Organización llama a la nacionalización del agua
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Los sucesos de Osorno, en donde la población de esa ciudad se vio privada del agua durante varias semanas, al igual de lo ocurrido, después, en Puerto Octay, Chiguayante, Quemchi y otras localidades, —además de las sombrías predicciones acerca de la situación del país en este aspecto—, nos ha hecho cavilar profundamente acerca de si, en las actuales circunstancias, es o no oportuno para el Gobierno realizar en Chile la llamada Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP25 (‘Conference Of Parts’). Contribuye a ello, la dictación del decreto que, por falta de agua, declara zona de emergencia climática a casi la totalidad de las regiones del centro del país, incluida la Metropolitana, y las dramáticas denuncias sobre lo que sucede en la región de O’Higgins en cuya localidad de Chanqueahue —también afectada por la escasez hídrica—, la empresa ‘The Coca-Cola Company’ adquirió los derechos de agua. Sin embargo, no es lo único que ha sucedido: en Zúñiga, sector de San Vicente de Tagua-Tagua, se están vaciando los humedales; en Las Cabras, localidad del Valle de Quilicura, se arrasó con una enorme cantidad de hectáreas de bosque nativo y en Mostazal, se ha contaminado y secado el estero Los Troncos y la cuenca de Pilay.
Chile es la única nación del planeta en donde el consumo del agua se encuentra entregado a manos privadas, situación que nos irrita y avergüenza en extremo. El agua es el elemento central de la vida. Su apropiación en manos privadas implica una flagrante violación a los derechos fundamentales no sólo del ser humano sino de todos los seres vivos y, en consecuencia, una trasgresión a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Resulta inexplicable que nuestro Parlamento hasta el día de hoy haya sido incapaz de resolver un problema fundamental como lo es la devolución de la propiedad de ese elemento esencial al Estado chileno en su calidad de representante legal de la comunidad nacional. Y resulta más inexplicable que, perseverando en esa dirección, el actual Gobierno haya insistido en realizar en Chile la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas para el Cambio Climático a sabiendas que no podrá explicar a sus ilustres visitantes la explotación del líquido elemento por parte de propietarios particulares; menos, aún, que gran parte de su población viva en emergencia climática por la utilización desmedida de sus recursos naturales. Los antecedentes al respecto son escandalosos.
No hay que olvidar que la explotación sistemática de las napas subterráneas que alimentan el cauce del río Loa, por parte de la empresa estatal CODELCO, fue la causa del despoblamiento de una localidad donde vivía una población aymará de cuatro mil familias hasta dejarla reducida a menos de cuatrocientas personas. Ni que, hace algunas semanas, se haya trasladado grandes cantidades de ganado desde Atacama a Ñuble para evitar que esos animales mueran de sed en provincias asoladas por la explotación de las minas y del cultivo de árboles frutales con enorme capacidad de absorción, factores determinantes, en definitiva, del consumo indiscriminado de agua. Tampoco, que la población de Petorca haya emplazado a su alcaldía o que la empresa privada ESSBIO haya sido acusada de verter aguas servidas al río Biobio y pagar sobornos por el silencio.
Insistimos nosotros que no basta regular a través de la ley el uso de este líquido elemento ni, tampoco, establecer mayores controles a su consumo como parecen creerlo algunas autoridades; no basta igualmente con introducir reformas al Código de Aguas como suponen otras. Estimamos nosotros que ha llegado el momento de resolver, de una vez por todas, el inmediato traspaso de la propiedad del agua a manos del Estado chileno para enfrentar con éxito la COP25 que se avecina. Una medida semejante nos reivindica ante la comunidad internacional que mira atónita a este país del sur en donde lo único que falta para completar el imperio de los negocios es la venta del aire que respiran sus connacionales y la venta o arrendamiento de este último al capital foráneo.
Llamamos, en consecuencia, al Parlamento a adoptar las medidas necesarias tendientes a recuperar para el Estado de Chile el dominio, la propiedad y, en consecuencia, el control absoluto del uso y empleo del agua para la comunidad nacional y la imposibilidad de otorgar concesiones a particulares que impliquen, en el fondo, el traspaso de la propiedad de ese elemento a manos privadas y hacemos nuestro el llamado que, sobre el particular ha formulado el Frente Amplio en estos últimos días.
Por el COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES CODEHS
Raúl Elgueta González Manuel Acuña Asenjo
Presidente Secretario General
Santiago, octubre de 2019
