La Comisión Chilena de Derechos Humanos y la ANEF enviaron una carta a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con el fin de denunciar las amenazas al derecho a la vida, a la salud e integridad física y síquica, que afectan a los funcionarios públicos de nuestro país.
En la misiva dan cuenta del oficio que ordena el retorno gradual de los funcionarios públicos a su trabajo presencial, dejando sin efecto un dictamen anterior, en el que se establecían las condiciones para el trabajo remoto, los servicios indispensables y los turnos, ante la grave crisis sanitaria que nos afecta y de esa forma evitar el contagio de los funcionarios públicos, como de los usuarios.
La gravedad del nuevo instructivo, señalan las organizaciones firmantes, para el retorno presencial al trabajo, lo entregan las propias autoridades firmantes del decreto, que han señalado reiteradamente que el peak de los contagios se produciría precisamente a fines de abril ó principios de mayo, de esa forma la medida adoptada por la autoridad es una grave amenaza a la vida e integridad física y síquica de más de 100.000 personas que cumplen funciones en el aparato público.
El rechazo a la medida adoptada por las autoridades ha sido transversal, el Colegio Médico, el Colegio de Enfermeras, el Consejo Asesor Covid-19, los parlamentarios integrantes de las Comisiones de Salud tanto de la Cámara de Diputados como del Senado han manifestado públicamente su desacuerdo con la ordenanza.
En la carta enviada a la Alta Comisionada, se recuerda que lo ordenado por las autoridades contraviene tratados internacionales firmados y ratificados por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como también las directrices de Naciones Unidas respecto a la forma cómo los Estados deben enfrentar la pandemia en sus respectivos territorios.
Los firmantes, el abogado Carlos Margotta presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y José Pérez, presidente de la ANEF, piden a la alta Comisionada que en razón de la gravedad de lo expuesto y en uso de sus atribuciones, adopte todas las medidas pertinentes en el marco de sus facultades y competencias, a fin de que el Gobierno suspenda la aplicación de esta medida.