Chile y el problema de la deuda privada
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La deuda externa que tiene hoy en día el Gobierno General es relativamente baja. Las estadísticas del Banco Central de Chile, relativas a la situación a fines del año 2018, indican que la deuda de ese agente económico, el Gobierno General, en ese momento, era de 23 mil millones de dólares. Esa es una cantidad bastante modesta vista desde el punto de vista de las magnitudes actuales de la economía chilena.
Esa deuda representa poco más del 30 % de las exportaciones totales anuales de Chile. Es decir si Chile – en un supuesto hipotético e irreal – quisiera en un momento determinado pagar toda la deuda mencionada, eso podría hacerse destinando a ese efecto el 30 % de lo que ingresa anualmente al país por concepto de exportaciones. Representa, además, menos del 10 % del PIB nacional, lo cual es un indicador bastante bajo desde el punto de vista de la estadística internacional comparada.
Además, hay que tener en consideración que las reservas internacionales del Banco Central de Chile alcanzan a los 38 mil millones de dólares. Sin sacrificar ni un solo dólar de las exportaciones anuales, se podría pagar la totalidad de la deuda externa del Gobierno General haciendo uso de poco más de la mitad de las reservas internacionales del BCC.
El Banco Central anuncio recientemente que destinaría una cantidad de 20 mil millones de dólares para alimentar al mercado cambiario y evitar la alta volatilidad de la moneda nacional. Esa cantidad casi iguala el total de la deuda externa del Gobierno General.
A todo lo anterior se agrega que el Gobierno tiene fondos en dólares que superan los 15 mil millones de dólares, que son una suerte de ahorro para gastos o inversiones especiales o imprevistas que el país quiera realizar en un momento determinado, más allá de los ingresos y gastos presente en el presupuesto anual.
Todas estas relaciones permiten ver el orden de magnitud de la deuda externa del Gobierno General, aun cuando las situaciones planteadas tengan un alto grado de irrealismo. Pero ellas permiten visualizar que el Gobierno General tiene un nivel de deuda bajo, lo cual en el lenguaje y los símbolos de las finanzas internacionales implica que tiene buena capacidad de endeudarse. La deuda externa del Gobierno General podría perfectamente incrementarse en forma sustantiva sin llevar al país a una situación peligrosa en el futuro cercano o lejano. Y endeudarse no es malo en sí mismo. La deuda externa se convierte en un problema – al igual como la deuda de cualquier empresa se convierte en un problema para la misma – cuando sobrepasa determinados niveles, superiores a los que puede soportar la magnitud económica del país o de la empresa. El problema es endeudarse para qué. Una posibilidad es endeudarse para sobrellevar la “agenda social” actual por la vía del mayor gasto fiscal, sin tocar los bolsillos de las grandes empresas. En otras palabras, endeudarse ahora y que mañana pague Moya. La otra posibilidad es endeudarse para financiar desde una posición más cómoda los costos, las amenazas y las resistencias que impliquen las transformaciones estructurales que el país necesita emprender, tales como la reforma de la salud o de las AFP que pueden significar inicialmente gastos, inversiones, o fondos iniciales de cierta magnitud.
La deuda externa de los bancos y de las empresas es, sin embargo, bastante alto. Mucho más alto que el nivel de endeudamiento del Gobierno General. Los bancos tenían, a fines de 2018, una deuda externa de 28 mil millones de dólares, y las empresas no financieras exhibían un nivel de deuda externa de 73 mil millones de dólares. Pero se trata de deuda privada, que no está avalada por el Gobierno, y que constituye un problema, grande o chico, pero solo atingente a la empresas e instituciones que contrataron ese endeudamiento. Dicho sea de paso, los agentes económicos altamente endeudados con el exterior sienten sincera preocupación cuando el peso se devalúa, y el valor del dólar crece en el mercado cambiario interno, pues eso incrementa sus pasivos expresados en moneda nacional. Ellos son grandes deudores, pero el Gobierno General no.
Por Sergio Arancibia
