La catástrofe sanitaria nacional y la catástrofe del modelo
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En la etapa actual en que se encuentra Chile – gravemente amenazado por la pandemia del coronavirus – no se puede menos que ser crítico respecto a la forma como se ha organizado en las últimas décadas la institucionalidad no solo del sector salud, sino que, en general, la institucionalidad económica y social del país. Pero, al mismo tiempo, hay que ser práctico y propositivo con respecto a las medidas que es necesario tomar para aminorar los efectos, sobre todo sociales y humanos, de la crisis actual.
Con respecto a lo primero, va quedando cada vez más claro que el sistema de salud organizado a partir de la existencia dual de un sistema público y un sistema privado – uno para los pobres y otro para los ricos – no es capaz de servir adecuadamente a la sociedad chilena en períodos de crisis. El sistema público, aun sin pandemia alguna, vive absolutamente colapsado, con enfermos que duran meses para ser vistos por un especialista, y unas salas de emergencia en los hospitales que constituyen una auténtica expresión de una medicina de guerra. El Estado no asume, como una de sus obligaciones, la generación de buenos y oportunos servicios de salud para el conjunto de la población. Esa no es hoy en día una obligación constitucional. Relacionado con esto, el mercado libre y especulativo de medicinas contribuye a que éstas sean caras para el ciudadano de a pie, sin que el gobierno tenga atribuciones como para controlar precios, ni para impedir la monopolización y la colusión de los principales comerciantes de medicinas, pues eso es una función del mercado y una atribución que va aparejada a la propiedad privada sin que se le imponga a ésta última ninguna función social de carácter obligatorio. No deja de ser peculiar que haya que declarar un estado de catástrofe nacional para que se puedan organizar algunas actividades económicas de acuerdo a las necesidades sociales y sanitarias. En condiciones normales, de acuerdo a la letra y el espíritu de la constitución actual, eso no se puede hacer. Sea cual sea la forma como salgamos de esta emergencia, esa situación legal y constitucional no puede seguir existiendo.
En el terreno de lo propositivo, y dado que muchos elementos esenciales al modelo quedan en suspensión con la declaración de catástrofe nacional, sin pretender ser muy original, hay algunas medidas posibles y deseables que se pueden tomar rápidamente. En primer lugar, hay que poner todos los hospitales y clínicas privadas bajo el control de las autoridades civiles o militares del país, de modo que asuman y pongan a disposición dicha infraestructura sanitaria para atender a todo el que la necesite, sean inscritos en Fonasa o en isapres, en forma rápida, oportuna y gratuita. No se puede dejar que en la situación actual, no se les imponga a esas instituciones, una cuota de solidaridad social, ni tampoco que se les puede dejar que lucren con compatriotas que se debaten entre la vida y la muerte.
Otra medida posible y deseable es movilizar a todos los estudiantes universitarios de las carreras ligadas a la salud para que, en período de inactividad académica, se incorporen a los servicios que se organicen para luchar contra el coronavirus. Por esa vía se podrían reforzar los servicios de salud con miles de colaboradores que podrían prestar -sin lugar a dudas con alegría, entusiasmo y solidaridad – apoyos que permitan, entre otras cosas, a que los hospitales y clínicas funcionen a plena operatividad las 24 horas del día.
En tercer lugar, con la reducción o paralización del comercio y de muchas industrias, y con la reducción a su más mínima expresión de la vida social habitual, quedarán sin empleo y sin ingresos miles de ciudadanos que viven del trabajo informal y/o de las actividades por cuenta propia, fundamentalmente Pymes, sin perjuicio de que también la cesantía se cierne como un peligro para los trabajadores del sector formal. A ninguno se le puede dejar librado a su propia suerte. No se puede imponer la ley selvática de que se salve el que pueda. Si se impone esta última actitud, muchos de ellos morirán, de coronavirus o de hambre. Es necesario, como primera cuestión, tratar de imponer la continuidad de los sueldos, sobre todo en la gran empresa, unido a la obligación del no despido, e implementar con rapidez y sin burocracia sistemas de apoyo o de subsidio directo a los trabajadores cesantes, bonos de emergencia a los sectores más necesitados, creación de fondos municipales para trabajos de emergencia y distribución centralizada y/o racionamiento de alimentos, para efectos de que se asegure y se mantenga el consumo familiar.
Por Sergio Arancibia
