créditos que concedían las entidades bancarias a los estudiantes para dar a aquellas seguridades en cuanto al pago de las cuotas, por lo que el sistema pasó a denominarse Crédito con Aval del Estado CAE. Los estudiantes se transformaron, de esa manera, en la clientela favorita de los bancos que trataban de captarlos como tales, incluso, en las mismas aulas universitarias. El resultado fue el endeudamiento de millones de jóvenes que, hasta el día de hoy, continúan pagando créditos, algunos de los cuales ni siquiera emplearon para el fin propuesto por circunstancias diversas. Pero el negocio de las Universidades y de la banca quedó a buen resguardo.

En los primeros días de haberse decretado el Estado de Catástrofe, numerosos sectores se acercaron al Gobierno a fin de solicitarle tuviera a bien suspender el pago de las cuotas de varios rubros (luz, gas, agua), entre otros, la cuota del CAE. No obstante la racionalidad de la propuesta, la respuesta de este fue un rotundo ‘No’. Se equivocaron quienes creyeron, en un comienzo, que el nuevo ministro de Educación, Raúl Figueroa, sería más magnánimo que el anterior titular, la ministra Marcela Cubillos —pareja del líder de Renovación Nacional RN, Andrés Allamand—. El Estado actúa como un todo. No hay lugar para posiciones díscolas.

Las razones que tuvo el titular de Educación, un sujeto bastante opaco, no fueron brillantes porque, por regla general, sujetos opacos entregan razones opacas. Dijo, en suma, que no había motivo para hacerlo pues la operación bien podía realizarse a través de la pantalla:

“Los pagos se pueden hacer de forma online, por lo tanto no hay suspensión. Hay ciertos bancos que no tenían este mecanismo, pero se está trabajando desde la comisión Ingresa para que todos lo tengan […]”[xiii]

La no suspensión del pago de los créditos estudiantiles es otra de las medidas que ha adoptado el Gobierno en torno a la protección de los intereses de la fracción de clase hegemónica dentro del Bloque en el Poder. Asfixiar a los jóvenes con el pago de esas sumas en una época en que ni siquiera abundan los empleos tiene escasa o nula significación para quienes administran el Estado. Los negocios están antes que las necesidades de los habitantes del país.

2.2. Préstamos de la banca particular a la micro, pequeña y mediana empresa cuyas actividades se vieron amenazadas por la pandemia.

PYMES es la sigla de Pequeñas y Medianas Empresas, instituciones que no se desenvuelven con grandes capitales y cuya actividad ha sido severamente golpeada por la pandemia.

En la época en que funcionaba la Corporación de Fomento CORFO como la institución estatal por excelencia orientada a levantar la actividad industrial del país, estos créditos eran otorgados por dicha entidad y las utilidades pasaban a manos del Estado para el financiamiento de otras obras. Hoy, bajo el imperio de la economía social de mercado (neoliberalismo, Consenso de Washington, monetarismo, mercantilismo, en fin), las operaciones que realizaba la CORFO han pasado a ser negocios de la banca que, por ese motivo, ha adquirido más poder que el propio Estado.

En Chile, el problema comenzó a hacerse sentir ya en marzo. Y si más de alguien pudo creer que sería la vieja CORFO quien saldría en apoyo de los damnificados, los hechos, los porfiados hechos, le harían alterar profundamente esa declarada fe. Porque, en el mismo mes de marzo, el sector bancario recibió, de parte del Banco Central dinero fresco por tres mil millones de dólares para paliar parte de esos efectos. El Estado sacaba dinero de su bolsillo y lo entregaba a la banca para que ella realizara el negocio del comercio del dinero.

En la segunda quincena del mismo mes, de acuerdo a datos entregados por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras ABIF, esas mismas entidades empezaron a ofrecer a sus clientes todo tipo de soluciones a fin de evitar que cayeran en mora. José Miguel Mena, presidente de la entidad, confesó el 6 de abril, que, ya a esa fecha, se había reprogramado las deudas de 625 mil personas y empresas. Pero faltaba dinero.

El 08 de abril, en una ceremonia efectuada en el Patio de los Naranjos, expresó el presidente del Banco Central Mario Marcel que, luego de haberse reunido el presidente Piñera y sus ministros, la Comisión para el Mercado Financiero CMF y el Banco Central BC, las referidas entidades habían acordado ir en ayuda de las micro, pequeñas y medianas empresas nuevamente, y por supuesto, a través de la banca, entregando para tales efectos una nueva remesa de dólares, de manera que si había recibido ya aquella la suma de tres mil millones de dólares, a partir de ese momento podría elevarla

“[…] hasta los 19 mil millones de dólares, a la tasa más baja que se haya visto, incluso desde la crisis Subprime: 0,5% en un período de cuatro años”[xiv].

A pesar que el interés que el Banco Central cobraría a la banca por el crédito concedido sería de un 0%, aquella no actuó de manera noble. Y es que la banca es una entidad comercial, hace negocios, practica la usura, es prestamista y exige el pago de intereses por los dineros que entrega. No debe sorprender que incurra en impudicias. Antes, semanas antes que el Estado le otorgara esos créditos, procedió a elevar las tasas de interés por los créditos hipotecarios que otorgaba

“[…] a su mayor nivel en nueve meses, pese a los fuertes recortes que ha dispuesto el Banco Central a la tasa de política monetaria”[xv].

Fue algo que, al parecer, el Banco Central sabía. Y, probablemente, también la Comisión para el Mercado Financiero. Porque el interés de los créditos hipotecarios, en la semana comprendida entre el 24 y el 30 de marzo, promedió el 2,70%, medida que, en vez de censurarla, el presidente del Banco Central Mario Marcel, justificó con las siguientes palabras:

«[…] esto ocurre luego de un período largo de caída en esas tasas, y en relación a lo que eran hace un año, siguen siendo relativamente bajas»[xvi].

No deja de ser sorprendente tal afirmación, cuando el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Calificó tal conducta como

“[…] impresentable […]”[xvii]

Y Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana:

“Esto una inmoralidad de la banca privada. No es posible que a pesar de los recortes del Banco Central y a pesar de las garantías anunciadas por el Gobierno para la banca, ella de forma generalizada suba los créditos hipotecarios, dejando en claro que no están cerca de colaborar para que el país sortee esta crisis, sino que justamente son parte del problema”[xviii].

Las voces discordantes, no obstante, de poco o nada sirven. Resuenan en el aire como el aullido de un animal herido, que puede atraer el titular de algún periódico o alegrar el parloteo de un matinal. Nada más. Como se ha dicho, el Estado es una estructura en donde la presencia del disenso se encuentra proscrita; más, aún, tratándose de un régimen autoritario.

Es cierto que la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras ha dicho que nada ganarían con esas operaciones. Pero no es menos cierto que tales afirmaciones carecen de veracidad pues, como lo afirma Roberto Fantuzzi, presidente de la Asociación de Exportadores y Manufactura ASEXMA, los bancos sólo reprogramarían las deudas de sus clientes y no de otros, lo que, a todas luces, ocasionaría un anatocismo y, en consecuencia, interés devengado sobre intereses:

“[…] el paquete de medidas económicas del Gobierno es, en rigor, un salvavidas para la banca, ya que le dará liquidez para que esta les otorgue créditos a las pymes. ¿Pero a qué pymes?, se pregunta. «A quienes ya son sus deudores, a quienes ya les deben plata. Es un negocio redondo», responde”[xix].

Al enterarse de la medida, no de manera diferente se expresó Andrea Repetto, para quien a cada banco

“[…] le quedan los costos operacionales, que tienen que pagarlo, evaluar a los clientes, definir a quiénes les van a entregar y una utilidad. Yo creo que en esa brecha va a haber una utilidad y no me extrañaría que se pegaran al 3,5% nominal”.

“[…] en el fondo el Estado les está cubriendo mucho de sus costos. Le está entregando una garantía hasta el 85% […] Si los dueños de las pymes no pagan, entonces una parte importante la van a recibir igual, porque el Estado la va a pagar”

“[…] los bancos van a ganar plata. No hay que ser ingenuos. Los bancos están haciendo esto porque es un negocio”[xx].

Los hechos posteriores le dieron la razón, pues desde comienzos de la pandemia hasta fines de marzo, la banca había empezado a reprogramar sus créditos aprobando 800 mil ‘flexibilizaciones’ de las cuales 424 mil correspondían a créditos de consumo, 311 mil a viviendas y 86 mil a PYMES[xxi].

En suma, los bancos se han fortalecido con la política aplicada por el Gobierno en épocas de pandemia, toman un liderazgo en la reconstrucción de la economía dañada por el flagelo y continúan ejerciendo la hegemonía dentro del Bloque en el Poder. Aunque ello les signifique nadar contra la corriente en el panorama mundial.

FORTALECIMIENTO DE LAS AFP

En materia del fortalecimiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP, hay dos aspectos que considerar: por una parte, la inalterabilidad misma de su régimen de funcionamiento y, en segundo lugar, las medidas adoptadas en su favor que ponen de manifiesto el poder de estas estructuras.

1. En relación a lo primero, es un hecho cierto que las normas que rigen el funcionamiento de las Administradoras de Fondos Previsionales AFP se han mantenido inalterables. Es decir, no han sido objeto de modificación alguna, incluso, luego del estallido social de 18 de octubre de 2019, como nos lo recuerda un analista:

“A estas alturas del debate previsional, conocidas ya las propuestas del gobierno y de la oposición queda claro que el sistema de AFP, creado por el DL 3.500 de 1981, podría quedará incólume en su esencia. Ello, a menos que las distintas propuestas de la oposición, conocidas en lo general solo el reciente lunes 20, lleguen a ser incorporadas —al menos parcialmente— por parte del gobierno, lo cual no se avizora fácil.

Subyace la duda respecto a si esta intocabilidad del sistema obedece a una postura inflexible, dogmática e ideologizada de las actuales autoridades en la materia —particularmente la ministra del Trabajo— o si efectivamente existe un acuerdo tácito o quizás explícito entre el gobierno y las AFP. O ambas. El acuerdo consistiría en lo esencial, en no afectar el negocio de las administradoras como compensación al impedimento para que estas accedan a la administración del aporte adicional de cargo patronal que, de acuerdo a lo conocido actualmente, será de un 6% ya que en este porcentaje han coincidido ambas propuestas”[xxii].

Porque las AFP no se tocan. Aún cuando la más nueva de esas entidades, la AFP Uno, en carta enviada a sus afiliados haya propuesto al resto de aquellas permitir el retiro de los fondos previsionales hasta un 5% del acumulado, en atención a que

«Los ahorros en los fondos de pensiones pertenecen a las personas, y su principal objetivo es financiar sus pensiones. Sin embargo, siempre hemos manifestado que en circunstancias extraordinarias, se deben evitar los paradigmas […] El desafío que enfrentamos en Chile por el Covid-19 requiere acciones extraordinarias. Para enfrentarlo exitosamente, Chile va a necesitar de todas las herramientas a su alcance […]»[xxiii]

Como era de esperarse, la propuesta fue rechazada tanto por el Gobierno como por la Asociación de AFP. No tuvo mejor suerte la propuesta de la UDI en torno a permitir a los ahorrantes el empleo del dinero destinado a ser depositado en sus cuentas individuales, durante los meses que pudiese durar la pandemia[xxiv]. Ni la de Mario Desbordes, presidente del partido Renovación Nacional RN, plasmada en un documento intitulado ‘Agenda Financiera para la Clase Media’[xxv].Por lo que podemos concluir que la confrontación de intereses, que se libra con todo su vigor en el plano de la legalidad, ha sido ampliamente favorable al interés de las AFP.

Las pérdidas habidas en el mercado internacional, sin embargo, tienen nerviosos a sus dueños. Pero no por el perjuicio irreparable que se ha ocasionado a los ahorrantes; especialmente a los que se encuentran próximos a jubilar.

De acuerdo al Diario Financiero, solamente en marzo dichas pérdidas alcanzaron la escandalosa cifra de 25 mil millones de dólares[xxvi], por lo que los directorios de las AFP Capital y Habitat decidieron retirar en el presente mes de mayo las utilidades percibidas durante 2019, que alcanzan la cifra de $26 y $ 20 mil millones de pesos, lo que hace un total de $46 mil millones de pesos. El dueño de la AFP Capital es el consorcio colombiano Sura, y el de AFP Habitat tanto la Cámara Chilena de la Construcción como el holding Prudential Financial[xxvii]. En otras palabras, los empresarios de las AFP pueden retirar sus ganancias, y los trabajadores deben enfrentar las pérdidas experimentadas por las AFP las cuales, según un estudio reciente, entre el 1 y el 23 de marzo de este año (2020), alcanzaban los siguientes porcentajes, según el tipo de fondo:

-Fondo A, entre -19,9% y – 21,3%.

-Fondo B , entre -15,9% y -16,8%.

-Fondo C, entre -11,3% y -12,3%.

-Fondo E, entre – 72 % y 8,0%.

-Fondo E, entre – 1,9 % y – 2,8%[xxviii].

No ha existido voluntad de permitir el acceso a esos fondos de sus naturales propietarios; tampoco ante las millonarias pérdidas ocasionadas por la pandemia a nivel internacional; ni siquiera ante la urgente necesidad de tomar medidas tendientes a garantizar los intereses del grupo que mayor vulnerabilidad tiene ante los efectos catastróficos que el Covid 19 está provocando para las personas próximas a jubilar. Dell mismo modo, han sido ignoradas las tímidas propuestas de los parlamentarios del partido Socialista PS en carta dirigida al presidente de la República, llamándole la atención acerca de estos hechos[xxix]. No debe sorprender, entonces que uno de los investigadores de la Fundación Sol no haya vacilado en declarar que

«Se va a llevar a la catástrofe a los adultos mayores»[xxx].

La estructura y el funcionamiento de las AFP no se han alterado en lo más mínimo; es posible suponer que si hasta este momento no lo han hecho, tampoco pareciera ser que eso vaya a suceder en el futuro próximo. Constituyen la fuente del financiamiento de las clases y fracciones de clase dominantes por lo que su permanencia es crucial para la supervivencia del sistema de dominación. Por lo demás, si así sucedió luego del estallido de 18 de octubre de 2019; no tendría por qué ser diferente si los actores políticos, encargados de realizar las reformas, así lo estiman y son los mismos que actuaron de esa manera la vez pasada[xxxi].

En la tercera semana de abril, no obstante, la propia Superintendencia de Pensiones

“[…] comenzó a tomar los resguardos para evitar las caídas que ha registrado los fondos de pensiones a raíz del coronavirus, por lo que implementará una norma para que las personas puedan congelar sus ahorros y entrará en vigencia el próximo 1 de junio””.

«La norma de la superintendencia propone que el afiliado o sus beneficiarios al momento de efectuar la solicitud de pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, puedan solicitar a su AFP que transfieran todo el saldo de ahorro previsional que destinarán a pensión hacia una cuenta corriente de los fondos de pensiones»[xxxii].

Así, la proposición no aleja de las manos de las AFP los dineros correspondientes a las pensiones de quienes están próximos a jubilar sino los hace derivar a otras cuentas dentro de las mismas; más exactamente a una suerte de ‘Fondo F’ de eventual próxima creación. Las AFP, como ya se ha dicho, no se tocan.

¿Razones humanitarias, tras esta serie de medidas adoptadas? Dejémonos de ingenuidades. Ninguna de estas medidas ha sido adoptada por sentimientos humanitarios, sino procurando, estrictamente, cuidar y proteger el modelo económico heredado de la dictadura. Los negocios son los negocios.

Por Manuel Acuña Asenjo

[i] Redacción: “RN acusa ‘cuoteo político’ tras designación de Macarena Santelices como ministra de la Mujer”, ‘El Mostrador’, 06 de mayo de 2020.

[ii] Cárdenas, Leonardo y Fernández, Eugenia: “No sólo Felipe Larraín: las 30 3x autoridades que saltaron del sector público y hoy trabajan en grandes empresas”, ‘La Tercera’, 06 de mayo de 2020.

[iii] De acuerdo con esta ley, los depositantes de dinero en una entidad financiera no van a retirar todos, de una vez, los fondos depositados en ella. Esta circunstancia permite a la institución, usar un determinado volumen del dinero que ha recibido y prestarlo quienes lo necesitan y, a la vez, ofrecen mayores garantías de devolución.

[iv] Matamala, Daniel: “Carne de cañón”, ‘La Tercera’, 28 de marzo de 2020.

[v] Redacción: “Senadores en picada: criticaron que el plan económico de Piñera obliga a trabajadores a financiar la crisis con sus fondos de cesantía”, ‘El Mostrador’, 23 de marzo de 2020.

[vi] Balcells Daniels, Fernando: “El Parlamento y la renuncia a la democracia”, ‘El Mostrador’, 14 de abril de 2020. Con negrita en el original.

[vii] Esta medida hizo que la generalidad de los trabajadores que perdieron sus empleos con ocasión de la pandemia concurriesen en masa a las oficinas de las AFC con grave riesgo de contraer el virus sin que nadie se preocupase de ese hecho.

[viii] Véase el noticiero de CHV ‘”ChileVisión noticias’, de 15 de abril de 2020.

[ix] Redacción: “Ni el coronavirus las detiene: transversal repudio a las ISAPRES por decidir aumento de planes en medio de la pandemia”, ‘El Mostrador’, 31 de marzo de 2020.

[x] Neira, Cristián: “Superintendencia de Salud confirma alza de precios en los planes de las ISAPRES”, ‘El Desconcierto’, 31 de marzo de 2020.

[xi] Bhaumik, Sumon: “¿Es la banca suficientemente fuerte para enfrentarse al crash del coronavirus?” ‘CIPER’ Chile, 24 de marzo de 2020.

[xii] Bhaumik, Sumon: Art. citado en (23).

[xiii] Redacción: “Ministro Figueroa descarta suspender el pago del CAE debido a la pandemia del coronavirus: ‘Se puede hacer de forma online’”, ‘El Mostrador’, 24 de marzo de 2020.

[xiv] Saavedra Morales, Natalia: “Piñera deja a la banca millonario rescate a las pymes y surge desconfianza por mayor endeudamiento”, ‘El Mostrador’, 09 de abril de 2020.

[xv] Redacción: “Banca subió tasas de interés pese a rebajas del Central”, ‘Cooperativa’, 09 de marzo de 2020. Con negrita en el original.

[xvi] Redacción: Art. citado en (27).Con negrita en el original.

[xvii] Redacción: Art. citado en (27).Con negrita en el original.

[xviii] Redacción: “Presidente de la DC calificó de «inmoral» alzas en tasas de interés de los bancos: «No están cerca de colaborar», ‘El Mostrador’, 09 de abril de 2020.

[xix] Joannon, Federico: “Roberto Fantuzzi: ‘La ayuda a las pymes es un negocio redondo para la banca, les dará crpedito a quienes ya son sus deudores’”, ‘El Mostrador’, 23 de abril de 2020.

[xx] Redacción: “Economista Andrea Repetto pone en duda el ‘buenismo’ de la banca con las pymes: ¿Van a ganar plata, no hay que ser ingenuos’”, El Mostrador’, 13 de abril de 2020.

[xxi] Redacción: “Nueve de cada diez solicitudes de flexibilizaciones de créditos por crisis del Covid 19 han sido aprobadas por la banca”, ‘El Mostrador’, 23 de abril de 2020.

[xxii] Machuca, Luis: “Las AFP no se tocaron… de nuevo”, ‘El Mostrador’, 21 de enero de 2020.

[xxiii] Redacción: “AFP Uno golpea el tablero con propuesta de retirar 5% de los fondos previsionales para enfrentar crisis del coronavirus”, ‘El Mostrador’, 31 de marzo de 2020.

[xxiv] Redacción: “UDI rechaza retiro de fondos de pensiones y propone fórmula intermedia: que el porcentaje de AFP vaya al sueldo por unos meses”, ‘El Mostrador’, 01 de abril de 2020.

[xxv] Leiva, Miriam: “Desbordes plantea traer de vuelta los fondos de las AFP”l ‘La Tercera’, 09 de abril de 2020,

[xxvi] Massai D., Nicolás: “Controladores de AFP Capital y Habitat pretenden retirar $ 46 mil millones en utilidades en mayo”, ‘Interferencia’, 16 de abril de 2020.

[xxvii] Massai D., Nicolás: Art. citado en (38).

[xxviii] Saavedra Morales, Natalia: “Otra vez las AFP: el duro bofetazo que la crisis del nuevo corona virus les ha dado a los fondos de pensiones chilenos”, ‘El Mostrador’, 26 de marzo de 2020.

[xxix] Redacción: “Diputados PS proponen «medidas urgentes» para evitar más pérdidas de los ahorros de AFP de los trabajadores”, ‘El Mostrad

or’, 09 de abril de 2020.

[xxx] Saavedra Morales, Natalia: “Marco Kremerman y el impacto en los fondos de pensiones por la crisis del Covid:’Se va a llevar a la catástrofe a los adultos mayores’”, ‘El Mostrador’, 29 de marzo de 2020.

[xxxi] Machuca, Luis: “Las AFP no se tocaron… de nuevo”, ‘El Mostrador’, 21 de enero de 2020.

[xxxii] Redacción: “Superintendencia de Pensiones impulsa norma que permite a futuros jubilados congelar sus fondos”, ‘El Mostrador’, 09 de abril de 2020.