Un presidente real y una presidenta de ficción
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Los peruanos amanecieron ayer con dos presidentes. En realidad, dos personas juramentadas para el cargo, pero solo una de ellas con poder real. De un lado, el presidente Martín Vizcarra, que ejerce el cargo desde marzo de 2018, que el lunes, amparándose en la Constitución, disolvió el Congreso dominado por el fujimorismo y convocó nuevas elecciones legislativas para enero, quien para todo efecto tiene el control del poder. Las Fuerzas Armadas y los veinticinco gobernadores regionales le dieron su respaldo. También la mayoría de la población. Del otro lado, la vicepresidenta Mercedes Aráoz, que en la noche de ayer fue juramentada como presidenta por la mayoría parlamentaria que se resiste al cierre del Congreso. Minutos antes esa mayoría había suspendido de su cargo a Vizcarra. Aráoz no tiene ningún poder real, es presidenta solamente en los papeles de la mayoría parlamentaria fujimorista, una presidenta de ficción.
Atrincherados en el Congreso, en la noche del lunes los legisladores de la mayoría armaron una sesión en la cual, en forma sumaria, sin un proceso previo, decidieron la suspensión por un año del presidente Vizcarra, al que acusaron de infracción a la Constitución alegando que había cerrado el Congreso en forma ilegal. Estaban solamente los de la mayoría. Pero no tenían los 87 votos que necesitaban, dos tercios del total del Parlamento unicameral, para destituir al presidente y forzaron la figura de la suspensión temporal por un año, para lo que necesitaban solamente 66 votos. Suspendieron a Vizcarra sin juicio político y juramentaron como presidenta a la vicepresidenta Aráoz, que dio un discurso en el que dijo que su gobierno apostaría por el diálogo y la unidad. Pero ese gobierno no existe. El auditorio monocorde la aplaudió. Parecía una comedia. “La presidenta fantasmal”, podría llamarse. El izquierdista Frente Amplio denunció ante la Justicia a Aráoz por usurpación de funciones.
En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Página/12 le preguntó al destituido presidente del Congreso, Pedro Olaechea, sobre la legalidad de suspender a un presidente sin juicio político previo. “Eso es perfectamente legal”, argumentó, sin mayor explicación. Juristas lo desmienten. Ante otra pregunta de este diario, Olaechea admitió que no habían recibido, hasta el momento, el respaldo de ningún organismo internacional a su denuncia de que Vizcarra había dado un golpe de estado y que nadie había reconocido a Mercedes Aráoz como presidenta.
La crisis política por esta guerra de poderes podría pasar a resolverse en los tribunales. El presidente puede cerrar el Congreso cuando éste le niega dos veces el voto de confianza. Para el gobierno esto ocurrió en los hechos, aunque formalmente no se lo hayan negado, el lunes cuando la mayoría parlamentaria eligió un magistrado del estratégico Tribunal Constitucional (TC) antes de tramitar el voto de confianza pedido por el gobierno condicionado a la suspensión de ese proceso de elección. Los legisladores de la mayoría -o ahora ex mayoría- parlamentaria, rechazan esa interpretación del gobierno sobre el voto de confianza. En los hechos la disolución del Congreso ha entrado en vigencia. La controversia sobre la legalidad del cierre del Congreso podría llegar al TC para que éste resuelva.
Hay un debate entre constitucionalistas, no ajeno a las simpatías políticas de los expertos, sobre el tema. Unos cuestionan el cierre del Congreso, otros lo defienden como constitucional. La OEA emitió un comunicado pidiendo que el Tribunal Constitucional peruano se pronuncie sobre la legalidad del cierre del Congreso. A un probable fallo del TC favorable a sus intereses se aferra el fujimorismo, como última posibilidad para revertir una situación que parece consumada.
En ese sentido, para el fujimorismo es clave que asuma su cargo el magistrado del TC que el lunes designaron a la fuerza, en una elección muy cuestionada, cuestionamientos que ponen en duda pueda asumir. Las estimaciones señalan que en el actual TC el fujimorismo tendría las simpatías de tres de sus siete miembros, al menos hasta ahora. Con uno más tendrían mayoría.
Al dar por rechazado el voto de confianza que su gobierno le pidió al Congreso, Vizcarra debe formar un nuevo gabinete ministerial. Ha designado como nuevo jefe del Consejo de Ministros a quien era su ministro de Justicia, Vicente Zeballos, uno de los puntales del presidente en la reformas políticas y judiciales que pretende llevar adelante, lo que agudizó su enfrentamiento con el Congreso fujimorista.
En la noche del lunes, mientras los congresistas de la disuelta mayoría se negaban a abandonar el Congreso y juraban a su propia presidenta, las calles fueron tomadas por manifestantes indignados contra los congresistas que no querían irse. Hubo choques con la policía cuando se dirigieron al Congreso. Ayer, el Parlamento amaneció rodeado por la policía que impedía el ingreso de la gente a las calles cercanas. Una medida para contener la rabia ciudadana. Pero esa rabia alcanzó al congresista fujimorista Carlos Tubino, un almirante en retiro, que fue insultado por pobladores, que le arrojaron algunos objetos cuando pasaba una de las rejas que rodeaban el Congreso. El fujimorismo acusó, sin prueba alguna, al gobierno de estar detrás de esa agresión. Al Congreso solamente se permite el ingreso de los parlamentarios miembros de la Comisión Permanente, que seguirá en funciones hasta que en enero asuma el nuevo Congreso, el cual deberá completar el mandato del actual, que vence en julio de 2021.
Aunque algunos, incluidos quienes caminan de la mano con el fujimorismo, pretenden cuestionar el cierre del Congreso por el presidente Vizcarra comparándolo con el golpe de Alberto Fujimori de 1992, lo cierto es que lo ocurrido el lunes es muy distinto al golpe de estado fujimorista. Esta vez no se tomó el Congreso con los tanques como hizo Fujimori, sino apelando a facultades constitucionales, en el golpe fujimorista se capturaron por asalto todas las instituciones y los medios de comunicación, algo que ahora no ha ocurrido, Fujimori dio un golpe para quedarse en el poder, Vizcarra se irá en menos de dos años y quiso irse antes pero el fujimorismo no le permitió adelantar las elecciones. Pero los herederos de aquel golpe y de esa dictadura, y sus actuales socios, ahora denuncian gritan golpe de estado y quieren convertirse en los supuestos héroes de la democracia. Muy burdo.
Fuente: Página12
