Estados Unidos aplica nuevas sanciones a familiares de Maduro

Desde enero pasado, la administración del gobernante norteamericano, Donald Trump, reconoce a Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional venezolana, parlamento en desacato, y quien se autoproclamó mandatario en funciones.

Este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro agregó a su unilateral lista de castigados al empresario colombiano Alex Saab Morán y sus hijos Isham Alí y Shadi Naím, junto a sus compatriotas Álvaro Pulido y Emmanuel Rubio.

Según un comunicado de la entidad federal, Saab es un aprovechador que orquestó una vasta red de corrupción la cual ha permitido a la administración de Maduro beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela.

Asimismo, fueron sancionados Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, hijos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, a quienes, presuntamente, Saab entregó dinero a cambio de acceder a contratos con el Gobierno venezolano, incluido su programa de subsidios alimentarios.

Mariana Staudinger, cónyuge de Yosser, y José Gregorio Vielma, exgobernador del estado de Táchira, completan el grupo de perjudicados.

En el caso de las empresas castigadas, con vínculos con Saab, están Asasi Food FZE y Group Grand Limited General Trading, ubicadas en Emiratos Árabes Unidos.

Otras entidades afectadas, presuntamente de Saab, son Seafire Foundation, en Panamá, y Group Grand Limited, en Hong Kong.

También aparecen C I Fondo Global de Alimentos, EMMR & CIA, Global Structure, Group Grand Limited, Multitex International Trading y Sun Properties, relacionadas con Rubio y ubicadas en Colombia, Panamá, México y Estados Unidos.

La relación incluye a Clio Management Corp., en Panamá y vinculada a Pulido; Silver Bay Partners FZE, en Emiratos Árabes Unidos; y Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi, en Turquía.

Por tal medida, impuesta antes a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Maduro, incluido el propio presidente, estos individuos y entidades tendrán bloqueados sus supuestos activos en territorio estadounidense.

Asimismo, se prohíbe a los ciudadanos y los organismos norteamericanos tener relaciones con ellos.

Reiteradas veces el Gobierno constitucional de Caracas denunció la injerencia de Washington y sus esfuerzos para derrocar a Maduro, así como la guerra económica contra el pueblo venezolano.