Teniendo en cuenta el tratado bilateral existente, cualquier solicitud de dicho tipo debe ser realizada dentro de los 60 días posteriores a la detención del acusado.
Assange fue arrestado el pasado 11 de abril en la Embajada de Ecuador en la capital británica después de que Quito dio por terminado su asilo de siete años.
La administración de Estados Unidos confirmó el mismo día de la detención del periodista y activista australiano que lo acusó de un cargo de conspiración para piratear una computadora del Gobierno, el cual implica una pena de hasta cinco años de cárcel.
En un comunicado entonces, el Departamento de Justicia indicó que su Oficina de Asuntos Internacionales manejaría el proceso de extradición de Assange.
Señaló que el arresto ocurrió ‘de conformidad con el Tratado de Extradición de Estados Unidos/Reino Unido, en relación con un cargo federal de conspiración para cometer intrusión en una computadora’.
Mencionó además la presunción de inocencia del detenido hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
The Washington Post recordó que el referido tratado prohíbe que la justicia estadounidense pueda procesar al australiano por presuntos delitos sin ser especificados en la solicitud de extradición.
Fiscales estadunidenses acusaron en mayo último de 18 cargos a Assange, incluidos la violación de la ley de espionaje por publicar documentos secretos que contenían nombres de fuentes diplomáticas y militares secretas.
De ser hallado culpable ante un juez, Assange, cuyo refugio en la sede diplomática ecuatoriana desde 2012 buscaba evitar la detención por Reino Unido y el envío a Suecia por denuncias de abusos sexuales en su contra, recibiría una pena acumulada de casi 200 años de cárcel.