Confusión entre verdad histórica y judicial
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Se ha hecho muy común en nuestro país confundir lo que constituye una verdad actual o histórica con lo que estipula una sentencia judicial. O dicho en otros términos, conferirle a una sentencia judicial un valor absoluto. Y también, invalidar un juicio actual o histórico condenatorio porque no haya una sentencia judicial.
De partida, ello se produce porque se olvida -o se distorsiona- el hecho que una sentencia judicial requiere una especial seguridad de que los hechos establecidos en ella estén más allá de toda duda razonable, ya que sus consecuencias pueden irrogar el castigo de una o de varias personas a penas pecuniarias o de perder la libertad personal. Por lo mismo sus estándares son más exigentes. Dicho de otro modo, una persona puede salir exculpada de un proceso judicial, aunque exista una razonable conclusión de su culpabilidad para los contemporáneos y para la historia.
Lo anterior se refuerza por el hecho de que una sentencia constituye también un acto político en el amplio sentido de la expresión. El poder judicial -en conjunto con el ejecutivo y el legislativo- constituye uno de los poderes políticos que configura un Estado. Y como todo acto político, está sujeto a sus vicisitudes. Puede que una sentencia se aparte de una auténtica justicia por temor a otro poder; por prevaricación; por prejuicios sociales, políticos o religiosos; o simplemente por una voluntad torcida del juez en favorecer o perjudicar a alguien. Además, como todo ser humano, el juez puede simplemente equivocarse y expedir una sentencia errónea, no basada en una acertada percepción y comprensión de los hechos.
Por otro lado, hay ocasiones en que sencillamente quien ha cometido delito nunca es llevado a juicio; ya sea porque ha concentrado todo el poder en sus manos hasta su muerte; porque se ha fugado exitosamente evitando su captura; o simplemente porque nunca se le han conocido sus actos delictuales. Particularmente corriente -y de consecuencias morales y políticas funestas- es el gran número de criminales que han conducido Estados a lo largo de la historia, y cuyas atrocidades han quedado en total impunidad. Entre los casos más conocidos por nosotros de grandes criminales del siglo XX que han terminado impunes están los de Hitler, Stalin, Franco y Pinochet. El primero por haberse suicidado antes de enfrentar un juicio. Stalin y Franco por haber muerto concentrando todo el poder. Y Pinochet debido a la falta de coraje moral de los tribunales chilenos en condenarlo por sus crímenes.
Podríamos seguir con el interesante ejercicio de ir llenando cada una de las alternativas con casos concretos de perso-nas, tanto de nuestro país como del resto del mundo. Pero lo más importante es tener claridad sobre los alcances y limitaciones de las sentencias judiciales y que así como no toda sentencia se ajusta necesariamente a la verdad; espe-cialmente es cierto que muchos delincuentes escapan a la acción del Poder Judicial y pueden presentarse ante la so- ciedad como personas inocentes. Esto último es particularmente desmoralizador cuando estamos consagrando la im- punidad de delitos atroces, como los crímenes contra la humanidad efectuados desde el poder político; y los abusos sexuales contra menores en los que también se utiliza de forma agravada la autoridad. Y todavía más, a este respecto, cuando los autores abusan de su autoridad familiar o religiosa.
Por Felipe Portales
