“Las recientes propuestas de la “Mesa del Agua” de Gobierno perpetúan la privatización y la visión mercantil del agua”
Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 5 segundos
Las organizaciones que conforman la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares realizaron un lapidario análisis tanto de lo planteado por la Mesa del Agua, como de las declaraciones del presidente Piñera y el Ministro de Agricultura Antonio Walker.
En medio de la revuelta social más grande de la historia reciente, el Gobierno anunció un paquete de iniciativas en materia hídrica contenidas en el Primer Informe de la Mesa Nacional del Agua. Los objetivos definidos en la mesa son: establecer una política hídrica de largo plazo; proponer la infraestructura hídrica necesaria y la forma de gestión del agua en las cuencas en el mediano y largo plazo; y definir los principios básicos del marco legal e institucional para sustentar dicha política.
En la presentación del informe, Piñera señaló que “este plan contiene medidas de corto, mediano y largo plazo y se basa en tres pilares: primero garantizar la seguridad del abastecimiento del agua a todos, porque la primera prioridad en el consumo de agua lo tienen las personas y eso ha sido así y va a seguir siendo así; segundo asegurar la calidad del agua y tercero modernizar y en forma muy profunda nuestro marco legal y la institucionalidad pública en materia de agua.”[1].
La Mesa está encabezada por el ministro Walker, quien ha estado en el centro de la polémica al destaparse su participación en una sociedad familiar del agronegocio que concentra una cuantiosa cantidad de derechos de agua. En la presentación del informe, Walker sostuvo que: “tenemos agua, el tema es que no tenemos una buena distribución del agua, y necesitamos hacer buenas inversiones en infraestructura para el futuro”.
Esta nueva instancia público-privada que busca “resolver” los problemas derivados de la crisis hídrica, es una de las tantas levantadas por los distintos gobiernos. Recordada es la frase que dijera Bachelet el año 2015 “el cambio climático llegó para quedarse”, algo que repitió nuevamente el ministro Walker, para luego finalizar aclarando que “No vemos en riesgo la producción de alimentos de la agricultura chilena”[2], esto en compañía del ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno.
Según los datos entregados por el propio Piñera, hay 134 comunas declaradas como zonas de escasez hídricas; 119 declaradas en emergencia agrícola (entre Atacama y Maule); y dos regiones (Coquimbo y Valparaíso) declaradas como zona de catástrofe por falta de agua.
Las principales medidas contenidas en el informe apuntan a la eficiencia en el uso del agua superficial, “producir” más agua por medio de potenciar la explotación de las aguas subterráneas y desalinizar el agua del mar además de construir embalses.” En ese sentido el presidente agregó “Y no solamente construir embalses, sino que también aprovechar los embalses naturales que dios nos dio como son los acuíferos subterráneos”.
Piñera, ocupando el obsoleto y mercantilista argumento de que el agua se pierde en el mar, recalcó que el “84% del agua dulce que corre por nuestros ríos se vierte en el mar y ahí tenemos una gran fuente de aprovechamiento mejor del agua”.
En términos legislativos, Piñera indicó que los proyectos que se impulsan desde el gobierno tienen como principio central “que la primera prioridad en el consumo del agua son las personas y eso está fuera de toda discusión.” En ese sentido apuntó que “Necesitamos una nueva ley de sanitarias, un nuevo Código de Aguas y también estamos impulsando una ley para proteger mejor nuestros glaciares y nuestros humedales que son parte del sistema hídrico de nuestro país.”
En tanto, desde la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, señalaron que las propuestas de la Mesa son para salir al paso ante el claro conflicto de interés que mantiene el ministro Walker y que además son medidas tecnocráticas que buscan invisibilizar el problema de fondo: “El gobierno, al igual que el anterior, quiere instalar que la crisis hídrica se debe únicamente al cambio climático, pero omiten que si hoy falta el agua en muchos hogares vulnerables[3] y ecosistemas a lo largo de Chile se debe a que el Código de Aguas, fraguado en dictadura, le entregó el agua de forma gratuita y a perpetuidad a los empresarios. Esto generó que el uso industrial y productivo del agua esté por sobre el consumo humano. Las propuestas del Gobierno perpetúan la privatización y la visión mercantil del agua, pues van en la dirección de estrujar los cauces superficiales y ahora además explotar los subterráneos, algo totalmente insustentable, y lo central es que nunca se plantea la posibilidad de terminar con los derechos a perpetuidad. Se proyectan estudios para construir 26 nuevos embalses, esto nos dice que el gobierno hace oído sordo a todas las proyecciones que dicen que tendremos menos precipitaciones y aumento de las temperaturas, por lo que ¡ni siquiera tendremos condiciones para llenarlos![4], de una vez debemos superar los embalses, pues no son una solución sustentable ni igualitaria en términos de quiénes tienen acceso a esa agua.”
Sobre lo declarado por Piñera en relación con que el consumo humano sí tiene prioridad, desde la Coordinación estiman que dicha premisa falta a la verdad, y que el gobierno intenta situar una falsa realidad, ya que desde los territorios se ha denunciado la carencia del vital elemento, “en diversos territorios hay comunidades que dependen del agua que se les entrega en camiones aljibes. El Estado prefiere gastar millones de dólares[5], comprándole el agua a los privados para abastecer a la población, antes que desprivatizarla y democratizarla.” Por lo demás, sustentan que lo afirmado por el presidente se contradice con lo ocurrido recientemente en el Senado, donde se rechazó la idea de consagrar el agua como Bien Nacional de Uso Público en la actual Constitución.
A su vez, sobre lo afirmado por el ministro Walker, manifiestan que “cuando el ministro dice que tenemos agua pero que el problema está en la distribución, se evidencia el real problema; una minoría es dueña del agua y la concentra para sus propios intereses. Del total de 346 comunas, hay 134 declaradas en escasez, es decir un poco más de un tercio de las comunas del país no logra satisfacer sus necesidades en términos hídricos pero el ministro destaca que no hay riesgo en la producción de alimentos, alimentos que por lo demás en su mayoría no son para consumo nacional, sino que son de exportación”.
Desde la agrupación señalan además que detrás de la frase del ministro “el cambio climático llegó para quedarse”, está el discurso de la adaptabilidad climática que es repudiable, pues no se cuestiona el modelo por el cual estamos en esta situación de emergencia climática, “Es decir, duchémonos en tres minutos porque no hay agua, pero no toquemos el modelo económico extractivista que saquea los territorios y los bienes comunes, cuna de la vulneración de los derechos humanos más básicos.”
Desde la Coordinación rechazan también lo expuesto por el presidente en términos de la protección de los glaciares pues aclaran que “el proyecto de ley de glaciares del gobierno por medio de una indicación sustitutiva promueve la legalización de la intervención de los glaciares[6] y esto es apretarnos la soga del cuello pues en los mismos territorios que hoy se encuentran declarados como en escasez, los glaciares están aportando hasta el 60% de los caudales de los ríos[7], en otras palabras, no exageramos al decir que hoy dependemos más que nunca de los glaciares.”
Afirman que lo planteado por la Mesa del Agua va en la misma dirección que la Reforma al Código de Aguas (Boletín 75-43-12) que recientemente fue aprobada en la Comisión de Agricultura del Senado, ya que “esta reforma no toca el carácter privado y perpetuo de los derechos de agua ya otorgados, por lo tanto, el agua seguirá siendo un bien transable en el mercado. Y para el caso del 10% y 40% de los nuevos derechos superficiales y subterráneos, respectivamente, se plantea una figura parecida a una concesión de hasta 30 años de vigencia en el caso de los consuntivos y 20 para los no consuntivos, que pueden ser renovables incluso 10 años antes de su caducidad. Eso en términos prácticos y dado el contexto, es extender la privatización bajo otra figura legal simplemente, que además tendrá consecuencias ambientales muy nocivas”.
Finalmente, las comunidades organizadas por los glaciares comentan que “lo anunciado por el gobierno no satisface ni cubre la histórica demanda de garantizar el acceso al agua y que esta deje de ser un bien de mercado, aun cuando el derecho al agua ya fue consagrado como un Derecho Humano, ni tampoco la protección real y efectiva de los glaciares obtiene respuesta en estos anuncios vacíos. Éstos buscan aplacar uno de los conflictos más serios que enfrenta el país y por el que cada vez más territorios se levantan alzando la voz. Es claro que el gobierno está viendo acá un foco de conflicto y saben que la lucha por el agua será un punto álgido en el proceso de la Nueva Constitución, sin embargo, más que agua, nuevamente apagan el fuego con bencina sumando descontento ante la ausencia de medidas concretas a las demandas ciudadanas y comunitarias.”
