ANEF ante «normalización» de actividades: «Es una irresponsabilidad criminal»
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Ante los anuncios del gobierno para comenzar un proceso de «normalización» de las actividades públicas, comerciales, industriales y escolares, la ANEF expresó su más profundo rechazo a este llamado en cuanto no están las condiciones para levantar la emergencia. A través de una declaración, la asociación de funcionarios públicos calificó la decisión gubernamental como una «irresponsabilidad criminal».
Para la ANEF, las medidas adoptadas por el gobierno siguen evidenciando que su única prioridad es el resguardo de los intereses económicos, por sobre la protección de la salud y la vida de los/as chilenos/as, y las medidas de carácter fiscal adoptadas privilegian al gran empresariado, descargando sobre los/as trabajadores/as y sobre la Función Pública sus costos.
Se extienden los llamados, desde sectores financieros y empresariales, para “normalizar” la actividad del país, asumiendo los costos en vidas que tendría el levantamiento de las limitadas medidas de distanciamiento social y cuarentena en vigencia, como una nueva columna en sus balances corporativos. Las autoridades de gobierno se hacen eco de estas exigencias, aun cuando la realidad muestra una improvisación y una falta de planificación de cómo enfrentar la pandemia. Es clara la falta de lineamientos y bajada de la información a nivel asistencial, se manipula la información epidemiológica, para respaldar estos discursos e, incapaces de autocrítica alguna, intentan responsabilizar de la falta de respuesta política y de planificación de las funciones del Estado, a los/as trabajadores/as y a las medidas de trabajo remoto temporal que una parte de ellos/as han asumido para seguir cumplimiento la función.
En un comunicado, la ANEF señala que el país se encuentra ad portas de iniciar el período invernal, con el consiguiente incremento de enfermedades respiratorias, lo que los salubristas han indicado, incrementa el riesgo de contagio y agravará la letalidad del COVID-19. La evidencia internacional al respecto es clara, incluso en países que mantienen Sistemas de Salud Pública mucho más sólidos y financiados que el nuestro. Italia, por ejemplo, decretó cuarentena total cuando llevaba 9.000 contagios detectados con una población que alcanza los 60 millones y fracción, España cuando alcanzó los 4.200, y Reino Unido a los 6.600 casos. Ayer 16 de abril, Chile superó los 8.807 casos confirmados, las cifras debieran hablar por sí mismas.
«Son miles los/as trabajadores/as del Estado que están hoy cumpliendo funciones presenciales a lo largo del país. En primer lugar, nuestros compañeros/as de la red Pública de Salud centralizada y municipal, así como de los demás organismos clínicos estatales y privados, que se encuentran en primera línea sustentando el derecho a la vida de miles de chilenos/as que siguen estando expuestos al contagio de COVID-19, por la postergación de las medidas sanitarias que, a nivel mundial, han demostrado ser efectivas para contener la pandemia. Pero asimismo, están nuestros compañeros/as en las fronteras, en los aeropuertos, puertos, en los centros penales, en las tareas de salud pública, en la protección de la infancia, y tantos otros en puestos estratégicos del Estado que, pese a la lentitud con que se adoptan las medidas de protección personal y seguridad laboral, siguen cumpliendo sus labores porque su compromiso es con la ciudadanía, más allá del gobierno de turno».
“Normalizar el funcionamiento del Estado está lejos de ser posible y no se condice con las necesidades del país. No se trata solamente de proteger la salud e integridad física de los/as funcionarios/as públicos/as, errores de este tipo son los que condujeron a contagios masivos en instituciones que no asumieron las alertas que levantamos. Se trata principalmente de proteger a la población y a los/as usuarios/as de los servicios públicos, para impedir que nuestros espacios de atención masiva se transformen en focos de contagio y expansión de la pandemia, tal como ya ocurrió en etapas iniciales de la crisis. Vemos hoy, las problemáticas que se denuncian diariamente y aglomeraciones en la AFC, COMPIN, instituciones asistenciales (hospitales) y otros servicios que se encuentran operativos, el gobierno no ha garantizado el distanciamiento social necesario en los servicios públicos que pretende “normalizar”. Esta línea de acción es la que han ratificado los dictámenes de la Contraloría General de la República y las mejores prácticas internacionales promovidas desde la OIT».
