Telescopio: el acuerdo y el antipoeta
Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 44 segundos
“La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas” había escrito Nicanor Parra en su libro Artefactos (1972) en ese afán que tenía de tomarle el pelo a todo el mundo. Pero como en política todo puede suceder, he aquí que lo que hubiera parecido una arrancada poética o antipoética en este caso, ha venido a materializarse plenamente en este singular acuerdo firmado entre la noche y la madrugada del jueves al viernes de esta semana.
Llamado pomposamente Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, y rápidamente elevado a la categoría de “acuerdo histórico” por los medios controlados por la derecha, al examinarse su contenido conocido (porque no extrañaría que hubiera algunas otras partes mantenidas bajo reserva, como ocurrió cuando se negoció la transición a finales de los años 80), lo cierto es que no garantiza paz social alguna y ni siquiera de que vaya a haber una nueva constitución.
Visto este proceso que lleva al acuerdo, con el beneficio de la distancia y su resultado, hay que admitir que al tratar de entender el manejo por parte de los dirigentes de la oposición que lo negociaron, uno se enfrenta con dos posibilidades: o los negociadores de la oposición son una tropa de incompetentes a quienes sus contrapartes de la derecha les metieron el dedo en la boca cuantas veces quisieron, o son una manga de traidores a los que les importa un comino el clamor de manifestantes a quienes en algunos casos este proceso les ha costado literalmente un ojo de la cara. Si fuera el primer caso, los negociadores de la derecha esa noche deben haber ido a celebrar con champaña, por lo fácil que les salió echarse al bolsillo a sus contrincantes; si fuera el segundo caso, ambos equipos de negociadores habrán compartido la champaña.
Por cierto no es extraño que el acuerdo enfatice lo de la paz social ya que el costo económico de todo este período de protestas ha tenido un importante efecto que sin duda afecta a las empresas, desde las grandes a las pequeñas. Y la economía en general se ha visto resentida, lo que algunos esperan cambie, si es que esa “paz social” se hace real. Por de pronto el Ministro de Hacienda se declaraba contento con el repunte en la Bolsa de Comercio y la baja del dólar, signos que el gobierno espera que les sirva para su propio provecho político. Pero en estas materias las realidades cambian muy a menudo.
Naturalmente el hecho mismo que la derecha, que hasta hace poco se negaba siquiera a considerar la idea de una nueva constitución, se haya allanado –aunque a regañadientes– a aceptar la idea, no se debe al poder de convencimiento de los parlamentarios y dirigentes de la oposición, sino a la masiva presencia del pueblo chileno en las calles durante ya casi un mes. Un proceso iniciado por estudiantes y que ha llegado a convertirse en un movimiento transversal reclamando pensiones dignas, acceso a la salud, educación de calidad y por cierto una nueva constitución, ya que lograr esos objetivos de la llamada agenda social no puede hacerse dentro del marco restrictivo de la presente ley fundamental. Y –no olvidar– en esa radicalización de sus demandas, hasta la continuidad del gobierno de Piñera estuvo en juego. Para el presidente este acuerdo es un valioso salvavidas del cual puede aferrarse.
Así, en medio del crecimiento de la presión popular, se aparece este acuerdo cupular y que lejos de interpretar el sentimiento y presión de las bases del pueblo más bien apuestan a su desmovilización. Examinemos los puntos del acuerdo de manera crítica. La derecha ha tenido que ceder al aceptar un plebiscito inicial con dos preguntas, implícitamente reconociendo que hay que redactar una nueva constitución. Eso lo han destacado líderes opositores, sin embargo si es así ¿por qué la primera pregunta del plebiscito será sobre si la ciudadanía quiere una nueva constitución? Si el punto ya estaba zanjado y la derecha había aceptado esa realidad, esa pregunta es redundante y en ese caso la pregunta debió haber sido sólo sobre qué método para la redacción de una nueva constitución preferiría la gente. Incluso en esta, que sería la pregunta más pertinente, se aceptó utilizar una terminología que mueve a confusión: alternativa (a) Convención constituyente mixta, parlamentarios y miembros elegidos de la ciudadanía. Alternativa (b) Convención constituyente con ciento por ciento de sus integrantes elegidos de la ciudadanía. Esta última es la asamblea constituyente, pero la derecha impuso la utilización de otro nombre que en los hechos distorsiona el sentido de la alternativa y puede, potencialmente, confundir a alguna gente, al ver que ambas son “convenciones” y no encontrar en la papeleta la palabra “asamblea” que es por lo que luchó. Eso sin dejar de lado que, dado lo tramposa que es la derecha, al mantenerse esa primera pregunta sobre sí se quiere nueva constitución o no, de aquí a abril, es decir seis meses casi, bien puede montar un entramado publicitario desacreditando la idea y argumentando –mañosamente por cierto– que en cambio se priorice la llamada agenda social, y que para eso no sería necesario una nueva constitución, lo que sabemos es falso.
Por cierto el tema más contencioso ha sido el del quorum requerido para aprobar los diversos contenidos de la nueva constitución: dos tercios (66% de los constituyentes) lo que en los hechos le da a la derecha el poder de veto sobre cualquier punto que se quiera introducir en la constitución. Esto simplemente considerando que en cualquier elección regular, la derecha ha obtenido históricamente al menos un tercio de la votación. En una elección de ciudadanos constituyentes lo más probable es que ese porcentaje se mantuviera. La derecha incluso quería que en caso de no haber acuerdo sobre un punto, rigiera el articulado pertinente de la actual constitución, eso no fue aceptado al quedar en claro que la redacción del texto parte de cero (página en blanco). Lo que significaría que en ese caso no habría texto, y como no puede haber vacío legal, cualquier tema que no fuera objeto de acuerdo sería simplemente materia de ley. Esto entraña un riesgo: por ejemplo, si se propone en la nueva constitución que la educación y la salud sean considerados bienes públicos, ajenos al lucro, y no hay acuerdo, ello podría legislarse, pero cualquier cambio futuro en la legislación podría modificarlo y por simple mayoría.
Tampoco está para nada claro cómo se hará la elección de los ciudadanos constituyentes, sea para la alternativa (a) o (b). Mario Aguilar y otros dirigentes de la Mesa de Unidad Social planteaban que el proceso se diera a partir de la base, desde los cabildos que se han estado desarrollando en todo el país y que ellos designaran a sus representantes. Al fin de cuentas ¿cuál habría sido el objeto de todo ese proceso democrático de consulta desde las bases? Esto es importante porque bien puede suceder que los partidos políticos –en general ausentes e irrelevantes durante todo este proceso de efervescencia social– deseen que la elección de constituyentes se haga como han sido todas las elecciones tradicionalmente, con el rol protagónico de los partidos, que contando con muchos más recursos, podrían terminar desplazando a los dirigentes de base que han estado haciendo funcionar los cabildos y han estado manifestando en las calles todo este tiempo.
El proceso de demandas ciudadanas ha estado creciendo día a día, y sí, ha tenido también ese lado amargo de una violencia irracional, de destrucción y de saqueos. Fenómeno que aun está rodeado de muchas sospechas, ya que ha habido innumerables registros audiovisuales que muestran connivencias entre los llamados encapuchados y agentes policiales. Sólo una investigación muy acuciosa en el futuro, podrá dilucidar quizás, quiénes estuvieron detrás de esos actos delictivos, quien alentó y compensó a toda esa turba de lumpen que destruyó estaciones de metro, saqueó locales comerciales, incluso de pequeños y medianos comerciantes. Sorprende en todo caso, que el trabajo propiamente policial de investigar y detener a los hechores de esos sucesos de vandalismo, muestre hasta ahora tan pocos resultados. En los casos de ataque a las estaciones de metro, por ejemplo, sólo habría cuatro detenidos, entre ellos un menor, otro sujeto con antecedentes criminales y el que ha tenido más notoriedad, el profesor de matemáticas de la Universidad del Desarrollo –una casa de estudios de propiedad de la UDI–Roberto Campos Weiss, un sujeto que despierta muchas sospechas ya que podría tratarse de un agente provocador, en todo caso importante para averiguar cuál podría ser la trama que conduzca a quienes están detrás de los desmanes.
¿Acuerdo para la Paz Social y una Nueva Constitución? Las dudas son muy grandes como para creerlo, por lo que esperamos que la movilización se mantenga. No porque uno no quiera un retorno a un estado de certidumbres: que va a haber el metro y los buses funcionando, las oficinas o los negocios abiertos. Y por cierto, porque incluso aquí, desde la distancia, he visto con gran dolor los desmanes del lumpen: la destrucción de estaciones del metro y algunos de sus trenes, que para un país de pocos recursos sabemos es un alto costo, además de ser de utilidad al pueblo. La destrucción de edificios patrimoniales como el que ocupaba una universidad privada, el ataque incendiario contra una hermosa iglesia decimonónica en el barrio Lastarria, la utilización de mobiliario del Centro Gabriela Mistral para hacer fogatas, la conversión de la Plaza Italia de área verde en zona desértica y en general, la visión de grandes secciones de la ciudad convertidas en tierra arrasada, no son espectáculos gratos y los delincuentes que han perpetrado estos hechos y especialmente quienes los hayan estimulado y financiado deben ser castigados.
Cierto, las manifestaciones masivas por demandas sociales de indudable justicia traen desgraciadamente consigo estos “daños colaterales”, pero ello no debe llevar a intentar una salida apresurada de la crisis. Como alguien dijo: “No se trata de que todo esto termine lo antes posible, sino que termine lo mejor posible”. Y el acuerdo firmado entre gallos y medianoche no conduce precisamente a la mejor salida de la crisis, porque ha sido hecha sólo para salvar la imagen de los propios firmantes, para su propio beneficio.
Gino Vallega says:
Interesante nota con que concuerdo en muchos aspectos.Sin embargo , al lumpen vandálico no se nombra la extraordinaria represión estatal que con saña malsana han aplicado los tristemente célebres carabineros de Chile que siguiendo órdenes (no hay duda al respecto) tratan de mutilar a los «marchantes» provocando lo que debería de clasificarse como Terrorismo de Estado para provocar pavor en la población.El culpable directo ,de acuerdo al régimen rey-presidente es Piñera que debería renunciar. Tanto el gobierno (aceptación 9%) como los políticos (aceptación ~ 12%) no representan el sentir de la comunidad insumisa y abusada pero se han dado maña para suscribir un acuerdo a nombre del pueblo , para el pueblo pero SIN el pueblo (como de costumbre) al cual NO invitaron ni consultaron.
Juan Enrique Campos-Araya says:
BRILLANTE! Muy original, gran deduccion.