Chile, una democracia sin ciudadanos
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El entonces Presidente de la República, Domingo Santa María, escribía: “entregar las urnas al rotaje y a la canalla, a las pasiones insanas de los partidos, con el sufragio universal encima, es el suicidio del gobernante, y no me suicidará por una quimera…” Hoy tenemos inscripción automática y voto voluntario, pero apenas sufraga poco más de la mitad del universo electoral y, además, la mayoría de los que ejercen el derecho a sufragio pertenecen a las comunas más ricas del país, pues los pobres abusados ya no creen en la democracia bancaria electoral, ni en sus líderes, a causa de la desesperanza aprendida.
Hoy, todos los megaterios que han aparecido en las vendidas pantallas de televisión, incluido el Canal Nacional, (propiedad del duopolio) que, pretextando capitalización, se chupa el dinero de todos los chilenos, que podría servir para aumentar, al menos las míseras pensiones solidarias, claman por el retorno al sufragio obligatorio; recordemos que cuando Chile era una “república”, (no como ahora, durante estos últimos 30 años, una prolongación de la dictadura), para cualquier trámite público era imprescindible la presentación del documento de inscripción en los registros electorales. Hoy, si se restaurara el sufragio obligatorio, podría aplicarse multas muy altas a quienes se nieguen a sufragar.
En nuestras Constituciones ilegítimas, al menos se enuncia que la soberanía reside en la nación, que la delega en sus representantes, a lo cual se llama democracia fiduciaria, es decir, los ciudadanos no pueden recuperar su poder que, legítimamente les pertenece, hasta que el mandatario de turno cumpla su período.
Los plebiscitos revocatorios de mandato para cargos de representación pública, sumado a las propuestas de los “chalecos amarillos”, como el RIC, (Referéndum de Iniciativa Ciudadana), pueden ser un correctivo ante las crisis de representación que ocurren en todos los países del mundo. Que “se vayan todos”, y “no nos representan” son reiterados en las distintas manifestaciones a lo largo y ancho del planeta.
Con respecto a lo escrito en las Constituciones cabe preguntarse si en la realidad se aplican, (V.G., la igualdad ante la ley). En el caso del poder fiduciario, dado por el pueblo soberano a sus representantes, la legitimidad de un Presidente de la República, elegido, (como en el caso de Sebastián Piñera, con apenas un 25% del universo electoral, o de diputados y senadores con sólo el 8%, y algunos con 1%, nos cuestionamos si corresponde a un poder legítimo. (Se dio el caso, en el siglo pasado, de un regidor, ´concejales hoy´, que resultó elegido con sólo un voto, es decir, que votó por sí mismo, (ni siquiera logró el voto de su señora).
El drama de la representación se ve reflejado hoy, cuando Sebastián Piñera obtuvo una alta votación en la segunda vuelta en las elecciones de 2017, y ahora apenas lo apoya un 13%, es decir, el 87% de los propietarios legítimos del poder lo rechaza. Con el Congreso y los partidos políticos ocurre algo semejante, sin embargo, ninguna democracia podría funcionar con una representación tan deficiente, y de una separación tan radical entre la sociedad civil y las instituciones de poder que forman parte del Estado.
Norberto Bobbio, en el artículo Gramsci y las ciencias sociales definía, muy acertadamente, los tres elementos fundamentales que caracterizan la doctrina de Marx y Engels respecto al Estado:
“1) El Estado como aparato coercitivo, o, como ya se dijo, ´violencia concentrada y organizada de la sociedad´: o sea concepción instrumental del Estado opuesta a la concepción teleológica o ética; 2) El Estado como instrumento de dominio de clase, por el cual ´el poder político del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa…´ 3) El Estado como momento secundario y subordinado respecto de la sociedad civil, por el cual ´no es el Estado el que condiciona y regula la sociedad civil, sino la sociedad civil la que condiciona y regula al Estado´” (Pizzorno y otros, 197O:68)
Para comprender la situación chilena en la actualidad, no sólo hay que recurrir a las dos primeras concepciones, resaltadas por Bobbio respecto a la teoría sobre el Estado, de Marx y Engels, pues estoy convencido de que llegó el momento de aplicar su tercera consideración, es decir, el Estado, como elemento secundario y subordinado respecto a la sociedad civil.
El viernes, 25 de octubre, “cuando las fuerzas policiales se vieron sobrepasadas”, Piñera recurrió al uso del poder del Estado, reseñadas por Bobbio, en los dos primeros puntos antes citados. Max Weber, por su parte, define el Estado como el monopolio de la fuerza legítima, y “el político pacta con el diablo, pues puede provocar la muerte a quienes se opongan a su concepto del orden”, poniendo en cuestión su poder, sea legítimo o ilegítimo.
Como lo explica muy bien el profesor Gabriel Salazar a través de entrevistas en los distintos medios de comunicación, en todos los momentos en la historia de Chile en que el pueblo se ha rebelado, saqueado y ocupado los barrios de las ciudades, el Estado ha recurrido al poder armado de los militares, con el propósito de masacrar a quienes ocupan las calles. Así ocurrió en “la huelga de la carne”, durante el gobierno de Germán Riesco, y el 2 de abril de 1957, en Santiago, para aplastar una rebelión popular, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo.
En el caso de las manifestaciones actuales Piñera intentó imitar el método de sus predecesores y, como es costumbre, los militares atropellaron los derechos humanos de niños, jóvenes e, incluso, de adultos mayores, sin embargo, no quisieron o no pudieron masacrar al pueblo, (cabe elucubrar que, esta vez, la memoria histórica de la experiencia de la cruel dictadura de Pinochet los retuvo ante el riesgo de tener que salvar a los despiadados civiles derechistas, que se regocijan y ríen al unísono con los Correa, los Tironi, los Gute, los Aninat…; los aristócratas Matte, Larraín…hoy no tienen problema en asociarse con antiguos rabiosos revolucionarios, como Óscar Guillermo Garretón, el patrón …, al fin y al cabo, de los arrepentidos es el reino de los cielos).
Que la ciudadanía pida que se le devuelva el poder que legítimamente les pertenece es apenas lógico: ¿cómo no va a tener derecho, por primera vez en la historia de Chile, de redactar las propias reglas de convivencia, sobre la base de un pacto social?
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
11/12/2019
