Perú en la ruta de Chile y Colombia
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Yo estaba dispuesto a apostar que Perú seguiría a Ecuador, Chile y Colombia en las revoluciones sociales, que caracterizan actualmente a estos países, pero si pensamos bien, las instituciones peruanas están tan podridas que se hace muy difícil que el pueblo se rebele para deshacerse de “el pus”, de la cual hablaba González Prada.
Perú va cumplir doscientos años de la llamada independencia, pero aún conserva lo peor del virreinato y lo más funesto de las nuevas repúblicas latinoamericanas: la República peruana no fue capaz de crear organismos políticos que congeniaran con la democracia, razón por la cual no nos puede extrañar que Fuerza Popular, (fujimorista), y el APRA no sean partidos políticos, sino asociaciones para delinquir, y que los grandes empresarios se hayan comprado a los jueces de los Tribunales Superiores.
El libre mercado ha sido capaz de cohechar y coimear a todos los Presidentes de la República a partir del primer gobierno de Alán García, (1985), hasta hoy; lo mismo ha ocurrido con los jueces, protagonistas – entre otros delitos – de los “cuellos blancos del Callao”.
Los teóricos políticos definen al Estado como el poseedor de las fuerzas legítimas, cuya misión consistiría en garantizar el orden público, pero cuando el mercado – más claramente, los “doce apóstoles” de la economía peruana – se compró al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial e, incluso, al cuarto poder, los medios de comunicación, ya las Fuerzas Armadas profesionales pierden sentido, es decir, dejan de ser el pueblo con uniforme(como decía Velazco Alvarado), un ejército que pertenece a la nación, cuya misión es defender su soberanía(según los militaristas), para diluirse en ejércitos particulares que, en la Edad Media, respondían al señor feudal y, en la actualidad, al empresarios y gamonales.
Cuando el Estado deja de existir y se confunde con el monopolio de las grandes empresas, pedir el orden parece un absurdo, pues en la anarquía la gente olvida, (o desconoce), que el anarquismo más radical es el liberalismo, (predicado por el economista argentino, Javier Milei), incluso, existe una escuela monetarista que se define como anarco-neoliberal. Ante esta situación sólo queda el recurso de la competencia entre los ejércitos mercenarios, que colaboran con los distintos empresarios, o bien, el acuerdo entre los “doce apóstoles”, (en nuestro caso concreto, los dueños de Chile). En la actualidad, me inclino a pensar que, para los dueños de la economía de Perú y Chile es más conveniente el monopolio que la libre competencia.
No podemos escandalizarnos porque en ambos países existan cuatro farmacias, cuatro grandes empresas dueñas malls, que son las mismas en Lima que en Santiago, (Jumbo, Falabella, Ripley, Home Center…). Muy injustamente, los peruanos denigran a sus Presidentes que vendieron su país a Chile durante la guerra del salitre: ¿qué otra cosa iba a hacer Mariano Ignacio Prado cuando sus negocios en Lota, (Chile), además de sus bancos en nuestro país eran más rentables que en la ciudad del Rimac? Hoy acusan de traidor a Pedro Pablo Kuczinsky, por ejemplo, porque prefería sus negocios con el socio chileno a efectuarlo con sus congéneres peruanos.
En la actual situación la política, la democracia y el estado de derecho están subordinados al mercado: si favorecen la rentabilidad ilimitada son útiles respetables, en caso contrario, se recurre a un ejército mercenario que defienda al mercado, (que otra cosa han hecho Pinochet, Videla y Fujimori). Se supone que el estado de derecho se basa en la igualdad ante la ley, pero como no existe, los grandes empresarios aplican la igualdad respecto al soborno de políticos y jueces.
Todos los Presidentes comprados deberían recibir la misma coima: en el caso de Odebrecht, por ejemplo, su encargado en Perú, Jorge Barata, (no le hace ningún honor a su apellido), repartió coimas en sobres similares a Alán García, a Alejandro Toledo, a Ollanta Humala y Nadine Heredia, a PPK y a la candidata Keiko Fujimori, y no consideró ningún racismo, ni clasismo, pues lo mismo daba un “cholo” que una japonesa, un militar que un lobista, (PPK).
Los empresarios peruanos, al igual que sus congéneres brasileros, hicieron otro tanto: Dionisio Romero, por ejemplo, donó 3 millones 500 mil dólares a Keiko Fujimori, y así sostengan que es legal, pues no existía legislación que impidiera los millonarios aportes a los candidatos, la forma en lo hizo este empresario está en el límite de la legalidad y ensució dinero limpio de su propio banco para entregarlo en billetes a la candidata Fujimori. Lo más cómico del asunto es que este empresario, de origen español y cuyos antepasados vendían sombreros de pita – al igual que los Matte en Chile lo hacían con los tocuyos -, justifica su aporte para evitar el triunfo del “Castro-chavismo” que, en 2011, encarnaban Humala y su mujer.
Dentro del pus que corrompe las instituciones peruanas existen, afortunadamente, algunos fiscales honestos, entre quienes destacan Rafael Vela y José Domingo Pérez, y jueces como Concepción Carhancho, que no tuvieron ningún empacho en enviar a prisión preventiva, antes al matrimonio Humala y luego a Keiko Fujimori.
El fiscal Pérez no sólo acusa a Keiko Fujimori de lavado de activos – por el millón de dólares que recibió de Barata, ´indudablemente sucio porque provino de la caja de Odebrecht destinada a coimas´- sino también de ser la jefa de una asociación ilícita para delinquir, el Partido Fuerza Popular.
Cuesta comprender hasta ahora que, fiscales tan competentes y con pruebas tan evidentes, no hayan sido capaces de encausar a la líder de Fuerza Popular – como en Chile – los peruanos también tienen el Tribunal Constitucional, que ha concedido tanto al matrimonio Humala, como a Keiko Fujimori, el hábeas corpus, dejando en libertad a esta última para que amenace testigos y entorpezca la investigación – si es que no le ocurre, como el juez Hinostroza y Alejandro Toledo, huir del país.
Como lo prueba el caso de Argentina, las elecciones constituyen un muy buen distractor para evitar la rebelión social: en Perú, muy hábilmente, el Presidente Vizcarra cerró el Congreso basándose en que la Constitución fujimorista, de 1993, permite al Presidente hacer uso de esta facultad cuando el Congreso niega por dos veces la aceptación del gabinete. El 83% de los ciudadanos peruanos considera que los congresistas actuales, con mayoría fujimorista – 72 de 130 – son una banda de ladrones e ignorantes, y aunque haya excepciones, muchos de ellos han logrado ser odiados por el pueblo, entre ellos, Luis Galareta, Rosa Bartra, Yeni Vicatoma, Hugo Becerril, Moisés Mamani y otros.
El 26 de enero 2020 tendrán lugar las elecciones de 130 congresistas, y lo más posible es que ninguno de los antiguos sea elegido, pero ignoramos si los peruanos tropiezan con la misma piedra y eligen a cantantes, futbolistas, payasos, buenos mozos…No cantemos victoria, pues en Chile tenemos a una velocista y fanática y a una enamorada de los ojos azules de Pinochet.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
02/12/2019
