Diputados de RD y oposición solicitan a Piñera que otorgue asilo a venezolanos apostados en las fronteras
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Sugerir al Presidente de la República revertir la decisión de negar el derecho a solicitar asilo a ciudadanos venezolanos en las distintas zonas fronterizas del país es el objetivo del proyecto de acuerdo 11, aprobado hoy por la Sala de la Cámara de Diputados por 73 votos a favor, 42 en contra y 26 abstenciones.
La idea fue planteada a la Sala por los/a RD Pablo Vidal, Miguel Crispi, Giorgio Jackson, Maite Orsini; PS Manuel Monsalve; y PPD Ricardo Celis.
El texto del acuerdo, más específicamente, llama a considerar que la negativa del Gobierno a reconocer el derecho a solicitar asilo de los ciudadanos venezolanos en distintos complejos fronterizos del país infringe y desconoce la Ley 20.430 y los distintos tratados internacionales suscritos sobre la materia.
En torno a esa reflexión, se sugiere al Primer Mandatario que revierta la medida y, en definitiva, reconozca el derecho a solicitar asilo, permitiendo a los ciudadanos venezolanos acceder a realizar dicha solicitud, en las distintas zonas fronterizas del país.
En los argumentos, el documento indica que, en los últimos meses y en particular a finales de junio, se ha generado una verdadera situación de crisis migratoria de ciudadanos venezolanos en los complejos fronterizos de Chile con Perú y Bolivia, tales como Chacalluta, Tambo Quemado, Uyuni y Colchane.
«El Gobierno de Chile, por medio de modificaciones en la política migratoria del país y mediante procedimientos irregulares, ha negado sistemáticamente el derecho a asilo que asiste a los ciudadanos venezolanos, negando la posibilidad de ser reconocidos como refugiados, exigiendo visas de turismo y otros requisitos imposibles de cumplir para estas personas», se plantea.
Se recuerda, asimismo, que el derecho de asilo y las obligaciones para con los refugiados han sido reconocidos en la ley chilena, expresamente los artículo 2.1 y 2.2 de la Ley 20.430 y por diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, tales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), la Declaración de Cartagena (1984) y el artículo 22.7 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
Lo anterior, se comenta, hace necesario que el Gobierno informe y explique fundadamente la razón por la cual se ha negado el derecho a asilo a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en distintos complejos fronterizos de Chile.
