Poder y Política

A tres meses del informe de la ONU sobre violaciones a los DD.HH., la oficina pide acelerar la implementación de las recomendaciones

By Elena Rusca (en Ginebra) 13 marzo, 2020 No comment

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El 13 de diciembre 2019 se publicó el informe [1] de la delegación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH), resultado de su visita a Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre. El informe describe múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas armadas chilenas. Lo anterior en un contexto de falta de participación democrática en la política chilena que hizo que el pueblo nunca se sintiera incluido en este sistema.

“Seguimos recibiendo denuncias sobre vulneración de derechos en Chile, en el marco de manifestaciones sociales”, afirmó el Representante para América del Sur[2] del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab.

Eso, al cumplirse tres meses desde que se conoció el informe de la misión que desplegó el ACNUDH en el país, con 21 recomendaciones para el Estado.

Desde el Informe, aquí las 21 recomendaciones:

Asegurar que las personas puedan, durante las manifestaciones, ejercer sus derechos de reunión pacífica y a la expresión, sin restricciones ni riesgos innecesarios y desproporcionados para su integridad física y otros derechos humanos.
Asegurar efectivamente que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en todo momento. Garantizar el uso de métodos no violentos antes de recurrir a armas menos letales, y que estas sean utilizadas, en todo momento, de plena conformidad con las normas internacionales.
Poner fin de inmediato al uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para controlar las manifestaciones. Estas deben utilizarse solo con munición autorizada y conforme con los estándares internacionales relevantes.
El uso de gases lacrimógenos debe ser excepcional y solo cuando sea estrictamente necesario y no dentro ni cerca de establecimientos de educación ni de salud. Deben tomarse medidas inmediatas para prevenir heridas causadas por cartuchos de gas lacrimógeno, incluidas instrucciones claras a los oficiales de Carabineros sobre su uso adecuado, como por ejemplo asegurarse que siempre se disparen en un ángulo pronunciado y nunca horizontalmente, de acuerdo con las normas internacionales.
Adoptar medidas con respecto a Carabineros para:

 Impulsar reformas estructurales que asegurar la supervisión civil y el monitoreo independiente de sus actividades, fortaleciendo la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas como principios rectores.

 Reformar los sistemas de registros de detención a fin de garantizar que la información sea recopilada de forma íntegra, oportuna y de forma desglosada.

Esta información pública debe ser fácilmente accesible para las instituciones autónomas de derechos humanos en el país y debe incluir datos sobre el uso de controles de identidad por parte de Carabineros (desglosada por edad y sexo).

 Asegurar que se reciban capacitación de vanguardia (incluyendo una perspectiva de género) respecto a los derechos humanos, en particular sobre el uso de medios no violentos para la gestión de asambleas y tácticas de reducción de hostilidades.

 Incluir en sus regulaciones internas medidas específicas de protección parapersonas y grupos discriminados, en particular para personas con discapacidad.

 Garantizar que se utilice una identificación adecuada en todas las actividades relacionadas con la seguridad pública (incluidas cintas con los nombres e identificaciones en los vehículos).

Asegurar que el mantenimiento de la seguridad ciudadana esté primariamente reservado a los cuerpos policiales civiles. Cuando militares excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, su participación debe ser: a) temporal y restringida; b) subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles; c) reguladas y d) fiscalizadas por órganos civiles competentes.
Asegurar que las fuerzas de seguridad adopten medidas para garantizar la rendición de cuentas con relación a las violaciones de derechos humanos y reconozcan estas violaciones.
Asegurar que se cumpla el deber del Estado de investigar todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos. El Estado debe considerar si se deben adoptar medidas específicas para acelerar las investigaciones y los juicios, incluso, por ejemplo, asignando fiscales y/o jueces especializados en derechos humanos para abordarlos.
Garantizar que no haya impedimentos procesales para determinar la responsabilidad penal individual, como la defensa de la obediencia a órdenes de superiores. Los responsables deben ser juzgados y castigados de forma proporcional de acuerdo a la gravedad de la violación. Los presuntos autores de violaciones graves de los derechos humanos deberían ser suspendidos de sus funciones durante el tiempo que dure la investigación.
Asegurar que las víctimas de violaciones de derechos humanos tengan acceso a un recurso fácil, rápido y efectivo en forma de procedimientos penales, civiles, administrativos o disciplinarios. Al ejercer este derecho, se les brindará protección contra la intimidación y las represalias. Asimismo, las víctimas deben tener acceso, sin cargo, a asistencia legal relacionada con las denuncias de dichos actos. Las víctimas deben ser reparadas de forma integral por las violaciones sufridas.
Establecer un mecanismo para recopilar, sistematizar y hacer pública la información sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas, las investigaciones realizadas y las sanciones establecidas. El acceso a la información y el acceso a la justicia deberían ser los principios rectores de dicho mecanismo. La sociedad civil debe ser consultada y ser parte de este proceso.
Adoptar las medidas y acciones necesarias para asegurarse que no ocurran violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de manifestaciones, en particular con respecto a la tortura y la violencia sexual, especialmente por parte de las fuerzas de seguridad.
Fortalecer las capacidades del Servicio Médico Legal, ministerios públicos especializados y otro personal médico en relación con el Manual sobre la Investigación y Documentación Efectiva de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul), y el Protocolo Modelo para una Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias (Protocolo de Minnesota).
Asegurar que todos los detenidos estén sujetos a exámenes médicos por parte del personal de atención médica después de su arresto. Deben establecerse procedimientos operativos estándar para los exámenes de las y los detenidos, con especial énfasis en la detección proactiva de lesiones, de conformidad con el Protocolo de Estambul. El sistema de atención de la salud debe mantener un registro de las lesiones identificadas como compatibles con la tortura o los malos tratos y de las denuncias realizadas por personas privadas de libertad que han sido examinadas.
Asegurar de que las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, así como personas que brindan asistencia en el contexto de las manifestaciones, puedan llevar a cabo su trabajo sin restricciones ni temor a represalias.
Adoptar medidas para asegurar que el derecho penal no se utilice de ninguna manera para restringir a quienes ejercen sus derechos a reunirse pacífica y libremente. Las autoridades deben abstenerse de dichos que puedan, de alguna forma, criminalizar la protesta.
Establecer un mecanismo de múltiples partes interesadas, que incluya a la sociedad civil y a la academia, junto con representantes del gobierno y del sector privado, para identificar las causas estructurales de las protestas, en particular relacionadas con los derechos económicos y sociales y la discriminación, y recomendar acciones para abordarlos. Las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de la ONU deberían enmarcar dicho diálogo.
Asegurar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos —incluido el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura— y la Defensoría de la Niñez, cuenten con los recursos adecuados para cumplir su mandato de manera efectiva en todas las regiones del país, especialmente a la luz de la mayor carga de trabajo.
Asegurar que el proceso de elaboración de una nueva Constitución sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género (50% mujeres, 50% hombres) durante el proceso y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Los derechos humanos deben estar en el centro de este debate nacional.
Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Establecer un mecanismo de seguimiento, con la Oficina Regional de la ACNUDH para América del Sur (ROSA) e incluir la participación de la sociedad civil, para evaluar, dentro de tres meses, la implementación de las recomendaciones anteriores, así como las de otros mecanismos internacionales de derechos humanos. El mecanismo debe tener por norte el establecimiento de medidas para evitar la repetición de tales eventos. Los resultados del trabajo de dicho mecanismo deben hacerse públicos.

Algunas medidas anunciadas por el gobierno, según Jarab, “van en la dirección correcta, como el aumento de cámaras corporales que registran el actuar policial, entre otras”. Sin embargo, el Representante señaló que su Oficina no pudo constatar avances significativos en la implementación de gran parte de las recomendaciones contenidas en el informe de diciembre de 2019.

Marta Valdés, vocera de la Coordinadora Traumas Oculares, no ve tampoco ningún avance significativo. Al contrario, nos explica de cómo la represión y la violencia no ha parado: “de inicios de marzo hasta hora se mantiene la brutal represión de este gobierno a través de carabineros. Ellos siguen disparando a los rostros bombas lacrimógenas y perdigones y torturando y deteniendo a la gente que se está manifestando. Lamentablemente la represión sigue siendo tan brutal. El gobierno no se hace cargo de la violación a los derechos humanos y, respecto a los traumas oculares, no han avanzado las investigaciones”.

“El balance lamentablemente hasta hoy es triste la represión continua y se ve que es una práctica que este gobierno no tiene ninguna intención de detener y no quiere escuchar lo que el pueblo demanda con fuerza y con justo derecho”, concluye Marta Valdés.

Violencia y uso de la fuerza

El informe presentó varias recomendaciones sobre el uso adecuado de la fuerza, incluyendo el de las armas menos letales. “Por ejemplo, los cartuchos de gas lacrimógeno nunca deben dispararse directamente a las personas, pues ello los hace potencialmente letales”, explica al respecto Jarab.

Sin embargo, la Oficina sigue recibiendo información sobre el uso indebido de estas armas por personal de Carabineros, en varios casos con consecuencias graves como trauma craneano o pérdida de la visión. En la última semana, la Oficina conoció de la muerte de una persona, presuntamente a raíz de una actuación policial como esta, lo que debe ser esclarecido por la autoridad.

ONU Derechos Humanos también ha recibido con preocupación relatos y registros audiovisuales recientes sobre atropellos producidos por carros policiales y golpizas por parte de Carabineros, y en particular información de agresiones contra brigadas voluntarias de salud, periodistas, observadores de la sociedad civil e incluso del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Con estos antecedentes, ONU Derechos Humanos insta a que “se realicen investigaciones prontas y completas para establecer la participación o responsabilidad de agentes del Estado y sus líneas jerárquicas, así como determinar si se trata de patrones o conductas reiteradas en el actuar policial”.

En paralelo, desde el 18 de octubre miles de personas se encuentran actualmente en las cárceles chilenas. Por ellos, “la situación sigue siendo compleja, los presos aumentan, aunque no mucho, pero eso igual sigue agravando la situación en la cárcel. A mediado de marzo los parlamentarios irán a ver las condiciones de la cárcel, tal vez demasiado tarde, por la complejidad de la situación”, declara Lorenzo Morales de la Defensoría Popular.

Actividades del ACNUDH para implementar las recomendaciones

En seguimiento al informe de diciembre, la Oficina ha desplegado varias acciones para promover la adopción de medidas urgentes de protección y prevención de nuevas vulneraciones de derechos. En ese espíritu, se han sostenido diálogos con múltiples sectores, incluyendo a altas autoridades de todos los poderes del Estado, poniendo a disposición la asesoría técnica y experiencia internacional del ACNUDH para contribuir a que se aborde la situación desde un enfoque de derechos humanos.

Para ONU Derechos Humanos, la sociedad civil, las víctimas y sus familiares deben ocupar un rol central en la respuesta del Estado a las tensiones sociales. En esa línea, la Oficina ha recibido visitas de grupos como la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y brigadas de atención primaria en manifestaciones. También está en contacto con múltiples organizaciones de derechos humanos en Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Temuco y otras ciudades, así como con contrapartes de la comunidad internacional.

El informe de la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos

El informe de 30 páginas fue elaborado por un equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dedicó tres semanas de noviembre a conocer la situación en Chile.

El documento detalla alegaciones de tortura, malos tratos, violencia sexual por parte de Carabineros y presuntas detenciones arbitrarias.

“La policía chilena no respetó el protocolo: hubo claros abusos policiales y una violación sistemática de los derechos humanos durante estas últimas semanas en Chile”, denunció Imma Guerras-Delgado, líder de la delegación del Alto Comisionado por los Derechos Humanos en Chile, presentando el informe a los periodistas de Naciones Unidas en diciembre 2019. “Serias violaciones, graves y reiteradas”.

Las declaraciones de Guerras-Delgado no dejaban dudas: confirman las violaciones sistemáticas anunciadas y denunciadas por organizaciones civiles chilenas e internacionales desde el principio de las manifestaciones, el pasado 12 de octubre 2019. Amnesty o Human Rights Watch, fueron algunas de las internacionales.

La ACNUDH se reunió con un gran número de autoridades y más de 300 Organizaciones Civiles. Llevó a cabo 235 entrevistas (153 hombres, 38 niños/adolescentes, 39 mujeres, cinco niñas/adolescentes) con víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos, incluidas las personas heridas y detenidas en el contexto de las protestas, y sus familiares.

También se realizaron 60 entrevistas con integrantes de Carabineros de Chile en servicio activo y heridos en el contexto de las protestas, y con personal médico y operadores de justicia. La ACNUDH visitó comisarías, prisiones y hospitales, incluidos hospitales de Carabineros.

“La causa de todo lo que está pasando está claramente ligada a la desigualdad socioeconómica y los obstáculos en el disfrute de los derechos económicos y sociales”, aclaró Imma Guerras-Delgado, “la falta de participación democrática en la política chilena hizo que el pueblo nunca se sintiera incluido en este sistema”, sentenció.

“Es particularmente por esa causa que empujamos el Estado chileno a crear, con el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, un proceso participativo e inclusivo. Sin eso, no se resolverá nunca la situación”, explicó la delegada del Alto Comisionado por los Derechos Humanos.

Por Elena Rusca (en Ginebra)

[1] http://www.colombiainforma.info/wp-content/uploads/2019/12/Chile-report-SPANISH.pdf

[2] La Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH tiene sede en Santiago y trabaja con ocho países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.