Ecuador y la estocada de la resistencia popular al neoliberalismo

La decisión se tomó en un diálogo entre las partes, a 11 días de una ininterrumpida protesta nacional contra la medida de corte neoliberal, impuesta por el ejecutivo desde el pasado 3 de octubre, y considerada como paquetazo por la mayoría de los sectores de la sociedad.

Al debate, facilitado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, los pueblos y nacionalidades llevaron una sola opción: dejar sin efecto el Decreto 883, detonante de un levantamiento popular que cada día ganó más respaldo ciudadano e internacional.

Por su parte, el gobierno, reacio a dar marcha atrás en lo dispuesto, planteó revisar la medida, no para eliminarla, sino con la finalidad de definir áreas de supuestos beneficios a partir de los recursos derivados de la liberación en el precio de la gasolina extra y el diésel, que golpea a los ecuatorianos de menos ingreso desde el momento en que entró en vigor.

A partir de sus testimonios, múltiples fueron los argumentos ofrecidos por la representación indígena sobre los perjuicios del polémico decreto, que responde al plan de ajuste económico aplicado por la administración nacional, en el marco de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un préstamos.

‘Somos millones los que ahora le pedimos, señor presidente, que apueste por la paz, por la estabilidad, por la recuperación del país. Derogue este decreto 883 y busquemos juntos ese horizonte de prosperidad, equidad, paz social, el buen vivir. Ahora la decisión de recuperar la patria está en sus manos’, sentenció Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

El contundente mensaje, sumado a la lucha librada cada día en las calles frente a una represión policial nunca antes vista, rindió sus frutos: dejar sin efecto el Decreto 883 e instalar una comisión, para elaborar una disposición sobre el tema y por consiguiente, una vez atendido el reclamo de las mayorías, levantar la protesta.

En las calles, ni el toque de queda en vigor en el Distrito Metropolitano logró impedir el festejo de quienes poco a poco comenzarán a regresar a sus hogares después de casi dos semanas de resistencia, junto a los que se unieron en el combate al paquetazo neoliberal.

Contentos, pero cautelosos, la nueva tarea es ser vigilantes del cumplimiento de lo pactado y garantizar una nueva resolución, que apuntale la economía sin afectar a los más vulnerables.

En el nuevo documento colaboran nueve voceros designados por los pueblos y nacionalidades indígenas y seis por el gobierno, designados por ambas directivas.

‘Festejamos la victoria pero esto no termina hasta que el acuerdo se concrete a cabalidad’, afirmó la Conaie en un Comunicado.

Con ese lineamiento, el país queda en espera del regreso del subsidio y los movimientos indígenas esperan respuesta oficial a un pedido que consideraron justo: la dimisión de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y del titular de Defensa, Fausto Jarrín, a quienes responsabilizan de la represión desatada contra los manifestantes durante los 11 días de paro nacional.

Otro pendiente, que el jefe de estado se comprometió a analizar, es la solicitud general de salida del FMI de Ecuador y de buscar soluciones internas a los problemas económicos, alejadas de las recetas de la instancia financiera, generadora de mayor inequidad y pobreza.

Cifras oficiales publicadas por la Defensoría del Pueblo indican que del 3 al 13 de octubre, lapso de los levantamientos, mil 152 personas fueron detenidas, siete perdieron la vida y mil 340 resultaron heridas por golpes, perdigones o el efecto de los gases lacrimógenos lanzados por los efectivos.

Las jornadas de paro pusieron al país en la mira del mundo, que condenó la arremetida contra los movilizados y apoyó el clamor popular