El conflicto entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional libera las pestes de la Constitución dictatorial
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Los poderes fácticos, aquellos que representan o circulan en torno a las élites más poderosas del país, han reaccionado de forma abierta tras el conflicto entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Un espacio opaco y traslapado se ha abierto entre estos dos órganos tras el estallido aún controlado realizado por el juez y expresidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz.
Muñoz es abogado, juez, y es un artista. Un creador. Ha sido él quien se ha investido de esta condición al declarar que las leyes no han de ser interpretadas en su letra, sino en su cuerpo, su alma. Este trabajo, esta percepción, es un arte, dijo hace unos años en una entrevista en la revista Qué Pasa.
Muñoz, que no está solo entre las cúpulas jurídicas, sin duda ingresa en un espacio armado como una fortaleza. Se ha levantado ante la construcción institucional más importante en este país de los últimos 40 años. La constitución de 1980, que sigue siendo en rigor la misma pese a los retoques realizados por los políticos de la transición, es la base de toda la institucionalidad económica y política que hemos vivido durante estas décadas.
Sergio Muñoz ha metido una cuña entre el Poder Judicial y el organismo que sostiene todo el andamiaje económico de Chile. Para ser más claros, el Tribunal Constitucional es el centinela de una constitución que ha puesto el derecho de propiedad por sobre cualquier otro derecho, incluso a la vida, una piedra angular instalada en los años más crueles de la dictadura que ha permitido a oligarcas, especuladores y otros aventureros adueñarse no solo de la riqueza de este país sino controlar a los chilenos, cuan trabajadores y consumidores, como activos y portafolios de inversiones.
El conflicto entre los dos organismos ha hecho reaccionar a las cúpulas que ejercen aquel control. Un editorial aparecido este domingo en La Tercera es la clara expresión de esta élite que controla el país desde la economía y los negocios. Una proclama que nos recuerda quién y quiénes están tras los grandes consorcios de la comunicación en Chile. Estas cúpulas, en este caso representada por Alvaro Saieh, que habla por sí mismo, sus pares y socios, levanta la constitución, que es la instalada a la fuerza por Pinochet, no lo olvidemos, como nuestra escritura sagrada. Nadie, lo dice la arenga, que bien pudiera ser un bando, se ha levantado en Chile a defenderla, como se defiende, con la vida si fuera necesario, a la misma patria.
El horror de la oligarquía tiene sus motivos. No puede haber algo más desprestigiado en Chile que el Tribunal Constitucional. Pero no hay nadie, clama el panfleto, ¡ incluso el gobierno! que se levante a defenderla, como bien se debe. Ni Piñera, ni el Parlamento, que tiene en el horizonte una reforma al TC. Un miedo amplificado al ver cómo se cae a pedazos el modelo neoliberal por latitudes cercanas y no tan cercanas.
Hay un conflicto de interpretaciones entre la Corte Suprema y el TC. Pero ha habido también otro conflicto, que es el uso del TC cual aplanadora sobre los proyectos de ley aprobados por el Poder Legislativo. Y bien sabemos de ello. La derecha, la económica con sus extensiones y manifestaciones valóricas, le ha dado duro al TC para mantener su orden moral sobre la población como su control político y económico. Lo ha hecho cuando ha sido oposición y con mayor razón lo sigue haciendo en el gobierno. Persiste, hasta haber convertido aquel tribunal en un anexo del Poder Legislativo, en un recurso final y seguro para sus intereses y su institucionalidad.
Este fin de semana los movimientos sociales e indígenas en Ecuador le doblaron la mano a Lenin Moreno y su proyecto neoliberal. En Argentina, el mismo modelo ha explotado dejando a una población empobrecida y enfurecida. En todas partes, ya no soporta sus contradicciones como las extremas desigualdades en la distribución de la riqueza y la propiedad así como su impacto sobre los recursos naturales.
El modelo neoliberal en Chile es extremo en su origen y sin parangón en el mundo. Pero no es inmune al repudio como tampoco en sus profundas y extensas contradicciones. Un orden que hoy se exhibe como una monstruosidad normativa. En plena sequía, con centenares de miles de personas sin acceso al agua potable, reglas como el código de aguas muestran no solo el sesgo neoliberal de la escritura constitucional, sino también sobre qué bases éticas ha estado construido este país. Asuntos como este muestran el deterioro institucional y nuestra acotada e insoportable política.
PAUL WALDER
